Las medidas de protesta en el país abundan, un sector del SUTEP  ha puesto en jaque al gobierno de turno, se vitorea aumento de sueldo, incremento del presupuesto y “abajo la privatización de la educación”. Un panorama desolador a horas de celebrar el 196 aniversario de la independencia.

Foto referencial

La OCDE-organismo que agrupa a 34 países con economías desarrolladas y tiene por objetivo recomendar políticas públicas a países miembros  y a aquellos  que no pertenecen  a este, en marzo del 2016 presentó el informe “Avanzando hacían una mejor educación para Perú”.

Si bien la organización, a la que aspiramos ingresar, reconoce el avance obtenido por el Perú en los últimos cinco años respecto a inversión del PBI (de 2.9% a 3.8%) en educación no es suficiente, las brechas siguen siendo kilométricamente distantes al promedio latinoamericano.

El promedio mundial de gasto por alumno es de US $8.000 dólares, en el Perú la inversión es de apenas US $1.100 dólares, muy en el sótano a comparación del vecino país de Chile donde el gobierno invierte US $2.500 por estudiante.  A esto hay que sumarle la pírrica y raquítica inversión que destina el gobierno en educación primaria, mientras el promedio latinoamericano bordea el 20% del PBI educativo, en Perú apenas rozamos el 15%.

PROTESTAS CRECEN

Cuzco y Puno han sido las regiones donde la crisis se ha instalado, el diálogo quebrantado en la región incaica pone en vilo a más de 400 mil estudiantes que ven su futuro incierto, con una advertencia de perder el año académico, este panorama es aún más tenebroso.

PPK y compañía han prometido subir el sueldo “básico” a los maestros de la primera escala a S/. 2.000 mil soles; sin embargo los docentes del SUTEP exigen que esto se incremente al 2021 a S/. 4.050 soles, es decir; en cinco años pretenden más que duplicar sus haberes.

Si bien las voces de una amplia mayoría favorecen a la idea de un aumento a los profesores, también hay de los otros que exigen calidad en la enseñanza, evaluación permanente y meritocracia en la carrera magisterial. Desde mi lógica (puedo estar equivocado), un aumento racional, con evaluación transparente debiera ser prioridad; pero en las condiciones en la que nos encontramos como país, con una recesión económica y afectados por el niño costero; los escenarios no son tan favorables como para contentar y duplicar al sector magisterio, además de los reclamos del gremio médico, enfermero, y trabajadores del Ministerio Público y demás.

Los recursos son escasos, es momento de mejorar los filtros y soldar los forados (agujeros) de la fiscalización y evitar que más de 8% por ciento del PBI terminen en las zanjas de la corrupción, es decir; mucho más  de lo que se invierte en temas tan importantes en nuestro país como es la educación. La lucha contra este flagelo social la vamos perdiendo por el escaso compromiso del gobierno de turno y población en general.

PUNTO APARTE.

Bajo la premisa “el derecho de uno, empieza donde termina  el de los demás”, proclamado por el romano Ulpiano, es y debe ser considerado como una norma esencial y primordial de convivencia social; si bien los docentes tienen el derecho a protestar (no tomar carreteras), los estudiantes, ciudadanos y turistas tienen el derecho al libre tránsito, a desplazarse y realizar sus actividades; sin embargo, en un país como el muestro es letra muerta. A estas alturas solo vasta a los maestros pedir cordura y tolerancia; sobre todo desde el gobierno de turno.

Gasto público por alumno en educación básica regular, según nivel educativo.

Fuente: MEF- INEI 2014