Archivos Mensuales: marzo 2016

La Corte Suprema en merito a la Casación Nº 3929-2013 que el criterio valoración conjunta de las pruebas no solo se circunscriben a aquéllas ofrecidas por las partes en sus escritos postulatorios, sino también a las actuadas con posterioridad a dicha etapa, e incluso las pruebas incorporadas de oficio al proceso.

En un proceso por mejor derecho de propiedad, la recurrente demandó que detenta el derecho de propiedad por una fracción de 570 m2, sobre un inmueble con una  mayor extensión  de 997.10 m2.  . Sostiene que su dominio es preferente al de los emplazados pues su  derecho lo adquirió conjuntamente con su hijo, con la venta que suscribió con  el abuelo de los demandados en 1994.  Para tal efecto acreditó en el proceso las escrituras públicas que sustentan las sucesivas transferencias, el expediente sobre un proceso de Reivindicación y la inscripción registral de sus derechos, tanto de la recurrente como de los demandados obrantes en las copia certificadas de las partidas remitidas por la Zona Registral.
Así en el decurso  procesal, el A quo declaró improcedente la demanda por no existir  conexión lógica entre los hechos y el petitorio, pues existiría incertidumbre respecto de las áreas y linderos que impedirían individualizar el bien. Por otro lado  el Ad quem ha considerado que la demanda es improcedente en tanto no se acreditó  prueba documental inscrita que acredite su derecho de propiedad sobre el mismo bien de los demandados, situación disonante con  lo dispuesto en el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil.
Fue entonces que estando vulnerado su derecho constitucional  a la debida motivación de las resoluciones judiciales la recurrente se presenta en la instancia  casatoria, pues no se explica cómo es que la Sala Superior ha concluido que la demandante no ha indicado y menos probado con cuál documento acredita el derecho de propiedad que se arroga, cuando tales documentos obran de forma suficiente en el expediente principal y sus acompañados.

Finalmente en merito al recurso casatorio, la Sala Suprema afirma que el fallo del  Ad quem es incorrecto porque si el criterio consistía en desestimar la demanda por falta de pruebas, lo lógico era que procediera de conformidad con el artículo 200 del Código Procesal Civil, mas no declarar la improcedencia de la misma; vulneración del principio de congruencia procesal previsto en los artículos VII del Título Preliminar y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, que afecta al derecho constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales. Aún más no existió  una valoración probatoria en conjunto, en tanto el magistrado no intento esclarecer los hechos al no utilizar sus facultades de ley como la actuación  probatoria  de oficio. 

http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/Febrero2015/DetalleBoletinDialogo-10-2-2015.html
La Sala Suprema en merito a la Casación Nº 2569-2013 CAJAMARCA  sobre  un proceso de  Ejecución de Garantía, ha hecho un distingo entre la nulidad formal del título a ejecutarse y la nulidad sustancial;  en tanto la primera está referida a los vicios de forma de su celebración, mientras que la nulidad substancial incide en los vicios que afectan la validez del acto jurídico.

La conocida financiera canadiense Scotiabank Perú S.A.A  demandó a Alcides Eduardo Urteaga Alcalde, su esposa Nancy Yolanda Rojas Cabanillas y la empresa Urteaga

Servicios Generales E.I.R.L  cumplan con cancelar la suma de US$882,632.64, bajo apercibimiento de sacar a remate el bien inmueble dado en garantía en merito a una hipoteca .Debido a ello,  Urteaga Servicios Generales E.I.R.L formuló contradicción al mandato de ejecución, sustentándola en la causal de nulidad formal del título, porque en la Escritura Pública de Modificación y Ratificación de Garantía Hipotecaria  únicamente intervino  como “hipotecante” Alcides Eduardo Urteaga Alcalde, mas no su cónyuge quien también es propietaria del inmueble,  por lo que resulta  imposible ejecutar la hipoteca por el monto  demandado, pues en ningún momento fue garantizada por la sociedad conyugal.

Así, absolviendo el traslado de la contradicción, Scotiabank Perú S.A.A reconoció que la coejecutada no intervino en el acto de modificación y ratificación de la  hipoteca, mucho menos en  su aclaración; empero  tal omisión no afecta de nulidad  formal al título, porque el derecho de propiedad sobre el inmueble recae exclusivamente sobre el coejecutado Alcides Urteaga, quien aparece como único titular inscrito en los Registros Públicos y detenta el estado civil de soltero.

No obstante, el A quo declara fundada la contradicción formulada e infundada la demanda interpuesta, por cuanto la modificación y ratificación hipotecaria fue  pactada por uno solo de los miembros de la sociedad conyugal, pese a que el bien inmueble tiene la condición de ser un bien social al haber sido adquirido durante el matrimonio. En ese sentido la hipoteca fue un acto nulo, conforme a lo previsto en los artículos 301 y 311 inciso 1 del Código Civil.

Por otro lado, al formular su recurso de apelación Scotiabank  sostuvo que en el acto ratificador de la hipoteca , la coejecutada  consintió los actos jurídicos materia de esta demanda ; y aún cuando este acto  no haya podido ser inscrita en los Registros Públicos (por haber sido tachado el título), ello se debe a que la Registradora ha señalado que la Hipoteca ha sido constituida únicamente por el señor Urteaga, por tener la calidad de bien propio, lo que en consecuencia permite validar su defensa, en el sentido de que la participación de la señora Rojas no resultaba trascendental ni relevante para dar validez y eficacia de la hipoteca. Así, la Sala Superior desestimó la contradicción, declarando fundada la demanda ejecutiva,  porque la coejecutada aceptó  la constitución de la hipoteca al participar en  la escritura pública de ratificación.

Finalmente denunciándose indebida motivación a las resoluciones judiciales, la indebida interpretación normativa con relación los artículos 301 y 311 inciso 1 del Código Civil(régimen de los bienes en las sociedades gananciales), la sociedad conyugal interpuso recurso extraordinario de casación; a lo cual la Sala Suprema destacó que  la hipoteca materia de controversia no se constituyó conforme a los requisitos previstos en la ley,, deviniendo en un acto jurídico inexistente. Así también, con motivo a las alegaciones de Scotiabank, la Corte Suprema hizo un distingo respecto de la nulidad formal del título y la nulidad sustancial; en tanto la primera se refiere a vicios en la forma de su celebración, pues todos los actos tienen una forma determinada, unas veces impuesta por la Ley como condición de su existencia (ad solemnitatem), otras para su constatación (ad probationem); mientras que la segunda incide en los vicios del acto jurídico y que puede referirse a la voluntad de los contratantes, a su objeto o a su fin.

La Suprema concluyó que  cuando se alegue la nulidad formal del título, ésta solo puede sustentarse en aspectos de la forma de su celebración, tal como se reitera inclusive en el artículo 720 inciso 1 del Código Procesal Civil, según el cual procede la ejecución de garantías reales siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe.

Ver resolución

http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/Junio2015/DetalleBoletinDialogo-18-6-15.html
La Corte Suprema en merito a la Cas. Nº 2574-2011 LAMBAYEQUE, ha señalado que si bien es cierto es que todo acto administrativo constituye en principio un acto jurídico,  su impugnación no encaminarse en virtud a las causales de nulidad del acto jurídico previstas en el Código Civil; toda vez que los actos administrativos cuentan con una regulación especial, contenida en la Ley del Procedimiento Administrativo General –Ley Nº 27444–, la cual no solo norma los aspectos relativos a su producción y caracteres, sino también de modo concreto, en su artículo 10, los vicios que causan su nulidad.

Resumamos el caso: El recurrente demandó por nulidad de acto jurídico la nulidad del Título de Formalización de la Propiedad Rural que fue otorgado en virtud al Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura a favor de una tercera persona sobre un inmueble que declara ser de su propiedad. Amparándose para ello en las causales de nulidad del acto jurídico previstas en los incisos 7 y 8 del artículo 219 del Código Civil.

Así, el Juez de Primera instancia declaró fundada la demanda pero el A quem, revocó la sentencia apelada  declarándola improcedente la demanda  al considerar que el título de  propiedad otorgado por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) al amparo del Decreto Legislativo Nº 667 no constituye un acto jurídico generado entre particulares, sino que, por el contrario, tiene la naturaleza de un acto administrativo. Sin embargo el demandante prestó recurso de casación denunciando que los actos jurídicos cuestionados son nulos de pleno derecho y, que por lo tanto, correspondería a la vía ordinaria declarar la nulidad de los mismos; y ii) respecto al artículo 242 del Código Procesal Civil y los artículos V del Título Preliminar y 219, incisos 4, 7 y 8, del Código Civil.

Cabe señalar que Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT),  tiene como objetivo el promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos, señalando que para lograr este objetivo el Programa impulsará y coordinará acciones para apoyar las gestiones tendientes a formalizar el derecho de dominio de predios rurales privados, el saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites administrativos, notariales y registrales no cumplidos oportunamente

Finalmente en instancia casatoria el Colegiado señaló que  al existir una norma específica –el artículo 10 de la Ley Nº 27444– que regula las causales de nulidad del acto administrativo, es evidente que es ésta la que debe regir la impugnación de los títulos de propiedad otorgados por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), bajo el amparo del Decreto Legislativo Nº 667, y no así el artículo 219 del Código Civil, el cual debe ceder ante la aplicación de la norma especial antes mencionada, en virtud al principio de especialidad.

http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/Agosto2015/DetalleBoletinDialogo-17-8-15.html
La Corte Suprema en merito a la Casación Nº 9007-2013 LIMA, publicada en el Diario Oficial el Peruano este último 30 de julio, ha enfatizado que el pronunciamiento de la pretensión propuesta como subordinada, dependerá precisamente de la desestimación de la que ha sido interpuesta en calidad de principal, por lo que no es correcto que el Colegiado Superior exija, como lo hace en la resolución de vista, una conexión lógica entre ambas pretensiones.

El Comité Frente de Defensa de la Urbanización Mariscal Cáceres Sector II, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Pidiendo como pretensión Principal; la nulidad total de la Resolución Gerencial, que dispone que la Sub Gerencia de Obras Privadas continúe con el trámite de la Licencia de Obra Nueva, solicitada por una asociación de comerciantes para construir un mercado local; y como Pretensión Subordinada, que se cumpla con la clausura definitiva del Mercado que ilegalmente viene ocupando la precitada Asociación.

Sin  embargo , la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, mediante sentencia de vista declaró Improcedente la demanda;  tras considerar que si bien el artículo 87 del Código Procesal Civil, prescribe que la pretensión subordinada queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada, no es menos cierto que al haberse dispuesto por la Resolución Gerencial cuestionada; no se podría realizar en sede judicial la clausura del mercado, pues la misma ya fue declarada en sede administrativa. Por lo tanto, al no advertir una adecuada conexión lógica entre las pretensiones del demandante, estando debe declararse  improcedente la demanda.

Así mediante recurso de casación, el comité  vecinal demandó la aplicación indebida del artículo 85 del Código Procesal Civil, alegando que el inciso 2) del acotado dispositivo legal señala que es posible acumular pretensiones en un proceso cuando estas no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa. Asimismo señaló  que no es necesario que entre las pretensiones propuestas en su demanda, la primera propuesta como principal.

Desde luego, la Corte Suprema señaló que por definición legislativa prevista en el artículo 87 del Código Procesal Civil, la acumulación objetiva originaria es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada. En consecuencia, en este tipo de acumulación de pretensiones el sujeto titular de las mismas identifica a una de ellas como pretensión principal y a la otra como subordinada, esta identificación se realiza precisamente porque las pretensiones resultan contradictorias en cuanto a sus fundamentos.