Desde este 1 de enero las entidades del sistema financiero tienen la obligación de reportar a la Sunat sobre las cuentas de depósitos de sus clientes (sean personas naturales o jurídicas) cuyos saldos sean iguales o mayores a S/ 10,000 (o su equivalente en dólares). Si bien Sunat ha insistido en que esta información se utilizará solo para reforzar la lucha contra la evasión tributaria, no ha logrado convencer a la mayoría.

El 76% de peruanos piensa que, tarde o temprano, esta información -que será brindada a esa superintendencia- se filtrará y llegará a manos de quienes no les corresponde tenerla, reveló la encuesta de Datum de enero. Esta percepción es transversal a todas las edades, pero se concentra sobre todo entre los encuestados de 45 a 54 años (80.7%) y de 35 a 44 años (77%). Y por nivel socioeconómico (NSE), el C (77.8%) y D (78.8%) mostraron mayores reparos ante el reglamento del Decreto Legislativo 1434.

Esta no es la única preocupación. El 80% de encuestados consideró que la nueva exigencia -que recibió la luz verde durante el Gobierno de Martín Vizcarra- pone en riesgo la seguridad, integridad y la vida de las personas y empresas. Fue, sobre todo, en el NSE D (83.3%) y E (83.9%) que respondieron en este sentido; además los peruanos de 45 a 54 años (81.7%) también vieron riesgo en la aplicación de la normativa.

Secreto bancario

A pesar que Palmer de la Cruz, intendente nacional de Estrategias y Riesgos de la Sunat, mencionó que esta data “simplemente va a ser usada como fuente para un cruce de información con las declaraciones”, lo cierto es que el 79% de encuestados ha tomado la normativa como una violación al derecho del secreto bancario de quienes guardan su dinero en entidades financieras, principalmente, entre los NSE D (81.5%) y E (81.2%).

Cabe recordar que hay un proyecto de ley (N° 06904) que plantea la derogación del Decreto Legislativo 1434 porque -entre otros- contraviene el derecho al secreto bancario y la reserva tributaria.

El tributarista Jorge Picón, recordó que en octubre pasado el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE comunicó que Sunat había cumplido la evaluación sobre los estándares de seguridad y confidencialidad establecidos por este organismo.

Sin embargo, la banca dudaba de que la administración tributaria garantice que no se filtre información de ahorristas. “Sunat no tiene capacidad para asegurar que no habrá filtraciones. Preocupa que eventualmente los datos se paseen por canales no autorizados”, dijo a Gestión (06.01.2021) una fuente del sector financiero.

Evasión tributaria

A pesar de lo que espera la Sunat, para el 50% de encuestados no se podrá reducir la evasión tributaria con la medida del Gobierno. En detalle, el 51% de ellos, del NSE A/B, contestaron en ese sentido, mientras que un 41% -contrariamente- cree que sí se podrá disminuir. En tanto, si se analiza por grupos de edad, el 54.6% de los peruanos de 55 a 70 años indicó que no se podrá reducir la evasión, y solo un 29.6% consideró que sí se alcanzará el propósito.

En el 2018, el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, señaló que la evasión tributaria en el Perú alcanza el 36% en el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 57% en el Impuesto a la Renta, por lo que existe una cantidad de personas naturales y jurídicas que no están pagando lo que deberían al fisco.

Formalidad

Asimismo, al consultarse respecto a si creen que con esta medida crecerá o no la informalidad de personas y empresas, el 63% consideró que sí habrá un aumento. Por ejemplo, el 70.8% de personas en el sur del país refirieron que habrá un incremento de la informalidad aun con esta medida. Y el 63% de peruanos en el norte contestó de manera similar.

De la misma manera, el 68.1% de los peruanos del NSE A/B y el 68.6% del NSE E afirmaron que la informalidad aumentará. Y el 54.6% de los encuestados entre 55 a 70 años creen lo mismo.

Según el último informe del INEI (de noviembre) entre octubre 2019 y setiembre 2020, 7.6 millones de trabajadores -área urbana- se encuentran en el ámbito informal. Es decir, los ocupados sin beneficios sociales o que trabajan en unidades de producción no registradas representan el 68.2% del total de ocupados. Para el cierre del año pasado, diferentes analistas prevén un incremento de este sector.

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