Otros delitos posiblemente vinculados que concentran los montos más importantes son el tráfico ilícito de drogas (US$ 69 millones), la defraudación tributaria (US$ 41 millones) y la defraudación de rentas de aduanas (US$ 62 millones), según informó este miércoles el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, a la Comisión de Economía del Congreso.

Asimismo, los delitos contra la administración pública (corrupción y enriquecimiento ilícito) presuntamente originan actos de lavado de activos por US$ 6 millones. En el acumulado de enero de 2011 a agosto de 2020, se cuenta con 700 IIF que involucran US$ 14,263 millones.

La UIF emite los citados informes (IIF) tras haber analizado e investigado el contenido de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que le remiten las entidades obligadas a hacerlo, como los bancos y las notarías.

De enero a agosto de 2020, la UIF recibió 6,482 reportes de operaciones sospechosas, con lo cual acumula 80,848 de estos desde el 2011. Estos ROS representan el 44.4% de los recibidos a lo largo del 2019. Las principales fuentes de estos reportes son los bancos (46%), seguidos de los notarios (23%) y las empresas de compras y venta de vehículos (7%), de acuerdo con los datos del último año.

Acceso al secretario bancario

Tras exponer los resultados de la labor de la UIF, Espinosa expresó su respaldo al proyecto de ley 5829, que plantea garantizar el libre acceso de la UIF al secreto bancario y la reserva tributaria. Esta iniciativa fue presentada por el congresista Gino Costa y cuenta con el respaldo de su bancada del Partido Morado y los congresistas Carmen Omonte (APP) e Yván Quispe (Frente Amplio).

Desde el punto de vista del funcionario, esta facultad agilizaría el trabajo de la UIF y le permitiría intercambiar información con entidades análogas de otros países. En la actualidad, la UIF solo puede acceder al secreto bancario tras ser autorizada por un juez penal, lo que puede tardar varios meses, según indicó.

“El proceso es engorroso. En algunos casos, los jueces nos han negado esta autorización y hemos tenido que apelar. Estos pedidos tienen que sustentarse y es muy difícil hacerlo cuando, precisamente, esa información es la que se necesita para tener un panorama completo, porque el reporte de actividad sospechosa que recibimos de un banco suele ser una foto incompleta”, explicó.

Las únicas autoridades o entidades que gozan de acceso directo al secreto bancario son los jueces, el fiscal de la Nación, las comisiones investigadoras del Congreso, la Sunat, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en sus facultades de ente supervisor.

Como lo recordó Espinosa, desde el 2009 la UIF ha presentado varios proyectos de ley con el propósito de obtener el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria. “Ningún proyecto fue aprobado hasta que en el 2016 se aprobó una modificación a la ley, pero con salvedades que consisten en ir a un juez penal para pedirle a la autorización”, detalló Espinosa.