El día de ayer, jueves 14 de junio de 2018, en la revista web Semanaeconómica, se dá cuenta de las modificaciones tributarias para efectos del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Tributación Internacional, entre otros, que en caso el Congreso decida darles facultades para legislar en materia económica y tributario, se concretarían a la brevedad.

Congreso: Comisión de Constitución aprobó delegar facultades al Ejecutivo

De aprobarse en el Pleno, el gobierno tendrá 60 días para emitir decretos legislativos en materia de gestión económica, competitividad, lucha anticorrupción y modernización del Estado.

Fuente: Semana económica del jueves 14 de junio

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que delega por 60 días al Ejecutivo la facultad de legislaren asuntos económicos, competitividad, lucha anticorrupción, modernización del Estado y protección de poblaciones vulnerables. El texto plantea algunas precisiones respecto a las medidas que plantea ejecutar el gobierno, pues el proyecto de ley original contenía algunas ambiguedades.

El grupo de trabajo presidido por la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona, recibió esta mañana al nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, quien sustentó la solicitud de facultades en materia tributaria, financiera, economía y competitividad.

El Pleno aprobó hoy delegar sus facultades a la Comisión Permanente, debido a que la legislatura terminará mañana viernes 15 de junio. Así, las facultades serían debatidas y aprobadas por la Comisión Permanente en una sesión que convocará el presidente del Congreso, Luis Galarreta.

Sin embargo, el congresista de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, informó en su cuenta de Twitter que el dictamen de las facultades será analizado hoy por el Pleno. De no ocurrir, Galarreta tiene la posibilidad de convocar un Pleno para mañana, antes de que termine la legislatura, para analizar las facultades.

Aquí algunas de las propuestas de la administración del presidente Martín Vizcarra que irán materializándose mediante decretos legislativos, que serían alrededor de 40.

IMPUESTO A LA RENTA

Según el dictamen, el Legislativo le delegará facultades el gobierno para modificar la Ley del Impuesto a la Renta. Con esto busca alcanzar los siguientes objetivos: otorgar seguridad jurídica, reducir evasión y elusión tributaria, ampliar la base tributaria, simplificar el sistema tributario, eliminar las posibilidades de arbitraje y fomentar el uso de comprobantes de pago.

La Ley del Impuesto a la Renta será modificada en los siguientes puntos: fijar criterios de domicilio para las personas jurídicas, las rentas presuntas y las tasas para los servicios que hayan sido prestados en el país y parte en el extranjero. También busca establecer criterios para determinar en qué casos una entidad constituida en el exterior debe pagar impuesto a la renta.

De otro lado, los cambios tendrán como objetivo que la deducción de gastos empresariales no se use  para generar escudos fiscales o financiar gastos personales, establecer una tasa especial para dividendos en el marco de contratos de estabilidad jurídica para mantener la carga combinada del 33% y emitir normas sobre precios de transferencia. Asimismo, se determinará el impuesto a la renta para personas naturales, incluyendo renta bruta, neta y deducciones, que deberán ser sustentadas con comprobantes de pago.

Las medidas, precisa el documento, no implican subir la tasa del impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes domiciliados en el Perú, modificar la tasa máxima y el tramo inafecto en el caso de las rentas de trabajo ni la modificación del tratamiento tributarios a las micro y pequeñas empresas.

FIBRAS, FIRBIS Y PENSIONES

El gobierno pretende modificar la legislación tributaria y financiera para mejorar el tratamiento al Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (Fibra) y al Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (Firbi), de modo que se establezcan mejoras sobre la transferencia de facturas negociables.

Otra medida es crear un producto previsional inafecto al impuesto a la renta y a la contribución a EsSalud para los afiliados que retiraron el 95.5% de sus fondos de capitalización en las AFP. Esto, sin embargo, no implica que se modifique la ley que permitió el retiro de esos fondos.

CAMBIOS AL IGV E ISC A LAS APUESTAS EN LÍNEA

Según el dictamen el Ejecutivo modificará la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) para actualizar las normas vigentes, cubrir vacíos y darle claridad a la norma para facilitar su correcta aplicación. Esto no implicará una modificación del IGV O del impuesto de promoción municipal.  Por otra parte, busca que el Impuesto Selectivo al Consumo afecte también a las apuestas en línea, los juegos de casino, las máquinas de tragamonedas.

ADECUACIÓN A LA OCDE

Como ya había anticipado en otros pedidos de facultades, el gobierno busca adecuar las leyes nacionales a los estándares y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los objetivos son garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales, adoptar estándares de acceso, disponibilidad e intercambio de información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas.

Los datos deberán ser proporcionados por los abogados y contadores de las empresasas a las autoridades. También pretende evitar la doble imposición y establecer montos mínimos para el acceso al secreto bancario, asegurando estándares internacionales de seguridad informática y respetando los derechos de las personas jurídicas.

EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA

Otro planteamiento del dictamen es modificar la Ley General de Educación para regular la organización, gobierno, régimen académico, perfil directivo y docente idóneo para la gestión de los centros de educación técnica-productiva, de modo que se eleve la empleabilidad y competitividad de los jóvenes, sin que esto suponga flexibilizar normas laborales.

CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS

Asimismo, el gobierno modificará el Código Penal para incorporar los delitos de corrupción en el sector privado que atenten contra la libre y leal competencia de las empresas. En el ámbito de la lucha anticorrupción, busca modificar la legislación sobre la gestión de intereses en el Estado, relacionada con los registros preventivos, agendas oficiales de funcionarios y registros de visitas.

Finalmente, cambiará las leyes vigentes sobre pérdida o extinción de dominio y modificará el código penal para ampliar la pena de inhabilitación a aquellos condenados por delito de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo para que no trabajen en el Estado bajo cualquier modalidad.