En el Perú de fines de los 80, como en muchos países de nuestra región, no había legislación ni servicios especializados que atendiesen a las mujeres que eran víctimas de violencia. Los casos que veíamos en la consulta legal nos llevaban a varios procesos alternativos dependiendo de la situación: juicio de alimentos, de divorcio, por delito de lesiones, por violación y algunos más. Sin embargo, las mujeres que atendíamos no querían seguir ninguno, sólo querían detener la violencia y que sus cuerpos no sigan siendo lacerados por sus parejas, proteger a sus hijos y tener una oportunidad distinta en la vida.

Como abogada, mi sensación de impotencia caso tras caso fue creciendo y convenciéndonos que la solución tenía que darse desde otro ámbito, desde la dación de las leyes y las políticas. Así, varias abogadas de mi generación nos sumamos a los esfuerzos de cambio de la normatividad y de marcos políticos, en lo nacional y en lo internacional, con la esperanza sin duda que un futuro diferente sea posible, no sólo en recuerdo de aquellos cuerpos lacerados sino porque es nuestro derecho como humanas.

En la década del 90, hubieron logros importantes, el año 93 se aprueba en el Perú la primera ley contra la violencia familiar, al año siguiente se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará – CBP), la cual varios países ratifican de manera inmediata y desde la sociedad civil sabemos con claridad que debemos hacer seguimiento a los compromisos estatales, que la tarea es enorme, pero que hay que acompañar al Estado en este proceso.

Participo entonces haciendo la evaluación para el Perú de una investigación regional que procura documentar y evaluar el progreso logrado en los primeros 5 años de vigencia en la aplicación de la Convención de Belém do Pará. El análisis se centró en: (1) el contenido y la eficiencia atribuida a los mecanismos de ejecución establecidos en cada país; (2) las medidas específicas adoptadas y su impacto; y (3) las dificultades observadas en cuanto a la aplicación o ejecución de esas medidas. Este esfuerzo fue liderado por la Comisión Interamericana Mujeres (CIM/OEA), junto con el Centro Internacional para la Reforma del Derecho Penal y la Política en Materia de Justicia Penal (ICCLR) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) – Programa Mujer, Justicia y Género.

La participación en dicho estudio coincide con mis primeras experiencias como docente, lo que me permite ver claramente que la CBP significa no sólo un marco político normativo importante al interior de nuestros países sino que también exige una verdadera redefinición del derecho interamericano de derechos humanos. Necesitamos cambio de paradigmas y nuevas respuestas, como las que años después se dan desde la Corte Interamericana en los casos Campo Algodonero (2009), e Inés Fernández (2010), ambos contra México en los que me tocó ser perita sobre violencia sexual y de género, así como del derecho de las mujeres de acceso a la justicia. Estos y otros casos, en los que la Corte Interamericana sentó una importante jurisprudencia, señalaban lo que nosotros habíamos visto y sido testigos, es decir que la falta de voluntad de los funcionarios estatales de no emprender acciones definitivas que garanticen que los responsables por la violación de los derechos de las mujeres sean enjuiciados, conlleva a que los Estados incumplan de manera sistemática las múltiples obligaciones que tienen en relación con garantías judiciales, derechos humanos y en especial normas internacionales referidas de manera expresa a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, como la CBP.

Años después y habiendo asumido el reto de estar en la gestión pública, como Vice Ministra de la Mujer, trabajé arduamente para que el Perú sea sede de la Conferencia de los Estados Partes prevista en la CBP, dado que el cumplimiento de esta convención era sin duda un compromiso que habíamos asumido desde el primer día de nuestra participación en la gestión pública, y pensando además que el ser sede de la Conferencia obligaría a poner en la agenda pública con más fuerza estos compromisos. Lo que no imaginaba entonces, es que algunos años después, ya como Ministra de Estado me tocaría asumir personalmente la representación titular del Estado Peruano ante el MESECVI y, en esa calidad, asumir su presidencia, teniendo en Octubre del 2015 la satisfacción de organizar en Lima la VI Conferencia de Estados Parte del MESECVI, así como ser anfitriona de la Decimotercera reunión del Comité de Expertas (CEVI). Durante dicha Conferencia, y luego de un exitoso trabajo de la Secretaría Técnica, se logró la aprobación de la “Declaración sobre Violencia y acoso político contra las mujeres”. Con ello, hacíamos visible e integrábamos a la CBP, una nueva dimensión de la violencia, esta vez la que impide que se reconozca a las mujeres como sujetos políticos y por tanto desalienta el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres, testimonios que había recogido en mis visitas a lo largo de todas las regiones de mi país.

Habiendo regresado a la sociedad civil, en el 2018 fui designada como experta nacional para integrar el Comité de Expertas, teniendo la oportunidad nuevamente de mirar de cerca la vigencia del mecanismo, los retos estatales, los nuevos temas de estudio y los siguientes desafíos.

En el aniversario 25 de la CBP, el destino me dio la satisfacción de estar presente en un sentido homenaje que no tengo palabras para describir por la emoción que sentí al escuchar los testimonios de las valiosas mujeres que habían permitido que esta Convención viese la luz en nuestra región. Sus testimonios nos trasladaron a la locura de las épocas vívidas como feministas cuando la frustración nos hacía ser creativas, elaborar estrategias no transitadas, hacer alianzas, sentir la sororidad entre las abogadas cuando defendíamos una causa, cuando elaborábamos un proyecto normativo; cuando nuestra vehemencia debía ceder paso a la cautela para dar pasos seguros en protección de las víctimas a quienes representábamos.

El camino continúa y en el 2019 acepté la propuesta de acompañar la Mesa Directiva presidida por Tatiana Rein de Chile, y Rinette Djokarto de Surinam, lo cual no hizo sino encender en mi un renovado compromiso por el cambio y por un futuro diferente en el que hombres y mujeres tengamos una convivencia sin violencia, y en donde nuestras energías contribuyan al logro de la paz y un respeto irrestricto de los derechos humanos de cada mujer de nuestra región y del mundo.

Este año, mis compañeras me han honrado con elegirme para presidir el Comité de expertas en un nuevo período (Dic 2021 – Nov 2023), cargo que asumo con responsabilidad y compromiso, sintiéndome honrada de estar acompañada por colegas que también tienen una amplia trayectoria y reconocimiento en la región, Gloria Camacho de Ecuador y Bárbara Bailey de Jamaica.  No quiero cerrar estas líneas sin resaltar el trabajo de la Secretaría Técnica del MESECVI conducido por Luz Patricia Mejía, así como de quienes me precedieron en esta posición, a quienes admiro profundamente, mujeres con las que en muchas ocasiones he trabajado y compartido este sueño de una América unida y sin violencia.