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Convención de Belém do Pará: una compañera de vida

 

 

En el Perú de fines de los 80, como en muchos países de nuestra región, no había legislación ni servicios especializados que atendiesen a las mujeres que eran víctimas de violencia. Los casos que veíamos en la consulta legal nos llevaban a varios procesos alternativos dependiendo de la situación: juicio de alimentos, de divorcio, por delito de lesiones, por violación y algunos más. Sin embargo, las mujeres que atendíamos no querían seguir ninguno, sólo querían detener la violencia y que sus cuerpos no sigan siendo lacerados por sus parejas, proteger a sus hijos y tener una oportunidad distinta en la vida.

Como abogada, mi sensación de impotencia caso tras caso fue creciendo y convenciéndonos que la solución tenía que darse desde otro ámbito, desde la dación de las leyes y las políticas. Así, varias abogadas de mi generación nos sumamos a los esfuerzos de cambio de la normatividad y de marcos políticos, en lo nacional y en lo internacional, con la esperanza sin duda que un futuro diferente sea posible, no sólo en recuerdo de aquellos cuerpos lacerados sino porque es nuestro derecho como humanas.

En la década del 90, hubieron logros importantes, el año 93 se aprueba en el Perú la primera ley contra la violencia familiar, al año siguiente se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará – CBP), la cual varios países ratifican de manera inmediata y desde la sociedad civil sabemos con claridad que debemos hacer seguimiento a los compromisos estatales, que la tarea es enorme, pero que hay que acompañar al Estado en este proceso.

Participo entonces haciendo la evaluación para el Perú de una investigación regional que procura documentar y evaluar el progreso logrado en los primeros 5 años de vigencia en la aplicación de la Convención de Belém do Pará. El análisis se centró en: (1) el contenido y la eficiencia atribuida a los mecanismos de ejecución establecidos en cada país; (2) las medidas específicas adoptadas y su impacto; y (3) las dificultades observadas en cuanto a la aplicación o ejecución de esas medidas. Este esfuerzo fue liderado por la Comisión Interamericana Mujeres (CIM/OEA), junto con el Centro Internacional para la Reforma del Derecho Penal y la Política en Materia de Justicia Penal (ICCLR) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) – Programa Mujer, Justicia y Género.

La participación en dicho estudio coincide con mis primeras experiencias como docente, lo que me permite ver claramente que la CBP significa no sólo un marco político normativo importante al interior de nuestros países sino que también exige una verdadera redefinición del derecho interamericano de derechos humanos. Necesitamos cambio de paradigmas y nuevas respuestas, como las que años después se dan desde la Corte Interamericana en los casos Campo Algodonero (2009), e Inés Fernández (2010), ambos contra México en los que me tocó ser perita sobre violencia sexual y de género, así como del derecho de las mujeres de acceso a la justicia. Estos y otros casos, en los que la Corte Interamericana sentó una importante jurisprudencia, señalaban lo que nosotros habíamos visto y sido testigos, es decir que la falta de voluntad de los funcionarios estatales de no emprender acciones definitivas que garanticen que los responsables por la violación de los derechos de las mujeres sean enjuiciados, conlleva a que los Estados incumplan de manera sistemática las múltiples obligaciones que tienen en relación con garantías judiciales, derechos humanos y en especial normas internacionales referidas de manera expresa a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, como la CBP.

Años después y habiendo asumido el reto de estar en la gestión pública, como Vice Ministra de la Mujer, trabajé arduamente para que el Perú sea sede de la Conferencia de los Estados Partes prevista en la CBP, dado que el cumplimiento de esta convención era sin duda un compromiso que habíamos asumido desde el primer día de nuestra participación en la gestión pública, y pensando además que el ser sede de la Conferencia obligaría a poner en la agenda pública con más fuerza estos compromisos. Lo que no imaginaba entonces, es que algunos años después, ya como Ministra de Estado me tocaría asumir personalmente la representación titular del Estado Peruano ante el MESECVI y, en esa calidad, asumir su presidencia, teniendo en Octubre del 2015 la satisfacción de organizar en Lima la VI Conferencia de Estados Parte del MESECVI, así como ser anfitriona de la Decimotercera reunión del Comité de Expertas (CEVI). Durante dicha Conferencia, y luego de un exitoso trabajo de la Secretaría Técnica, se logró la aprobación de la “Declaración sobre Violencia y acoso político contra las mujeres”. Con ello, hacíamos visible e integrábamos a la CBP, una nueva dimensión de la violencia, esta vez la que impide que se reconozca a las mujeres como sujetos políticos y por tanto desalienta el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres, testimonios que había recogido en mis visitas a lo largo de todas las regiones de mi país.

Habiendo regresado a la sociedad civil, en el 2018 fui designada como experta nacional para integrar el Comité de Expertas, teniendo la oportunidad nuevamente de mirar de cerca la vigencia del mecanismo, los retos estatales, los nuevos temas de estudio y los siguientes desafíos.

 

Perú: Personas designadas ante el Comité de Expertas del MESECVI (CEVI) desde su creación:

 1.      Martha Rivera Chang (Titular) – 2004
2.      Russela Zapata Zapata (Titular) – 1 de junio de 2005; y  Tania Vidal Muñoz (Suplente) – 25 de junio de 2007
3.      Nora Soledad Cisneros Campoverde (Titular) – 15 de julio de 2008
4.      Ana María Mendieta Trefogli (Titular) y  Silvia Elvira Quinteros Carlos (Suplente) – 6 de julio de 2009
5.      Paola Muñoz (Titular) – 10 de junio de 2010
6.      Melchora Milagros Ríos García (Titular) – 22 de octubre 2010
7.      Tammy Lorena Quintanilla Zapata (Titular) y María Ysabel Cedano García (Suplente) – 3 de octubre de 2011
8.      Ángela Teresa Hernández Cajo (Titular), Ana María Mendieta Trefogli (Suplente) y Miguel Ramos Padilla (Suplente) – 14 de marzo de 2013
9.      Silvia Loli (Titular) y Ángela Teresa Hernández Cajo (Suplente) – 22 de julio de 2015
10.  Tammy Lorena Quintanilla Zapata (Titular)  y Sabina Deza Villanueva (Suplente) – 23 de agosto de 2017
11.  Marcela Huaita Alegre (Titular) y Ángela Teresa Hernández Cajo (Suplente) – 30 de octubre de 2018

En el aniversario 25 de la CBP, el destino me dio la satisfacción de estar presente en un sentido homenaje que no tengo palabras para describir por la emoción que sentí al escuchar los testimonios de las valiosas mujeres que habían permitido que esta Convención viese la luz en nuestra región. Sus testimonios nos trasladaron a la locura de las épocas vívidas como feministas cuando la frustración nos hacía ser creativas, elaborar estrategias no transitadas, hacer alianzas, sentir la sororidad entre las abogadas cuando defendíamos una causa, cuando elaborábamos un proyecto normativo; cuando nuestra vehemencia debía ceder paso a la cautela para dar pasos seguros en protección de las víctimas a quienes representábamos.

El camino continúa y en el 2019 acepté la propuesta de acompañar la Mesa Directiva presidida por Tatiana Rein de Chile, y Rinette Djokarto de Surinam, lo cual no hizo sino encender en mi un renovado compromiso por el cambio y por un futuro diferente en el que hombres y mujeres tengamos una convivencia sin violencia, y en donde nuestras energías contribuyan al logro de la paz y un respeto irrestricto de los derechos humanos de cada mujer de nuestra región y del mundo.

Este año, mis compañeras me han honrado con elegirme para presidir el Comité de expertas en un nuevo período (Dic 2021 – Nov 2023), cargo que asumo con responsabilidad y compromiso, sintiéndome honrada de estar acompañada por colegas que también tienen una amplia trayectoria y reconocimiento en la región, Gloria Camacho de Ecuador y Bárbara Bailey de Jamaica.  No quiero cerrar estas líneas sin resaltar el trabajo de la Secretaría Técnica del MESECVI conducido por Luz Patricia Mejía, así como de quienes me precedieron en esta posición, a quienes admiro profundamente, mujeres con las que en muchas ocasiones he trabajado y compartido este sueño de una América unida y sin violencia.

 

Necesidad de articulación en la política nacional contra la violencia basada en el género

Necesidad de articulación en la política nacional contra la violencia basada en el género

 Todos los Estados necesitan un sistema de planeamiento estratégico que permita alinear las políticas nacionales hacia un desarrollo armónico y sostenido. En el Perú esta función la cumple el SINAPLAN, el mismo que está integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional. En este sistema deben armonizarse los diferentes documentos que conducen el desarrollo del país, como aparece en la siguiente figura:

Figura 1: Políticas y planes para el desarrollo nacional

 Fuente: CEPLAN

  • Importancia de contar con un Objetivo Específico (OE) en el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050

La lucha contra la violencia basada en el género, al igual que la garantía de una igualdad y no discriminación para el 50% de la población, que está compuesto por niñas, adolescentes y mujeres, debe ser una prioridad en este importante documento de planificación estratégica que va a ser referente -en los próximos 30 años- para el desarrollo de diversos planes estratégicos multisectoriales, así como en los diferentes niveles de gobierno, tal como se puede apreciar (Figura 1) del lugar preponderante que ocupa en la planificación estratégica del país.

En ese sentido, proponemos que se establezca dentro del Objetivo Nacional 1 “Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás”, un Objetivo Específico: “Garantizar la igualdad y no discriminación contra las mujeres, así como una vida libre de violencia basada en el género” [1], en donde una de sus acciones estratégicas sea precisamente “Reducir toda forma de violencia basada en el género”.  Dicha acción estratégica, además debería ser desarrollada en una política ad hoc para su efectiva realización.

  • Necesidad de desarrollar una política pública contra la violencia basada en el género, como política independiente

Actualmente la Política Nacional de Igualdad de Género -PNIG (D.S. 008-2019-MIMP)-, si bien contempla como uno de sus objetivos prioritarios el “Reducir la violencia hacia las mujeres”, sólo considera para su seguimiento un indicador: el “Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género”, lo que se medirá a través del indicador proxy “Porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual en relaciones de pareja, los últimos 12 meses” que recoge la ENDES[2]. Si bien este indicador es importante, no permite hacer seguimiento de las acciones del Estado (indicadores de proceso), y tampoco permite medir el impacto en otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia sexual sufrida por nuestras niñas y adolescentes. De acuerdo al proceso de planificación establecido por CEPLAN, el “Plan Nacional contra la violencia de género 2016 -2021”, quedó subsumido en la PNIG y los indicadores ahí previstos dejaron de tener seguimiento[3].

Creemos que ello debe corregirse con una política ad hoc que permita elevar los indicadores de resultado y productos previstos, por ejemplo, en el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer – PpoR aprobado por R. M. N° 162-2019-EF/10. Ello resulta urgente, pues en la construcción de estos indicadores se identificó una brecha de información respecto al grupo etario sobre la cual se recoge la información, las definiciones que se manejan para violencia sexual y acoso sexual, entre otros. Todo lo cual hace necesario un esfuerzo de articulación al más alto nivel que incluya la reformulación de algunas encuestas nacionales y sus instrumentos de recojo de información, con el fin de garantizar un monitoreo y evaluación de las intervenciones tanto a nivel nacional como subnacional en materia de la violencia basada en el género que sufren las mujeres.[4]

Una buena articulación en la planificación estratégica nacional, coadyuvará a orientar los esfuerzos de las diversas entidades públicas y privadas, en los diferentes niveles de gobierno, y alinearlos al objetivo de reducir la violencia basada en el género y lograr una vida libre de toda forma de violencia para nuestras niñas y adolescentes, y todas las mujeres peruanas, en su diversidad.

[1] Huaita, M. (2021) Perú: Desarrollo Nacional al 2050, enfoque de derechos y derechos humanos de las mujeres

[2] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2019). Anexo 4 de la Política Nacional de Igualdad de género. https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/271118-008-2019-mimp

[3] Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. (2021). Informe de evaluación de cierre al 2019 del “Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021”.  https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2021/09/Informe-cierre-PNCVG-2016-2021-al-ano-2019-VF-19.08.2021.pdf

[4] Al respecto pueden revisarse: Oportunidades y retos en el seguimiento de la política pública a través de un sistema de indicadores con enfoque de derechos

COVID 19, políticas públicas y su impacto en las mujeres

Las medidas que los gobiernos nacional, regional y local están planificando post cuarentena deben tener en cuenta el impacto diferenciado en hombres y mujeres, especialmente teniendo presente 3 vulnerabilidades que éstas últimas presentan. Las mujeres son las más vulnerables en la precarización de empleos, deben asumir gran parte de la carga del cuidado, y deben enfrentar con sus vidas la violencia que se ejerce contra ellas.

En virtud de ello, presentamos algunas recomendaciones para que se tenga en cuenta la especial protección que merecen las mujeres desde las medidas de política pública que el Estado asuma.

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Violencia de género ejercida en el ámbito familiar contra niños, niñas y adolescentes percibidos como parte de la población LGTBI

Fuente: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad

La violencia en el ámbito intrafamiliar puede revestir muchas formas, una de la que no se habla demasiado -pero que puede dejar huellas atroces en las personas que la sufren- es la violencia que se ejerce contra NNA percibidos como parte de la población LGBTI.

Pocos estudios dan cuenta de ello: la mayor parte recoge testimonios de personas adultas jóvenes que relatan sucesos experimentados en su niñez o adolescencia y que nos revelan diferentes formas de violencia que son consideradas como  mecanismos legítimos de crianza, como golpizas en los casos de varones gay y violaciones sexuales correctivas a adolescentes lesbianas, por mencionar solo algunos ejemplos.

A propósito  de ello, junto a un equipo de jóvenes investigadoras -Julissa Chávez Granda, abogada; Gissela Cornejo Castellano, comunicadora; y María Alejandra Saravia Pinazo, politóloga- nos decidimos abordar esta problemática y escribir un artículo reflexionando sobre la protección que estos NNA  deben gozar a partir de los estándares internacionales de protección frente a la violencia intrafamiliar.

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Luchando contra la violencia hacia la mujer en la región de América Latina y el Caribe

Cierro el año asumiendo una nueva responsabilidad, esta vez a nivel de la región LAC.  Hace poco asistí a la XVI reunión del Comité de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará contra la violencia hacia la mujer (Washington, 11 al 13 de diciembre, 2019), comité del que formo parte desde el 2018.

En esta reunión se renovó la directiva del Comité, siendo electa en el cargo de vicepresidenta durante el periodo 2020 – 2021, junto con las expertas de Chile, Tatiana Rein (quien lo preside) y de Suriname; Rinette Djokarto (en la otra vicepresidencia).

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Congreso Internacional de las Américas. 25 años de la Convención de Belém do Pará

25 años han pasado desde la aprobación de la Convención de Belém do Pará, primer tratado de derechos humanos que aborda específicamente la temática de la violencia contra la mujer. Este tratado, que se da en el contexto de las Américas, ha abierto las puertas al desarrollo de estándares internacionales de protección del derecho de las mujeres, tales como el caso de Campo Algodonero (2009) donde la Corte Interamericana dio paso a nuevas medidas de investigación y prevención en casos de violencia contra las mujeres; o los casos de las hermanas González Pérez (2001), el de Inés Fernández Ortega (2010) o el de Valentina Rosendo Cantú (2010), que dieron lugar a sendas reformas en relación con el alcance de la jurisdicción militar en casos de violación a los derechos humanos.

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Género, violencia contra la mujer y administración de justicia

El 13 de julio, se dio inicio al curso “Género, Violencia contra la mujer y administración de justicia”, el mismo que desde la Maestría de Estudios de Género de la PUCP hemos venido preparando desde hace varios meses gracias a la confianza de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y el auspicio de UNFPA Perú. Como coordinadora académica, hemos preparado el curso con mucha ilusión y estoy segura que todas las docentes convocadas estamos comprometidas a contribuir en la integración de la perspectiva de género para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres peruanas. 

El curso se enmarca dentro de la  Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité CEDAW que recomienda que los Estados partes aseguren que los programas de fomento de la capacidad traten, en particular:

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“En sus zapatos”

Imagen tomada de la página en Facebook de “Hablemos de Cambio”.

El día de ayer, sábado 30 de marzo, se realizó el evento “En sus zapatos”, organizado por “Hablemos de cambio” que buscó “ponerse en los zapatos” de mujeres víctimas de violencia a fin de comprender mejor las dimensiones y afectaciones de este problema, e idear formas de involucrarse en la lucha contra la violencia de género. Continuar leyendo

Articulación en el MIMP para la prevención de feminicidios

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) convocó a una reunión de articulación de expertas y expertos para idear estrategias para la lucha contra los feminicidios en nuestro país. En esta reunión se analizó los resultados de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES): “Evidencia sobre feminicidio y violencia con riesgo”. Continuar leyendo

Conversatorio “Recomendaciones a los Estados para enfrentar las peores formas de violencia contra la mujer”

La “Ley Modelo contra el Feminicidio”, aprobada en la última sesión del Comité de expertas (CEVI) del Mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana Belém do Pará (“MESECVI”) de la OEA, se presentó en el marco del conversatorio “Recomendaciones a los Estados para enfrentar las peores formas de violencia contra la mujer”, organizado por el IDEHPUCP. La elaboración de esta ley fue un acuerdo de los Estados Partes en su sesión del 2015, en Lima, a propuesta del Estado Peruano. En el 2018, me tocó participar en su aprobación, ya en mi rol de experta independiente.

Seguimos trabajando por las mujeres del Perú y de toda la región de las Américas.

Pueden leer la nota del IDEHPUCP aquí.

Invitación a conversatorio IDEHPUCP

El día de mañana se realizará el conversatorio “Recomendaciones a los Estados para enfrentar las peores formas de violencia contra la mujer” a las 9 am en las instalaciones de IDEHPUCP: