El desafío de la gestión pública

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP. (2022). Lanzamiento del libro “El desafío del Buen Gobierno” [Fotografía]. https://www.facebook.com/egobiernopucp/photos/pcb.5180053305395155/5180043365396149

Hace unos meses, recibí la invitación de Martín Tanaka de organizar en un artículo las lecciones aprendidas al ejercer altos cargos en la gestión pública de mi país. Acepté la invitación y con ella la oportunidad de compartir estas lecciones con quienes quieran comprender algunos rasgos de la gestión pública.

El libro nos trae diferentes miradas, algunas de ellas reflejan plazos más largos por el Poder Ejecutivo y otras, tiempos acotados por la vida política de nuestro país, o turbulentos como las gestiones en tiempos de pandemia. Sin embargo, todas están escritas con el afán de compartir lo vivido y aprendido.

Como el nombre del libro lo indica, “el buen gobierno” es un desafío, y en todos los casos hemos reflexionado sobre temas recurrentes como la importancia de los equipos técnicos, la comunicación, los indispensables esfuerzos multisectoriales, y la necesidad de tomar decisiones aún en la incertidumbre, que es lo que caracteriza la gestión pública.

Sin embargo, algo singular del sector “Mujer” que comparto en el libro, es que cuando éste se asume, siempre hay que responder al cuestionamiento sobre la necesidad de su existencia y permanencia en el Estado. En efecto, durante mi gestión como titular del sector, y antes desde el Viceministerio de la Mujer, debí argumentar, hacia dentro y hacia afuera del Estado, la importancia de apostar por la igualdad y no discriminación basada en el género, que tiene sus mayores impactos en la vida de las mujeres.

Por ello, introducir una dirección encargada de la transversalización del enfoque de género en la estructura sectorial fue sin duda uno de los mayores retos, pero también un elemento clave para una reforma a largo plazo. Así, considero como una de las lecciones aprendidas la necesidad de sustentar esta reforma desde la lógica de la gestión pública, enfocándonos en las funciones que se deben cumplir para una efectiva transversalización del enfoque de género en el sector público; pero también desde la perspectiva más política cuando se deben mostrar los resultados de la gestión, dado que una apuesta de ese tipo no genera resultados inmediatos sino a mediano o largo plazo.

La argumentación contundente técnica y política es indispensable, pero no suficiente, pues la alianza con la sociedad civil es clave en los momentos de mayor peligro, y los compromisos internacionales también ayudan a renovar la voluntad política. Lamentablemente, el riesgo del desmontaje o del vaciamiento de contenido permanecen, por lo que resulta importante permanecer vigilantes para la defensa del sector y la reforma emprendida para la transversalización del enfoque de género dentro del Estado.

 

Les invito a leer el libro en este enlace (descarga gratuita): El desafío del buen gobierno. Intersecciones entre academia, política y gestión pública (pucp.edu.pe)

Comparto reflexiones de algunos de sus autores (Punto Edu): https://puntoedu.pucp.edu.pe/investigacion-y-publicaciones/publicaciones/docentes-pucp-con-experiencia-en-gestion-publica-comparten-sus-reflexiones-en-libro-el-desafio-del-buen-gobierno/

Comentarios que se hicieron el día de su presentación (video): https://www.facebook.com/FondoEditorialPucp/videos/310601311176118

Fotos del evento (link): https://www.facebook.com/128894473844422/posts/5180053305395155/

2021: Publicaciones en el año del bicentenario patrio

El 2021 sin duda ha sido un año muy retador, en el que, gracias a la confianza de diferentes instituciones y personas, hemos visto coronados nuestros esfuerzos en varias publicaciones que ahora comparto:

El año comienza con dos publicaciones que quedaron listas en el 2020, ambas vinculadas a mi experiencia docente, pero desde aristas diferentes:

De la indignación a la propuesta: experiencias en la construcción de un plan frente al hostigamiento sexual en el ámbito universitario en el Perú, p. 17 -44
Autoras: Cristina Blanco, Renata Bregaglio, Marcela Huaita, Flavia Martínez y Lucía Santos. En: Perspectivas de género en la educación superior: una mirada latinoamericana. 336 p

Cambios en el rol docente y el uso de herramientas virtuales para la consolidación, integración, debate y cocreación del aprendizaje de las instituciones del derecho de familia. En Blanco y Negro, 11(1), 151 – 164. Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto de Docencia Universitaria. En Coautorìa con Norely Hancco.

Siendo el 2021 un año electoral, publicamos varias entradas en este y otros blogs sobre la agenda política, además de participar en una publicación sobre diálogos por el buen gobierno:

Igualdad y no discriminación contra las mujeres. P. 97-122. En: María Soledad Pérez Tello, José Luis Márquez Molina, Jenny Isabel Vento Curi. Diálogos por el buen gobierno nacional

Hacia mediados de año, dos publicaciones recogen nuestra admiración por grandes mujeres juristas, la reseña de un libro donde hicimos un homenaje a Ruth B. Ginsburg, y un artículo donde rendimos tributo a Ruth Rubio:

Reseña de libro: “Janet Tello Gilardi y Carlos Calderón Puertas (compiladores). Reglas de Brasilia: género y acceso a la justicia. Tomo I. Lima: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad/ Fondo Editorial del Poder Judicial, 2021, 294 pp. En: Revista Oficial del Poder Judicial

Peru: From Exclusionary Constitutionalism to a Transformative One, Progress and Remaining Challenges. International Journal of Law and Public Administration, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-9, june 2021. En coautoría con Andrea Chocchechanca (2021)

Los cambios y continuidades del derecho de familia, nos permitieron reflexionar sobre el Código Civil, tanto en relación con nuevas interpretaciones sobre el orden de los apellidos, como sobre el matrimonio de personas menores de edad:

El orden de los apellidos: El derecho al nombre y el lugar de la mujer en la codificación civil peruana. Actualidad Civil 86, Agosto 2021. P. 39 -52

Comentarios de los artículos 244 al 247 del Código Civil peruano, referidos al matrimonio entre personas menores de edad. En: Nuevo comentario del Código Civil peruano (Tomo II)

Ya en primavera, se publica un artículo que recoge una realidad difícil de erradicar en nuestro país bicentenario, el embarazo en adolescentes, fenómeno que deja a muchas jóvenes sin posibilidad de cambiar su futuro:

Embarazo adolescente en el ámbito rural y urbano de Cajamarca. p. 193-210 En: Revista Quaestio Iuris No 9. Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Cajamarca

Finalizando el año se publican dos reflexiones elaboradas a partir de una investigación sobre la trayectoria migratoria de personas jóvenes venezolanas realizado con el Grupo interdisciplinario de investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario GRIDEH:

Resumen de mi ponencia publicada en el tomo Diversidades de la IV Bienal Latinoamericana y caribeña en primera infancia, niñez y juventud: desigualdades, diversidades y desplazamientos.

Políticas públicas, familias y reunificación en el contexto de la migración venezolana al Perú. P. 209-253 En: Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú. Elizabeth Salmón Coordinadora. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial.

Todo ello no hubiera sido posible sin mi equipo de trabajo: Norely Hancco, Andrea Choccechanca y Claudia Pacherre, quienes además de su asistencia en la investigación, me han apoyado para cumplir con formatos, citas y demás detalles de edición que implican una fina dedicación para que las publicaciones estén a la altura de ustedes, quienes me leen y comentan.

Gracias por su compañía y esperamos que el próximo año sea para tod@s un año de mayor prosperidad para seguir soñando con un mundo más justo y solidario.

Convención de Belém do Pará: una compañera de vida

 

 

En el Perú de fines de los 80, como en muchos países de nuestra región, no había legislación ni servicios especializados que atendiesen a las mujeres que eran víctimas de violencia. Los casos que veíamos en la consulta legal nos llevaban a varios procesos alternativos dependiendo de la situación: juicio de alimentos, de divorcio, por delito de lesiones, por violación y algunos más. Sin embargo, las mujeres que atendíamos no querían seguir ninguno, sólo querían detener la violencia y que sus cuerpos no sigan siendo lacerados por sus parejas, proteger a sus hijos y tener una oportunidad distinta en la vida.

Como abogada, mi sensación de impotencia caso tras caso fue creciendo y convenciéndonos que la solución tenía que darse desde otro ámbito, desde la dación de las leyes y las políticas. Así, varias abogadas de mi generación nos sumamos a los esfuerzos de cambio de la normatividad y de marcos políticos, en lo nacional y en lo internacional, con la esperanza sin duda que un futuro diferente sea posible, no sólo en recuerdo de aquellos cuerpos lacerados sino porque es nuestro derecho como humanas.

En la década del 90, hubieron logros importantes, el año 93 se aprueba en el Perú la primera ley contra la violencia familiar, al año siguiente se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará – CBP), la cual varios países ratifican de manera inmediata y desde la sociedad civil sabemos con claridad que debemos hacer seguimiento a los compromisos estatales, que la tarea es enorme, pero que hay que acompañar al Estado en este proceso.

Participo entonces haciendo la evaluación para el Perú de una investigación regional que procura documentar y evaluar el progreso logrado en los primeros 5 años de vigencia en la aplicación de la Convención de Belém do Pará. El análisis se centró en: (1) el contenido y la eficiencia atribuida a los mecanismos de ejecución establecidos en cada país; (2) las medidas específicas adoptadas y su impacto; y (3) las dificultades observadas en cuanto a la aplicación o ejecución de esas medidas. Este esfuerzo fue liderado por la Comisión Interamericana Mujeres (CIM/OEA), junto con el Centro Internacional para la Reforma del Derecho Penal y la Política en Materia de Justicia Penal (ICCLR) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) – Programa Mujer, Justicia y Género.

La participación en dicho estudio coincide con mis primeras experiencias como docente, lo que me permite ver claramente que la CBP significa no sólo un marco político normativo importante al interior de nuestros países sino que también exige una verdadera redefinición del derecho interamericano de derechos humanos. Necesitamos cambio de paradigmas y nuevas respuestas, como las que años después se dan desde la Corte Interamericana en los casos Campo Algodonero (2009), e Inés Fernández (2010), ambos contra México en los que me tocó ser perita sobre violencia sexual y de género, así como del derecho de las mujeres de acceso a la justicia. Estos y otros casos, en los que la Corte Interamericana sentó una importante jurisprudencia, señalaban lo que nosotros habíamos visto y sido testigos, es decir que la falta de voluntad de los funcionarios estatales de no emprender acciones definitivas que garanticen que los responsables por la violación de los derechos de las mujeres sean enjuiciados, conlleva a que los Estados incumplan de manera sistemática las múltiples obligaciones que tienen en relación con garantías judiciales, derechos humanos y en especial normas internacionales referidas de manera expresa a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, como la CBP.

Años después y habiendo asumido el reto de estar en la gestión pública, como Vice Ministra de la Mujer, trabajé arduamente para que el Perú sea sede de la Conferencia de los Estados Partes prevista en la CBP, dado que el cumplimiento de esta convención era sin duda un compromiso que habíamos asumido desde el primer día de nuestra participación en la gestión pública, y pensando además que el ser sede de la Conferencia obligaría a poner en la agenda pública con más fuerza estos compromisos. Lo que no imaginaba entonces, es que algunos años después, ya como Ministra de Estado me tocaría asumir personalmente la representación titular del Estado Peruano ante el MESECVI y, en esa calidad, asumir su presidencia, teniendo en Octubre del 2015 la satisfacción de organizar en Lima la VI Conferencia de Estados Parte del MESECVI, así como ser anfitriona de la Decimotercera reunión del Comité de Expertas (CEVI). Durante dicha Conferencia, y luego de un exitoso trabajo de la Secretaría Técnica, se logró la aprobación de la “Declaración sobre Violencia y acoso político contra las mujeres”. Con ello, hacíamos visible e integrábamos a la CBP, una nueva dimensión de la violencia, esta vez la que impide que se reconozca a las mujeres como sujetos políticos y por tanto desalienta el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres, testimonios que había recogido en mis visitas a lo largo de todas las regiones de mi país.

Habiendo regresado a la sociedad civil, en el 2018 fui designada como experta nacional para integrar el Comité de Expertas, teniendo la oportunidad nuevamente de mirar de cerca la vigencia del mecanismo, los retos estatales, los nuevos temas de estudio y los siguientes desafíos.

 

Perú: Personas designadas ante el Comité de Expertas del MESECVI (CEVI) desde su creación:

 1.      Martha Rivera Chang (Titular) – 2004
2.      Russela Zapata Zapata (Titular) – 1 de junio de 2005; y  Tania Vidal Muñoz (Suplente) – 25 de junio de 2007
3.      Nora Soledad Cisneros Campoverde (Titular) – 15 de julio de 2008
4.      Ana María Mendieta Trefogli (Titular) y  Silvia Elvira Quinteros Carlos (Suplente) – 6 de julio de 2009
5.      Paola Muñoz (Titular) – 10 de junio de 2010
6.      Melchora Milagros Ríos García (Titular) – 22 de octubre 2010
7.      Tammy Lorena Quintanilla Zapata (Titular) y María Ysabel Cedano García (Suplente) – 3 de octubre de 2011
8.      Ángela Teresa Hernández Cajo (Titular), Ana María Mendieta Trefogli (Suplente) y Miguel Ramos Padilla (Suplente) – 14 de marzo de 2013
9.      Silvia Loli (Titular) y Ángela Teresa Hernández Cajo (Suplente) – 22 de julio de 2015
10.  Tammy Lorena Quintanilla Zapata (Titular)  y Sabina Deza Villanueva (Suplente) – 23 de agosto de 2017
11.  Marcela Huaita Alegre (Titular) y Ángela Teresa Hernández Cajo (Suplente) – 30 de octubre de 2018

En el aniversario 25 de la CBP, el destino me dio la satisfacción de estar presente en un sentido homenaje que no tengo palabras para describir por la emoción que sentí al escuchar los testimonios de las valiosas mujeres que habían permitido que esta Convención viese la luz en nuestra región. Sus testimonios nos trasladaron a la locura de las épocas vívidas como feministas cuando la frustración nos hacía ser creativas, elaborar estrategias no transitadas, hacer alianzas, sentir la sororidad entre las abogadas cuando defendíamos una causa, cuando elaborábamos un proyecto normativo; cuando nuestra vehemencia debía ceder paso a la cautela para dar pasos seguros en protección de las víctimas a quienes representábamos.

El camino continúa y en el 2019 acepté la propuesta de acompañar la Mesa Directiva presidida por Tatiana Rein de Chile, y Rinette Djokarto de Surinam, lo cual no hizo sino encender en mi un renovado compromiso por el cambio y por un futuro diferente en el que hombres y mujeres tengamos una convivencia sin violencia, y en donde nuestras energías contribuyan al logro de la paz y un respeto irrestricto de los derechos humanos de cada mujer de nuestra región y del mundo.

Este año, mis compañeras me han honrado con elegirme para presidir el Comité de expertas en un nuevo período (Dic 2021 – Nov 2023), cargo que asumo con responsabilidad y compromiso, sintiéndome honrada de estar acompañada por colegas que también tienen una amplia trayectoria y reconocimiento en la región, Gloria Camacho de Ecuador y Bárbara Bailey de Jamaica.  No quiero cerrar estas líneas sin resaltar el trabajo de la Secretaría Técnica del MESECVI conducido por Luz Patricia Mejía, así como de quienes me precedieron en esta posición, a quienes admiro profundamente, mujeres con las que en muchas ocasiones he trabajado y compartido este sueño de una América unida y sin violencia.

 

Necesidad de articulación en la política nacional contra la violencia basada en el género

Necesidad de articulación en la política nacional contra la violencia basada en el género

 Todos los Estados necesitan un sistema de planeamiento estratégico que permita alinear las políticas nacionales hacia un desarrollo armónico y sostenido. En el Perú esta función la cumple el SINAPLAN, el mismo que está integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional. En este sistema deben armonizarse los diferentes documentos que conducen el desarrollo del país, como aparece en la siguiente figura:

Figura 1: Políticas y planes para el desarrollo nacional

 Fuente: CEPLAN

  • Importancia de contar con un Objetivo Específico (OE) en el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050

La lucha contra la violencia basada en el género, al igual que la garantía de una igualdad y no discriminación para el 50% de la población, que está compuesto por niñas, adolescentes y mujeres, debe ser una prioridad en este importante documento de planificación estratégica que va a ser referente -en los próximos 30 años- para el desarrollo de diversos planes estratégicos multisectoriales, así como en los diferentes niveles de gobierno, tal como se puede apreciar (Figura 1) del lugar preponderante que ocupa en la planificación estratégica del país.

En ese sentido, proponemos que se establezca dentro del Objetivo Nacional 1 “Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás”, un Objetivo Específico: “Garantizar la igualdad y no discriminación contra las mujeres, así como una vida libre de violencia basada en el género” [1], en donde una de sus acciones estratégicas sea precisamente “Reducir toda forma de violencia basada en el género”.  Dicha acción estratégica, además debería ser desarrollada en una política ad hoc para su efectiva realización.

  • Necesidad de desarrollar una política pública contra la violencia basada en el género, como política independiente

Actualmente la Política Nacional de Igualdad de Género -PNIG (D.S. 008-2019-MIMP)-, si bien contempla como uno de sus objetivos prioritarios el “Reducir la violencia hacia las mujeres”, sólo considera para su seguimiento un indicador: el “Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género”, lo que se medirá a través del indicador proxy “Porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual en relaciones de pareja, los últimos 12 meses” que recoge la ENDES[2]. Si bien este indicador es importante, no permite hacer seguimiento de las acciones del Estado (indicadores de proceso), y tampoco permite medir el impacto en otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia sexual sufrida por nuestras niñas y adolescentes. De acuerdo al proceso de planificación establecido por CEPLAN, el “Plan Nacional contra la violencia de género 2016 -2021”, quedó subsumido en la PNIG y los indicadores ahí previstos dejaron de tener seguimiento[3].

Creemos que ello debe corregirse con una política ad hoc que permita elevar los indicadores de resultado y productos previstos, por ejemplo, en el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer – PpoR aprobado por R. M. N° 162-2019-EF/10. Ello resulta urgente, pues en la construcción de estos indicadores se identificó una brecha de información respecto al grupo etario sobre la cual se recoge la información, las definiciones que se manejan para violencia sexual y acoso sexual, entre otros. Todo lo cual hace necesario un esfuerzo de articulación al más alto nivel que incluya la reformulación de algunas encuestas nacionales y sus instrumentos de recojo de información, con el fin de garantizar un monitoreo y evaluación de las intervenciones tanto a nivel nacional como subnacional en materia de la violencia basada en el género que sufren las mujeres.[4]

Una buena articulación en la planificación estratégica nacional, coadyuvará a orientar los esfuerzos de las diversas entidades públicas y privadas, en los diferentes niveles de gobierno, y alinearlos al objetivo de reducir la violencia basada en el género y lograr una vida libre de toda forma de violencia para nuestras niñas y adolescentes, y todas las mujeres peruanas, en su diversidad.

[1] Huaita, M. (2021) Perú: Desarrollo Nacional al 2050, enfoque de derechos y derechos humanos de las mujeres

[2] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2019). Anexo 4 de la Política Nacional de Igualdad de género. https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/271118-008-2019-mimp

[3] Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. (2021). Informe de evaluación de cierre al 2019 del “Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021”.  https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2021/09/Informe-cierre-PNCVG-2016-2021-al-ano-2019-VF-19.08.2021.pdf

[4] Al respecto pueden revisarse: Oportunidades y retos en el seguimiento de la política pública a través de un sistema de indicadores con enfoque de derechos

Enseñanza del derecho con enfoque de género para la reforma del Sistema de Justicia

El pasado mes de julio del 2021 se aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (D.S.  No 012.2021-JUS), la misma que fue aprobada por unanimidad por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, con un horizonte temporal al 2025. La implementación de dicha política está a cargo de diversas entidades del Estado que deben coordinar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el cumplimiento de sus objetivos prioritarios.

La mencionada política trae varias novedades, una de ellas es la aplicación a lo largo de la misma de un enfoque de género, lo que ha tenido como consecuencia su integración en varios puntos clave como en el fortalecimiento de los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia, en la mejora en el ejercicio y formación para la abogacía, así como un compromiso claro con el combate a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, todo ello como parte de sus objetivos prioritarios.

En estas líneas me quiero referir especialmente al reconocimiento de la necesidad de que las Facultades de Derecho brinden énfasis a una educación legal con perspectiva de género. En efecto, la mencionada política hace un desarrollo amplio al respecto, tanto en su diagnóstico como en la matriz de políticas a ser desarrolladas, así como en lo relativo a los resultados esperados, como podemos ver en el siguiente cuadro:

Extractos de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (D.S. No 012.2021-JUS)

Sección General Diagnóstico del sistema de justicia Matriz de propuestas de política pública en materia de justicia Informe de estimación de la propuesta de política pública de reforma del sistema de justicia
  Objetivos prioritarios Resultados esperados
Objetivo específico O.P. 6. Mejorar el ejercicio y formación para la abogacía Objetivo Prioritario 6: Mejorar el ejercicio y formación para la abogacía 2 Objetivo 6. Mejorar el ejercicio y formación para la abogacía
Página del documento p.  176 y sgts. p. 244 y sgts. p. 320 y sgts.

Fuente: DS Nª 012.2021-JUS. Elaboración propia

En la política se señala expresamente que en el Perú “se requiere establecer controles deontológicos efectivos del ejercicio de la práctica del derecho; y, en relación con ello, se requiere realizar la transversalización del enfoque de género en la práctica del ejercicio del derecho” (p. 176). Afirmación con la que estamos en absoluto acuerdo.

Para lograr ello, sin duda se requiere desarrollar no sólo una actitud crítica sino también herramientas de enseñanza, y trabajar con la comunidad educativa de las Facultades de Derecho. En ese sentido, las acciones propuestas para los próximos años pasan por promover la transversalización del enfoque de género en las mallas curriculares de las facultades de derecho, la incorporación de cursos ad hoc que puedan desarrollar este enfoque en los contenidos concretos, así como un trabajo constante con autoridades, docentes y estudiantes de Derecho.

Al respecto, queremos mencionar que algunos instrumentos ya han sido desarrollados en nuestro medio. En efecto, como parte de un esfuerzo de diversas profesoras de Derecho de la PUCP, hace algunos años desarrollamos una “Guía sobre enfoque de género en la enseñanza del derecho”, así como llevamos a cabo eventos académicos al respecto. De este desarrollo venimos dando cuenta en su momento en este blog* y por ello queremos expresar nuestra satisfacción que estos esfuerzos hayan sido tenidos en cuenta para este cambio en la política pública nacional y reiterar nuestro compromiso por una transformación del Derecho desde una perspectiva de género.

* Ver notas en la sección “Enseñanza del Derecho”

AGENDA PARA LA ACCIÓN: DEMANDAS MÍNIMAS PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

 

En el marco del bicentenario de nuestra patria y ad portas que un próximo gobierno  asuma la conducción de nuestro país, necesitamos que los derechos de las mujeres sean respetados.

Sin duda el contexto en el que asumirá el nuevo gobierno  es un contexto difícil económica, política y socialmente, por ello y entendiendo la necesidad de establecer prioridades, presentamos un conjunto de  demandas mínimas que consideramos deben ser garantizadas con la finalidad de que los derechos de las mujeres no sigan siendo vulnerados.

Dichas demandas están organizadas tomando en cuenta los objetivos prioritarios de la Política de Igualdad de Género vigente, que creemos firmemente debe ser respetada por el nuevo gobierno, así como la institucionalidad de su ente rector, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Esperamos con ello contribuir a un diálogo democrático y alturado, como corresponde a una sociedad diversa y compleja como la peruana.

Las propuestas que aquí se resumen, han sido desarrolladas en  extenso en:

Huaita, Marcela , Andrea Choccechanca , Claudia Pacherre y Norely Hancco.. La Igualdad de Género, una demanda para el próximo gobierno. (Publicado el 1 de junio de 2021)

 

 

 

Los planes de gobierno frente a la política de igualdad de género. Parte II

En nuestro equipo de trabajo, hemos continuando realizando el análisis de los planes de gobierno de todos los partidos políticos que postulan en estas elecciones, para ver si sus propuestas han tenido en consideración la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por D. S. N° 008-2019-MIMP, la misma que -como se sabe- constituye una política nacional multisectorial de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas y privadas.

Por ello, en esta segunda entrega, completamos el análisis de los objetivos prioritarios de la mencionada política, desarrollando el análisis específico de los objetivos 5 y 6, a saber:

  • Objetivo prioritario 5 Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres. Norely Hancco Rodríguez

https://drive.google.com/file/d/19cHWzS9jiqgwMDJXU0OFxuX7NDtLDw14/view?usp=sharing

  • Objetivo prioritario 6 Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población Claudia Pacherre Avalos

https://drive.google.com/file/d/19che0ByzuHKQzTxki5DOxOJHnEbrzV8T/view?usp=sharing

Sin embargo, también compartimos nuestra mirada sobre otros temas igualmente relevantes, como el enfoque temático que los partidos políticos emplean para abordar la problemática de la mujer y la previsión presupuestal. Así como, el tratamiento de algunos temas emergentes que pensamos su presencia puede resultar novedosa en las propuestas de planes de gobierno, especialmente por ser abordados mirando un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, como los temas de migración, estadísticas sobre uso del tiempo, ciencia y tecnología; por la envergadura de los problemas que abordan como lo relativo a juicio de alimentos, discriminación, programas sociales; o por la vulneración de derechos que sufren algunos grupos sociales como las mujeres indígenas, o la población LGBTI.

  • Enfoque temático y previsión presupuestal. Andrea Choccechanca Gamboa

https://drive.google.com/file/d/1YIrT62u7qplZWhfJ8d9Jiu1nURidEwAK/view?usp=sharing

  • Temas emergentes. Marcela Huaita Alegre

https://drive.google.com/file/d/1oXDCI_zjeGWkICKdd-QqfcKYMfI2Qm2O/view?usp=sharing

 

Reiteramos, nuestro deseo de que nuestros comentarios sean una pequeña contribución al debate nacional.

 

 

Los planes de gobierno frente a la política de igualdad de género

Ad portas de las nuevas elecciones nos pareció un ejercicio necesario revisar en los planes de gobierno si quienes postulan a ser nuestras máximas autoridades han contemplado en sus propuestas algunas relacionadas con la Política Nacional de Igualdad de Género,  aprobada por D. S. N° 008-2019-MIMP, y que constituye una política nacional multisectorial, de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas y privadas.

En general, los partidos políticos no proponen derogarla, ni modificarla de manera sustantiva. En los casos que hay una referencia a la misma, es para garantizar su cumplimiento, incluso dotándola de mayor presupuesto. Sin embargo, cuando nos aproximamos a las propuestas concretas respecto de los objetivos prioritarios de la política y sus lineamientos, encontramos que la mayor parte de planes de gobierno han contemplado acciones respecto del objetivo de una vida libre de violencia, mientras que los otros objetivos han quedado un poco más rezagados. A continuación, compartimos el análisis que venimos haciendo con un equipo de trabajo y que aborda cuatro de los objetivos prioritarios de la política:

Objetivos Prioritarios:

1: Reducir la violencia hacia las mujeres, Andrea Choccechanca Gamboa.

https://drive.google.com/file/d/10ryq6FY580xIr3kol1ueMd_h4yH06WTS/view?usp=sharing

2: Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, Norely Hancco Rodríguez.

https://drive.google.com/file/d/1E0ZCwjYIc9wfd2HTecRbkWGCvRzqPlob/view?usp=sharing

3: Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, Marcela Huaita Alegre

https://drive.google.com/file/d/1G4tKcvlQ1udRaj4C5xd_v_UYCCebsXZo/view?usp=sharing

4: Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, Claudia Pacherre Avalos

https://drive.google.com/file/d/1RFDRE3jkS6QMLTlLU6PV5lqj7gKiSJj6/view?usp=sharing

Esperamos que nuestros comentarios sean una contribución al debate nacional.

Para quienes desean conocer otras propuestas además  de las comentadas, les recomendamos revisar las siguientes publicaciones:

Adolescentes y su derecho al aseguramiento en salud como problema de política pública

El Perú está transitando lo que se conoce como “bono demográfico”, es decir un periodo cuando la población en edad de trabajar se incrementa más rápido que la población dependiente, ello debido a varios factores como la disminución de la fecundidad y el proceso de envejecimiento. Con el cambio de la pirámide poblacional, hoy en día la generación de adolescentes es la más grande de nuestra historia, es más, en las próximas décadas la generación de adolescentes y jóvenes será crucial para el desarrollo nacional. Por ello, la forma en que las políticas públicas aborden sus necesidades es de suma importancia por cuanto tendrán efectos duraderos que moldearán el destino de nuestro país.

En esa línea, la investigación que desarrollamos con UNICEF sobre el derecho al aseguramiento y atención en salud sexual y reproductiva, así como en salud mental de los y las adolescentes en el Perú, nos parece un tema que debería ser abordado en todos los planes de gobierno que actualmente se debaten. Continuar leyendo

Las mujeres, la conquista de sus derechos, y los retos que aún hay que enfrentar: Publicaciones 2020

Las mujeres académicas con responsabilidades familiares, como muchas otras, sufrimos un impacto tremendo al tener que asumir la carga productiva y reproductiva en el contexto de una pandemia, que de pronto nos confinó a nuestras casas y no nos dio tregua, sino más bien multiplicó nuestras responsabilidades.

A pesar de ello, las estrellas se alinearon para poner a disposición de ustedes varias publicaciones, que son el corolario de esfuerzos de años anteriores y que finalmente el 2020 han podido ser difundidas a través de diferente formatos, varios de ellos on line.  Asimismo, este fue un año en que me incorporé al grupo María Rostworowski II del Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (Renacyt) – Concytec- Perú.

Continuar leyendo

¿Cuál es el derecho que más se vulnera en el caso de las mujeres peruanas?

Si pensamos que la violencia es un continuo que amenaza de manera permanente la vida de las mujeres peruanas bajo diferentes manifestaciones como la violencia de pareja, el acoso sexual callejero, el acoso sexual en el ámbito educativo, el hostigamiento sexual laboral, el acoso político, y un largo etcétera., podríamos pensar que el derecho a la vida y a la integridad es el que puede ser más vulnerado. Sin embargo, esta percepción no es la que corresponde a nuestra idiosincrasia. Veamos algunas cifras recogidas en la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos[1].

Los resultados de esta encuesta nos permiten conocer las principales percepciones de la ciudadanía frente a la protección de los derechos humanos en el Perú. Al respecto resulta interesante comparar la percepción sobre los derechos que a los(as) peruanos y peruanas les importan más, y comparar la percepción que se tiene sobre los derechos que se perciben como menos respetados para el caso de las mujeres (Fig. 1 y 2). Continuar leyendo

La doble negociación de las mujeres y su lento reingreso a las actividades productivas en el contexto de la pandemia COVID 19

Para quienes venimos siguiendo el impacto de la COVID-19, no nos queda duda alguna sobre el elevado costo que esta crisis –como otras anteriores- tiene para las mujeres, en especial para aquellas que deben asumir responsabilidades familiares.  También tenemos claro que el reingreso de las mujeres en las actividades productivas será lento, y atravesará varias negociaciones, una primera en el ámbito familiar y una segunda en el ámbito laboral propiamente. Continuar leyendo

Políticas públicas, género y pandemia

Hace unos días desde el LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social), me invitaron a participar en el diálogo“Cómo reaccionamos ante la pandemia?: Políticas públicas y acciones para enfrentarla”. El objetivo fue conversar sobre cómo el Estado ha reaccionado frente a la emergencia sanitaria y cuáles son las políticas públicas que se vienen gestando y aquellas que se deberían implementar para enfrentar la pandemia desde el sector salud, educación y mujer; sectores que se han visto fuertemente impactados por esta. Continuar leyendo

Día de la Madre 2020: “Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora”

Una de las modernas tradiciones en América Latina es la extendida celebración del “Día de la Madre”, que en muchos de nuestros países se da el segundo domingo de mayo. Esta celebración tiene como principal motivo exaltar la capacidad de las mujeres de dar vida, es decir, de ser madres. Sin embargo, junto a ella se refuerzan una serie de estereotipos sobre lo que la sociedad espera de las mujeres. Ser madre parece que es naturaleza y destino, y con ello la glorificación de valores como el sacrificio y  la abnegación en algunos casos, el cuidado de sus hijos o hijas, como prioridad de su misión en la vida, la habilidad de cumplir multiplicidad de roles aunque sea a costa de su sueño y tiempo de descanso, etc. Continuar leyendo