SOBRE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE EN TRUJILLO

Estimados blogeros:

Recientemente el periodista Ricardo Uceda presentó una investigación que establecería la existencia de escuadrones de la muerte policiales en Trujillo, destinados a eliminar a los delincuentes que asolan esa ciudad. Inmediatamente hubo respuestas en sectores de la población señalando que ello era correcto, con lo que evidentemente discrepamos. La vida humana es valiosa, sea de quien sea, y el Estado Constitucional es la garantía para juicios razonables y sanciones ejemplares.

A continuación los apuntes de Ricardo Uceda, aparecidos el 16 de noviembre pasado en la Revista Poder, bajo el título “El misterio del escuadrón de la muerte”.

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Por: Ricardo Uceda

La investigación del denunciado asesinato masivo de delincuentes en Trujillo produce una guerra fría entre la Policía y el Ministerio Público. Al amparo del D.L. 982, la mayoría de casos fueron archivados.
El jefe policial de La Libertad, general Raúl Becerra, reveló el 20 de octubre pasado que en Trujillo han muerto 56 delincuentes en enfrentamientos con la policía. De inmediato el ex director de la PNP Gustavo Carrión, escribió en el blog Espacio Compartido que ello sugería una perversa tendencia en la lucha contra la inseguridad. “El uso letal de las armas de fuego para eliminar delincuentes –añadió– lo único que provocará será la retaliación de la violencia”.
Documentos y testimonios recogidos para este informe permitieron alimentar una base de datos de 46 delincuentes muertos a balazos por la policía de Trujillo entre el 2007 y el 2008, y confirmar la alta cifra de presuntos asesinatos. Entre otras fuentes fueron entrevistadas 31 personas vinculadas a las víctimas, algunas de las cuales dicen ser testigos directos de que fueron detenidas por la policía. La forma de las muertes es casi la misma, y no es un secreto. En la ciudad se asume con naturalidad que hubo una eliminación sistemática de maleantes. En privado, la mayoría lo aprueba.
En un caso típico de la versión oficial, los integrantes de una patrulla –de casualidad o avisados por terceros– sorprenden asaltando a dos o más ladrones. Estos huyen, disparando a los policías, quienes, al darles el vuelto, los matan. Acto seguido, las pericias balísticas demostrarán que los abatidos estaban armados y que sus armas fueron disparadas.
La prensa local y algunos medios de Lima han hablado de un grupo de ejecuciones dirigido por el coronel PNP Elidio Espinoza, ex jefe del Escuadrón de Emergencia Este y hoy a cargo de la Divincri. A su vez, la policía, con un indisimulado apoyo político del gobierno, ascendió y premió a Espinoza, para quien el Ministerio Público pide cadena perpetua. La policía de Trujillo goza de reconocimiento ciudadano, porque ha arrinconado a la delincuencia. Aunque todos los días hay hechos violentos y menudean noticias de asesinatos en las primeras planas, en su mayor parte son, según las versiones periodísticas, delincuentes que se han matado entre sí.
La situación es el resultado directo del Decreto Legislativo 982, dado en julio del 2007, que eximió de responsabilidad penal a policías que “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muerte”. Hay que suponer que casi de inmediato los delincuentes trujillanos tuvieron la mala idea de enfrentarse a balazos con la policía. La racha de muertos por enfrentamientos comenzó precisamente en agosto del 2007. Terminó a fines del año pasado, cuando empezó a actuar una asociación trujillana de defensa de los derechos humanos de los delincuentes.
Miembros de conocidas bandas se han entregado porque temían estar en una lista negra de próximos ejecutados. Su atemorizada versión apareció sin medias tintas en los medios. Sin embargo, a Rafael Reyes Velásquez, “Loco Johnny”, no le sirvió haber alertado públicamente que la policía quería matarlo. El 20 de febrero de 2008 envió una carta de denuncia a la Asociación Pro Derechos Humanos. Tres meses después estaba muerto.
César Velásquez, un ex presidiario no requisitoriado, dijo para esta nota que no sale de su casa porque no desea que lo maten. Ha abandonado, asegura, toda actividad delictiva. Cuando las muertes se multiplicaron, continuamente miraba por la ventana de su casa en el barrio El Alambre para ver si venían por él. Pues en la otra versión, la de los familiares de los muertos, la policía secuestró a sus futuras víctimas de sus casas, los ejecutó, y luego publicitó una escena de fuego cruzado.
Segundo Correa, quien se supone que es el delincuente más sanguinario que hoy por hoy conoce Trujillo, acaba de publicar una carta en el diario Correo advirtiendo que no se enfrentará a tiros con la policía. Correa, conocido como “Paco”, niega ser asesino y jefe de banda. Aún no está requisitoriado.
Su abogado, Víctor Peralta, quien también defiende a los familiares del fallecido Loco Johnny, dice que Correa sabe que su vida corre peligro porque los medios, con información de la policía, están publicitándolo demasiado. “Eso pasó en anteriores casos –añadió–. Justo después de que los diarios vuelven famoso a un delincuente, aparece muerto en un enfrentamiento con la policía”.
–Nosotros les hemos ganado la moral –dijo el coronel Elidio Espinoza para este artículo–. Pero no porque los ejecutemos. Los hemos identificado y mostramos al público sus rostros y sus viviendas.
Cada muerte por enfrentamiento real o fingido ha sido investigada por el Ministerio Público, que vive una guerra fría con la policía. La versión que reciben diversos ministros del Interior de los últimos dos años es que los fiscales entorpecen la lucha contra la delincuencia. El malestar llegó hasta la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien, tras pedir informes, recibió una explicación contundente del presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Daniel Cerna: diversas fiscalías investigaban numerosas muertes de delincuentes, en las cuales participaron directa o indirectamente unos 50 policías.
Cuando Echaíz fue a Trujillo, en febrero del 2009, hubo una marcha de deudos frente al Ministerio Público de Trujillo, y recibió a una delegación de tres personas.
–Usted es madre como yo –le dijo Angelita Ávila, madre de Carlos Iván Mariños, uno de los muertos–. Le voy a contar cómo se llevaron a mi hijo y usted sabrá si soy sincera. Y creo que usted, en mi lugar, estaría como yo, pidiendo justicia.
Cerna dijo para este informe que la Fiscal de la Nación se ha convencido por sí misma de que las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público de La Libertad son necesarias y complejas.
El Ministerio Público ha ido archivando los expedientes uno por uno, y también estas disposiciones tuvieron un patrón: hubo un arma en poder del muerto, los peritajes balísticos de la policía dijeron que fue disparada, los testigos son familiares, los guardias implicados estaban de servicio. En la mayoría de casos los fiscales citan el D.L. 982 para sustentar su decisión. Otros, además, señalan que es un criterio imperante en el Ministerio Público priorizar acusaciones sólidas, que puedan ser defendidas exitosamente en un juzgado. Las que no tienen buen prospecto deben dormir en el archivo hasta que aparezca nueva evidencia.
Después de enviar al archivo la indagación de unas 21 muertes, el Ministerio Público se centró este año en otras 25, concentradas en 16 expedientes. De este total, los fiscales decidieron acusar en solo dos casos. Por orden del juez tendrán que hacerlo en otro caso, que inicialmente fue archivado. Podría haber una acusación más, correspondiente a una investigación que acaba de ser concluida, si el fiscal lo estima conveniente.
La mayoría de las indagaciones tuvieron a Elidio Espinoza como protagonista.
–De 23 investigaciones que me involucran, 21 han sido archivadas por el Ministerio Público –dice Espinoza con las disposiciones en la mano–. No lo digo yo, lo dice un fiscal. Entonces, ¿dónde está el escuadrón de la muerte?
Los primeros cadáveres de la racha que se inicia con el D.L. 982 pertenecieron a tres hombres abatidos a tiros la madrugada del 13 de agosto de 2007 en las inmediaciones del restaurante campestre La Rueda. Les dispararon dos vigilantes del local, quienes resultaron ser policías que trabajaban allí en sus días de descanso. Según la manifestación de estos, José Murrugarra, su hijo Johnny y César Deza, irrumpieron a balazos para llevarse los ingresos del día anterior. Ellos contraatacaron con eficacia cinematográfica, pues eran menos y mataron a todos los agresores. El dueño del local corroboró esta tesis, pero no los familiares de los muertos que en ese momento estaban en La Rueda, para quienes hubo un lío de borrachos. La fiscalía archivó el caso luego de que las pericias balísticas indicaron que los atacantes habían disparado.
Un mes después, César Sancho Rodríguez, “Pichón”, fue muerto de cuatro balazos en El Porvenir, por miembros del Escuadrón de Emergencia Este. Los policías manifestaron haber sido blanco de disparos de delincuentes que huían luego de que fueran sorprendidos asaltando en la esquina de Sánchez Carrión y Los Héroes. Eran tres: dos escaparon y Pichón cayó muerto cuando la policía repelió el ataque. Su madre, Jenny Rodríguez, y su hermana, Rosa Verde, dijeron que muchos vecinos les aseguraron que Pichón había sido capturado con vida en una vivienda en la que se escondió. Pero estos testigos, si existen, nunca declararon ante la fiscalía, que archivó el caso.
En cambio sí presenta fisuras la versión oficial de la muerte de Julio Merino Bayona, “Gallo”, la tarde del 21 de septiembre del mismo año. Había asaltado a Karla Paredes, amenazándola con una pistola, según refirió la misma agraviada. La policía lo persiguió y abaleó en su huida y llegó agonizando al Hospital Regional. Hechas las pericias, resultó que Merino no había usado un arma de fuego. El fiscal únicamente recogió el testimonio de los policías intervinientes, basado en que Gallo disparó contra ellos, y envió a los archivos la investigación preliminar. No fue posible obtener testigos directos con una versión distinta para este artículo. Un solo indicio es insuficiente para que un fiscal acuse a alguien por asesinato o secuestro agravado, que se castiga con cadena perpetua.
En el caso de la muerte de José Manuel Reyes Moro, conocido como “Yuca”, hay por lo menos dos indicios de ejecución extrajudicial. Yuca, supuesto integrante de la banda “Los Ochenta”, murió el 14 de octubre, producto de tres balazos en el cuerpo. De acuerdo con sus familiares, tomaba cervezas con su padre y su tío en un restaurante de El Porvenir, cuando los policías de un patrullero les pidieron documentos. Solo a Yuca decidieron llevárselo, y tuvieron que hacerlo a golpes porque, en la misma versión, el delincuente se resistió, abrazándose a un poste. Según la policía, los integrantes del patrullero forcejearon con él al tratar de capturarlo, y Yuca pudo sacar un revólver y hacer un disparo. En la resolución que archiva el caso, el fiscal registró que el patrullero tenía un agujero de bala. No mencionó que el protocolo de autopsia decía que la boca de Reyes Moro estaba llena de arena de playa. Y que en la segunda página, en la parte correspondiente a la descripción de lesiones traumáticas, el forense indica excoriaciones y hematomas en las muñecas. Para mayor precisión, señala: “marcas de grilletes”.
Estos casos, los primeros, no tuvieron ninguna repercusión. El escenario cambió cuando el escuadrón comandado por Elidio Espinoza liquidó a cuatro supuestos delincuentes en una sola noche. Fue el 27 de octubre de 2007, precisamente el día en que el ministro del Interior Luis Alva Castro llegó a Trujillo para anunciar una guerra sin cuartel contra la delincuencia.
En Trujillo no hay grupos de secuestradores ni grandes asaltos con despliegue camionetas rurales y metralletas. El último asalto al Banco de Crédito, el pasado 7 de octubre, que dejó un botín menor a S/. 100.000, fue hecho discretamente y con participación de policías, según están publicando medios locales. Lo dijeron también miembros de los bajos fondos entrevistados para esta nota. ¿A qué se dedican entonces, los delincuentes de la ciudad? Al asalto al paso, al robo de viviendas y autos, a la extorsión. A medida que el crecimiento de Trujillo se fue haciendo evidente, estableciéndose las grandes tiendas, floreciendo las mineras, expandiéndose la construcción y el empleo, la extorsión pasó a ser el delito de moda. Los empresarios son amenazados para que admitan el pago de cupos por su seguridad, lo mismo que transportistas y dueños de establecimientos comerciales. El signo exterior más característico son stickers pegados en las carrocerías de mototaxis, autos de servicio público y buses. Hay lobos, gatitos, Transformers, ángeles, muñecos, palabras, imágenes religiosas. Cada uno corresponde a una banda.
Un mototaxista paga un sol diario al extorsionador. Un taxista, un sol cincuenta. Entre La Esperanza y El Milagro circulan unas 3.000 mototaxis, lo que hace un total de S/. 90.000 mensuales por repartirse entre los extorsionadores. Según la policía, la banda de Paco, de la que dependerían unas 150 personas, es la más numerosa. Otras importantes son Los Pulpos, que maneja 100 subalternos desde el Cerro La Cruz, y Los Ochenta, con similar infantería en Florencia de Mora. Además hay unos 15 grupos menores. Los stickers son distintivos para que miembros de una banda no se metan con los bienes protegidos por otra. Cuando hay rivalidad entre grupos, esta convención no se respeta, y puede haber violencia.
El Ministerio Público ha pedido cadena perpetua para Elidio Espinoza y otros nueve policías que participaron en un operativo en el que murieron cuatro supuestos delincuentes en El Porvenir.
El propio Elidio Espinoza narra lo que sucedió aquella noche:
“El ministro Alva Castro vino de Lima con grupos de élite: el Escuadrón Verde, los Robocop, que estaban de moda, gente calificada de la Dinoes. Ellos iban a apoyar las operaciones de ese día. Hicimos incursiones y batidas y en una conferencia de prensa mostramos todo lo que se encontró. Ya habíamos acabado cuando nos llaman los jefes para hacer otro operativo más por la noche, por las zonas álgidas: Florencia de Mora, Alto Trujillo, El Porvenir. Yo dirigía radiopatrulla de la zona este, y me designan como jefe de unidad. No había otra finalidad que mostrar presencia policial y levantar sospechosos, prostitutas, indocumentados. Hicimos un convoy con varias unidades, adelante la gente de acá, que conoce y de apoyo los de Lima, para que los vean. Y fuimos a Florencia de Mora, luego pasamos a Alto Trujillo, recogiendo gente y remitiéndola a la comisaría. Como a las once de la noche llegamos a El Porvenir. Yo iba a la cabeza, atrás en otra camioneta el teniente José Monge, atrás otro, atrás otro. En la zona de Sinchi Roca, en una intersección, aparece una moto con tres sujetos. Se le hace alto. No hacen alto. Yo sentí un impacto en la zona lateral de la camioneta. Como íbamos con el arma en la mano, golpeamos pues. Cayeron heridos los tres de la moto. Tomamos las armas: una pistola, un revólver, un cuchillo. Encargo que lleven a los heridos, pido apoyo para que otra móvil se lleve la moto. La camioneta que llevaba los heridos pasó adelante, yo en segundo lugar, el resto detrás. Desde la central, escuché por radio un mensaje dirigido a la móvil que llevaba a los heridos a Trujillo. Le decía que tuviera cuidado con facinerosos que estaban en su trayecto. En eso llega el mensaje del oficial de adelante, que dice: ‘¡Tengo balacera, apoyo!’ Cuando lo alcanzo, veo a los efectivos levantando un herido. Yo me dedico a levantar las dos armas que quedaron en el piso donde cayó el delincuente. La camioneta cargó a su cuarto herido y partió al hospital. De inmediato entregamos al Ministerio Público todos los elementos necesarios para que se hiciera una investigación. Dio la casualidad que estaba acá el inspector general de la policía, quien nos llamó y luego de escucharnos nos felicitó. Después Inspectoría envió a un equipo que investigó todo y concluyó que no hubo irregularidades. Pero cuando se hizo la inspección técnico-criminalística la fiscal no fue. Allí estaba la sangre, los casquillos, todo. Y en su informe acusatorio dice que los hechos fueron en otro lado, a más de un kilómetro de distancia de donde yo me enfrenté. Vamos a ver qué dice el juez de todo esto”.
La acusación narra otros hechos. Basada en numerosos testimonios, en su mayoría con reserva de identidad, sostiene que esa noche Elidio Espinoza y sus policías secuestraron y asesinaron a cuatro hombres. Primero intervinieron a Carlos Mariños, quien iba en una motocicleta, subiéndolo esposado a uno de los vehículos policiales. Luego sacaron de sus viviendas, en distintos lugares de El Porvenir, a Víctor Enríquez, Carlos Esquivel y Ronald Reyes. Siempre según la acusación, a este último lo llevaron a la casa de su suegro, Víctor Torres, para que sacara armas que supuestamente allí escondía, pero no encontraron nada y volvieron a subirlo a una camioneta. Finalmente habrían ejecutado a los cuatro detenidos en un lugar despoblado.
A los 13 años, el hoy coronel Elidio Espinoza comenzó a trabajar de vendedor de diarios en Chepén, donde nació, un pueblo a 100 kilómetros de Trujillo. En Lima se hizo guardia civil subalterno, y luego ingresó a la escuela de oficiales. Realizó, entre otros estudios especializados, el curso de comando en el Ejército, y desempeñó varios cargos de importancia en la policía antes de ser jefe del Escuadrón de Emergencia de la zona este de Trujillo. Allí fue cercano colaborador del hoy ministro del Interior Octavio Salazar, cuando en el 2006 este fue nombrado director de la Policía de La Libertad. Ese año el crecimiento económico de la región se hacía más evidente, y su delincuencia también. Salazar desarrolló una campaña de captura de bandas que dejó una impresión de eficacia. No es un secreto que Salazar, como policía, es también un buen relacionista público. “En todo caso –dijo un oficial– si su gestión producía como cinco, él veía la manera de presentarlo como diez, y esto cuenta tanto para las capturas como para las armas y bienes incautados”.
Durante la investigación para esta nota, que incluyó conversaciones confidenciales con policías en actividad y en el retiro, y entrevistas con personajes del círculo delictivo, entre otros informantes, se recogieron versiones de que una política de “limpieza social” empezó a ser concebida en la policía de Trujillo por entonces, aunque nadie aportó evidencias. Una fuente entregó una grabación en la que se escucha la conversación de un empresario trujillano con varias personas. El empresario dice haber recibido la visita de una autoridad de la policía a la que menciona por su nombre, para solicitarle apoyo económico destinado a financiar la eliminación de delincuentes. El dinero serviría para pagar a los confidentes que brindarían la ubicación de los objetivos.
Aunque la grabación es auténtica, el nombre del oficial no es difundido aquí porque fue obtenida sin consentimiento de los participantes y en sí misma no constituye una prueba. Por otra parte, en 2006, durante la gestión del general Salazar, no hubo muertes de delincuentes por enfrentamientos con la policía. La oleada mortal comienza a mediados del 2007, luego del D.L. 982, y abarca las gestiones de los generales Carlos León, hoy Inspector General, y Raúl Becerra, quien ejerce hasta la actualidad.
Desde su posición como jefe del Escuadrón de Emergencia Este, que está en la primera línea de combate con delincuentes, Elidio Espinoza fue involucrándose progresivamente en casos de enfrentamiento con muerte, hasta que fue dueño de un impresionante récord de investigaciones en la fiscalía. A este escuadrón, que Espinoza comandó hasta el 2009, se atribuye la mitad de las muertes. El grado de coronel que ahora ostenta Espinoza le fue entregado en ceremonia pública de reconocimiento el 18 de junio pasado, cuando ya la fiscalía había pedido para él cadena perpetua. La acción distinguida que le valió el ascenso, según el expediente, fue haber reducido a nuestro conocido José Manuel Reyes Moro, Yuca, en la intervención que terminó con la muerte de este. Cuando diario El Comercio lo publicó en su página web, con el título “Respaldan a coronel denunciado por supuesto escuadrón de la muerte”, se produjo una avalancha de comentarios elogiosos que incluían condenas a la actitud crítica del encabezado.
“Mi ascenso tiene como 15 firmas”, dice Espinoza, para dejar en claro que la medida es completamente institucional. Pero no es un secreto que el coronel goza del respaldo de todos los principales líderes del Partido Aprista de Trujillo. Uno de ellos le pidió al ex ministro Remigio Hernani que ascendiera a Espinoza. Hernani confirmó que hubo una solicitud, pero no quiso identificar al padrino.
–Yo me negué a firmar al ascenso porque el oficial tenía varias investigaciones en curso, algunas de ellas sumamente graves –dijo–.
Finalmente, la ministra Mercedes Cabanillas firmó el ascenso. Y la posición oficial sigue siendo clara con los policías investigados. El 28 de octubre, varios de los acusados por las cuatro muertes de El Porvenir fueron ascendidos en ceremonia pública.
La investigación sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales en El Porvenir es una de las dos que han llegado al nivel de acusación fiscal. Otra es la referida a la muerte de Alexander Fernández Bazán, “Loco Álex”, el 17 de julio de 2008, con Elidio Espinoza y cinco policías más como imputados. Según la PNP, Fernández, acompañado de dos delincuentes, protagonizó un enfrentamiento armado con efectivos de un patrullero entre las avenidas América Oeste y Jesús de Nazareth. Pero Juan Julio Príncipe, un testigo que declaró a la fiscal Cecilia Zavaleta, dijo que vio cómo un grupo de policías sacó a Fernández de su cuarto en la calle Copaigua, urbanización La Rinconada. Príncipe estaba allí, en la ducha, cuando los policías vinieron por el Loco Álex, y narró que una vez descubierto, lo cubrieron con una manta y fue conminado a callar. Horas más tarde, Fernández ingresaba muerto al hospital Belén. Tenía los dedos fracturados y cortados.
La tercera y última acusación no iba a realizarse. La fiscalía había solicitado archivar la investigación sobre la muerte de Helbert Quevedo Muñoz, quien fue metido a un patrullero por los policías Juan Carlos Isla y Gilberto Rojas la madrugada del 17 de julio de 2008. Salía de una discoteca en el camino a Huanchaco. Los policías que intervinieron admitieron haberlo tenido en su vehículo, donde, según refirieron, empezó a vomitar y a decir tonterías de borracho. Mientras tanto, Eduard Niño, amigo de Quevedo, seguía al patrullero en un taxi, pero lo perdió de vista al cabo de varias vueltas. De acuerdo con la versión policial, el detenido fue dejado en libertad cerca del Óvalo de Huanchaco luego de que mostrara su cédula de identidad, lo que no hizo en el momento de la intervención. El cadáver de Quevedo, con cuatro balazos, fue encontrado en la playa del lugar. El examen toxicológico reveló que no estaba borracho. Aunque los policías tienen un testigo que corrobora que la víctima bajó del patrullero, y las pericias balísticas indicaron que sus armas no habían sido disparadas, el juez no creyó su versión y ordenó hacer la acusación a la fiscalía.
En otro caso, el de Johnny Rafael Reyes Velásquez, Loco Johnny, el fiscal ha concluido la investigación preparatoria. No se sabe si acusará, pero hay varios testimonios calificados, que fueron recogidos para este artículo. Según estos, el 20 de julio de 2008 Reyes fue detenido en los exteriores de su casa, en la urbanización La Alameda. Tres policías, ya identificados por la fiscalía, lo subieron a un patrullero. Juan Niquin Pérez, quien estaba con el Loco Johnny, siguió a su amigo en un taxi, hasta que perdió de vista al vehículo policial. Reyes ingresó muerto al hospital Belén una hora después.
Ninguno de los casos descritos fueron determinantes para que las muertes de los delincuentes adquirieran notoriedad. La causa verdadera tiene un nombre: Erica Rodríguez Arce, de 31 años, mujer de César Velásquez, “Chino Malaco”, y hermana de Freddy Rodríguez, “Freddy Platanero”. Cuando la policía mató a Freddy, Érica se convirtió en activista de los derechos humanos de los delincuentes de Trujillo y convirtió el tema en un caso público.
Según la policía, Érica es dirigente de la banda “Los Plataneros”, denominada así porque su padre, Enrique Rodríguez, vendía fruta en el mercado de La Esperanza. En esta versión, su esposo César también pertenece a la banda. Érica explicó para esta nota que ambos se mantienen vendiendo ropa. Durante la entrevista llegó una clienta y fue recibida por el Chino Malaco. Atender periodistas es una obligación que Érica se impone desde el 9 de octubre de 2008. Ese día, Freddy, Malaco, dos ayudantes y un chofer, trabajaban retirando puertas y ventanas de una vivienda ubicada en Flor de la Canela 805, urbanización El Golf. La madera se las vendió el propietario de la casa, Walter Robles, quien lo confirmó ante la fiscalía. La policía irrumpió para detenerlos. Todos ellos, menos Freddy, estaban junto a un camión contratado para transportar el material, en el exterior del la vivienda. La policía entró, se escucharon disparos, y después Freddy apareció muerto.
Tenía un disparo en la nuca. Había destrozado la médula, de modo que no podía sostener en una mano una pistola y en la otra una granada, como fue presentado el cadáver para el consumo público. Según sus acompañantes, Freddy estaba desarmado, y le fueron sembradas las armas que la policía presentó. En la versión oficial, el disparo que lo mató no fue a quemarropa porque el mayor Johnny Zumarán hizo fuego desde lo alto de una pared exterior, sostenido desde abajo por sus compañeros.
El activismo de la hermana del muerto –“Érica Platanera” en la nomenclatura policial– comenzó tratando de demostrar que esta teoría es pura invención. Ahora cuenta con un dictamen pericial que demuestra que el único disparo fue hecho mientras Freddy estaba arrodillado, a corta distancia y de arriba abajo. Durante la intervención Érica paseaba a su hija en un parque contiguo, haciendo tiempo mientras los suyos terminaban de cargar la madera. Ella está segura de que si la policía llegaba cuando Malaco aún no salía, hubiera perdido no solamente al hermano sino al marido.
Reunió a numerosos deudos y formó la “Asociación de Víctimas Ejecutadas Extrajudicialmente en la Libertad por la PNP”. En su caso aún no canta victoria, porque la fiscalía lo ha archivado, pero un juez debe decidir la apelación presentada por su abogado, Carlos Vásquez Boyer. Tampoco los casos con acusación tienen el éxito asegurado. “Ningún testigo de la fiscalía me ha visto directamente”, dice Elidio Espinoza refiriéndose al expediente de los cuatro muertos de El Porvenir.
Vásquez Boyer, que también representa a los familiares de las víctimas en esta causa, tiene un optimismo moderado. Dijo que no se puede asegurar que algunos de los testigos que declararon reservadamente a la fiscalía lo hagan ante el juzgado, exponiéndose a una identificación. Aunque la fiscalía dirige la investigación, la policía tiene la sartén por el mango durante el proceso.
Nada debería ser más fácil que investigar un enfrentamiento a fuego cruzado entre policías y delincuentes. Todas las evidencias están a la mano, a diferencia de los asesinatos en los que se desconocen el ejecutor, el móvil, el autor intelectual. “Pero si se investigan más de 50 muertes supuestamente cometidas por la policía y esta controla las pericias balísticas, ¿qué tipo de evidencias van a resultar?”, dijo un magistrado que no quiso ser identificado. “En este caso, el Ministerio Público debería tener perito independiente, aunque se venga todo el mundo encima”.
–Claro, eso necesita mucho coraje –añadió–.
A comienzos de octubre, la policía intervino un camión que supuestamente llevaba mercadería de contrabando destinada a Grover Grados, esposo de Rosa María Vega, la fiscal que pidió cadena perpetua para los 10 policías implicados en las cuatro muertes de El Porvenir. Enterada de lo que ocurría, la fiscal, por teléfono, les dijo a los policías que cometían una arbitrariedad. La mercadería, como se demostró posteriormente, estaba en regla. Según una fuente del Ministerio Público, Grados fue víctima de una operación policial encubierta. La PNP acusó a la fiscal de obstrucción de justicia, y Rosa María Vega está sometida a una investigación interna.
El 30 de octubre, las primeras planas de los diarios de Trujillo dieron la noticia: la fiscal Vega renunciaba a seguir atendiendo el caso. “Tira la toalla”, tituló el diario Correo.