Por: Luis Durán Rojo (Opinión de COYUNTURA de la Revista Análisis Tributario de noviembre de 2008)
La crisis financiera mundial ha contagiado ya al conjunto de la economía de las naciones desarrolladas, generando altos niveles de alarma institucional en esas sociedades.
En el caso del Perú, desde la perspectiva gubernamental, hasta ahora se ha estimado que el efecto se hará sentir levemente por la vía de la recesión de la economía, pero no al punto de provocar una crisis económica de grandes dimensiones.
Quizás por eso el Presidente de la República y el Ministro de Economía han empezado a enviar señales claras a los inversionistas extranjeros de que el Perú, por su situación de blindaje económico y por sus oportunidades de generación de riqueza, puede ser un lugar satisfactorio para inyectar mayores inversiones privadas. Con ello, lo que se quiere es anticipar la lucha contra la recesión por la vía de promover el crecimiento, de la inversión extranjera directa, lo que –más temprano que tarde– originará que el resto de la economía vuelva a andar.
Justamente ahora, cuando ya podemos tener un poco más de conocimiento de las consecuencias que podría traer este desbarajuste económico y financiero mundial, podemos señalar que el diagnóstico gubernamental podría tener fisuras, aunque el enfoque de solución –contar con más capital privado para no dejar de crecer a los ritmos estimados– debe ser complementado con políticas públicas que tiendan a asegurar que en caso la crisis tome una fuerza mayor a la estimada, el Estado pueda tener los instrumentos suficientes para poder enfrentarla con medidas urgentes.
LA CRISIS FINANCIERA NO SE MANIFESTARÁ DE IGUAL MANERA
El enfoque gubernamental no toma en cuenta que las crisis de la economía capitalista tienen diferentes manifestaciones en los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo, y entre ellos especialmente en el Perú, donde vivimos varios periodos históricos o niveles de desarrollo simultáneos.
Ello especialmente porque no se puede asimilar que el efecto de una crisis financiera y económica globalizada será el mismo en sociedades totalmente formalizadas, en las que los ingresos de los ciudadanos y sus familias son manejados casi íntegramente a través de los bancos y el sistema financiero en general, que en otras (la nuestra entre ellas) que tienen todavía a la amplia mayoría de su población en muy pequeñas unidades agrarias, en el sector industrial informal (en empresas familiares de escaso capital y ganancias) o simplemente en el desempleo o subempleo.
En ese sentido, el efecto de la crisis financiera internacional va a ser directamente proporcional a la integración de los países al sistema financiero internacional y al comercio internacional. Será muy distinto en Estados Unidos y en el mundo de la OCDE que en el Oriente Medio o en África al Sur del Sahara. En su mayor parte, esta es una crisis del capital internacional y su repercusión en las sociedades se dará de manera proporcional a la integración entre capitales y trabajo.
En el caso peruano, por lo dicho, seguramente que bajará el crecimiento, pero no será negativo. Afectará más al capital, que en nuestro caso –y en el mundo–, había tenido ganancias extraordinarias, pero ello se podrá soportar, pues en países como el Perú las vinculaciones entre las finanzas internacionales y la ocupación masiva son débiles y escasas. No obstante, si la recesión aumenta en los países desarrollados, posiblemente se originará también una mayor recesión del sector exportador, entre otros, el de textiles y el de minerales, que en los últimos años han sido el puntal del crecimiento económico del país y, es bueno decirlo, locomotoras para el crecimiento de otras actividades económicas.
… PAUTAS PARA REPENSAR EL MODELO TRIBUTARIO
Es en este punto que debemos analizar el itinerario de la política tributaria. En el número anterior de esta publicación presentamos nuestra visión de cómo la crisis financiera en marcha podría alterar en el mediano plazo la estructura de los regímenes tributarios latinoamericanos.
Seguimos pensando que, de manera realista, debemos adecuar el “modelo flexible” latinoamericano (llamado también “sistema tributario heterodoxo”) a un doble objetivo: (i) permitir aumentar la recaudación de manera eficiente, de modo que se pueda blindar financieramente al Estado, y, (ii) disminuir las obligaciones tributarias, para dar un respiro a la actividad económica y posibilitar su desarrollo. No obstante, es generalmente difícil que esos dos objetivos vayan de la mano pues como ocurre siempre la situación del conjunto de la economía se pospone cuando empieza a haber necesidades de cubrimiento de los presupuestos nacionales.
Al momento de escribir estas líneas, el Gobierno Nacional no ha hecho grandes anuncios de reformas en cuanto al aspecto tributario, salvo la propuesta en torno a que las modificaciones en el Impuesto a la Renta respecto a las ganancias de capital, introducido por el Dec. Leg. Nº 972, que debían entrar en vigor el uno de enero del próximo año, no regirán sino hasta el año 2010.
En el marco de la situación actual la iniciativa, si bien tardía, podría ser un mensaje positivo para el sector privado promoviendo un nivel de confianza para los inversionistas en el corto plazo. Aunque ciertamente no podamos calcular cuál será la situación de la economía nacional en el año 2010, tampoco queda claro que la reforma se aplique a partir de ese año, caso en el que los objetivos de la misma (mayor recaudación y búsqueda de progresividad tributaria) deberán ser abordados por otros instrumentos.
A pesar de que aún no se siente fuertemente, se estima que el precio de los minerales progresivamente empezará a bajar en razón a la citada recesión mundial, lo que ha de originar la disminución de la recaudación tributaria (adicta a las operaciones mineras) que en concreto se ha de traducir en una disminución de los ingresos presupuestados para este año y, lo que es peor, traerá también un efecto para los dos próximos años.
Nótese que si el Impuesto a la Renta que paga el sector minero disminuye sustancialmente, ello impactará en la cantidad de canon que se reparte a las regiones (se estima que si la caída de los precios de los minerales se mantiene sostenidamente, el efecto en esta materia será una disminución de 12 por ciento para el 2009 y casi del 45 por ciento para el 2010).
Siempre es latente que desde ciertos sectores políticos se promueva reiniciar políticas de creación de exoneraciones y beneficios tributarios, mezclando en su justificación legítimas razones de desesperanza de la población con supuestas actuaciones de alivio social. De hecho, bajo esa misma lógica, en estos días se está hablando de proponer exoneraciones a determinados sectores productivos o territoriales.
Ese camino, que ya hemos conocido en la anterior crisis económica (1996 -2000), no es el más adecuado, pues vuelve incontrolable el cobro del tributo y genera desbalances innecesarios entre los contribuyentes, lo que al final puede ser un gran insumo para la evasión fiscal y el fraude a la ley.
Sí es razonable que el Gobierno explore –llegado el momento y dependiendo de cómo esté la situación económica nacional y cuánto haya sufrido el presupuesto estatal– la posibilidad de disminuir las tasas de los Impuestos (nos referimos al IGV e IR) con miras a impulsar el crecimiento económico, lo que podría a su vez –si los factores conjugan bien– aumentar la recaudación tributaria.
En cualquier escenario, ayudaría mucho que el Gobierno revise la carga formal sobre los contribuyentes, que aunque no se muestre, genera importantes costos en la vida diaria de las empresas. Así, deberían desaparecer las obligaciones formales que no aportan a la lucha contra la evasión fiscal y, disminuir la fuerza de aquellas que aportando, no resultan estrictamente necesarias.
En el mismo sentido, sería un gran alivio para los contribuyentes y para la propia SUNAT que las modificaciones legales que se incorporen en este fin de año y las que vengan en los siguientes se planifiquen y se basen en el irrestricto cumplimiento del principio de seguridad jurídica.
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