Terrorismo en Chile, ¿fantasma o realidad?

Posteamos un comentario de Lucia Dammert para la Revista Poder (14.12.2009)

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Por: Luica Danmert

Dos décadas han pasado desde la caída del muro de Berlín. En ese momento se debilitaron las diferencias ideológicas que sustentaron múltiples enfrentamientos incluso de corte violento en América Latina. Los llamados movimientos guerrilleros prácticamente desaparecieron con la excepción de las Farc en Colombia y pequeños grupos vinculados con Sendero Luminoso en Perú. Ambos movimientos están más cercanos hoy a la protección del narcotráfico que a la definición de una propuesta ideológica. Entonces, ¿cómo entender los últimos hechos de violencia en el país o los ataques en el sur o las bombas en bancos y hoteles de Santiago?
La explicación no es sencilla. La llegada de la democracia en la región consolidó un programa de gobierno de centro izquierda que incluyó muchos de los reclamos previos de los grupos radicales. De hecho, en la actualidad la mayoría de los países de la región son gobernados por partidos e incluso líderes que estuvieron en una clara confrontación con los regímenes no democráticos de antaño. Pero paradojalmente, los avances y desafíos aún pendientes han generado nuevos conflictos o permitido que antiguos emerjan en la agenda política.
En Chile este proceso es especialmente llamativo ya que la concentración en los logros de la transición y los avances económicos y sociales parecen invisibilizar la presencia de diversos conflictos. En los últimos meses hemos sido testigos de la emergencia de grupos ciudadanos antisistémicos que explicitan su distancia y fastidio con la forma como se organiza la sociedad. Muchos de estos grupos han expresado sus posiciones ya sea protestando en las calles, tomando espacios públicos o estableciendo formas de convivencia alternativas.
Recientemente también han aparecido hechos violentos que si bien son aún aislados evidencian el uso de la fuerza con armas en el sur del país y bombas en Santiago. Los últimos casos ocurridos en el Hotel Marriott y en una sucursal bancaria en Las Condes muestran los bajos niveles de control para estas situaciones. ¿Estos hechos presagian el desarrollo de ataques terroristas en el país? No parece ser este el caso, pero sin duda los conflictos sociales serán actores claves de la agenda política del próximo gobierno.
Se trata de conflictos que se vinculan con los problemas pendientes con la comunidad mapuche, pero también a múltiples reclamos sociales que van desde mejoras salariales hasta la calidad de la educación y los servicios públicos en general. Conflictos que pueden escalar rápidamente si no son enfrentados políticamente y con rapidez. Este es uno de los principales desafíos del próximo gobierno: avanzar en la búsqueda de soluciones políticas antes que policiales.
Un posible aumento en cantidad y magnitud de estos hechos tendría consecuencias graves para el país y sus ciudadanos. Sin duda, afecta la calidad del clima interno, la sensación de inseguridad de la población e incluso formas cotidianas de utilización de espacios públicos. Esto impacta en la forma como se realiza el trabajo policial así como el de inteligencia para dedicar esfuerzos en la detección y prevención de hechos violentos o posibles atentados.
Las noticias que vienen del sur del país no logran captar la atención necesaria de una audiencia centrada en los problemas capitalinos, y son muestra de un deterioro de las relaciones de convivencia así como de una falta de comprensión de las profundidades de un problema donde el conflicto es sólo una expresión. Consecuencias económicas, también ya que se empeora el clima de negocios y resurgen fantasmas del pasado con una polarización creciente de la población.
Pero no hay que engañarse, la posibilidad de actos radicalizados en las calles de la capital no se vinculan únicamente al conflicto con el pueblo mapuche. Muy por el contrario, diversos estudios han puesto énfasis en el incremento de la violencia en aquellos países donde el crecimiento económico se ha instalado como una realidad, pero sus consecuencias más directas afectan a un pequeño grupo de la población. Dejando a sectores importantes de la población frustrada, con sentimiento de engaño frente a un sistema que ofrece lo que no se puede consumir y donde los anillos de la exclusión parecen ser infranqueables.
Al descontento social se suman grupos delincuenciales que aprovechan cualquier ocasión de protesta o manifestación pública para cometer delitos o actos de vandalismo. La manifestación de los pingüinos(estudiantes secundarios) a inicios del gobierno de Bachelet fue un ejemplo de este tipo de situaciones, que terminan con enfrentamientos policiales innecesarios frente a manifestaciones sociales no violentas. Esta presencia requiere de respuestas públicas diferentes y especializadas que no criminalicen la protesta social.
Los últimos gobiernos han tenido una actitud variada frente a la posible presencia de terrorismo en el país. Por un lado, han negado tajantemente su presencia y declarando a diversos hechos de bombas encontradas en la capital como situaciones aisladas. Esto sucedió con la bomba que se detonó frente a la Agencia Nacional de Inteligencia y al Consejo de Defensa del Estado en enero y diciembre del 2006, respectivamente, y más recientemente con el episodio ocurrido en el Hotel Marriott. Por otro lado, diversos actos ocurridos en el sur del país han sido categorizados como terroristas por parte del Ministerio Público con la evidente anuencia del gobierno. Esto último ha sido denunciado por Human Right Watch como una violación evidente de la garantías procesales por parte de una ley que fue dictada en 1984 con el propósito de enfrentar la resistencia armada contra la dictadura. Aunque desde 1990 se han hecho cambios relevantes a dicho marco legal, en la actualidad un incendio puede ser considerado un acto terrorista.
El próximo gobierno enfrenta un panorama complejo respecto del desorden social. Especialmente desafiante para un posible gobierno de la Alianza que carece de experiencia de negociación política en este tipo de conflictos y cuyos representantes en el Congreso han apoyado de forma reiterada la necesidad de una mano fuerte. En caso de que Sebastián Piñera gane las elecciones presidenciales, el aprendizaje tendrá que ser veloz para evitar un aumento de los hechos violentos o la búsqueda de medidas radicalizadas para establecer agendas de debate. De igual forma, un nuevo gobierno de la Concertación deberá avanzar en la recuperación de agendas más inclusivas que permitan disminuir la presión actual.