A pesar de que la Ley de Formación Laboral Juvenil ha sido retirada del tapete político para que tenga un mejor análisis, con las preocupaciones, problemas y dudas de todos los involucrados, las críticas no han cesado.

Creo que nadie está en contra de que los estudiantes aprendan en un entorno real de trabajo, que justamente las empresas están en condiciones de dar. El tema pasa por una adecuada supervisión y una compensación económica equitativa.

Sin embargo, sigo pensando que la ley no es equitativa y que beneficiará también a los institutos privados, según las declaraciones dadas por la congresista Bartra al programa Cuarto Poder, emitido el domingo 25 de febrero.

Se dice que esta ley iba a empoderar a los institutos públicos. Nada más lejos que la realidad. Empoderarlos, significa darles la infraestructura y equipamiento moderno o semi-moderno para que los alumnos practiquen y no tengan que ir muy prematuramente a trabajar en condiciones inciertas y sin supervisión a las empresas, y gratis. Hacer institutos con equipamiento moderno no es tan costoso, hay muchos institutos extranjeros que donan o venden a precios muy bajos sus equipos que ya no usan pero que están vigentes en nuestro medio. Esto no es ninguna novedad. Se llaman convenios institucionales.

Si esta ley se aprobaba, habría hecho que los institutos públicos se queden más rezagados de lo que están, recuerden que son más de 60 años que funcionan en abandono tecnológico. Hoy se quiere mejorar esta ley. Si es así, sería pertinente que se reoriente para que se den las condiciones justas  donde el estudiante pueda realmente aprender en un entorno real de trabajo sin que sienta que lo hace gratis. Pero eso no debe quedar ahí. Si se quiere mejorar la calidad de los centros de formación técnica, es más importante, todavía, repotenciarlos para que no dependan al 100% de las empresas privadas, como pretendía la ley en cuestión, y para que dejen de ser centros obsoletos poco competitivos frente a los institutos privados.

La ley dice, además, que los estudiantes deben asistir a las empresas para ir formándose como futuros profesionales, pero en el Perú, ¿cuántas empresas están certificadas como “formadoras”? ¿Quién supervisará y garantizará que el alumno recibe una adecuada formación en la empresa? ¿Qué pasa si le ocurre un accidente al alumno mientras trabaja? ¿Quién se hace responsable? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa?, ¿solo “formativa”?…

Digo esto, teniendo en cuenta «un estudio realizado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), titulado “Educación tecnológica y producción: Experiencias de articulación de los institutos de educación superior tecnológica con el sector productivo”»,  que muestra, al 2017, que más de 400 mil estudiantes estaban matriculados en los institutos tecnológicos. Este dato es importante porque nos permite contrastarlo con “la informalidad laboral en el Perú (que) alcanza el 70% pero entre las empresas formales existe un índice de 25% de informalidad”. Es decir, ante este escenario, ya no bastaría que los estudiantes vayan a practicar a una empresa que ejerce de alguna manera la informalidad; sino que también, se pretendía que trabaje gratis con el argumento que sus clases serán en un entorno real de trabajo.

Por otra parte, sí es verdad que este modelo es casi una copia del modelo dual alemán. Como dije, casi, ya que en modelo alemán si contempla que el alumno reciba un pago por ir a la empresa a trabajar y a aprender como parte de sus clases y formación técnica.

Por todo lo expuesto, a mi parecer, esta ley hasta podría ser hasta elitista porque los alumnos que no tengan dinero para ir a un instituto privado tendrán que quedarse en un instituto público y trabajar gratis (no importa las horas que trabajen). Distinto es el caso del alumno que va a un instituto privado, pues no irá a una empresa desde el inicio de su carrera porque su instituto tendrá el equipamiento adecuado para practicar.

En todo caso, repito, la idea no es mala porque abre el debate para mejorar la educación técnica en el Perú que está abandonada por más de 60 años.

Fuentes:

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