El mejor derecho de propiedad es una acción civil que busca declarar cuál de los litigantes ostenta realmente el derecho de dominio superior o preferente cuando se confrontan dos o más títulos que parecen válidos. Para ello:
Se verifica la legitimidad del título (quién realmente tenía poder de enajenación).
Se comprueba la continuidad o coherencia de la cadena de trasmisiones.
Se analizan las circunstancias fácticas (ocupación, demarcación del predio, peritajes) que prueben la vinculación entre el título y el bien objeto de controversia.
En esta casación, la Corte reitera que la propiedad no se define simplemente por la fecha de inscripción; el Registro constituye un medio de publicidad que robustece la seguridad jurídica, pero no crea la propiedad si el título carece de legitimidad o si existe un título previo y eficaz de mejor calidad sustantiva.
La Casación N° 13876-2019 LIMA ESTE, gira en torno al debate sobre la exigencia del agotamiento de la vía administrativa en los procesos laborales emprendidos por servidores públicos sujetos al régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo N° 728. La pregunta que sirve de eje es: “¿Es necesario que los servidores públicos sujetos al régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo N° 728 agoten la vía administrativa?” El fallo desarrolla una respuesta negativa cuando se configuran supuestos de excepción, tal como se explica a continuación.
La autonomía de los Gobiernos Locales, regulada en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otras facultades, la potestad normativa sancionadora de las Municipalidades, que tiene en las Ordenanzas el instrumento adecuado para la tipificación de infracciones y la determinación de las respectivas sanciones;
atribuciones que deben ser ejercidas con pleno sometimiento a la Carta Magna y a las normas dictadas conforme a ella; por lo que la entidad edil demandada al imponer el monto de la multa debe tener como marco jurídico lo previsto por el artículo 231-A de la Ley Nº 27444, que prevé las reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
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