Ordinariamente, cuando nos referimos a la actividad minera, connatural a la operación de una mina, su consecución se puede clasificar en las siguientes fases o etapas:
1. Proyectos de exploración,
2.Proyecto de exploración y explotación
3. Estudios de Factibilidad
4. Construcción
5. Operación
Es así, que la exploración se convierte en el eje central para lograr el éxito en la operación minera.
A propósito del debate sobre el presente y futuro de la exploración minera, realizado en la sección de Ingeniería de Minas de la PUCP el pasado 10 de Diciembre, una afirmación resultó ser palabra común: LA EXPLORACION MINERA ES UNA ACTIVIDAD DE RIESGO.
En otras palabras, el éxito de un proyecto exploración, definido por el logro del inicio de su operación es muy limitado.
Retrocedamos en el tiempo al año 2007. De acuerdo a la publicación “Panorama de la Minería en el Perú” (Danmert Lira y Molinelli Aristondo, 2007), han sido 3 los proyectos de exploración considerados relevantes para el quinquenio 2005-2010:
-Las Bambas (1000 Millones de USD inv.est.)
-La Granja (700 Millones de USD inv.est.)
-La Zanja (35 Millones de USD inv.est)
Como es de conocimiento público, a la fecha de estos tres proyectos, vienen operando tanto La Zanja (2010) y Las Bambas (2017), en el caso del proyecto La Granja, a la fecha, este proyecto sigue en evaluación, sin haber alcanzado avanzar en el ciclo del proyecto minero.
Esto es, de 3 proyectos relevantes, con una inversión estimada de 1,735 millones USD, el éxito se ha materializado en algo más del 60%.
Veamos, antes de adelantar conclusiones analicemos la naturaleza de cada proyecto.
Recordemos, que tanto Las Bambas, como La Granja, han sido proyectos de titularidad del Estado (CENTROMIN) objeto de privatización en el marco del Decreto Legislativo 757 (1991) a través de contratos de opción, transferencia (artículo 25 del T.U.O de la Ley General de Minería).
En el caso del proyecto La Zanja, proyecto algo menor (35 millones de USD en inv. proy.), según el EIA presentado al MINEM (Knight Piesold) este proyecto ha sido objeto de exploración por su titular minero (1991), habiéndose determinado la factibilidad del desarrollo de dos yacimientos (1999-2003) diseminados de Oro y Plata con un recurso medible de 17,3 millones de TM.
Aparentemente, de estos 3 proyectos relevantes para nuestro país y al menos uno de clase mundial, 2 de ellos provienen de una cartera de activos mineros que fueron parte de los estudios minerológicos realizados por compañias mineras previas a la nacionalización de la minería por el Gobierno de Velasco (1968-1975) y que en su momento formaron parte de la empresa estatal minera CENTROMIN PERU.
¿Acaso este es el caso de los principales proyectos mineros en el Perú los últimos 20 años?
Veamos:
Utilicemos un criterio bastante simple, revisemos los resultados de la inversión minera al período 2019-2020, mas allá de la fecha del proceso de privatización o inicio de la operación minera. De acuerdo al Reporte Estadistico del Ministerio de Energía y Minas (Edición 02-2020), se aprecia para los años 2019-2020, de un total de inversión ascendente a USD 657,288,438, donde se identifican los principales 50 proyectos mineros, podemos observar los 10 primeros que totalizan más del 70% del total de inversión. (Enero-Febrero 2020, en USD):
De esta lista se puede observar que al menos 6 proyectos mineros, que para el periodo 2019-2020 ascienden al 53.9% del total de la inversión minera (Quellaveco, Toromocho, Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, y las unidades mineras de Volcan), son producto de los procesos de privatización iniciados en los años 90s.
Estos proyectos fueron objeto de prospección y exploración desde tiempos antes de la nacionalización minera de los años 70s.
Ahora bien, cabe preguntarse, utilizando como base el criterio antes señalado, si luego de casi 30 años, del proceso de reforma de la legislación minera Peruana (Decreto Legislativo 708 entre otros), principalmente, en el proceso de ordenamiento minero (cuadrículas, concesión minera unica, petitorios mineros etc.), significó igualmente una política de promoción de la exploración minera, con la irrupción de nuevos proyectos mineros, fruto de este modelo.
Si seguimos, nuestro cuadro anterior, podríamos indicar, que se han tenido algunos éxitos por ejemplo Mina Justa, Yanacocha, Toquepala – Cuajone y Poderosa, tanto a nivel de green fields como brown fields, con un total del 17.7 % de la inversión mineria para el 2019-2020.
Aun cuando, adelantar conclusiones sobre el exito real obtenido por la legislación minera de los 90s, en la promoción de nuevos proyectos mineros, resulta apresurado, habida cuenta la necesidad de un análisis mas detallado del comportamiento de la inversión minera y eventualmente el consabido, problema del conflicto social, el exceso de permisos y fiscalización por parte del Estado, y la nuevas tendencias para limitar la industria extractiva en el mundo actual, cabe preguntarse si los resultados obtenidos luego de 30 años, de esta reforma normativa, han sido realmente existosos.
Los datos inicialmente, analizados no son concluyentes. Ciertamente, contar con proyectos de clase mundial o al menos relevantes, es una tarea extremedamente compleja en estos tiempos, un caso es Tía María, como lo es Conga, en el rubro del cobre, o eventualmente Corani en el caso de plata.
La aparente ausencia de grandes proyectos mineros nacidos de la política de exploración minera en el marco del Decreto Legislativo 708 (1991), puede obedecer a varios factores, y no sólo aquellos vinculados a nuestro modelo de concesión minera (exploración-explotación, que muchos acusan de generar un seudo proceso de “especulación inmobiliaria”), a diferencia de un modelo de permisos (“permits”) mas en la lógica Australiana o de Botswana.
Podemos fijarnos, en la complejidad de contar con la autorización del propietario superficial del terreno, o la reducida capacidad del Estado para tener un catastro nacional de la propiedad superficial.
O acaso en las reformas normativas, desde el año 2005, que iniciaron un proceso creciente de regulación y fiscalización de la actividad minera sobre la base de delimitar su ámbito geográfico de actividad sobre criterios de ordenamiento territorial (zonas económico – ecológicas).
O finalmente, en los cambios globales, fruto de los acuerdos de Río (1992) y Johannesburgo (2002) que bajo el concepto de un desarrollo sostenibles crearon las base de un llamado “consentimiento social”, que en su momento significó un derecho para los pueblos indígenas (Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 2007 Naciones Unidas) (Saramaka v. Surinam 2005 Corte Interamericana de Derechos Humanos), pero que a la fecha parece ser moneda común que enfrenta un proyecto minero con pretensiones de ser viable.
La lista de causas puede ser larga, muchas atribuidas al Estado, otras al entorno social y económico global cambiante, otras a nuestra incapacidad de llegar a acuerdos base al menos de una política de exploración minera, finalmente instrumento para una propuesta de acuerdo nacional para el desarrollo.
A pesar de la coyuntura política actual, puede ser el momento de iniciar una reflexión mas profunda, al menos técnica.