Con un procedimiento discutible y poco democrático, el Congreso de la República emitió la Res. Leg. Nº 29054 por la que aprueba un Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (APC), comúnmente mal llamado TLC. Dicha enmienda, acordada entre ambos Gobiernos en vista de las objeciones que venían planteándose al interior del sector demócrata del Congreso de EE.UU., incorpora, entre otros, importantes reglas adicionales sobre aspectos laborales, medioambientales y forestales.
LA APUESTA POR EL APC
Se dice que el APC coadyuvará al desarrollo de la estrategia comercial integral que viene impulsado nuestro Estado desde la década pasada para lograr convertir al Perú en un país exportador, apostando –claro está– porque la exportación brindará a todos los peruanos mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida.
En esta perspectiva, se cree que el APC permitirá ampliar y acceder permanente y preferencialmente al mercado norteamericano, lo que sería productivo para nosotros en vista que habría un importante grado de complementariedad económica pues la economía norteamericana requiere crecientemente productos con valor agregado (entre otros, prendas de vestir, productos vegetales, peces y mariscos procesados, y joyas de oro o plata), mientras que si queremos que nuestro país dé el salto al desarrollo requerimos adquirir tecnología, maquinarias e insumos que nos permitan iniciar un proceso de desarrollo tecnológico y productivo mayor.
A lo dicho, habría que añadir que en términos de competencia con otros países latinoamericanos, el APC nos permitirá asegurar que el Perú pueda seguir siendo un país atractivo como destino de inversiones. Se dice que en los últimos años mucha de la inversión extranjera destinada a Latinoamérica ha ido a parar a México y Chile, donde se han localizado las grandes “maquilas” productivas para abastecer al mercado norteamericano.
En buena cuenta, es seguro que el APC traerá consigo una reforma económica importante, que de manera directa se manifestará en los compromisos de liberalización comercial y de arreglos institucionales que el Perú asume y, de manera indirecta, generará un conjunto de reformas de acomodo institucional, presupuestal y de políticas públicas para acompañar la aplicación del acuerdo comercial. En esto último hay que bregar para que las brechas de desigualdad disminuyan progesiva pero rápidamente.
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