PARA MIS AMIGOS TODO, PARA MIS ENEMIGOS LA LEY: ¿La política del Gobierno actual?

En estos días hemos asistido a problemas en el Congreso de la República y según los medios de comunicación el problema provendría de la mala actuación de los políticos de oposición. Me parece que en realidad lo ocurrido en el Congreso es solo una muestra más de que el actual gobierno no tiene un rumbo fijo sobre las políticas de Estado y, además, no actua con claridad en su mensaje a la ciudadanía.
A su vez, conforme se puede extraer de los dos articulos que se trancribe, publicado por dos profesionales de pirmer orden, parecería que el grupo de poder actual usa su poder para sacar adelante sólo las agendas que les conviene. Algo así como aquella frase de: Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Ojalá nos equivoquemos…

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¿Antonio Brack Egg tendría que volver a jurar?

Por: Juan Paredes Castro

Si el Congreso sigue ajustando a ley el decreto legislativo de creación del Ministerio del Ambiente, no nos extrañaría que Antonio Brack tuviera que volver a jurar su cargo.
Estamos ante las consecuencias del típico estilo político a la boliviana con que el Congreso pretende valerse de algunos detalles de formalización jerárquica de una norma para entrar a revisar cuestiones de fondo en las que podríamos pasarnos discutiendo un año más.
No es un secreto tampoco que el ministerio fue creado a la carrera, porque el Perú no podía inaugurar la V Cumbre ALC-UE sin un símbolo de encarnación de su política ambiental. Recuérdese que la agenda de la cita internacional tenía el tema del cambio climático en su corazón. El propio Brack cayó entonces como anillo al dedo del Gobierno. Ahora es el dedo por excelencia en los vericuetos burocráticos del Legislativo y del Ministerio de Economía y Finanzas, reclamando una realidad que parece escapársele de las manos cada día.
Si la lógica del Congreso se hace extrema, en el sentido de que el nuevo ministerio no podrá recibir ninguna partida presupuestal mientras no se derogue el decreto legislativo de su creación, para dar paso a una “ley con todas las de la ley”, es fácil suponer que aquel que juró su cargo (léase Brack) de cara al decreto legislativo por derogarse, tendría que hacerlo de nuevo en virtud de una “ley con todas las de la ley”.
Para estos aprietos de padre y señor mío necesitamos un enlace de alto nivel entre el Ejecutivo y el Legislativo, no para el correveidile entre los secretarios de los dos palacios, sino para garantizar al país un comportamiento de Estado que lo haga más respetable y confiable en cuanto al tratamiento de sus leyes.
Confiemos por el momento en la madurez y el aguante del prestigiadísimo Antonio Brack, frente a un congreso y gobierno que podrían terminar decepcionándolo antes de tiempo. Ojalá que el presidente Alan García, en lugar de bromear con él, alcanzándole un teléfono inalámbrico para sus pedidos de más plata, ajuste clavijas con el ministro de Economía y Finanzas. Así evitaría convertir el mediático relumbrón de Brack en la V Cumbre ALC-UE en la primera gran frustración de nuestra política ambiental.
Pongamos, pues, a derecho lo que haya que poner a derecho, sin descender a buscarle demasiados pies al gato en un ministerio que debería estar funcionando hace rato y con Brack no perdiendo el tiempo en el ‘centaveo’ doméstico de su presupuesto.

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El Apra y el caso Romero

Por: David Lovatón Palacios

La presentación del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, y del consejero Aníbal Torres, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder sobre el escandaloso cambio de opinión del CNM en el caso del vocal Ángel Romero, muestra, con descarnada nitidez, el doble estándar del Apra frente a la corrupción: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
Tal como informó la prensa, los legisladores apristas recurrieron a las estratagemas más inverosímiles para evitar que su protegido, el doctor Peláez Bardales, y su acusador, el doctor Aníbal Torres, ni siquiera declaren ante tal comisión parlamentaria.
Nuestras discrepancias con Mauricio Mulder, Javier Velásquez y Aurelio Pastor no nos impiden reconocer que son experimentados parlamentarios. Por ello, ofende nuestra inteligencia –y la de ellos– que hayan pretendido frustrar la función fiscalizadora del Parlamento con argumentos tan sofistas como este: “Si los parlamentarios, que tenemos prerrogativa, no tenemos que dar justificación alguna de nuestros votos, los integrantes del CNM tampoco. Ellos no tienen por qué explicarle a nadie el contenido de sus votos… Me parece que debemos levantar la sesión ahora que ya hemos escuchado al presidente del CNM” (Mauricio Mulder).
Este argumento es falso y mentiroso: la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y los informes de la Defensoría del Pueblo han consagrado el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, en virtud del cual toda autoridad está obligada a rendir cuenta de sus actos y a ajustar su conducta al orden constitucional.
Esa es la razón por la cual la Constitución prevé la acusación constitucional en su artículo 99 que comprende, entre otros, “a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura”. Por lo demás, es un principio que el Estado, y el propio CNM, han reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando aceptaron suscribir un acuerdo de solución amistosa con los magistrados que fueron no ratificados sin motivación alguna. Es el mismo principio constitucional que permite que los legisladores apristas fiscalicen a las autoridades que no son compañeros, como la ex ministra del Interior Pilar Mazzetti o los ex magistrados del TC (en el Caso Fonavi).
Pero si de compañeros se trata, la acción fiscalizadora del Apra de-saparece y cede a un blindaje de vergonzosa impunidad: la clamorosa ineptitud del ministro del Interior, Luis Alva Castro, no lo ha movido del cargo, a la congresista aprista Tula Benites trataron de salvarla hasta el final, y ahora, al consejero Peláez Bardales lo pretenden blindar, a pesar de que favoreció a un vocal, Ángel Romero, que el propio presidente de la República, en la ceremonia de inicio del año judicial 2007, acusó y vapuleó públicamente por sus ilegales sentencias en perjuicio del BCR.
Peláez Bardales es de filiación aprista, y no tiene nada de malo que lo sea; lo malo es que esa afinidad pretenda ser usada para evitar la fiscalización parlamentaria, propiciando así la impunidad en un caso tan escandaloso como este en el que dos consejeros del CNM –Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas– sin justificación cambiaron su voto para salvar al vocal Ángel Romero de la destitución.
Estamos advertidos de la ‘lucha’ del Apra contra la corrupción: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. El consejero Peláez Bardales tuvo la oportunidad de seguir la senda de apristas honestos en la función pública, pero ha preferido seguir la senda del cuestionado vocal Romero y tirar por la borda la frágil legitimidad que el CNM había logrado construir con su anterior presidente Maximiliano Cárdenas.