LOS IMPUESTOS AL TRABAJO PARA FINANCIAR PENSIONES NO TIENEN FUTURO

A propósito de las recientes discusiones en torno a las generación de un mono tributo para las pequeñas y micro empresas, que incluya un porcentaje para financiar la seguridad social, a continuación presentamos unas reflexiones de Alberto Bareix y Jerónimo Roca, tomadas de “Reforzando un pilar fiscal: el impuesto a la renta dual a la uruguaya”, aparecido en la Revista ANALISIS TRIBUTARIO de diciembre pasado, con autorización de la CEPAL.

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Los impuestos al trabajo para financiar pensiones no tienen futuro

Creemos que la tributación sobre los salarios para financiar pensiones tiene una potencialidad recaudatoria casi nula en América Latina. En economías abiertas y competitivas con alto y creciente desempleo crónico —cercano al 10% en promedio—, el componente no capitalizable de la contribución a la seguridad social es simplemente una carga más sobre el factor trabajo que recarga el salario y/o genera una menor ocupación.
En primer lugar, si mediante la liberalización comercial se cumplen los resultados del teorema de Hecksher y Ohlin, los precios de los insumos transables tienden a igualarse y los países exportarán los bienes que hacen uso intensivo de su factor abundante e importarán los bienes que hacen uso intensivo de su factor escaso. Al mismo tiempo, por el teorema de Stolper y Samuelson, un incremento en el precio relativo de un bien conllevará un crecimiento de la rentabilidad del factor usado más intensivamente en su producción y una caída en la rentabilidad del otro factor. Para los países latinoamericanos, esto se materializa en el crecimiento del sector de los productos primarios (bienes agrícolas y recursos naturales no renovables) y una caída parcial del sector industrial, dominado por los países asiáticos en los que abunda la mano de obra.
En efecto, los sectores económicos tradicionalmente generadores de empleo en la región, el industrial y el de comercio formal, han perdido participación en la composición del PIB en los últimos 35 años (4,2% y 6,6%, respectivamente). El factor beneficiado ha sido el capital (sectores primarios que hacen uso intensivo de capital) y ha habido una pérdida relativa en la rentabilidad del factor trabajo.
A la vez, existe una tendencia a sustituir la mano de obra por tecnología (FMI, 2007). En particular, los avances en la agricultura, la informática y la robótica reducen el número de trabajadores no calificados. Es claro que a los trabajadores de América Latina, región con un magro gasto público en educación (menos de 3% del PIB) y una esquelética inversión en investigación y desarrollo (0,3% en promedio), les será cada vez más difícil competir por el trabajo y el salario con la mano de obra mejor calificada no solo de los países de la OCDE sino también de las nuevas economías de mercado del ex bloque soviético y de India.
Por lo anterior, y ante las crisis efectivas y potenciales de los sistemas de reparto de la seguridad social de algunos países, el principio (público) de solidaridad (intergeneracional) ha sido complementado con el sistema (privado) de equivalencia estricta entre la contribución y el nivel de la pensión (sistema individual actuarial), optando varios países por sistemas mixtos o paralelos.
Si bien la presión de los sistemas de pensiones todavía no es un problema en algunos países latinoamericanos, porque todavía tienen una base amplia en la pirámide poblacional, el futuro es preocupante.
En efecto, se observa una caída de la tasa bruta de natalidad de casi 50% (de 42 a 21 por cada mil habitantes), en paralelo con un aumento de 38% de la esperanza de vida al nacer (de 51,8 a 71,9 años) en dos generaciones (quinquenio de 1950-1955 comparado con el de 2000-2005). Como resultado, disminuirá el componente laboral en el conjunto de los contribuyentes y al mismo tiempo se ampliará de manera exponencial la proporción de potenciales demandantes (pensionistas), a lo que debe sumarse la carga constituida por la deuda de la seguridad social y la deuda financiera (bruta) del sector público no financiero, estimadas en promedio en 86% y 48% del PIB, respectivamente. Y además aplican políticas como las de tipo de cambio administrado, estímulos a la inversión, entre otras, y tienen menor nivel de sindicalización.
En síntesis, las tendencias señaladas hacen muy poco probable que los impuestos sobre el trabajo destinados a financiar pensiones puedan alcanzar el nivel de recaudación requerido para ser un pilar de la estructura fiscal.