Estimados blogueros:
Me tope con el siguiente informe de Jesús Sérvulo González publicado en el Diario El País el 25.11.2012 sobre el fraude carrusel en España (el título del reporte es “Hacienda va a la pesca de ‘truchas’”).
El parecido con lo que ocurre en Perú es increible. Capaz habrá que tomar nota de las reflexiones puestas.
—–
Por: Jesús Sérvulo González
Un señor impecablemente trajeado entra en la sucursal de un banco en Valencia. Lo acompaña su abogado, que lleva la voz cantante. Pide ver al director de la oficina y le da órdenes para crear una serie de cuentas bancarias y realizar transferencias. El empresario no habla. Está a la espera de una reconstrucción maxilofacial y no le queda ni un solo diente, según le explica el abogado al encargado de la oficina bancaria. El asesor se encarga de todos los detalles y entretiene al director cuando el empresario firma con dificultad los documentos. En realidad, el empresario es un indigente al que una organización criminal ha sacado de un centro social de la capital valenciana. Le ha dado de comer y un baño y le ha puesto traje caro para usarlo como testaferro de una de las múltiples empresas que usan como tapadera. El relato lo describe con profusión de detalles un inspector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (Onif) gracias a las conversaciones telefónicas pinchadas por la policía durante un año.
Cuando agentes de esa unidad de élite de Hacienda irrumpieron en la oficina de esta organización, situada en un piso de la calle Gran Vía Marqués del Turia de Valencia, hallaron una estantería repleta de teléfonos móviles perfectamente clasificados con etiquetas con nombres de empresas. En un armario de la oficina encontraron varios trajes, camisas y corbatas con las que vestían a los hombres de paja que utilizaban para dar veracidad a su entramado empresarial. La sociedad se dedicaba a comprar y vender componentes informáticos a un precio sospechosamente bajo.
La operación, desarrollada en 2010, fue bautizada como Revival. Concluyó con 16 detenidos, la investigación de más de 50 cuentas bancarias y la identificación de medio centenar de testaferros y sociedades de Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta. Fuentes de la Agencia Tributaria calculan que el fraude cometido supera los 60 millones de euros. Se trata de una de las operaciones contra el fraude organizado del IVA, conocido como fraude carrusel, más importante hasta la fecha.
Este tipo de delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido es uno de los que más preocupa a las autoridades de Hacienda. “Es un problema serio que podría alcanzar miles de millones de euros”, explica una fuente de la inspección de la Agencia Tributaria que sitúa el inicio de esta práctica a principios de la década pasada.
El fraude carrusel en el IVA consiste en la creación de una estructura empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias están exentas de dicho impuesto.
El mecanismo comienza con una venta exenta del impuesto entre una empresa radicada fuera de España (A) y otra constituida en territorio nacional (B). Ambas forman parte de la organización. La sociedad que recibe la mercancía (B), conocida en la jerga del fisco como trucha, la vende a su vez a otra sociedad (C) de la organización a la que repercute el IVA. Sin embargo, no lo ingresa a Hacienda. Habitualmente este tipo de empresas (B) desaparece sin dejar rastro. Es frecuente que sean sociedades constituidas mediante despachos de abogados que se dedican a crear sociedades en cascada. El fraude se agrava cuando la tercera empresa (C) que recibió la mercancía reclama la devolución del IVA por haberlo soportado.
En este caso, la Agencia Tributaria no solo no cobrará el IVA de la operación, sino que pagará la devolución. En realidad, supone un vaciamiento de las arcas de Hacienda. La trama se complica cuando se crean más empresas ficticias con las que dificultar el rastro de la mercancía, que en ocasiones ni siquiera existe y se sustituye por la circulación de facturas y albaranes falsos.
La Agencia Tributaria ha estrechado el cerco sobre este tipo de tramas organizadas, que se centra en algunos sectores concretos como los componentes informáticos, telefonía móvil, bebidas alcohólicas, hidrocarburos o automóviles de ocasión. La Onif se ha convertido en la unidad más eficaz contra la desarticulación de estas actividades.
Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que España solo existen cerca de una docena de grupos de este tipo. Pero también advierten: “Actúan a través de cientos o miles de empresas. Se han profesionalizado y han creado estructuras complejas y jerarquizadas. Los que financian el carrusel no suelen estar en España”. Por eso, piden estrechar la colaboración entre los diferentes departamentos involucrados en la investigación de este delito (inspectores, Onif, aduanas, policía, Guardía Civil…).
Detrás de estas organizaciones suele haber grupos criminales, admiten en Hacienda. Estos actúan como si invirtieran en una operación financiera: pagan la primera compra de mercancía, si existe, y la hacen circular —a través de sus sociedades interpuestas— a un precio inferior al de mercado, con márgenes muy estrechos porque buscan beneficiarse del descuento del 21% del IVA que no pagan.
Hacienda se ha propuesto acabar con estas organizaciones y limitar esta práctica. “Quiere dar una respuesta tajante”, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando presentó la reforma del Código Penal y la Ley contra el fraude para introducir algunos cambios que dificulten esta actividad ilícita. Entre ellos, se facilita la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de evasión. Además, se crea un tipo agravado de delito cuando el fraude haya sido cometido dentro de una organización criminal.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez-Boga, admite que este tipo de fraude trae de cabeza a Hacienda. Señala que una de las medidas que se podrían tomar para limitar esta actividad consiste en ampliar la inversión del sujeto pasivo. Esta medida, aprobada por el Gobierno para determinadas operaciones inmobiliarias, obligaría a la primera empresa interviniente a pagar el IVA a Hacienda en lugar de repercutirlo a otra de las sociedades de la trama. Es decir, les obligaría a demostrar que se ha ingresado el IVA en la Agencia Tributaria para pedir la devolución del impuesto.
La Ley antifraude también prevé un paquete de medidas preventivas para evitar el vaciamiento de estas empresas cuando se inicia la investigación o se presenta la denuncia. Fuentes de la Onif explican que en los últimos años han logrado reducir el número de fraudes de este tipo. Aunque admiten que en cuanto desarticulan una de estas organizaciones, enseguida otra ocupa su lugar.
Hace unas semanas, la Agencia Tributaria desmanteló en Sevilla una organización que defraudaba con el IVA de los de hidrocarburos en algunas gasolineras. Aseguran que poco a poco todas van cayendo. Hacienda está en pesca de truchas.
Publicaciones relacionadas
Deja un comentario