POBLEZA Y CORRUPCIÓN: Doble castigo

Estimados blogeros:

A continuación unas interesantes reflexiones del economista Gustavo Yamada, profesor de la Universidad del Pacífico, sobre la relación entre pobreza y corrupción. Disfrutenlo…

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Por: Gustavo Yamada

A pesar de las malas noticias provenientes del exterior, dos de cada tres peruanos no le temen aún a una nueva crisis económica mundial.
Los problemas que más preocupan internamente son la persistente desigualdad y pobreza, la corrupción en el Estado, y la inseguridad ciudadana. Un reciente estudio que realizara con Ricardo Montero en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), bajo el auspicio del CIES, exploró de manera cuantitativa la relación entre los dos primeros temas, empleando el uso de servicios públicos como eje de análisis.
Cada ciudadano que tiene que realizar algún trámite en una dependencia estatal termina usualmente mortificado por las largas colas, por el trato descortés o simple maltrato de los funcionarios y, en muchos casos, por el requerimiento de coimas para “agilizar” o hacer efectivo el servicio: 30% de los encuestados en el país reveló haber pagado coimas a miembros de la Policía Nacional y otro 8% indicó haber hecho lo mismo en las instituciones del Poder Judicial.
Encontramos que los pobres son doblemente castigados: no solo tienen menor acceso a los servicios públicos básicos, sino que gastan una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas. Por ejemplo, en el caso de la policía, la coima promedio fue equivalente a 12% de los ingresos per cápita mensuales en el quintil (20%) más pobre de la población, mientras que representó 3% de los mismos en el quintil más rico de peruanos.
Por tanto, la simplificación administrativa no solo es buena para reducir los costos de transacción y aumentar la competitividad de nuestra economía, sino también para disminuir la carga inequitativa que pesa sobre las familias pobres del país. La implementación extensiva del gobierno electrónico resulta una alternativa válida para reducir drásticamente los espacios de corrupción, gracias al avance y abaratamiento de la tecnología de la información.
La informatización de todos los procesos y trámites posibles en las instituciones públicas rebajaría sustancialmente las instancias de contacto directo del ciudadano con los funcionarios y el poder de discrecionalidad de estos últimos. También son imprescindibles sanciones más severas a los servidores estatales que cometen actos de corrupción, tales como penas de prisión efectiva e inhabilitación permanente del ejercicio de la función pública.