EL DEBATE ELECTORAL Y LA TRIBUTACIÓN

Estimados blogeros:

Este es un artículo que preparé y se publicó antes de la elección del día domingo pasado. Puede ser útil para plantear un consenso tributario en el marco de la situación política actual. Disfrútenlo.

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Por: Luis Alberto Durán Rojo

Es claro que la forma menos dañina de financiar el presupuesto público es por vía del pago de tributos. Quizás por eso, como no ocurrió en anteriores procesos electorales peruanos, casi todos los candidatos presidenciales han tocado el tema tributario.
Lamentablemente, en lo expuesto hay mucho sentido común, superficialidad y pobreza conceptual. Sin embargo, hay una interesante –aunque insuficiente- confluencia sobre tres temas, lo que podría ser base del marco tributario a aplicarse en el próximo quinquenio.
En primer lugar, hay concordancia en que la tributación tiene un componente redistributivo, pues además de financiar el gasto estatal puede permitir una adecuada distribución del ingreso. Para ello, debe equilibrarse el porcentaje de recaudación según su fuente, de modo que el sostén fundamental sean los impuestos directos (por lo general progresivos) y no los impuestos indirectos (básicamente regresivos).
No hay aún consenso sobre cómo lograr este cambio relacional. Algunos consideran que es un tema de tasas impositivas (“menos IGV por más Impuesto a la Renta (IR)”). Incluso hasta tres candidatos ven asequible plantear y/o aceptar un “IR a las Sobreganancias Mineras”. Otros entienden que hay que recuperar la recaudación del IR sin aumentar su tasa, por la vía de ampliar la base tributaria con más formalización y combatiendo de manera efectiva la evasión (“que no sólo paguen los formales”).
Ningún candidato ha planteado el destino de los regímenes de beneficios territoriales, especialmente los de Amazonía y de Zonas Altoandinas, que de seguir pueden generar más pérdida que ganancia, especialmente en materia de gestión por parte de la SUNAT. En segundo lugar, hay cierto consenso en respetar los Convenios de Estabilidad Tributaria (CET) ya firmados hasta que venzan, pero no se renovarían ni se firmarían otros en nuevos supuestos. Los candidatos reconocen que en la situación actual del país, los CET no sirven como instrumento central para la atracción de capitales, siendo entonces innecesarios.
Sin embargo, no hemos escuchado afirmaciones de compromisos con la seguridad jurídica en materia tributaria, entre otros, estableciendo que cualquier reforma normativa se haga con la debida antelación, dentro de los parámetros de lo razonable y permitiendo la deliberación pública, o que se requiera mayor fluidez en el sistema de resolución de conflictos tributarios.
En tercer lugar, habría consenso en que la SUNAT tiene que mejorar su actuación, de modo que su eficiencia y eficacia crezcan, lográndose de esta manera ampliar la base tributaria de contribuyentes. Para eso, debe entenderse que el problema no es sólo de administración de impuestos, sino que además es necesario tener instrumentos que permitan una mayor institucionalización de la SUNAT, lo que incluye su verdadera independencia funcional.
Más allá de esas tres líneas consensuales, nos hubiera gustado escuchar compromisos más elaborados, de mejora del régimen tributario, donde se cuide el trato al contribuyente, no solo con una adecuada y legal actuación de las Administraciones Tributarias, sino además con una mejora técnica a la hora de elaborar las normas tributarias, de forma que el dispositivo (ley o reglamento) no sea ambiguo o no se preste a posteriores discusiones.
Habría sido ideal que esos compromisos más elaborados partieran de seis ejes de acción: (i) lograr una clara distinción, en cuanto a su naturaleza, entre los ingresos tributarios y no tributarios, (ii) definir los alcances de la descentralización fiscal y, en ese marco, reformar el régimen tributario regional y municipal, (iii) establecer las razones para crear o mantener impuestos especiales garantizando su eliminación al más corto plazo una vez cumplidos los objetivos iniciales, o incluso las razones para no incorporarlos o mantenerlos, (iv) lograr una mayor eficiencia del IR, promoviendo su progresividad y simplicidad, especialmente respecto de personas naturales, (v) disminuir el carácter regresivo del IGV, y, (vi) eliminar exoneraciones y beneficios tributarios que no estén justificados.
Finalmente, le proponemos leer bien los planes de gobierno de los principales candidatos. Desconfíe usted de quienes hablan de reformas tributarias desde el empirismo, la demagogia o la improvisación. Dude usted de aquellos que nos ofrecen bajar los impuestos, pero no nos dicen cómo, así como de los que quieren aumentar impuestos por el solo hecho de ver que las empresas ganan más, sin justificar los beneficios para la comunidad nacional. Recuerde, ese tipo de posturas no son aceptables ni son saludables para la nación, ya lo hemos vivido antes.

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Acerca del autor

Luis Alberto Duran Rojo

Abogado por la PUCP. Profesor Asociado del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Director de ANALISIS TRIBUTARIO. Magister en Derecho con mención en Derecho Tributario por la PUCP. Candidato a Doctor en Derecho Tributario Europeo por la Universidad Castilla-La Mancha de España (UCLM). Con estudios de Maestria en Derecho Constitucional por la PUCP, de Postgrado en Derecho Tributario por la PUCP, UCLM y Universidad Austral de Argentina. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) y la Asoción Fiscal Internacional (IFA).

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