Mariela Balbi ha presentado en el Diario El Comercio la siguiente importante e interesante entrevista a Jaime Antezana, experto en materia de temas de narcotráfico.
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El presidente de Devida afirmó que el narcotráfico utiliza 25 mil toneladas de insumos químicos y que al VRAE (valle de los ríos Apurímac y Ene) entra una buena parte. ¿Cómo llegan?
Según la policía, el narcotráfico usa anualmente 16 mil toneladas de insumos químicos en todo el país. Los investigadores manejamos una cifra de 32.674 toneladas, de las cuales cerca de 9 mil van al VRAE, es decir, el 30% del total. Es una cifra sumamente preocupante. Los insumos ingresan al VRAE porque no hay un control efectivo de la policía, esta los deja pasar. Solo detecta el ingreso de estos cuando le dan una información, un soplo. Casi todos los golpes han sido así.
¿Pero cómo llegan hasta ahí? Los insumos químicos son visibles, pesan…
Bueno, es que el narcotráfico corrompe a la policía, una buena parte de los insumos que entran está previamente negociada. Es escandaloso que la Policía Nacional no logre detectar los camiones con kerosene o el ingreso de cal. La única explicación para el ingreso de tal cantidad de insumos es que la policía cierra los ojos.
Devida ha anunciado que habrá garitas de control para esto, ello contemplado dentro del Plan de Impacto Rápido (PIR). ¿Servirán?
De lo que yo sé, el PIR debería tener un presupuesto para el 2009 de 161 millones de soles. Pero el MEF no desembolsa el dinero porque el acuerdo del Congreso no fija la fuente de donde saldría. El PIR se encuentra entonces en una situación difícil. En teoría, si se implementara sería bueno.
¿Cómo controlar que los insumos químicos no vayan al narcotráfico?
La policía que está en la ruta de los insumos tiene que estar bien capacitada y rotar rápidamente. Ahora no lo hace. Actualmente la incautación depende de la información que llega a la policía, hay golpes en los que se requisan tres toneladas, es una cifra importante, pero está en función y depende de los “soplos” que lleguen a oídos de la policía. En realidad, para un control eficaz de los insumos químicos se requiere de voluntad política. El Estado le encargó a la Sunat el diseño e implementación del sistema de control de insumos. Está establecido en la ley del año 2004 y en su reglamento. El Ministerio de la Producción hizo un convenio con Sunat. No obstante, el diseño está detenido desde hace seis meses. Ese sistema de control sería un duro golpe al narcotráfico. Se sabría “on line”, en tiempo real, adónde están yendo la acetona, el kerosene, la cal, el ácido clorhídrico y el sulfúrico. Todo estaría centralizado y todos los organismos que tienen que ver con el tema tendrían acceso a la información. La policía no se corrompería, ya que se sabría en qué momento está yendo una cisterna de kerosene a los valles, la autoridad no podría dejar de actuar. Esa es la tarea principal.
¿Hay un plazo para que este sistema de control se concrete?
Todos los plazos han estallado, se han hecho leña. En el 2007 la Sunat tenía un presupuesto especial para esto, pero no se utilizó por los asuntos burocráticos entre Produce y la misma Sunat. Ahora no se sabe si se puede contar con los recursos que fueron destinados el 2007. Aparentemente, esto tiene que pasar por el SNIP, nuevamente por toda la burocracia. Pero se trata de una prioridad, de una política de Estado, no debería existir tanto problema.
Sin embargo, Estados Unidos ha felicitado al Gobierno Peruano por el éxito en la erradicación de la hoja de coca.
La meta de erradicación ha superado, en un pequeño margen, lo proyectado. Pero eso es para Tocache, en el Alto Huallaga. Mientras que en otros lugares, como Puno, Cusco, Loreto, La Libertad, el VRAE
Hay una suerte de “multiplicación de los panes”.
Sí, el cultivo de hoja de coca está creciendo, son 13 regiones, que incluyen las tres del VRAE y dos del Alto Huallaga. En Sandia, Puno, crece más que en San Gabán, aunque también ahí se incrementa. En el Putumayo, en el Napo, el aumento es fuerte, pero ha crecido mucho más en Caballococha. Naciones Unidas reporta un crecimiento fuerte en la zona de Constitución, de Pichis Palcazú, en Puerto Bermúdez (Oxapampa). En el VRAE no hay desarrollo alternativo porque la coca ha llegado a su máximo grado de producción. Los programas tuvieron que salir de la zona. Es cierto que algunos sembríos como el cacao se han mantenido, pero no son una alternativa. Devida ha querido retomar el apoyo a estos programas; sin embargo, el MEF no suelta el dinero para el PIR.
Las FF.AA. han logrado un control de la parte alta de Vizcatán. ¿No hay ya acaso un mayor dominio de la zona?
Yo no estoy tan seguro de que hoy el Ejército domine Vizcatán. El 28 de diciembre del 2008 hubo una emboscada y murió un soldado. Cuando subían al otro cerro, en febrero, ocurrió otra y mataron a un marino. El costo es alto…
Es una guerra.
Sostener que se domina Vizcatán por tener presencia militar en el área no es suficiente. Me parece que Vizcatán no es un escenario de disputa porque son 30 kilómetros cuadrados. Es difícil decir “yo controlo Vizcatán”. Hablamos de una zona muy amplia, los militares pueden estar en un lado y los senderistas en otro. Han llegado a las colinas, pero, paradójicamente, eso los hace vulnerables a una emboscada narcoterrorista. Las bajas son mayores del lado de las FF.AA. que del otro. El personal militar que está ahí no conoce esa zona, están ahí por primera vez. Sostener la presencia militar en el área puede ser a muy alto costo, como lo ha sido para llegar. Desde el 8 octubre del 2008 hasta la fecha han ocurrido por lo menos ocho emboscadas de parte de estas columnas armadas.
Se trata de una guerra…
El ministro de Defensa ha dicho que es el costo de haber tomado el control, pero insisto en que es muy alto, son 20 militares muertos en lo que va de la Operación Excelencia. Además, Vizcatán ya no es la zona donde está la mayor parte de las columnas armadas. Estas salieron antes del inicio de dicha operación, se han reubicado en la zona de Oreja de Perro, de Chungui, de Sello de Oro. La actividad de la droga continúa, se quiere combatir a la organización subversiva como si estuviéramos enfrentando al Sendero de 1980 y no es el mismo contexto. La actual organización controla a los mochileros, las rutas, presta protección al narcotráfico. La policía que está en el VRAE no está haciendo incautaciones muy importantes, tiene posibilidades de hacer mucho más.
¿El narcotráfico en el Perú está dirigido por firmas mexicanas?
Los cárteles mexicanos son los principales compradores de la droga peruana, solo compran cocaína, droga refinada. A diferencia de los colombianos, lo único que hacen es esperar en el litoral, en los puertos o en alta mar, realizando control de calidad y la exportación internacional. Todas las firmas peruanas, sean regionales (dedicadas a refinar), locales (que operan las pozas de maceración) o nacionales (camuflan y embalan la droga con mucho ingenio), trabajan para los mexicanos. En los últimos cuatro años se ha capturado entre 25 y 30 mexicanos. Son pocos porque estos solo esperan el producto final. En los puertos hay poca vigilancia, incluso hacia el aeropuerto, donde se ha detenido a una banda, se llevaban alijos de 40 a 50 kilos de cocaína. Los cárteles mexicanos son los principales compradores y exportadores de la cocaína peruana, no hay cárteles colombianos importantes, trabajan para los mexicanos, quienes son los más poderosos aquí. Los colombianos satisfacen el mercado de Estados Unidos y mantienen hegemonía allí.
¿Qué impronta, qué sello deja esta presencia mexicana en el narcotráfico peruano?
La impronta se está perfilando en la nueva actitud que tienen los narcotraficantes peruanos y los sicarios que protegen laboratorios, pozas, cargamentos de insumos.
¿Se traduce en más violencia?
Entre el 2001 y el 2006, cuando tenían encuentros fortuitos con militares o policías realizaban acciones de contención. O sea, disparos para evitar que la carga cayera en manos de la policía y para salvar sus vidas. No era un enfrentamiento frontal, no colisionaban abiertamente. Cuando llegaba la policía a las pozas o laboratorios, fueran del VRAE, del Monzón o del mismo Puno, los narcos disparaban y huían. Eso empezó a cambiar en el 2007.
¿La novedad es que actualmente se trata de un enfrentamiento abierto con las fuerzas del orden?
Sí. En el 2007 hubo un enfrentamiento armado en el caserío El Molino, en Ayabaca. Sicarios peruanos y ecuatorianos protegían un laboratorio que —según dicen— procesaba 500 kilos de droga. El combate duró tres horas y la policía tuvo que retroceder. Por primera vez se ve al narcotráfico en ofensiva, dando una respuesta armada. En diciembre del 2007 ocurre otro hecho, entre otros que combinan acciones de contención, cuando se interviene una avioneta colombiana en Putina. Al día siguiente los colombianos querían negociar con la policía, ofrecían 150.000 euros para que se les devolviera la avioneta y se les permitiera hacer cuatro vuelos. Pero los narcos no sabían que se trataba de un equipo de élite de la Dirandro y comenzó una fuerte balacera. En ese caso, la policía tenía superioridad porque sabía a qué iba. También en el 2007 ocurrieron dos hechos importantes. Uno fue en octubre, en Putis, a la salida de Huanta, mochileros y sicarios de enfrentaron al Ejército, con un saldo de ocho mochileros muertos. El otro, también en octubre, en Pariayacu, acabó con la muerte de dos narcos.
¿Esta modalidad se ha convertido en una tendencia?
Se trata de un comportamiento nuevo. En el 2008 ya tenemos emboscadas de sicarios contra la Policía Nacional, como la de marzo en Villa Rica. En diciembre, en Bambamarca hubo otra. En Putinapungo se produjo un enfrentamiento armado con la policía que fue a destruir un laboratorio. Han sido seis incidentes, incluido un enfrentamiento entre dos bandas.
Es un narcotráfico mucho más agresivo.
Están reproduciendo el estilo mexicano e indica que, cada vez más, el narcotráfico se afianza y se extiende; tiene la decisión de enfrentar a la autoridad. En el 2009 ya ha habido cuatro enfrentamientos fuertes, tal como ocurre en México.
¿Qué hacer?
Lo primero que el Gobierno tiene que saber es que estamos marchando hacia un proceso de copia agresiva en las prácticas del narcotráfico nacional. Otra manifestación de la creciente “narcoviolencia” son los ajustes de cuentas. En Huánuco, en este primer trimestre, de ocho asesinatos, seis han sido ajustes de cuentas. En el país llegan a 30. En el Perú —como siempre— se produce el mestizaje y la simbiosis. En el VRAE hay estructuras armadas con discursos políticos, pero que trabajan para los narcos, tipo Colombia. En otros lugares se aplica el modelo mexicano. Ya estamos en plena guerra de la coca, es un conflicto armado que no queremos reconocer. El país aún está a tiempo de parar esto.
“Proyecto de ley de harina de coca favorece al narcotráfico”
¿El proyecto de ley presentado en el Congreso que permite la fabricación de harina de coca favorece al narcotráfico?
Si ese proyecto es aprobado por el pleno se legalizaría a todos los productores de hoja de coca y, con ellos, a toda la producción del país. El Perú tiene hoy 50.300 hectáreas y produce 116.800 toneladas de hoja de coca. Pero la demanda del consumo tradicional es de 9.000 toneladas, las cuales se pueden producir en solo 6.676 hectáreas.
¿Diría que es un proyecto narco?
Por supuesto que favorece al narcotráfico.
¿De la harina de coca se puede hacer droga?
Claro que sí. Si solo es coca pulverizada, mucho más fácil todavía porque para macerarla tienen que pisar la coca.
¿La congresista Nancy Obregón está siendo tonta útil del narcotráfico?
Hace mucho tiempo que ella tiene iniciativas que al único sector que favorece es al de los cocaleros ilegales y al narcotráfico. Ella sabe lo que quiere, aunque diga que lucha contra el narcotráfico. ¿Quién va consumir el excedente de 107.800 toneladas de hoja de coca que se convertirían en harina? ¿Qué mercado existe para eso? Además, para producir harina para elaborar pan hay que sacarle los alcaloides, no puede consumirse de manera directa. Ello está estipulado en las tres convenciones internacionales que ha firmado el Perú.
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