A continuación un artículo para el debate publicado en AmericaEconomía el 5 de enero de 2009.
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Por: María Soledad Gómez
Bien podría ser el guión de una película de espionaje. Un funcionario bancario en Liechtenstein robó registros de cuentas y vendió un CD con información a la policía alemana, iniciando una persecución que dejó al descubierto la más millonaria evasión tributaria en la historia de Europa; y con el estómago revuelto a los líderes de más de 12 países que reclamaron feroces el pago de sus impuestos. El caso, que no es ficción, está teniendo consecuencias muy reales para el minúsculo principado y otros paraísos fiscales.
Además, la debacle financiera ha impuesto una nueva moda: buscar al culpable. El villano de turno es precisamente el paraíso tributario, aquel país que presta servicios financieros y cuyas leyes permiten pagar impuestos mucho menores que en otros países. Esto quiere decir que 2009 podría ser un año difícil para estos pequeños escondrijos financieros… O quizás todo lo contrario. El fracaso del sistema financiero de los países desarrollados, especialmente de los impenetrables intercambios entre bancos europeos y estadounidenses, podría llevar a que más capitales se refugien en estos cotizados paraísos. En Latinoamérica, tanto Panamá como Uruguay son constantemente sindicados como olimpos de la evasión tributaria, pese a que intentan mejorar su imagen.
Según Álvaro Calderón, oficial de Asuntos Económicos de la Cepal, en la región, los centros financieros más importantes son Islas Caimán, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Estadounidenses, “que permiten hacer operaciones financieras sin mucho control. En algunas clasificaciones cae Panamá, por ejemplo, pero ahí la definición ya se amplía demasiado”. Según el oficial de la Cepal los montos invertidos en estos centros son casi imposibles de cuantificar, aunque sehan hecho esfuerzos por cifrarlos. La estimación más elevada es del Tax Justice Network, que en 2005 avaluó en US $11,5 billones los activos offshore, mientras que la estimación más reciente, del Oliver Wyman Group, es de US $8 billones. ¿Pero qué tanto daño le hace esto realmente a la economía mundial?, y ¿qué relación podrían tener estos millones con la crisis financiera?
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha luchado durante años contra los paraísos fiscales y, alentada por el escándalo de Liechtenstein, declaró en octubre que los centros financieros offshore son un peligro para la estabilidad económica mundial. El organismo cuenta con una lista de 38 países a los que califica como paraísos fiscales, y a los que ha intentado, según Pascal Saint-Amans, oficial de la División de Cooperación y Política Fiscal del organismo, convencer de compartir información. A tres califica de no cooperativos: Andorra, Mónaco y al castigado Liechtenstein. “A este grupo se debiera sumar Panamá, porque es un país que no comparte ninguna información”, dice.
El asunto es calificado como un absurdo por el abogado panameño Eduardo Morgan Jr., presidente de la firma Morgan y Morgan y ex embajador de Panamá en Estados Unidos. “No se puede impedir la evasión tributaria: lo que hay es una competencia fiscal. Al igual que Hong Kong y Singapur (que no son incluidos en la lista de la OCDE), nosotros tenemos un impuesto territorial”. Panamá solamente grava las rentas que se producen en el país, pero no grava aquellas que se generan en el extranjero. El abogado sostiene que los intentos de la OCDE por transparentar estos centros financieros extraterritoriales son una respuesta a la competencia que representan para sus propios sistemas bancarios, ahora debilitados por la crisis. No obstante, Saint-Amans insiste en que “no se puede continuar con el secretismo respecto a los esquemas tributarios, en tiempos en que las turbulencias financieras son evidentes”.
Brasil y Argentina constantemente disparan hacia Uruguay por la evasión tributaria de sus nacionales a través de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Calderón dice que lo que Uruguay intentó fue convertirse en un centro financiero, pero fracasó por el tamaño de su mercado. Gonzalo Hordeñana, socio de CHT Auditores y Consultores, confirma que “las SAFI sólo pagan un impuesto al patrimonio equivalente al 0,3% y sus acciones son al portador, por lo que no es necesario identificar al dueño”. Sin embargo, Tabaré Vásquez ya les aguó la fiesta, impidiendo la creación de nuevas SAFI y poniendo un plazo hasta 2010 para que las existentes pasen a ser compañías domésticas que pagan un 25% de impuesto a la renta y un 1,5% de impuesto al patrimonio.
No todos los centros financieros son paraísos fiscales. Antes de abandonar las distinciones entre centros onshore y offshore, en julio de 2008, el FMI describía a los segundos como “países o jurisdicciones que proveen servicios financieros a no residentes en una escala desproporcionada respecto al tamaño y financiamiento de su propia economía doméstica”, en otras palabras, como países pequeños con grandes aspiraciones en el rubro de servicios financieros. El hecho de que miles de no residentes tengan cuentas en Estados Unidos, Suiza y muchos otros países grandes, nunca fue tema de discusión. Aunque al incluir los centros offshore en el mismo esquema que los demás centros financieros, la declaración del FMI nada dice sobre temas tributarios, señala que “la globalización hace innecesarias las distinciones entre estos centros”.
Además, como señala el abogado chileno Franco Brezovic, especialista en temas tributarios del Estudio Pérez Donoso “hay que aclarar lo que son los paraísos tributarios y lo que es el secreto bancario, ya que pueden ser dos temas diferentes”. Es más, cuando la OCDE intentó que todos los países de su lista negra, se pusieran en regla y firmaran un compromiso de compartir información, muchos pidieron que los países de la contraparte hicieran lo mismo. Sin embargo, tanto EE.UU como Suiza se negaron. Quedando en claro, para algunos, como el abogado Morgan, que la distinción entre un paraíso fiscal y un centro financiero legítimo no es la transparencia, ni el régimen tributario, sino, más bien, el tamaño. No obstante, Saint-Amans declara que muchos de estos países han accedido voluntariamente a participar del Programa de Cooperación Tributaria de la OCDE y que Panamá lo hizo en 2002, pero nunca más volvió a negociar.
Respecto a si los llamados paraísos fiscales tienen algún rol en la crisis financiera, el abogado Morgan es categórico: “es inaudito e inaceptable, que la OCDE ahora está tratando de tapar su incompetencia (en evitar la crisis) y pretenda echarle la culpa de la debacle a los centros que ellos llaman offshore.” Como la crisis se originó en sus propios bancos, especialmente en EE.UU., que no grava inversiones extranjeras ni comparte ninguna información fiscal -salvo con Canadá- estos países ven ahora, más que nunca, la amenaza de estos centros financieros. Según Morgan, la declaración del FMI es “un golpe mortal a esa lucha contra lo que la OCDE llama paraísos fiscales”.
Hace un año el entonces senador Barack Obama, y ahora presidente electo, promovió la Ley para Detener el Abuso de los Paraísos Fiscales, calculando que los activos offshore permitían la evasión de más de US$ 100.000 millones en impuestos al año. Pocos apuestan a que se dedique a combatir estos centros financieros con todos los problemas que tiene en su agenda. Aunque, ¿quién sabe si como reza su propio mantra, “sí, se puede”?
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