En estos últimos días, las incidencias de casos por COVID-19 son muy altas, tanto de contagios como de fallecidos. Por ejemplo, las peores cifras fueron a finales de mayo, cuando los casos de contagiados pasaron los 8,000 casos y los fallecidos estuvieron por encima de los 190 casos diarios. Esas cifras colocan al Perú desde un buen tiempo en el segundo país en América Latina, después de Brasil, con más contagiados por COVID-19. A nivel mundial tampoco nos quedamos atrás, de acuerdo al Johns Hopkins University (JHU), el Perú figura en el puesto en puesto 9 del ranking mundial de contagiados, y en el de fallecidos está en el puesto 15. Las cifras son escalofriantes

De lo que va de junio (al día 4), el promedio de contagiados fue 4,681 casos, y el de fallecidos 131 casos diarios. Aunque estos promedios han bajado en comparación a la última semana de mayo, aún son altos y conforme vayan activándose las actividades económicas-laborales, deportivas y, en fin, otras actividades, la gente se sentirá con más libertad para realizar sus cosas; ante ello, los casos de contagios y fallecidos podrían subir a picos nunca antes vistos.

A esta grave y peligrosa situación se suman otros problemas que vienen de la parte privada y del mismo Estado. Por el lado de los privados, el alza de los precios de algunos productos e insumos de primera necesidad médica como alcohol (líquido y en gel), mascarillas, medicinas, y lo más importante hoy en día, el oxígeno, están por las nubes, siendo, este último, el más caro y escaso, pues un balón grande de oxígeno puede costar más que la máquina que produce el oxígeno, según un programa periodístico de Frecuencia Latina.

Por el lado del Estado, la situación no cambia mucho, por ejemplo, en los hospitales del Ministerios de Salud (Minsa), principalmente, el mal uso y robo de los productos e insumos médicos son una costumbre cancerizada que son vistos como algo “normal” por el personal que trabaja en los hospitales y por los pacientes que van a atenderse. No es extraño ver en los programas periodísticos a altos funcionarios públicos siendo investigados por actos de corrupción, a médicos recetando medicinas caras y material médico en exceso a sus pacientes, y a inescrupulosas enfermeras vendiendo los productos no utilizados a las boticas y farmacias. Toda una red de corrupción.

A todo esto, se suma, desde que empezó la pandemia, el tráfico de pruebas serológicas o pruebas rápidas para detectar si una persona tiene COVID-19. Un ejemplo es el caso del llamado “doctor covid”. Aquí empieza mi denuncia.

Hace unos días, una persona muy allegada a mí (no diré su nombre porque no tengo su autorización) me contó su experiencia cuando llamó a la Línea 113 para solicitar información, pues pensaba que podría estar contagiado de COVID-19. Después de casi 20 minutos de espera, una señorita atendió su llamada, solicitándole sus datos personales y su dirección, para luego preguntarle sobre el motivo de su llamada. Esta persona le explicó que posiblemente estaba contagiado del virus y, de acuerdo a lo explicado, la recepcionista le informó que al parecer si estaba con el virus, pero que éste se encontraba en la etapa final. Es decir, que el virus estaba desapareciendo. Concluyó diciendo que si los síntomas no desaparecían que volviera a llamar a la Línea 113.

Después de 15 días, los síntomas de esta persona no desaparecían y, ante la duda, se realizó una prueba rápida en un centro de salud particular. El resultado fue positivo para COVID-19. Ante el temor y la duda, otra vez llamó a la Línea 113 para que le brinden asesoría, tratamiento médico y para que un especialista vaya a su domicilio y realice las pruebas rápidas a las personas que comparten su hogar. Es en ese momento que esta persona evidencia el acto de corrupción.

Después de que esta persona le dijo la señorita recepcionista que necesitaba ayuda y para su familia, la respuesta de la recepcionista le causó un desconcierto, rabia e impotencia, pues el reporte que ella manejaba decía que, después de su primera llamada, un médico había visitado su casa y le había realizado la prueba rápida contra el COVID-19, siendo el resultado negativo para COVID-19. Ante esta respuesta, esta persona le dijo que ningún médico había visitado su casa o contactado, por tanto, la información que ellas manejaba es totalmente falsa. Finalmente, quedaron en que un médico “nuevamente” iría a su casa para monitorear su caso y hacerles la prueba rápida a las demás personas. Al cierre de este artículo, ningún personal de salud ha ido a su casa.

Este caso evidenciaría que el personal del Minsa, especialmente los médicos, están lucrando con la salud y la vida de las personas. No es posible que, mientras todos hacemos sacrificios para contener la expansión de la pandemia, malos médicos piensen más en ganarse unos cuantos soles de la forma más miserable, que en realizar su labor de salvar vidas, más aún en medio de una pandemia como el CIVID-19. Este modus operandi no es nuevo, pero no tampoco es muy conocido con el tráfico de pruebas rápidas. La pregunta es ¿Cuántas pruebas rápidas se pierden diariamente con falsas visitas médicas?

Por todo lo expuesto, denuncio ante la opinión pública los malos manejos y el poco control del Minsa y exhorto a la población a hacer visibles sus denuncias para que las autoridades se interesen en el tema y tomen cartas en el asunto, sancionando a los traficantes de vidas.

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