Hoy se cumplen 77 días de confinamiento o cuarentena total y parcial, con toque de queda inclusive. Fueron cuatro martillazos aplicados por el Gobierno para bajar los casos de contagios y muertes por COVID-19; los tres primeros no dieron resultados y el cuarto está destinado también al fracaso. Esto ha ocasionado que, de una pandemia, pasemos un problema económico y ahora a una crisis social.

Las medidas prohibitivas obligatorias, como las cuarentenas y toques de queda son importantes y necesarias para controlar el avance de la enfermedad y para ganar tiempo hasta encontrar las medidas de solución efectivas a mediano y largo plazo. Por consiguiente, para que estas medidas funcionen deben ser dadas y acatadas con responsabilidad por todos, por el Estado-Nación en su conjunto; de lo contrario, las medidas seguirán siendo insuficientes e ineficientes, sin resultados. Peor aún, pueden ser más dañinas que la enfermedad.

En ese sentido, los cuatro martillazos del Gobierno, a la luz de los hechos, están llevando al país a un descontrol dentro del mismo Gobierno, por el gasto excesivo y medidas sin resultados; y también en la población, por la crisis económica y social que están atravesando las familias debido a que economía del país está suspendida y funcionando solo al 40 o 50 % de su capacidad.

Esta crisis, producto de la pandemia del COVID-19, fue agudizándose rápidamente con las decisiones del Gobierno de confinar repetidamente a la población a cuarentenas que no dan o dieron resultados. A esto se suman otras deficiencias como la poca transparencia informativa de las autoridades encabezado por el presidente Martín Vizcarra; la pésima gestión administrativa y económica del Gobierno; y la informalidad e irresponsabilidad de la población. A su vez, esto ha ocasionado que se sume al problema económico, la crisis social.

En primer lugar, a estas alturas no es romper un secreto de Estado decir que el Gobierno maneja estadísticas paralelas respecto a los contagiados y fallecidos por la pandemia. Es más, esto no es propio del Perú. Muchos críticos notables cuestionan las cifras oficiales que dan los países a nivel mundial; China encabeza la lista y le siguen los países europeos. En el Perú, la falta de transparencia informativa le está haciendo mucho daño a la población, por ejemplo, muchos médicos en todo el país están dando cifras de contagiados y fallecidos muy distintas a los reportados por el Ministerio de Salud diariamente; otro ejemplo son los desgastantes y hasta confusos mensajes del Presidente, que deja entrever entre líneas el fracaso enmascarado de avances, esto se evidenció más en el mensaje del 13 de mayo cuando el Presidente dijo que el país había llegado a la meseta de contagios. Esta información se cayó en los días siguientes con las cifras de contagiados y fallecidos. Asimismo, el del 24 de mayo sucedió algo similar cuando la población no entendió el mensaje del Presidente, si mandaba a cuarentena o solo era estado de emergencia. Por consiguiente, el ocultamiento de información y la información confusa e imaginaria le han dado a la población una falsa confianza que ha ido ganando fuerza con las necesidades que pasa día a día.

En segundo lugar, el mal manejo administrativo y económico han agravado la crisis, pues, por un lado, administrativamente el Gobierno no reaccionó oportunamente para implementar adecuadamente un sistema de salud que venía enfermo. Los hospitales no contaban con, por ejemplo, medicinas básicas; equipamiento como camas, respiradores mecánicos y oxigeno; equipos de protección personal como guantes, mandiles, lentes y, sobre todo, las mascarillas; etc. Si no fuera poco esto, el escenario fue agravándose porque no se identificó a tiempo los focos de contagios como los mercados, bancos y en algunos puntos de la ciudad donde estaban los mal llamados “caminantes” que querían regresar a su lugar de origen. Estas carencias llevaron a que los sistemas de salud y anti COVID-19 colapsen antes de llegar a la meseta (porque aún no hemos llegado). Por otro lado, en lo económico, el mal manejo de los bonos de ayuda hizo que la gente se vuelque a los bancos ya sea para cobrar o pedir información. así mismo, los bonos por etapas y segmentos fueron un error por varios motivos, entre ellos porque no llegaron a toda la población o familias necesitadas y porque fueron dados por etapas, principalmente, lo que causó confusión y desesperación en los más necesitados que, muchas veces, al no recibir el bono se fueron a las calles a ganarse el pan.

En tercer lugar, todas las falencias mencionadas encontraron un piso en la informalidad e irresponsabilidad de la población. Desde el inicio del primer martillazo o cuarentena obligatoria, la Policía no se daba abasto para detener a los infractores que se burlaban de la disposición. En vista de que los detenidos fueron en aumento, tuvo que salir el ejército para ayudar a la Policía, pero la situación no cambió mucho. Por ejemplo, las comisarías se convirtieron en focos de infección y muchos efecticos policiales y militares caían víctimas del virus por cumplir su labor. En los mercados, paraderos de buses y en los bancos la situación es la misma, ya que hasta ahora la población no respeta el distanciamiento social. Inclusive, hay gente que convoca y asiste a fiestas clandestinas. Con los sucesivos martillazos, las cosas fueron agravándose y la irresponsabilidad se fue mezclando con necesidad. La urgencia de muchos padres y madres por llevar alimentos a sus hijos los empujaron a salir a las calles para vender lo que sea o para pedir caridad (esto será otro tema de análisis). Ello contribuyó a que la informalidad y el desorden, en todas sus modalidades, tomen las calles masivamente, agudizando la situación.

Ante la falta de transparencia informativa y la pésima gestión del Gobierno, más la informalidad e irresponsabilidad de la población, lo que queda como última medida es un sinceramiento en unidad serio y profundo, donde el Gobierno le diga a la población la realidad en la que nos encontramos sin ocultamientos ni anestesia. El compromiso por el lado de la población debe ser aceptar la nueva realidad y tomar conciencia de que el COVID-19 vino para quedarse y que la única medida entre estar bien o mal es protegiéndose (de uno a uno, de uno a su familia).

En concordancia con lo anterior, en este sistema de sinceramiento en unidad, el Gobierno debe asumir sus responsabilidades señalando lo que hizo bien y en lo que ha fracasado. Eso le dará pie para hablar con franqueza que el Estado seguirá asumiendo su responsabilidad de atender a la población y de mejorar los sistemas de salud y económico, esencialmente, pero también para comunicar a la población que cada ciudadano y ciudadana serán responsables de proteger su salud. Es decir, a estas alturas, luego del fracaso de todos, lo que queda es que cada persona asuma su máxima responsabilidad de protección frente a esta pandemia.

El Gobierno debe ser bien claro en ese discurso porque le corresponde dar la primera señal de sinceramiento. En ese sentido, la responsabilidad máxima recae en el Presidente de la República de decirle a la población de lo que se viene. Y la realidad es que lo que se viene dependerá del comportamiento responsable de la población, principalmente. Si el presidente Vizcarra tiene que decirle a cada persona que, si se enferma y llega a un hospital y muere, todos serán responsables (incluso el difunto).

Esto no quiere decir que el Gobierno se lave las manos con el tema y deje a la población a su suerte. De ninguna manera. Lo que quiero decir es que la población debe aprender a ser disciplinada y responsable al menos con su salud y el bienestar de su familia; porque si no nos mata el virus, lo harán las necesidades como el hambre, los problemas psicológicos, u otros problemas no COVID-19 que duermen y que están despertando progresivamente.

En conclusión, para evitar que la crisis social, producto de la crisis económica del país, se agudice, y al mismo tiempo bajar los índices de contagios y fallecidos por COVID-19, el Gobierno y la población tienen que entender que las cuarentenas obligatorias ya no son parte de la solución, sino el actuar con responsabilidad y sinceridad en unidad-reciprocidad. Por un lado, el Gobierno debe parar los martillazos y medidas que no han dado buenos resultados y abrir un nuevo ciclo de información sincera y transparente, anunciando una planeación enfocada en adelantarse a los hechos y no en apagar incendios. En adelante, los mensajes deben estar orientados también a darle un nivel extremo de responsabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas para que se protejan y cuiden de su familia, como un pacto de corresponsabilidad Gobierno-población. Por otro lado, los ciudadanos y las ciudadanas deben entender que, a estas alturas, la única manera de detener el virus del COVID-19 es que asuman con seriedad su responsabilidad de protección y cuidado personal y familiar, como un pacto de corresponsabilidad población-Gobierno, concientizándose que el COVID-19 vino para quedarse y que si no se protegen pueden morir o dejar morir a sus familiares. Así de frío.

#AquíEstoyPerú

Mira aquí la nota que demuestra que a la fecha no estamos en la meseta de contagiados por COVID-19

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