Lo sucedido en la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), al mando de la ex jefa de dicha oficina, la nacionalista Dacia Nena Escalante, ha removido nuevamente las falencias que tiene este gobierno, que no ha sabido enmendar sus errores ni mucho menos ponerle fin a las reiteradas irregularidades que vienen desde el mismo Ollanta Humala y de su entorno más cercano, como de su esposa (la primera dama) o de los fundadores del partido, en este caso, de Dacia Nena Escalante.

La renuncia de Nena Escalante, no ha detenido las críticas hacia esta oficina y al Gobierno. Como dicen los opositores políticos, la idea de que la Onagi fue creada con fines partidarios y no tanto como un ente que represente “al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción y fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio nacional” está teniendo mayor peso con cada investigación publicada.

La desordenada administración de esta oficina, al parecer con libre albedrío, ha dado a entender, como dijimos, que fue creada con un fin extra gobierno y hecha a la medida de quien la dirigía (Escalante). Esto se puso en evidencia con la presencia de los gobernadores en Lima, el lunes 27 de enero de 2014, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya; y en años anteriores, para festejar el cumpleaños del Presidente (2013) y para celebrar el aniversario del Partido Nacionalista (2012).

Estos hechos fueron los que despertaron el interés de algunos grupos políticos, como el APRA, el Fujimorismo, entre otros, y de la prensa; quienes encontraron motivos más que suficientes para investigar las funciones de esta oficina y cuestionar el trabajo de Escalante, hasta ese momento jefa de la Onagi.

Las investigaciones y los cuestionamientos no solo afectaron a la administración central de la Onagi, sino que rápidamente salpicó a las funciones de los gobernadores; a quienes los tildaron como personajes con cargos coloniales congelados en su tiempo, y que su presencia en la actualidad es innecesaria; pues, la Policía o la municipalidad representan al Estado en todo el país.

El cuestionamiento a la labor de los gobernadores tiene sustento en las zonas urbanas o cosmopolitas (en las regiones y provincias), ya que existen otro tipo de problemas donde la presencia del gobernador no se justifica, por ejemplo, problemas judiciales o todo tipo de denuncias, que son atendidos por los juzgados o la Policía.

Sin embargo, los que hemos vivido en algún distrito del interior del país, conocemos que la labor del gobernador distrital tiene mucha relevancia y representación por el trabajo que realiza. En los distritos, los problemas son en su mayoría de menor envergadura, como el robo de animales, disputa fronteriza de terrenos, riñas entre vecinos o problemas familiares. Inclusive, los pobladores les confían algunos problemas mayores que le corresponde a la Policía, como la violencia familiar, por ejemplo. En estos casos, el gobernador es visto por la población como una autoridad mediadora que atiende y da soluciones a sus problemas. Los litigantes recurren a él porque no confían en las otras autoridades (Policía o jueces, básicamente). Además de cumplir labores sociales en beneficio de la población más necesitada.

En ese sentido, las acusaciones realizadas a la Onagi y la ex jefa de esta oficina no deben afectar directamente (o con el mismo peso) a la función de los gobernadores.

Lo que se debe plantear es que desaparezcan la Onagi, por los cuestionamientos que tiene esta oficina; así como las gobernaciones regionales y provinciales, porque las funciones de los gobernadores en las grandes o medianas urbes son reemplazadas mayoritariamente por otras instituciones, como la Policía Nacional, los juzgados o las municipalidades. Las pocas funciones que les queda por hacer a estas gobernaciones serían absorbidas por la Policía o las municipalidades (dar garantías o solucionar conflictos sociales, principalmente).

Los gobernadores distritales y los tenientes gobernadores deben permanecer en sus lugares, que son además mayoritariamente rurales, debido a que cumplen una función mediadora. Esto se evidencia en la confianza que tienen los pobladores, que ven a estas autoridades como una opción confiable para dar solución a sus disputas o problemas.

En consecuencia, Estos gobernadores y tenientes gobernadores no deben estar adscritos al Ministerio del Interior, sino al Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, en coordinación con la Policía Nacional, debido a que su actual rol es más cooperativo que político.

Por tanto, la labor del gobernador distrital o del teniente gobernador, va más allá de ser únicamente un representante político del Gobierno. Sus funciones se van modificando según la necesidad del pueblo. La población, al no confiar en la Policía o en otro tipo de justicia, recurre al gobernador, al igual que a las rondas campesinas, para solucionar sus problemas.

En consecuencia, la figura de la Ronda Campesina también es vista en los gobernadores distritales, porque los que ocupan esos puestos son elegidos del mismo pueblo; por tanto, los pobladores ven al gobernador como una autoridad de confianza.

Por último, al cambiar de dirección la gobernación, es decir, al estar adscrito al Mindis, los gobernadores antes de ser representantes políticos serían aliados del Estado, quienes actuarían directamente “para cambiar la inercia, la fragmentación y la desarticulación del Estado Peruano frente a la pobreza y la exclusión social y para concertar acciones conjuntas en los diferentes territorios del país”. De ese modo, se minimizaría el riesgo que los gobernadores actúen como mensajeros políticos, a solicitud partidaria, entregando wafleras, cables HDMI o racks para TV plasma a pobladores que ni siquiera tienen electricidad. Es decir, ni el Estado ni los gobernadores se burlarían de los más pobres con viles engaños para hacer gala de un populismo nacionalista y mezquino.

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