El anuncio del ministro de Economía, Luis Castilla, sobre el aumento de sueldos para ministros y altos funcionarios de confianza ha provocado que el país literalmente se divida en dos una vez más, es decir, un pequeño grupo que esté a favor de la medida y otro más grande en contra.

Entre los detractores más identificados que ha rechazado esta medida por considerarla populista y demagógica, está el ex presidente de la República, Alán García, quien entre otras frases de rechazo dijo que “el país rechaza la gran repartija”, pues esta medida se toma en un momento inapropiado porque hay un “entusiasmo nacional por La Haya para duplicar los sueldos de la alta burocracia”.

Luis castilla ha defendido la propuesta aduciendo que los sueldos de altos funcionarios o de confianza están contemplados dentro de la reforma de la Ley de Servicio Civil y que ayudará a hacer más eficiente la administración pública, ya que “la ley busca retener y atraer talentos al Estado”. De igual manera, los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, aseguraron que el aumento mejorará la competitividad en el país.

Sin embargo, antes de comentar sobre este tema, recordemos que en el año 2006, en el gobierno de Alejandro Toledo, los ministros ganaban S/. 33 500. En el gobierno de Alan García este monto fue reducido a menos de la mitad (S/. 15 600). Hoy, con esta medida los ministros ganarán S/. 30 000, es decir, tendrán un incremento de S/. 14 400 mensuales.

La medida por ajustar los sueldos de funcionarios y técnicos especialistas para una mejor gestión estatal no es mala idea. Muchos especialistas coinciden en que para hacer más atractivo las plazas estatales hay que elevar los sueldos, de esa manera el Estado no solo logrará atraer a los mejores profesionales, sino podrá retenerlos. La brecha existente entre los sueldos del sector privado y el Estado es grande, esto perjudica el desarrollo nacional, pues un especialista que es tentado por la empresa privada migra fácilmente porque le ofrecen mejores sueldos, dejando procesos abiertos o incompletos que complican el progreso del país.

Esta competencia ha hecho que los privados tengan el camino libre para contratar a los mejores profesionales dejando al sector estatal a dinosaurios que se reciclan o se refugian en ministerios o en sectores estratégicos, donde ponen en práctica sus trasnochadas ideas que interfieren los procesos de modernización, agilización e integración del país.

Los trabajadores de mediano y bajo rango y la población en general rechazan el aumento anunciado por considerarlo mezquino, desigual y arbitrario. En el 2013 el país ha sufrido una oleada de protestas de diversos sectores, como el de los profesores, los médicos, las enfermeras y técnicos e incluso se anunció un paro del aparato policial. Todos tenían dentro de sus petitorios se les incremente sus sueldos por considerarlos muy por debajo del mercado laboral nacional e internacional. Sin embargo, la respuesta del ministro de Economía, Luis Castilla, ha sido siempre negar un aumento justo a estos trabajadores porque crearía un desbalance en las arcas del Estado, lo cual en cierta medida es cierto, y que el aumento será progresivo y en algunos casos por competencia según lo establecido en la Ley de Servicio Civil. Pero los que apoyan el aumento a los altos funcionarios porque está por debajo del mercado laboral nacional (entre los privados) e internacional (entre los estatales). Es decir, utilizan el mismo argumento de los trabajadores de menor rango, pero con exitosos resultados.

Como se dijo, retener a los mejores profesionales con mayores sueldos es una fórmula que la empresa privada ha utilizado con éxito. En el caso estatal, la aplicación de esta medida para cargos de confianza o de altos funcionarios, como el cargo de ministro, de la forma como el gabinete ministerial lo ha planteado es muy cuestionada y que no garantiza un Estado eficiente. El proceso de aumento de sueldos para esta fracción debe realizarse siguiendo la misma estrategia usada en los trabajadores de menor rango; es decir, un incremento de sueldo paulatino que considere los méritos profesionales y los logros alcanzados en el puesto. Lamentablemente este aumento les cae a todos por igual y los más favorecidos son aquellos funcionarios que se mantienen gracias a su simpatía con el gobierno y no por sus destrezas profesionales o resultados alcanzados.

Por otro lado, hacer una doble política económica estatal puede ocasionar no solo el descontento laboral, sino también un desborde popular. Esta repartija desigual ocasionará que los trabajadores de diferentes sectores se vuelquen a las calles con protestas de rechazo y demandando mejores aumentos para sus sectores. La sociedad civil tampoco será ajena a esta medida, un colectivo ha anunciado que saldrá a las calles para mostrar su rechazo ante esta medida arbitraria. La historia nos dice que la unión de trabajadores y la sociedad civil han hecho retroceder medidas inoportunas o políticas hechas a la medida para un privilegiado grupo de poder, pero en el proceso ha habido desmanes y destrozos que han dado como resultados la ingobernabilidad.

Finalmente, todos queremos un Estado eficiente donde los trabajadores sean tratados por igual según el cargo que desempeñan. Sin duda hacer más atractivo los sueldos estatales atraerá a los mejores profesionales, pero suponer que elevando los sueldos a los funcionarios mejorará la administración pública es tal vez inducir al populismo o a la demagogia; y si no hay un control permanente esta medida será una inversión a la deriva. De nada servirá pagar más a los funcionarios que están en cargos de confianza que hasta el momento no han alcanzado los logros propuestos; asimismo si no se aumentan los sueldos a los trabajadores de menor rango tampoco se alcanzarán los objetivos porque no habrá unidad en el equipo. En ese sentido, cualquier aumento debe ser para los mejores profesionales que demuestren, además de su profesionalismo, compromiso con el país y no tanto con el gobierno de turno.

Para terminar, los ministros e involucrados en el tema deben abstenerse en lo posible de emitir sus opiniones sobre el particular, para no caer en la figura de juez y parte de este proceso, y eso no es ético.

…_…