El estado, las empresas y los conflictos sociales

El día viernes 06 de noviembre del 2016, se tuvo como invitado en el programa radial G360 a Mario Pasco, profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión para hablar de la gestión de comunidades en empresas del sector minero peruano.

La relación de las empresas mineras con su entorno es un punto primordial para llegar a tener operaciones efectivas de beneficio compartido. Los distintos conflictos sociales han puesto en tela de juicio si las políticas gubernamentales se están ejecutando de manera adecuada.

El profesor nos comenta que en los conflictos sociales hay dos tendencias importantes en la región. Por un lado, un modelo extractivista basado en el aprovechamiento de recursos naturales en un contexto de políticas neoliberales, fomentado por los altos precios de los minerales para la exportación a países en proceso de desarrollo como China e India y por el otro lado, ha surgido la resistencia social, este fenómeno ha estado vinculado con otro conjunto de procesos relevantes en la región, como la democratización en Latinoamérica a partir de los 90’s, el reconocimiento de los derechos culturales y ambientales en muchos países y el desarrollo de redes de defensa transnacionales de estos recursos como las ONG.

Resaltan entre las causas de los principales de los conflictos[1], la afectación de los medios de vida de poblaciones rurales, el riesgo o daño ecológico, es decir, cómo se compromete el patrimonio, la desintegración social que genera la presencia de esas industrias y la distribución de la renta que obtiene el estado a partir de esos recursos.

Lo que tiene que tiene que hacer la empresa y el Estado para poder gestionar mejor a las organizaciones base que se forman por los conflictos mineros es crear políticas de inclusión y de diálogo paritario, que los resultados vayan a apoyar las distintas demandas que tienen los actores incluidas las organizaciones. A pesar que hay mesas de diálogo, no han sido efectivas, solo han ayudado a discutir algunas cosas pero en la mayoría de casos no han llegado a conclusiones satisfactorias. Hay excepciones como el caso de Espinar y el de Las Bambas que resultaron exitosas las conversaciones pero con el último gobierno, se han vuelto a retomar los conflictos. Hay derechos territoriales y culturales que se les reconoce a los pueblos indígenas, haciendo que estas unidades base tengan mejor posición. El gran problema es hasta que punto eso es suficiente, lo ideal es que se ponga en práctica, que hayan organismos del estado o instituciones que garanticen el efectivo cumplimiento.

Hay un problema para las empresas  qué tan atractivo puede volverse el país, teniendo en cuenta el nivel de conflictividad. Lo que las empresas deberían esperar para poder realizar las inversiones es que el escenario legal sea predecible, para eso el Estado tendría que garantizar una serie de medidas que ayuden a prevenir una serie de conflictos y algunas de ellas son: la legislación ambiental. Actualmente existen algunos problemas por la transparencia de los procedimientos de legislación muchas de la organizaciones sociales se quejan de que información que deben proporcionar las empresas no son fácilmente disponibles para la ciudadanía en general

La ley marco de bases de descentralización que da inicio desde el 2000 no previó la descentralización política administrativa de la función de minería a gran escala. Eso significa que los actuales gob regionales no tienen facultad para fiscalizar la concesión o para promover inversiones a gran escala, solo tienen facultades para lo que es minería pequeña o artesanal y esto trae consigo un problema porque los actores afectados y a quien le reclama la población son los gobiernos regionales en primera instancia, sin embargo, varios de los gobiernos regionales se han amparado en la legislación ambiental y si tienen injerencia en ese aspecto. Desde ahí ya pueden ir trabajando.

[1] Cualquier tipo de desacuerdo entre los principales actores en el área donde se están desarrollando actividades extractivas.