La frase que coronaba tantos meses de obsesión
Es domingo, mediodía. Hay silencio en la pequeña casa de Pedro. Aparentemente, su compañera ha decidido marcharse sola al mercado a hacer las compras, algo que suelen hacer juntos los fines de semana. Lo ha dejado para que repose y se recomponga de la agobiante resaca. Hace tiempo que no chupaba así, le retumba la cabeza, le llega el frío, nubes oscuras aún cubren el cielo de la ciudad. Pareciera que cada año, el invierno va volviéndose más frío y húmedo, como si tuviera una personalidad terca, obstinada, que pretende hacer palmaria su más cruda esencia, con intensidad. Así como él ha seguido, de forma cada vez más insistente, la retahíla de noticias que le interesan. Han pasado ya muchas estaciones desde que comenzó. Recuerda, en particular, el verano del 2017. Busca dentro de su cajón, donde tiene sus archivos noticiosos, registrados y fechados en minucioso orden, cual códices conteniendo mágicos secretos. Coge su edición 2474 de una importante revista de corte político. Lee.
“Ante el escándalo mayúsculo de corrupción, desatado desde el extranjero, el presidente de la Cámara de Asuntos Comerciales de la Capital, acaba de enviar a la Comisión del Congreso, una lista de 54 laudos emitidos por el Centro de Arbitraje de dicha institución. Controversias entre el Estado y grandes multinacionales que ahora son motivo de sospecha.
―¿Se ha iniciado alguna investigación interna dada la recurrencia de laudos a favor de las empresas extranjeras?
La CACC mantiene total y absoluta independencia frente al Centro de Arbitraje. Ellos tienen su propio Consejo Superior y finalmente son los árbitros los únicos responsables de los laudos que emiten.
―Entiendo que haya reserva cuando se trate de una diferencia entre dos privados, pero qué ocurre cuando una de las partes es el Estado. ¿No debería exigirse mayor transparencia?
Nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Es más, la ley te obliga a serlo. Por eso que todos los laudos son enviados a la Agencia de Contrataciones del Estado, que es el organismo encargado de poner a disposición de los ciudadanos esa información.
―El señor Héctor Céspedes, quien emitió numerosos laudos arbitrales a favor de la Gran Multinacional, ¿es parte de su staff?
El señor Céspedes será parte de nuestro Centro de Arbitraje hasta este mes, porque la nueva lista sale la primera semana de marzo. Le puedo decir con absoluta certeza que no ha sido ratificado.
―¿Este tipo de información es la que se valora en los procesos de ratificación?
Lo que hacemos nosotros es revisar todos los años nuestro padrón de árbitros y eso supone hacer una evaluación que incluye conceptos de idoneidad y reputación. El árbitro tiene que ser impecable.
―¿No sería idóneo que las partes también tuvieran alguna instancia de reclamo?
La tienen. Si yo no creo en la imparcialidad de ese árbitro o que tiene una idea preconcebida para favorecer a la otra parte, entonces yo tengo la posibilidad de recusarlo.
―¿Cree que la institucionalidad del arbitraje se ha venido abajo con estas investigaciones?”.
Pedro cierra la revista, con cuidado. En otras ediciones, recuerda, se menciona un estudio jurídico que asesoraba a la Gran Multinacional y llamaba mucho la atención por dos razones: tenía como socio al hijo de un presidente, con el mismo sonoro nombre de su padre; además, designaba continuamente al mismo árbitro, que votaba a favor de la compañía, claro está, el señor Federico Canales, quien según información del Ministerio Público, contaba con 17 denuncias por corrupción real, corrupción activa, corrupción de magistrados, encubrimiento real, abuso de autoridad, falsificación documentaria, desobediencia y resistencia a orden oficial, delito contra la administración pública, fraude procesal, falsedad genérica, etc. El estudio jurídico, por supuesto, salió a negar cualquier vínculo con estos dos sujetos. Pedro lo recordaba bien, no hacía falta desempolvar aquellos papeles.
Como bien dice el conocido refrán, “papel aguanta todo”. Sin una incisiva investigación, las cosas quedarían como chisme de cantina. Así, precisamente, a lo largo de estos años, intercambiando la misma conversación a diestra y siniestra con sus comensales chupísticos, con taxistas, maestros de obra, o con cualquier persona cuyo semblante, o simplemente la intuición, le señalara “esta persona sabe”, se había llegado a enterar de muchas cosas.
De una empresa llamada Transportes Reyes, por ejemplo, que tenía como socio mayoritario al hijo de un gran potentado de la clase política. La jugada consistía en lo siguiente: la Gran Multinacional contrataba a Transportes Reyes para hacer uso de su maquinaria. Le alquilaba, según contrato, 100 tractores, pero en la práctica, fuera del papel, en el plano de lo real, se utilizaban solamente 30. El Estado, comprometido en contrato con la Gran Multinacional, terminaba pagando por el uso de esos 100 tractores… 70 de ellos, pura ilusión. Ambas empresas trabajaban “en pared” y se dividían las ganancias, así de fácil, como hacer la licitación de limpieza pública en algún distrito o provincia, y nunca llevar a cabo en realidad esa limpieza.
Pero, por supuesto, solo se trataría de un chisme de cantina hasta que alguien con la suficiente valentía y poder se atreviera a hacer la acusación frontal. Felizmente, en los últimos meses, las cosas estaban cambiando de manera vertiginosa. Pedro se sentía con muchos ánimos con este cambio de aires, aunque su apasionada indignación renaciera siempre nueva con cada interlocutor, como había sucedido el día anterior.
Rebuscó de nuevo en su cajón, uno de sus recortes más recientes, del periódico considerado el más importante del país. La hermosa noticia data del verano del 2019.
“El fiscal allanó ayer los inmuebles de siete investigados, cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio de Carreteras. La solicitud de allanamiento con incautación se hizo para los inmuebles de 21 investigados por el caso. En total, el requerimiento era para 50 propiedades. Sin embargo, el juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción, declaró infundado el pedido para los inmuebles de 14 de 21 investigados”.
“La pesquisa por este caso se inició luego de conocerse que la Gran Multinacional depositó al árbitro Héctor Céspedes la suma de 435 mil dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra, a través de una empresa ‘offshore’. Céspedes, quien tiene una orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales en total”.
“La ampliación de la pesquisa fiscal fue debido a nuevos indicios, así como la declaración del aspirante a colaborador eficaz 140-GM, quien reveló cómo habría operado esta presunta red”.
Y a continuación, la enumeración de cada uno de los involucrados, con nombre y apellido para vergüenza de sus familias. Pedro paladeaba las consonantes y los vocales de cada nombre como si estuviera probando la miel más deliciosa. Y repitió en voz alta, cual oración sumamente sacra, la frase que coronaba tantos meses de obsesión:
“Todos son investigados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado”.
Definitivamente, las cosas estaban cambiando. Se sentía en el aire la posibilidad de que algo llamado justicia se aproximaba.
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Novela escrita por Gimena María Vartu.
Ilustraciones de Sam Slikar.
Creación, producción y edición de historias: Héctor Pittman Villarreal.