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La carpeta marcada con el post-it rojo

Para desfalcar al Estado con el fraude de los arbitrajes, la Gran Multinacional no solo habría pagado a numerosos árbitros, sino también a funcionarios públicos que aceptaron obviar sus escrúpulos a cambio de miles de dólares. El testimonio del Dr. Héctor Céspedes por fin corroboraba esta hipótesis.

―Tanto el Ministerio de Carreteras como la Gran Multinacional tenían mucha urgencia porque se resuelva este arbitraje de la interoceánica norte.

―Estos fueron los laudos. ―Papeles en mano, el fiscal confrontó las cifras.

―Así es. Se acordó emitir un laudo arbitral parcial por 12 millones 178 mil 335 dólares. Para el laudo final ya no hubo tanta premura y salió diez meses después, por 11 millones 772 mil 470 dólares, más IGV ―prosiguió Céspedes.

―¿Estos montos se acordaron en el restaurante Cuatro Estaciones?

―En el contexto de las tres reuniones que se llevaron a cabo, sí.

El fiscal devolvió el folder manila a la fila de documentos, dispuestos en correctísimo orden sobre la mesa. La carpeta marcada con el post-it rojo continuaba ahí, aún sin abrir. Con mucha paciencia, en completo silencio, la extrajo cuidadosamente. El Dr. Céspedes llegó a observar lo escrito en el lomo: sobrecostos.

―El sobrecosto del tren, uno de los más altos, como usted sabrá, no es, sin embargo, el más alarmante. Las carreteras, en cambio, sí lo son.

El fiscal, folder abierto en mano, alternaba sus ojos desde los números que resaltaban en las hojas, al rostro desconcertado del aspirante a colaborador eficaz, al cual miró fijamente.

―Hablemos de la norte. Solo en la etapa de construcción, 252 millones de dólares pagados de más, es decir, un 98% más de lo contratado en un inicio. Sobre los arbitrajes…

Muchos gastos adicionales, o adendas a los contratos, cuando no superaban los filtros institucionales, eran sometidos a arbitraje.

―Han sido siete los realizados por la norte ―continuó el fiscal―. De los 42 arbitrajes revelados, descubiertos, como usted quiera. Siete de 42. Por esos siete, el país desembolsó en total… 78 millones 747 mil 025 dólares…

El Dr. Céspedes se encontraba visiblemente perturbado.

―Pero me imagino que usted tiene presente todo esto. Como también tiene presente que este arbitraje en el que usted participó ha sido el más “rentable”, por decirlo así, de la norte… ¿estoy en lo correcto?

―Sí, señor fiscal ―respondió Céspedes.

―Ahora dígame, ¿cuánto dinero recibió Carlos Gómez Ross, en ese momento Director de Concesiones del Ministerio de Carreteras, para que los laudos resueltos sean pagados de inmediato, prácticamente sin demora alguna?

―Exactamente no lo sé.

―¿No lo sabe o no se acuerda?

―Nunca lo supe.

―¿No dirá nada más al respecto? ―insistió el fiscal, con expresión acérrima.

―Sospecho que fueron entre 20 mil y 30 mil dólares.

―¿En base a qué?

―A los pagos que se realizaban por la interoceánica sur.

―Volvamos a los arbitrajes de la sur, entonces.

Entre octubre y noviembre del 2012, el Ministerio de Carreteras comenzó a pagar los primeros de los 13 arbitrajes de la interoceánica sur, donde el Dr. Céspedes fungía de árbitro. La Gran Multinacional cumplió: abrió una cuenta en un país extranjero para ir depositándole lo prometido.

―Todo andaba según lo esperado, pero en abril del 2013, uno de esos arbitrajes se iba a ganar por mayoría. Solo dos votos de tres, existía un voto disidente. Me comuniqué con el Gerente General de la Gran Multinacional, por teléfono, me dijo que me esforzara más, que los laudos debían ganarse por unanimidad. Busqué al árbitro con el voto discordante…

―¿Su nombre?

―Renzo Peña Montes. Era el árbitro designado por el Ministerio de Carreteras.

―Iba a votar a favor del Estado.

―Sí.

―Pero usted lo buscó y… continúe.

―Lo convencí de resolver a favor de la Gran Multinacional. ―Fue muy fácil, recordó Céspedes―. Le entregué los 20 mil dólares, de parte de la empresa. Ese fue el primer expediente arbitral por el que se le pagó.

―¿En efectivo?

―Sí. El Gerente General me entregó en efectivo, hasta en tres oportunidades, 20 mil dólares para pagarle personalmente a Peña Montes, por resolver en contra del Estado, en tres expedientes.

―¿Dónde se realizaron los pagos?

―En las oficinas de Peña Montes, a espaldas del hospital Santa Rosa.

―¿Han sido los únicos pagos que usted realizó personalmente?

―No. También le entregué 30 mil dólares a Leo Pérez Ramírez y 20 mil dólares a Leo Prado Navarro. Con el mismo objetivo, resolver a favor de la Gran Multinacional, en otros dos expedientes, en los cuales, recuerdo, mi voto y el de Peña Montes ya estaba asegurado.

El fiscal volvió a las hojas de su carpeta, aquella con el alarmante post-it rojo. La serpiente sur, de lejos, se había convertido en una obra costosísima para el Estado. Mucho más costosa que el tren y que la serpiente norte. El tramo II: 391 millones de dólares de sobrecosto (149% pagados de más). El tramo III: $ 291 millones (74% más del costo inicial contratado). Con respecto a los arbitrajes, los jugosos desembolsos que había ocasionado esta carretera también eran notables. Por los 23 procesos arbitrales perdidos (23 de 42), el Estado tuvo que pagar 121 millones 825 mil 533 dólares. Pero, seguramente, el Dr. Héctor Céspedes, flamante árbitro, conocía de sobra estas cifras.

―Después del primer pago… ―siguió Céspedes―, Peña Montes conoció al Gerente General, con quien empezó a tener relaciones directas. Él fue el nexo para contactar al procurador Jorge Javier Camino, con el fin de que le paguen 20 mil dólares para que no impugne los laudos.

―Por eso usted sospecha que fueron entre 20 mil y 30 mil los pagados a Gómez Ross, en ese entonces Director de Concesiones.

―Exacto. Se le pagaba a uno para acelerar los desembolsos y al otro para que no presente ninguna acción en contra.

La carpeta que el fiscal sostenía entre las manos se cerró y se arrojó sobre los demás documentos. De los 42 arbitrajes, el Estado solo había ganado siete. ¿Y qué fue lo que ganó? Nada. Ni un solo dólar. Solo ganó la oportunidad de no seguir vaciando sus ya alicaídas arcas.

Horas después, al darse por concluido el interrogatorio, se decidió ampliar las investigaciones por 240 días para corroborar las declaraciones del aspirante a colaborador. También se dispuso incluir en el proceso a 19 árbitros legales, 2  funcionarios públicos y 3 ejecutivos de la Gran Multinacional. Al momento de ser notificados y asediados por la prensa, todos negaron los hechos.

 

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Novela escrita por Gimena María Vartu.

Ilustraciones de Sam Slikar.

Creación, producción y edición de historias: Héctor Pittman Villarreal.

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