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Nos están metiendo la rata hace muchos años, y mal

El fiscal escuchaba atentamente al Dr. Héctor Céspedes. Lo medía hasta el último milímetro en el desarrollo de su declaración. Medía cada inflexión de voz, por si asomaban titubeos que enturbiaran la certeza de lo dicho; medía los ojos, cada vez que se mostraban esquivos a sostener una mirada directa y transparente; medía el movimiento del cuerpo para acomodarse mejor dentro de la silla, una y otra vez, con nerviosismo; o las ocasiones en que el árbitro corrupto, sí, corrupto, estiraba el cuello y los hombros para rebajar la tensión. No tenía ningún reparo de calificarlo con todas sus letras. Dentro de un amplio manojo de papeles, mantenía muy cerca al alcance de su mano, un documento. En él, figuraba la cantidad exacta de dinero que el árbitro ―corrupto― había recibido para favorecer a la Gran Multinacional en varios procesos arbitrales: 1 millón 475 mil dólares, depositados en una cuenta de un país extranjero, conocido como paraíso fiscal.

―¡Pero ya no habrá más paraísos para el señor abogado! ―se exasperó un lector muy atento a las noticias, algún tiempo después, cuando la prensa informó estos hechos―. ¡Cómo acariciar una prueba, hermano! Cómo acariciar un papel que es la prueba contundente de que nos están comiendo con zapatos y todo, de que nos están metiendo la rata hace muchos años, y mal. ¿Tú entiendes lo que quiero decir cuando digo que nos están metiendo la rata, verdad? Porque ese millón y medio de dólares de tu amiguito el árbitro, han salido del bolsillo de los ciudadanos de este país, de ningún otro lugar, ¡no han salido de mi bendita madre! ¿Tú sabes cuánta millonada en dólares se llevaron con estos arbitrajes fraudulentos? ¿Sabes cuánto terminó pagando el Estado a la Gran Multinacional porque estos árbitros se convirtieron en sus esbirros? ¡Se tiraron 254 millones de dólares, hermano! Nada menos. Y de ese montonón, lo único que hicieron fue separar sus puchitos para los sobornos. ¡Nosotros hemos terminado pagando incluso los sobornos! Nada menos.

Ni mencionar cuántos hospitales, colegios o programas sociales se pudieron hacer con ese dinero. Y disculpa que te lo diga así, pero no hay otra forma cuando uno se encuentra entre amigos y cervezas discutiendo sobre estas cosas importantes del país, que la prensa, por supuesto, ya se encargó de filtrar. Y en buena hora, ya era momento de que se destape. ¿Sabes que en la ley del arbitraje hay un artículo que prohíbe a los involucrados comunicar cualquier aspecto del proceso en curso? ¡Por eso nunca hemos sabido nada! Ni sobre los árbitros, ni de las obras en cuestión, ni cuál era la controversia sobre el contrato de construcción, y mucho menos la cantidad exigida por la Gran Multinacional como empresa privada que le reclama al Estado. Y mientras tanto todos calladitos: los árbitros, los testigos, las instituciones arbitrales, el secretario, los peritos, las partes, sus representantes o asesores legales. Cualquier persona partícipe de un arbitraje, se mantiene obligada a guardar silencio sobre el proceso. Y cualquier intento de hacer pública la información puede ser sancionado, en algunas instituciones hasta con una multa de 50 UIT. ¿No te parece muy conveniente esta falta de transparencia? La pregunta es, conveniente para quién.

Lo peor, hermano, es que quizá solo estemos ante la punta del iceberg. ¿Cuántas empresas crees que contratan con el Estado? Muchísimas, por supuesto. Pero hablemos solo de las licitaciones más grandes, aquellas que permiten la construcción de carreteras, líneas para trenes, hospitales, colegios, obras de saneamiento, aquellas que involucran millones de dólares. La Gran Multinacional ganó muchas licitaciones millonarias pero no fue la única Gran Empresa en hacerlo. Los arbitrajes fraudulentos que se han destapado se realizaron entre los años 2003 y 2016, y pertenecen únicamente a la Gran Multinacional. ¿Te imaginas cuántos otros procesos arbitrales no se están investigando, de la Gran Multinacional o de alguna otra Gran Empresa? ¿Cuántos se están realizando actualmente a espaldas de la opinión pública? Por eso te digo que nos están metiendo la rata desde hace muchos años. ¿Desde hace cuántos exactamente? Veamos.

Es sabido que los procesos judiciales en este país son un reverendo lastre, no se trata únicamente de los engorrosos papeleos con trámites que toman demasiado tiempo, se trata, sobre todo, del hecho de tener que desembolsar algunos billetes para “aceitar” al secretario, para que priorice nuestro expediente, o inclusive al juez, para que incline su balanza a nuestro favor en la esperada sentencia. Así se agotan las ganas de seguir, se desmoraliza a la gran mayoría de las personas al punto de hacerles sospechar que la justicia en realidad no existe.

Bueno, pues, nuestro siempre estimable Congreso de la República, el año de 1992, creyó hallar la solución, al menos cuando los conflictos se generaban entre privados. Con el Decreto Ley N° 13007, en pleno gobierno de Arturo Fumayoki, se introdujo la figura del arbitraje, creado para resolver “controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, extinguiendo respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse”. En pocas palabras, si entre empresas tienen un problema que resolver, que se vayan al arbitraje para evitar el tedioso juicio.

¡Extraordinario! ¡Qué idea tan brillante! ¡Qué salida tan ideal! ¡Cómo no se nos ocurrió antes! ¡El Estado también debería beneficiarse con este camino rápido, fácil, extraordinario! Sí, hagámoslo. El segundo párrafo del artículo 1° del Decreto Ley N° 13007, establece: “Pueden igualmente someterse a arbitraje, sin necesidad de autorización previa, las pretensiones y controversias referentes a bienes muebles o inmuebles o a obligaciones del Estado y de sus dependencias, de los Gobiernos Central, Regional y Local, y de las demás personas de derecho público, siempre que deriven de una relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual”. A partir de ese momento, si el Estado se involucraba en alguna controversia contractual con un privado, el problemita se podría resolver a través del arbitraje. ¡Enhorabuena!

Pero la cosa no queda ahí. Siendo más exactos y rigurosos todavía, yo diría que desde 1998 nos vienen metiendo la rata, o la yuca, con todas las de la ley. En ese año, aún en el gobierno de Arturo Fumayoki, el arbitraje se volvió obligatorio para el Estado. Se promulgó la Ley N° 17003 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que en la cláusula de su Artículo 41° dice al pie de la letra: “Cuando en la ejecución o interpretación del contrato surja entre las partes una discrepancia, esta será definida mediante el procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo acuerden las partes”. O sea, Estado contrata con empresa, surge controversia, arbitraje obligatorio. Sí, obligatorio. Desde 1998, hasta ahorita. Entonces, hace veinte años, hermano. Veinte años. Pídete dos más, yo pago.

 

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Novela escrita por Gimena María Vartu.

Ilustraciones de Sam Slikar.

Creación, producción y edición de historias: Héctor Pittman Villarreal.

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