Entrevista a Jennifer Charleston

La economista inglesa, Jennifer Charleston, experta de fama mundial en regulación económica y gestión pública, está asombradísima por los sucesos de corrupción que vienen impactando a numerosos países de América Latina. A propósito del tema, conversamos con ella en un cómodo café miraflorino. Esto fue lo que nos dijo.

A la luz del escándalo de corrupción, se han cuestionado mucho los procesos de concesión en Asociaciones Público-Privadas (APPs), cuyo rol es construir y operar proyectos de infraestructura. ¿Qué es lo que hizo mal el Estado?

Para empezar, los países deben recurrir al mecanismo de las APPs con la finalidad de ampliar, con financiamiento privado, la capacidad del Estado para financiar inversiones prioritarias, no como ha sucedido aquí y en otros países latinoamericanos, donde ha sido al revés. Es decir, se ha impulsado APPs para transferir la capacidad financiera del Estado a un grupo privado. Por tanto, los mayores riesgos los ha asumido el Estado y en muchos casos incluso le ha entregado dinero público al privado, por adelantado, lo que significa que esos proyectos hubiesen podido realizarse a través de contrataciones de obra pública directa, lo que hubiera implicado menores costos para el Estado y los usuarios de la infraestructura.

¿Y qué opina del tipo de empresas que salían ganadoras de estas concesiones? ¿Estuvieron bien seleccionadas?

Bueno, ya se sabe que todo estaba concertado para que gane una Gran Multinacional y sus socias aquí en este país. Cada concurso para una concesión tenía nombre propio y mayormente se trataba de empresas constructoras, a las cuales, como es obvio, lo único que les interesa es ganar a corto plazo, en la construcción, sin ninguna vocación por gestionar el servicio durante el plazo que dure la concesión. Lo único que les interesaba era sobredimensionar el diseño de la obra e inflar los costos, con el consentimiento de los funcionarios peruanos encargados, con los que también compartían sus enormes beneficios.

¿Qué puede decir del proceso de concesión en sí? ¿La manera en que se convocó estos procesos fue la mejor?

En estas obras de gran infraestructura existen tres etapas: el expediente técnico, la construcción y la operación. Este último implica mantenimiento de la obra, así como su respectivo uso, cobro de peajes, por ejemplo. Lo correcto y lógico es que los expedientes técnicos sean elaborados con antelación, con estricta rigurosidad, por empresas de ingeniería especialistas, las cuales deben ser absolutamente independientes de los contratistas, o sea, de los constructores en sí de la obra, que también tienen la concesión para la operación.

En este país sucedió algo muy curioso: se entregó la concesión sin estudios ni expedientes técnicos, dándole al mismo contratista la potestad de hacer todo, lo que implica un agudo conflicto de intereses, más aun teniendo en cuenta que el concesionario era una constructora y no una empresa especializada en operar servicios de infraestructura. Una constructora que quiere que toda la ganancia la reciba por delante, cuando lo natural es que, si una concesión dura varias décadas, los retornos se vean a mediano y largo plazo.

Y respecto al contrato de concesión mismo, ¿es usual en otros países que tengan tantas adendas?

En Gran Bretaña y otros países desarrollados los contratos de concesión no contienen adendas; salvo muy raras excepciones. Ello debido a que todas las condiciones y situaciones contingentes de la concesión ya están comprendidas en el contrato, por lo cual las condiciones de los contratos no pueden modificarse a través de adendas.

Es indudable que un país en desarrollo requiere de muchas infraestructuras, lo que no está claro es con qué criterio los gobiernos ponían por delante la prioridad de un proyecto tipo “elefante blanco” como la Carretera Interoceánica del Sur, por donde apenas transita uno que otro vehículo como ánimas solitarias en pena, frente a necesidades urgentes como la nueva Carretera Central, cuya falta ocasiona tantos problemas de congestión e ineficiencias logísticas para una gran cantidad de empresas. ¿Qué puede decirnos al respecto? 

Se nota que en este país no hay un verdadero proceso de priorización de proyectos de infraestructura. Aquí se inventó un concepto de “brecha de infraestructura” que a mi parecer era sobredimensionado para un país en desarrollo; temo que se inventó con tal de justificar la construcción de cualquier obra tipo “elefante blanco”. La priorización de concesiones de infraestructura debe realizarse a partir de un plan de desarrollo territorial, elaborado a conciencia y concertado con todas las regiones. Sólo a partir de dicho plan se puede derivar un Programa de Infraestructura verdadero. En función a la prioridad asignada en dicho programa tendrían que irse preparando los expedientes técnicos y luego los procesos de concesión. Aquí, obviamente, esto no ha sido así.

En lugar de identificar “brechas de infraestructura” teóricas, se debe priorizar los proyectos dentro de los sectores y espacios en función a “brechas de servicios”, educación, salud, vivienda, tomando en cuenta sus niveles de eficiencia, eficacia y economía.

¿Cómo hacer para atraer buenos postores a los concursos o licitaciones de los procesos de concesión? Todo el tiempo participaban los mismos; mayormente empresas extranjeras de reputación dudosa, porque de tiempo atrás ya se sabía que pagaban coimas y ejercían influencia al más alto nivel político.

Las convocatorias deben ser producto de un trabajo riguroso que se hace con mucha antelación, para poder asegurar la mayor concurrencia y competencia entre empresas con buena reputación, solvencia y experiencia. En el tiempo que reinó el monopolio del clan de Empresas Multinacionales y sus Socias Nacionales, las empresas de ingeniería y construcción más reconocidas mundialmente por su transparencia, honestidad y alta tecnología ―provenientes de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Inglaterra u Holanda―, ni siquiera asomaban, porque sabían que aquí no había libre competencia sino arreglo bajo la mesa.

Al desmoronarse ese monopolio, se le presenta a este país la gran oportunidad de atraer a tales empresas. Sin embargo, para ello se les tendría que asegurar reglas de juego transparentes y de libre competencia.

Esas empresas están acostumbradas a trabajar sin subsidios. El otorgamiento de subsidios debe darse sólo en casos excepcionales, debidamente justificados por razones de inclusión social de poblaciones desposeídas, sujetos al cumplimiento de metas de servicios.

Gran Bretaña es un caso de éxito a seguir, por tener la experiencia más rica a nivel mundial en promoción de la inversión a través de asociaciones público privadas. Es un buen ejemplo de buenas prácticas para movilizar inversión, sin feria de adendas, coimas, lobbys, incumplimientos y favoritismos arbitrarios.

¿Algo más que quisiera agregar?

Este país debe evitar que las Grandes Multinacionales sean reemplazadas por otras empresas del mundo con prácticas similares. Debe aprovecharse esta crisis para limpiar el sector de infraestructura de todo asomo de corrupción; un sector que demanda muchos recursos que, bien utilizados y aprovechados, podrían ser claves para que la modernidad y el bienestar estén al alcance de todos, es lo que se quiere en buena cuenta, desarrollo con inclusión social.

Visita nuestro Capítulo 8 (previsto para el 9 de noviembre de 2019).

¿Te perdiste los anteriores capítulos? Visita nuestros Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5 y Capítulo 6.

Novela escrita por Gimena María Vartu.

Ilustraciones de Sam Slikar.

Creación, producción y edición de historias: Héctor Pittman Villarreal.