Trabajo realizado por Mariel Alexandra Alvarado Ponce y Camila Tamara Arenas Valdivia
- Introducción
En el mercado peruano se ha evidenciado un problema recurrente: la tendencia de algunos accionistas a enfocarse en resultados a corto plazo, lo que genera una elevada volatilidad y desestabiliza la planificación estratégica de las empresas. Esta orientación hacia el beneficio inmediato puede obstaculizar el desarrollo sostenible de las sociedades anónimas y limitar la capacidad de las organizaciones para invertir en proyectos de largo plazo.
Ante este escenario, resulta imperativo explorar mecanismos que incentiven la permanencia accionarial y fortalezcan la vinculación a largo plazo entre inversores y empresas. En este contexto, las loyalty shares, o acciones de lealtad, emergen como una herramienta innovadora destinada a mitigar los efectos adversos del corto plazo, al recompensar la fidelidad de los accionistas y promover una visión estratégica orientada al crecimiento sostenible.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar de manera crítica la viabilidad de implementar las acciones de fidelización en el mercado peruano. Se evaluarán tanto los beneficios potenciales como los desafíos inherentes a su adopción, considerando la experiencia acumulada en otros mercados y la particularidad del entorno local.
- Fundamentos teóricos y normativos
2.1. Definición de loyalty shares
Según Bolton y Samama, las loyalty shares o acciones de lealtad tienen como propósito que “la recompensa también puede tomar la forma de un dividendo especial o derechos de voto adicionales. Creemos que una opción de compra (call-option) tiene beneficios adicionales en comparación con un pago de dividendos, pero el punto clave es introducir recompensas para los inversionistas a largo plazo, cualquiera que sea la forma que adopten” (2013, p.10). Esta definición destaca el papel de dichos instrumentos como mecanismos de incentivo para aquellos accionistas que mantienen sus participaciones durante un período determinado. En efecto, los incentivos pueden materializarse en diversas formas, desde dividendos especiales hasta derechos de voto adicionales, lo que refuerza el compromiso de los inversionistas con la visión estratégica de la empresa.
En este sentido, Gutiérrez y Sáez subrayan que “las acciones de lealtad se han propuesto como un mecanismo llamado a limitar, al menos en teoría, las presiones cortoplacistas que el mercado impondría a los directivos de las empresas con capital disperso, cuyo salario y supervivencia están ligados al valor de mercado” (2020, p. 94). Esta perspectiva evidencia que las loyalty shares buscan mitigar uno de los principales problemas en los mercados financieros, es decir, el enfoque excesivo en resultados inmediatos, lo cual puede comprometer el crecimiento sostenible a largo plazo y afectar negativamente la planificación estratégica de las empresas.
Con respecto a su origen, el concepto de acciones de fidelización tiene sus raíces en las legislaciones europeas, especialmente en países como Francia e Italia, donde su utilización ha cobrado relevancia en las últimas dos décadas. En Francia, la “Loi Florange”, aprobada en 2014, introdujo el voto privilegiado de forma automática para los accionistas que mantuvieron sus acciones durante más de dos años, salvo disposición contraria en los estatutos de la empresa. De hecho, Gandía afirma que “tras la aprobación de la conocida como «Loi Florange» en marzo de 2014, el voto privilegiado ha pasado a aplicarse de forma automática en las sociedades cotizadas, salvo disposición contraria en los estatutos” (2016, p. 28). Esta legislación pretende recompensar la lealtad accionarial, fomentando una relación estable y duradera entre inversores y empresas.
Por otro lado, en Italia, el Decreto Competitividad de 2014 permitió a las empresas introducir acciones de fidelización con voto adicional mediante una decisión voluntaria de la asamblea general, adoptando así un enfoque flexible que ha demostrado ser eficaz en la promoción de la estabilidad accionarial. En contraste, en Estados Unidos, empresas tecnológicas como Google y Snap Inc. han implementado estructuras de votación diferenciada para mantener el control en manos de los fundadores, lo cual les permite llevar a cabo estrategias de largo plazo frente a las presiones de accionistas enfocados en el corto plazo.
2.2 Principio de un voto por acción en la legislación peruana
El ordenamiento jurídico peruano, a través de la Ley General de Sociedades (Ley N.° 26887), adopta el principio de proporcionalidad entre la titularidad accionarial y los derechos políticos, más conocido como el principio de “una acción, un voto”. Este principio se fundamenta en la idea de equidad accionarial y en garantizar que el poder en la toma de decisiones se distribuya proporcionalmente al capital invertido.
De hecho, el artículo 95 de la Ley General de Sociedades dispone que las acciones con derecho a voto confieren a su titular derechos esenciales, tales como: participar en el reparto de utilidades y patrimonio neto resultante de la liquidación, intervenir y votar en juntas, fiscalizar la gestión de la sociedad, y tener preferencia en la suscripción de nuevas emisiones, lo que asegura que el poder político se alinee con la participación económica.
Así, este principio asegura que los derechos políticos de los accionistas estén alineados con su participación económica, evitando distorsiones en el ejercicio del poder corporativo.
De acuerdo a Fernández-Chillón, “este principio se orquesta con el fin democrático de permitir a los inversores de una sociedad participar e influir en las decisiones que se toman en la misma en correlación al capital invertido.” (2020, p.8). En otras palabras, este principio garantiza la equidad entre los accionistas, evitando que un inversionista con menor capital ejerza un control desproporcionado sobre las decisiones estratégicas de la sociedad. No obstante, la propia ley peruana contempla ciertas flexibilidades, como la emisión de acciones sin derecho a voto o con voto restringido, lo que abre la puerta a potenciales mecanismos alternativos, como las acciones de lealtad.
Sin embargo, el marco normativo peruano también permite ciertas excepciones. Por ejemplo, el artículo 96 menciona que las acciones sin derecho a voto deben otorgar derechos mínimos, entre los cuales se encuentran: participar en el reparto de utilidades, recibir información periódica sobre la gestión societaria, impugnar acuerdos que lesionen sus derechos y mantener un derecho preferente en aumentos de capital. Esta norma autoriza la emisión de acciones sin derecho a voto o con voto restringido, siempre que se regule en el estatuto de la sociedad.
Dicha flexibilidad autoriza la emisión de acciones sin derecho a voto o con voto restringido, siempre que estas estén debidamente reguladas en el estatuto de la sociedad. Esta flexibilidad podría ser una puerta para la introducción de mecanismos como las acciones de fidelización, que ajustan la proporcionalidad del poder político bajo ciertas condiciones.
2.3. La Ley General de Sociedades (LGS) peruana y las limitaciones para la adopción de nuevas estructuras de voto
La Ley General de Sociedades, es el principal marco normativo para las sociedades anónimas en el Perú. Este cuerpo de normas busca equilibrar los derechos de los accionistas, la estabilidad corporativa y el desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, en ocasiones puede reflejar un enfoque tradicional que prioriza la uniformidad de derechos accionarios y la protección de los accionistas minoritarios.
Este enfoque tradicional se percibe en los artículos 94 y 95 de la Ley General de Sociedades, los cuales regulan las acciones con derecho a voto y sin derecho a voto; sin embargo, no contemplan mecanismos que se adaptan a las dinámicas contemporáneas del mercado internacional, como las acciones de lealtad. Estas últimas permiten otorgar derechos de voto adicionales a los accionistas que mantengan su inversión durante un período prolongado, incentivando el compromiso a largo plazo.
No obstante, el artículo 82 de la Ley General de Sociedades, constituye una barrera normativa para su implementación. Dicho artículo señala que: “Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas en la presente Ley” (1997). Este principio elimina la posibilidad del voto plural, ya sea en su modalidad directa, cuando una acción confiere más de un voto, o la modalidad indirecta, cuando las acciones de menor valor nominal otorgan mayor poder de voto, limitando así la adopción de estructuras innovadoras como las acciones de lealtad.
2.4. Estructura del mercado de capitales peruano y su influencia en la adopción de las acciones de fidelización
La Superintendencia del Mercado de Valores tiene la finalidad velar por los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de los precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y promoción (2016).
El mercado de capitales peruano presenta características estructurales que limitan la adopción de acciones de fidelización. Entre estos, destacan su reducido tamaño, la baja liquidez y la alta concentración de propiedad. Estas particularidades dificultan la creación de un entorno dinámico que fomenta el compromiso a largo plazo entre los inversionistas, esencial para implementar estrategias como las acciones de fidelización (Roselló, 1996, p.3).
En Perú, la alta concentración de propiedad, donde un pequeño grupo de accionistas mayoritarios controla las decisiones estratégicas, representa un desafío para la implementación de estas acciones, diseñadas principalmente para incentivar a una base accionaria más dispersa, característica más común en mercados más desarrollados. Además, la liquidez limitada del mercado impacta negativamente en la percepción de valor de las acciones de fidelización, ya que los inversionistas suelen priorizar estrategias de corto plazo frente a la volatilidad inherente y la falta de incentivos fiscales o regulatorios específicos (Chávez et.al, 2020, p.5).
No obstante, las acciones de fidelización podrían ser relevantes en el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, promoviendo una visión a largo plazo. Para ello, su implementación debería ir acompañada de que impulsen la diversificación de instrumentos financieros, aumenten la transparencia corporativa y simplifiquen las medidas normativas regulatorias. Estas iniciativas serán cruciales para la consolidación de un mercado más robusto y competitivo, capaz de atraer y retener inversión sostenida (Chávez et.al, 2020).
- Loyalty Shares en el Contexto Global
3.1. Comparación con otros modelos legales internacionales que permiten las acciones de lealtad
El modelo internacional de acciones de lealtad presenta diversas aproximaciones legales y resultados según el contexto de cada país. Así, destacan los casos de países como Francia e Italia, que han institucionalizado estas acciones con el objetivo de fomentar la estabilidad accionarial y promover el compromiso de los inversores a largo plazo. Por otro lado, en España se ha discutido la posibilidad de implementar un modelo similar, aunque hasta el momento la propuesta no se ha concretado. Como también en el caso de Estados Unidos. Estas experiencias reflejan la diversidad de desafíos asociados a la adopción de este tipo de instrumentos en distintos sistemas legales y económicos. Por ende, en el siguiente apartado se procederá a analizar las aplicaciones de las loyalty shares en Europa y Estados Unidos.
3.1.1. Las acciones de lealtad en Europa
3.1.1.1. Francia: La ley Florange y sus efectos en el mercado
En el caso de Francia, la Ley Florange de 2014 marcó un punto de inflexión en el mercado de capitales al promover las acciones de lealtad mediante el otorgamiento automático de derechos de voto dobles a los accionistas que mantuvieran sus acciones durante al menos dos (2) años, a menos que las empresas opten explícitamente por no aplicar esta disposición. Este mecanismo tenía como finalidad buscar contrarrestar el corto plazo y fomentar el compromiso de los inversores a largo plazo, con impactos significativos tanto positivos como negativos.
En relación con los principales beneficios en Francia, las empresas que adoptaban las acciones de lealtad mostraron un aumento significativo en sus gastos en investigación y desarrollo, especialmente en sectores tecnológicos. Por ende, este incremento en la inversión a largo plazo se interpretó como una señal de mayor enfoque estratégico y estabilidad corporativa, alineando los intereses de los accionistas con objetivos de largo plazo (Belot et al., 2022). Sin embargo, es importante señalar que no solo existían comentarios positivos, sino también surgieron críticas y riesgos asociados. Por un lado, la implementación de estas acciones produjo una reducción de la propiedad institucional extranjera, lo que podría limitar la diversidad de perspectivas en el control corporativo. Por otro lado, se generaron preocupaciones sobre el fortalecimiento excesivo de los derechos de los accionistas mayoritarios, ya que podría ocasionar que se disminuyera la protección de los accionistas minoritarios y se aumentara los riesgos de extracción de beneficios privados (Belot et al., 2022).
De esta forma, el análisis de los efectos de la Ley Florange reveló una reacción mixta del mercado. Las empresas que adoptaron los derechos de voto dobles registraron reacciones positivas en sus valores bursátiles, mientras que aquellas que optaron por mantener una estructura de voto proporcional experimentaron una respuesta negativa del mercado. Esto sugiere que los inversores valoraron la estabilidad y las oportunidades de supervisión asociadas con las acciones de lealtad, aunque estas ventajas no fueron uniformes en todos los sectores o tipos de empresas.
3.1.1.2. Italia
En Italia, la introducción de las acciones de fidelidad se llevó a cabo mediante el Decreto Competitività de 2014, que representó un cambio significativo en el sistema jurídico italiano al permitir a las empresas emitir acciones con derechos de voto adicionales para los accionistas que mantuvieran sus acciones durante al menos dos (2) años. Este cambio buscaba estimular la cotización de pequeñas y medianas empresas, así como evitar la fuga de grandes corporaciones hacia jurisdicciones con normativas más flexibles, como los Países Bajos, lo cual fue un factor clave en la decisión de Fiat de trasladar su sede social al extranjero poco antes de la reforma. Así, las acciones de fidelidad en Italia permiten aumentar el número de votos por acción hasta un máximo de dos, como condición obligatoria que el accionista haya cumplido con el período de tenencia requerido, inscrito en un registro específico. Así, este mecanismo tiene como objetivo no solo atraer capital extranjero, sino también reforzar el activismo accionarial a largo plazo, promoviendo una mayor estabilidad en la estructura de propiedad de las empresas (Gandía, 2016).
En relación con los efectos positivos, el mecanismo facilitó la inclusión de empresas más pequeñas en los mercados de capitales, permitiendo a sus fundadores retener el control sin necesidad de sacrificar su posición frente a nuevas emisiones de capital. Además, se observará un aumento en la participación activa de accionistas consolidados, lo que contribuyó a la estabilidad y fomentó un enfoque estratégico de largo plazo (Belot et al., 2022). Sin embargo, al igual que el modelo de Francia, también enfrentó críticas. Por un lado, se destacó su potencial para consolidar el poder de los accionistas mayoritarios, reduciendo la capacidad de los minoritarios para influir en las decisiones estratégicas. Además, se argumentó que la reducción de la posibilidad de adquisiciones hostiles podría limitar la competitividad del mercado, disminuyendo el efecto disciplinante que estas tienen sobre la administración corporativa (Gandía, 2016). Así, la disminución de las adquisiciones hostiles, aunque puede ofrecer mayor estabilidad a las empresas, también podría generar un impacto negativo en la competitividad del mercado. Esto se debe a la pérdida del efecto disciplinante que dichas adquisiciones ejercen sobre las administraciones corporativas, lo que podría traducirse en una menor presión para que los administradores actúen en el mejor interés de los accionistas y de la eficiencia empresarial. Finalmente, aunque el Decreto Competitività generó expectativas positivas respecto al desarrollo del mercado italiano, también puso de manifiesto la necesidad de un enfoque equilibrado que combine incentivos para la inversión a largo plazo con medidas de protección para los accionistas minoritarios, asegurando así un entorno competitivo y dinámico.
3.1.1.3. España
Las acciones de fidelidad han sido propuestas en el Anteproyecto de Ley de 2019 que tiene como objetivo principal modificar la Ley de Sociedades de Capital para permitir que las empresas cotizadas puedan otorgar derechos de voto adicionales a los accionistas que mantengan sus títulos durante un período mínimo de dos (2) años. Aunque esta medida se inspira en las experiencias de Francia e Italia, su viabilidad y conveniencia en el contexto español han sido ampliamente cuestionadas.
De hecho, el Gobierno español justificó la adopción de las acciones de lealtad bajo tres premisas fundamentales. En primer lugar, busca fomentar una mayor implicación de los accionistas en el largo plazo, promoviendo la estabilidad accionarial y favoreciendo un enfoque estratégico en las decisiones corporativas. En segundo lugar, se pretende prevenir el fenómeno del cortoplacismo en los mercados de capitales, considerado perjudiciales para el crecimiento sostenible de las empresas. Finalmente, el Ejecutivo busca hacer los mercados de valores españoles más competitivos internacionalmente, atrayendo a inversores con una visión a largo plazo (Gurrea-Martínez, 2019). De esta manera, la adopción de las acciones de lealtad en España se fundamenta en objetivos clave orientados a mejorar la dinámica del mercado de capitales. Estas medidas buscan promover la estabilidad accionarial y un enfoque estratégico de largo plazo, prevenir el cortoplacismo que podría perjudicar el crecimiento sostenible de las empresas, y aumentar la competitividad internacional de los mercados españoles al atraer inversores con perspectivas alineadas con el desarrollo empresarial a largo plazo.
A pesar de los objetivos planteados, esta propuesta recibió diversas críticas. Una de las principales objeciones es la falta de evidencia sobre un problema de cortoplacismo en España. A diferencia de Estados Unidos, donde la dispersión accionarial y la influencia de fondos activistas son relevantes, el mercado español tiene una alta concentración de propiedad, predominando accionistas mayoritarios como familias o el Estado, lo que minimiza las presiones cortoplacistas (Gurrea-Martínez, 2019). Además, las acciones de lealtad podrían aumentar los riesgos para los accionistas minoritarios al duplicar los derechos de voto de los mayoritarios, consolidando su poder y favoreciendo conductas oportunistas, como el túnel. De hecho, España carece de mecanismos legales sólidos, como la representación directa de minoritarios o las acciones colectivas, disponibles en países como Italia o Estados Unidos.
Otro problema es en relación con la limitada efectividad de estas acciones para fomentar la participación de accionistas minoritarios. A pesar de los incentivos de mayor poder de voto, los altos costos de coordinación y la apatía racional de estos inversores dificultan su implicación activa en la gobernanza corporativa, reduciendo así el impacto positivo esperado. De esta forma, desde una perspectiva más amplia, estas acciones podrían reducir la liquidez y transparencia del mercado, haciendo menos atractivas para los inversores internacionales, lo que contradice el objetivo de fortalecer la competitividad. También podrían generar desconfianza por el riesgo de oportunismo de los accionistas mayoritarios (Gurrea-Martínez, 2019). Por consiguiente, esto ha ocasionado que en lugar de adoptar las acciones de lealtad, se han propuesto alternativas más adecuadas al contexto español, como incentivos fiscales para inversores a largo plazo, reformas en la regulación de asesores de voto y la creación de un mercado específico para inversiones sostenibles. Estas opciones abordan de mejor forma los problemas estructurales sin grandes efectos adversos.
3.1.2. Las acciones de lealtad en Estados Unidos
Se tiene visto que las acciones de lealtad (loyalty shares) diseñadas para recompensar la permanencia accionarial mediante beneficios adicionales, como derechos de voto ampliados o dividendos preferenciales, han sido promovidas como una solución para contrarrestar el cortoplacismo corporativo, una tendencia marcada por decisiones empresariales enfocadas en beneficios inmediatos a expensas del crecimiento sostenible. Y, mientras que su adopción en Europa ha sido más estructurada y completa, en Estados Unidos su implementación no es tan clara.
En Estados Unidos, a diferencia de Europa, las acciones de lealtad no están reguladas de manera uniforme. Su implementación se basa en las leyes estatales, siendo Delaware la jurisdicción clave en materia de derecho societario. Se tiene entonces que la Delaware General Corporation Law permite a las empresas incorporar estructuras accionarias personalizadas, incluidas las acciones de lealtad, siempre que se respeten los principios fiduciarios y se garantice la equidad mediante la entire fairness doctrine. En este sentido, se exige que las decisiones corporativas sean justas tanto en su procedimiento como en su resultado, protegiendo así los derechos de los accionistas minoritarios (Fernández-Chillón, 2020).
Por otro lado, las normas de las bolsas de valores, como la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el NASDAQ, limitan la emisión de acciones con derechos de voto diferenciados si estas no se establecen al momento de la oferta pública inicial. Este enfoque refleja una preferencia histórica por el principio de proporcionalidad (“una acción, un voto”), que ha sido un pilar del modelo corporativo. Sin embargo, la creciente presión para encontrar soluciones que favorezcan la sostenibilidad empresarial ha llevado a reconsiderar estas restricciones en ciertos casos, especialmente en empresas tecnológicas y emergentes (Roe & Venezze, 2021).
Asimismo, uno de los principales impulsores de esta idea es la Bolsa de Valores a Largo Plazo (Long-Term Stock Exchange, LTSE), propuesta en Silicon Valley. Este proyecto busca crear un mercado bursátil que facilite el uso de acciones de lealtad para empresas innovadoras y tecnológicas, alentando la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo (Roe & Venezze, 2021). Sin embargo, se tiene que esta iniciativa enfrenta una fuerte oposición de los inversores institucionales, quienes argumentan que las acciones con derechos de voto diferenciados pueden distorsionar el balance de poder entre accionistas y perjudicar la transparencia del mercado.
- Impactos desfavorables
Aunque las acciones de lealtad han sido promovidas como un mecanismo innovador para fomentar la estabilidad y la visión a largo plazo en las empresas, también presentan una serie de desafíos y efectos adversos que pueden comprometer su eficacia y equidad.
En este sentido, analizaremos los principales impactos desfavorables asociados a este instrumento, centrándose en cómo puede alterar principios fundamentales del gobierno corporativo y afectar la dinámica de los mercados financieros.
4.1. Acciones de lealtad y principio de proporcionalidad e igualdad de trato
En principio, se sostiene que el modelo de un voto por acción asegura que los derechos de los accionistas estén directamente relacionados con su aporte de capital, lo cual se percibe como justo y equitativo en las democracias corporativas. Sin embargo, las acciones de lealtad, al otorgar votos adicionales a quienes mantienen sus acciones por un período prolongado, alteran dicha proporcionalidad al privilegiar la permanencia sobre el monto invertido. Esto genera desigualdades entre accionistas con igual inversión y puede provocar conflictos que afectan la percepción de justicia en la toma de decisiones corporativas.
Además, como indican Gutiérrez y Sáez, “en realidad, las acciones de lealtad se utilizan en la práctica con otros fines. El primero es como mecanismo para abaratar el control que los accionistas significativos ejercen en muchas empresas cotizadas de propiedad concentrada” (2020, p. 94). Esta afirmación evidencia que, en contextos como el peruano, este mecanismo puede perpetuar la concentración de poder.
La situación se agrava en el mercado peruano, caracterizado por la concentración del control en grupos familiares o corporativos específicos. Estudios empíricos han demostrado que, en el Perú, el 82.4% de las empresas analizadas presentan estructuras accionarias concentradas, en las cuales un único propietario controla más del 66.6% del total de las acciones (Jiménez Chocano, 2016, p. 78). Este alto grado de concentración significa que, al otorgar derechos de voto adicionales a los accionistas leales, las acciones de lealtad podrían reforzar aún más el poder de los grupos dominantes, consolidando su control sobre las decisiones estratégicas de la empresa.
Asimismo, en un mercado donde las decisiones suelen estar en manos de un grupo reducido de accionistas, la implementación de las acciones de lealtad podría incentivar prácticas que perpetúen esta situación, dificultando la entrada de nuevos inversionistas o la diversificación de la estructura societaria. Esto afecta no solo la equidad y la transparencia, sino también la competitividad del mercado, ya que los accionistas minoritarios se verían limitados en su capacidad de influencia frente a los mayoritarios.
Ahora bien, considerando que la Ley General de Sociedades (LGS) establece el principio de proporcionalidad como un estándar fundamental para la distribución de derechos políticos, la implementación de acciones de lealtad en el contexto peruano requeriría una reforma legislativa significativa, tema que se abordará en la sección final de este ensayo.
4.2. Acciones de lealtad y derecho de separación del socio
Se tiene que el derecho de separación del socio actúa como una herramienta para proteger a los accionistas frente a decisiones que alteren significativamente sus derechos o la naturaleza de la sociedad. Los accionistas tienen derecho a separarse de la sociedad cuando se implementan cambios estructurales o estatutarios que afectan de manera directa sus derechos fundamentales. En este sentido, la creación de acciones de lealtad puede considerarse una alteración sustancial del estatuto social, ya que introduce un mecanismo que altera el equilibrio de poder dentro de la empresa y afecta los derechos de voto. Por ejemplo, en el caso de sociedades que optan por introducir este tipo de acciones, los accionistas que no deseen someterse a este cambio podrían optar por ejercer su derecho de separación; sin embargo, esto podría generar incertidumbre para la empresa, ya que podría enfrentar una salida significativa de capital, comprometiendo su estabilidad financiera.
Incluso, en un mercado como el peruano, donde la capacidad de los minoritarios para movilizarse y ejercer sus derechos es limitada, es posible que este derecho no sea ejercido de manera efectiva, dejándolos atrapados en un sistema que beneficia principalmente a los mayoritarios. De hecho, Gutiérrez y Sáez mencionan que “si se permite que sociedades cotizadas puedan cambiar sus estatutos para emitir acciones de lealtad, los accionistas minoritarios sin poder de voto quedarán en buena medida a expensas de lo que decidan los socios de control que ya existan” (2020, p. 102). Se sostiene entonces que el derecho de separación, si bien teóricamente disponible, puede no ser suficiente para proteger los intereses de los minoritarios, y, de hecho, estos podrían enfrentar dificultades para vender sus acciones a un precio justo, lo que les impediría desvincularse de la sociedad, en el marco de que no estén de acuerdo con la implementación de las acciones de lealtad.
Asimismo, como vimos, los accionistas minoritarios pueden percibir esta medida como una maniobra para consolidar el poder de los mayoritarios, especialmente en contextos donde el control corporativo ya está concentrado, como en el Perú. Resaltamos que esto podría desincentivar su participación o fomentar una salida masiva del capital minoritario, lo que impactaría negativamente la diversidad y la sostenibilidad de la estructura de accionistas
4.3. Impacto en la liquidez y la volatilidad del mercado de capitales
Uno de los principales objetivos de las acciones de lealtad es fomentar una mayor estabilidad y un enfoque a largo plazo en el mercado de capitales, tal como señala Gandía al mencionar que “la concentración del poder en manos de un solo accionista o de un grupo minoritario dota a la estructura accionarial de una mayor estabilidad, lo que permite a los administradores concentrarse en maximizar el valor de la empresa a largo plazo. Precisamente esto último, la estabilidad en la gestión y la creación de valor sostenida en el tiempo, es lo que persiguen las “loyalty shares” (2016, p. 9). Sin embargo, se sostiene que este mecanismo también puede tener efectos adversos en términos de liquidez y volatilidad. La introducción de acciones de lealtad puede desalentar la compraventa frecuente de acciones en el mercado, ya que los inversores que buscan beneficiarse de los derechos adicionales de voto estarán menos inclinados a vender. Si bien esto puede parecer positivo desde una perspectiva de estabilidad, también reduce la liquidez del mercado, lo que puede dificultar la entrada y salida de inversores y limitar la capacidad de las empresas para atraer capital. De hecho, es importante también mencionar que esto afectaría la competitividad del mercado de valores peruano frente a otras plazas financieras más dinámicas.
Entonces, en un mercado concentrado como el peruano, donde la liquidez de las acciones ya es limitada debido a la escasa rotación de capital y la alta dependencia de un reducido número de emisores, la introducción de las acciones de lealtad podría exacerbar esta situación. Este mecanismo, que incentiva a los accionistas a mantener sus participaciones por períodos prolongados a cambio de derechos de voto adicionales, reduce aún más la cantidad de acciones disponibles para ser negociadas en el mercado secundario. Esto nos da como resultado una disminución de la actividad del mercado, dificultando la entrada de nuevos inversores y desincentivando la participación de minoritarios, quienes ya enfrentan barreras significativas en términos de acceso y gobernanza, como se viene argumentando. Además, ello también refuerza el que los accionistas mayoritarios tiendan a beneficiarse de este esquema consolidando su poder, lo que perpetúa la concentración del control y refuerza las desigualdades existentes. Ello, lo reafirma Vera, cuando reconoce que “uno de los riesgos de estas políticas es la posibilidad de que su configuración fortalezca la posición de los socios mayoritarios en perjuicio del resto” (2020, p. 60). Entonces, como resultado, la falta de liquidez y la percepción de un mercado menos equitativo pueden alejar tanto a inversores locales como extranjeros, debilitando el dinamismo y la competitividad del mercado de valores peruano.
Ahora, paradójicamente, las acciones de lealtad también pueden aumentar la volatilidad del mercado en el corto plazo. Si los inversores perciben que este mecanismo genera desigualdad entre accionistas o beneficia exclusivamente a ciertos grupos, esto puede llevar a una caída en la confianza del mercado, lo que se traduce en fluctuaciones bruscas en los precios de las acciones. Ello se sustenta en que la percepción de que el mercado favorece a los grandes accionistas puede desincentivar la entrada de nuevos participantes, tanto locales como extranjeros, lo que aumenta la concentración de capital en un grupo reducido de actores y hace que las fluctuaciones en sus decisiones de inversión tengan un impacto desproporcionado en los precios de las acciones, incrementando la volatilidad.
- Beneficios de las acciones de lealtad
En un entorno empresarial donde las decisiones suelen estar influenciadas por el cortoplacismo, las acciones de lealtad o loyalty shares emergen como un mecanismo innovador para promover la estabilidad accionarial y la sostenibilidad empresarial. Estas acciones, diseñadas para incentivar la permanencia de los accionistas a largo plazo, no solo representan un cambio estratégico en el ámbito financiero, sino que también buscan equilibrar los intereses de los inversores y las empresas, fomentando un crecimiento más sólido y equilibrado.
En este sentido, exploraremos los principales beneficios asociados a las acciones de lealtad, destacando su capacidad para impulsar la inversión a largo plazo, estabilizar el gobierno corporativo y fortalecer el compromiso de los accionistas.
5.1. Incentivo a la inversión a largo plazo
El objetivo fundamental de las acciones de lealtad, también conocidas como loyalty shares, se centra en contrarrestar el cortoplacismo y promover la generación de valor a largo plazo en las empresas (Garcia – Moreno, 2020, p. 32). Este mecanismo genera incentivos para que los accionistas mantengan sus inversiones durante períodos prolongados, otorgando privilegios específicos una vez cumplido el período de lealtad establecido. Dicho enfoque favorece el respaldo a proyectos sostenibles y políticas orientadas al largo plazo, priorizando el interés social y la estabilidad empresarial.
Desde el ámbito financiero, las acciones de lealtad facilitan la captación de nuevos recursos económicos mediante la oferta de un instrumento con características innovadoras que amplían las alternativas de inversión disponibles en el mercado. Adicionalmente, estas acciones promueven la cotización bursátil de empresas con potencial de crecimiento, permitiendo que los fundadores conserven el control y aseguren la estabilidad en la gestión (Villarcorta, 2022, p. 67). Como consecuencia, se observa una reducción en la volatilidad de los precios accionarios, contribuyendo a una mayor estabilidad en los mercados bursátiles. De hecho, de acuerdo a la jurisprudencia española, a través del preámbulo de la Ley 5/2021, se establece que la finalidad de esta normativa es mitigar los efectos adversos derivados de la menor permanencia de los accionistas en el capital, fomentando la estabilidad del accionariado y la implementación de políticas empresariales orientadas al largo plazo (Villarcorta, 2022, p. 66). Así, dicha ley refleja un esfuerzo legislativo por contrarrestar la volatilidad del accionariado y promover una visión empresarial más sostenible. Al priorizar la estabilidad y las estrategias a largo plazo, se busca garantizar un entorno corporativo que favorezca tanto el desarrollo empresarial como el interés de los accionistas comprometidos.
5.2. Estabilidad en el gobierno corporativo
Las acciones de lealtad fomentan la consolidación de una estructura societaria estable al garantizar una mayor permanencia del accionariado. Esto reduce la volatilidad del mercado, previene cambios bruscos en la propiedad y refuerza la continuidad de la empresa (Villarcorta, 2022, p. 66). Así, este mecanismo también ayuda a estabilizar el precio por acción y contribuye al funcionamiento eficiente del mercado financiero.
Ahora bien, desde un punto de vista estratégico, estas acciones son útiles para proteger el gobierno corporativo frente a inversores extranjeros y para que los accionistas de control refuercen su posición sin coste adicional, como lo permiten las legislaciones francesa e italiana (Villarcorta, 2022, p.66). De esta manera, cuentan con el respaldo del Estado, ya que bajo este mecanismo se puede ayudar a evitar la fuga de grandes grupos empresariales del país. Finalmente, promueven la competencia entre bolsas de valores, al facilitar instrumentos similares ya existentes en otros mercados.
5.3. Fortalecimiento del compromiso de los accionistas leales
La base de las acciones de lealtad se encuentra en la idea de que los accionistas leales obtengan mayores derechos de voto y peso en las decisiones estratégicas de la empresa. Por consiguiente, este privilegio no tiene valor económico transferible y se pierde al vender las acciones, lo que garantiza el compromiso de los accionistas con la visión a largo plazo de la empresa. Así, este sistema fomenta la participación activa de los accionistas en la toma de decisiones y en la supervisión de los administradores, lo que reduce los costos de agencia. (Garcia – Moreno, 2020, p.32). También incentiva a los accionistas pasivos a involucrarse más profundamente en los asuntos de la empresa, contribuyendo a un gobierno corporativo más efectivo y transparente. En consecuencia, facilita el cumplimiento del derecho de información y garantiza que los titulares estén mejor informados para participar en las juntas. De esta manera, este compromiso fortalece la estabilidad del accionariado y fomenta un modelo de gobernanza que prioriza los intereses sociales y empresariales a largo plazo.
- Viabilidad de implementación en el mercado peruano.
6.1. ¿Es posible modificar el marco legal para introducir las acciones de fidelización?
El mercado de capitales peruano presenta características que dificultan la implementación de las acciones de lealtad debido a que a diferencia de otros mercados, en Perú la estructura del mercado no demuestra una necesidad urgente de este mecanismo, tal y como se vio en España. Más bien, su implementación podría generar efectos adversos, consolidando el poder de grupos mayoritarios y reduciendo la competitividad del mercado.
Uno de los principales problemas radica en que el mercado peruano ya enfrenta una alta concentración de propiedad, lo que limita la influencia de los accionistas minoritarios, la introducción de acciones de lealtad podría exacerbar esta situación, permitiendo que ciertos grupos retengan el control de las empresas sin necesidad de adquirir más capital; es por ello que esto podría afectar la equidad en la toma de decisiones y desincentivar la inversión de nuevos actores en el mercado.
Sin embargo, en caso se determine que la implementación podría ser factible, se realizaria bajo la formulación de un proyecto de ley que proponga la modificación del artículo 82 de la Ley General de Sociedades, cuyo texto actual establece:
Artículo 82.- Definición de acción
Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas en la presente Ley. (El resaltado es nuestro).
El citado artículo establece que cada acción otorga derecho a un voto; en consecuencia, la implementación de las acciones de fidelización no sería viable bajo la actual redacción del artículo 82, siendo necesaria la modificación del precepto que establece el “derecho a un voto”. Esta modificación se justifica en tanto las acciones de fidelización tienen como objetivo otorgar al accionista derechos de voto adicionales en reconocimiento a su lealtad hacia la sociedad anónima.
Ahora bien, también podría considerarse la implementación del voto plural como alternativa a las acciones de lealtad; sin embargo, existe una distinción conceptual, cuyas diferencias específicas serán abordadas en el siguiente apartado.
6.2. Comparación entre las acciones de lealtad y el voto plural
La comparación entre las acciones de lealtad y las acciones de voto plural merece un análisis detallado en el contexto de su implementación en las sociedades anónimas, considerando tanto sus similitudes como sus diferencias fundamentales.
En cuanto a las similitudes, se debe señalar que ambas modalidades constituyen una excepción al principio de proporcionalidad, alterando la relación tradicional entre el valor nominal y el derecho a voto, lo cual resulta en una asignación diferenciada de derechos para determinados accionistas. Las acciones de voto plural otorgan una mayor cantidad de votos por acción, mientras que las acciones de lealtad reconocen la permanencia del accionista mediante la concesión de derechos adicionales, incluyendo el voto doble (Ramos, 2023, p. 209). Es relevante destacar que ambas figuras encuentran su justificación en su capacidad para proporcionar estabilidad en la administración societaria y ofrecer protección a la dirección frente a inversores externos con limitado compromiso empresarial.
Respecto a las diferencias, se pueden identificar tres aspectos fundamentales. En primer término, las acciones de voto plural establecen una desproporción basada específicamente en el derecho político del voto, permitiendo a ciertos accionistas ejercer una mayor cantidad de votos por acción (Ramos, 2023, p. 210). En segundo lugar, se observa que las acciones de lealtad están específicamente diseñadas para promover vínculos duraderos entre los accionistas y la sociedad, desalentando indirectamente las prácticas cortoplacistas. Por el contrario, las acciones de voto plural se orientan hacia el control inmediato, sin necesariamente incentivar la permanencia, lo cual puede derivar en un dominio prolongado por parte de determinados grupos accionarios (Ramos, 2023, p. 210). Finalmente, cabe señalar que el voto plural presenta una mayor susceptibilidad al abuso, puesto que permite la consolidación de un control excesivo sin requerir un incremento proporcional en la inversión de capital, lo cual podría conducir a situaciones de feudalismo financiero (Ramos, 2023, p. 211). En contraposición, las acciones de lealtad, si bien también alteran la proporcionalidad, vinculan los derechos adicionales a criterios de lealtad y permanencia, constituyendo así un incentivo más equilibrado y menos arbitrario.
Se puede concluir que, mientras las acciones de lealtad se orientan hacia la promoción del compromiso accionarial a largo plazo, las acciones de voto plural, aunque pueden resultar útiles en determinados contextos, generan mayor controversia debido a su potencial para alterar significativamente la democracia societaria.
6.3. Evaluación crítica y propuesta sobre la implementación de las loyalty shares en el Perú
A partir del análisis realizado, consideramos que la implementación de las acciones de lealtad en el Perú no es recomendable, ya que a diferencia de otros países donde este mecanismo ha sido promovido como una herramienta para fortalecer la estabilidad accionarial, en el caso peruano no se ha identificado una necesidad estructural que justifique su adopción.
Uno de los principales problemas radica en que el mercado de capitales peruano ya enfrenta una alta concentración de propiedad, lo que limita la influencia de los accionistas minoritarios. La introducción de acciones de lealtad podría exacerbar esta situación, permitiendo que ciertos grupos retengan el control de las empresas sin necesidad de adquirir más capital, lo cual afectaría la equidad en la toma de decisiones y desincentivaría la inversión de nuevos actores en el mercado. Por otro lado, la baja liquidez del mercado de valores en el país podría verse aún más afectada debido a que las acciones de lealtad, al incentivar la permanencia de los accionistas, reducirían la rotación de títulos, dificultando la formación eficiente de precios y limitando la participación de inversionistas institucionales y extranjeros, esto haría menos competitivo el mercado frente a otros países de la región.
Además, es necesario mencionar que el Anteproyecto de la Ley General de Sociedades no hace mención alguna a las Loyalty Shares ni a mecanismos similares, lo que refuerza la idea de que no existe una urgencia regulatoria para su implementación, cualquier modificación legislativa en este sentido no respondería a una necesidad real del mercado peruano y podría generar efectos negativos en la estructura accionarial de las empresas.
Desde una perspectiva jurídica, la modificación del artículo 82 de la Ley General de Sociedades no solo implicaría un cambio en la estructura de derechos de voto, sino que también abriría la puerta a posibles conflictos entre accionistas, dado que se establecería un trato preferencial para ciertos grupos en detrimento de otros, esto podría derivar en litigios corporativos y afectar la confianza de los inversionistas en el mercado peruano. A nivel internacional, España ha rechazado la implementación de las Loyalty Shares debido a la falta de evidencia sobre sus beneficios reales en mercados con características similares al peruano. En países donde se han adoptado, como Francia e Italia, la medida ha sido justificada en función de mercados más desarrollados y con dinámicas de inversión distintas; en contraste, en el Perú, donde predominan empresas con estructuras de propiedad altamente concentradas, este tipo de mecanismo podría consolidar aún más el poder de los accionistas mayoritarios.
Otra preocupación radica en la falta de supervisión clara sobre este tipo de acciones, ya que si bien la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es la entidad encargada de regular y supervisar los mercados de valores en Perú, la introducción de un nuevo esquema de derechos accionarios requeriría un marco regulatorio adicional que asegure transparencia y equidad en su aplicación. Si no se cuenta con una regulación efectiva, las loyalty shares podrían convertirse en un instrumento de control indebido en lugar de un incentivo legítimo para la inversión a largo plazo.
En lugar de promover una reforma para introducir acciones de lealtad, consideramos que es más adecuado fortalecer los mecanismos de protección a los accionistas minoritarios, mejorar la regulación del gobierno corporativo y fomentar la liquidez del mercado mediante incentivos para inversiones a largo plazo. Entre las medidas alternativas, se podrían considerar la creación de incentivos fiscales para inversores que mantengan sus participaciones por un período prolongado o el establecimiento de reglas más estrictas sobre transparencia en la toma de decisiones corporativas.
Finalmente, desde una perspectiva económica, la implementación de Loyalty Shares podría generar una distorsión en el mercado, alterando los principios de oferta y demanda de acciones, la asignación de derechos de voto adicionales podría afectar la competitividad de las empresas peruanas en los mercados internacionales y reducir el atractivo de la Bolsa de Valores de Lima para inversionistas extranjeros. Esto contrasta con el objetivo de dinamizar el mercado y hacerlo más atractivo para nuevas inversiones.
- Conclusiones
El estudio sobre la viabilidad de las loyalty shares en el mercado peruano ha abordado diversos aspectos fundamentales, desde su concepto teórico hasta su impacto en el sistema normativo y financiero del país.
En términos generales, estas acciones buscan fomentar la inversión a largo plazo al otorgar beneficios adicionales a los accionistas que mantengan sus títulos durante un período determinado; no obstante, al analizar su aplicación en el contexto peruano, se han identificado obstáculos legales, económicos y estructurales que hacen que su implementación sea poco recomendable, la experiencia internacional, mencionada anteriormente como Italia, Francia y España, ha demostrado que los efectos de este mecanismo dependen de la realidad de cada mercado, por lo que replicar modelos de otros países sin una evaluación adecuada podría generar consecuencias negativas en la dinámica accionarial y en la competitividad del mercado bursátil nacional.
Desde un punto de vista normativo, el marco legal peruano impone barreras significativas para la introducción de las loyalty shares, la Ley General de Sociedades establece el principio de proporcionalidad entre la titularidad accionarial y los derechos políticos, lo que impide la existencia de esquemas de voto privilegiado. Si bien es cierto que este principio busca garantizar la equidad entre los inversionistas, asegurando que el poder en la toma de decisiones se distribuya en función de la participación accionarial; podrá la implementación de las loyalty shares en el contexto peruano es necesario modificar el artículo 82 de dicha ley, lo cual podría generar controversias y afectar la seguridad jurídica del mercado de valores. Además, esta reforma podría generar un conflicto entre los accionistas minoritarios y los mayoritarios, ya que modificar las reglas de participación accionarial sin un consenso claro podría incrementar la incertidumbre y la desconfianza en el mercado.
El análisis del impacto de las loyalty shares en la estructura del mercado de capitales peruano evidencia otro problema relevante, en el Perú, la propiedad accionarial está altamente concentrada en pocos grupos económicos, lo que significa que este tipo de acciones podría fortalecer aún más el control de los mayoritarios y limitar la capacidad de influencia de los inversionistas minoritarios. A diferencia de mercados con una dispersión accionarial más amplia, donde las loyalty shares pueden incentivar la permanencia de inversionistas institucionales y pequeños accionistas, en el Perú este mecanismo podría consolidar una estructura de poder desigual, esto afectaría la equidad en la toma de decisiones corporativas y reduciría el atractivo del mercado para nuevos inversionistas, al generar la percepción de que ciertos accionistas cuentan con ventajas estructurales frente al resto.
En términos de liquidez y competitividad del mercado de valores, la implementación de las loyalty shares podría representar un riesgo significativo debido a que actualmente, la Bolsa de Valores de Lima enfrenta problemas de baja liquidez, con un volumen reducido de negociación en comparación con otros mercados de la región, debido a lo cual al incentivar la permanencia de los accionistas, las loyalty shares disminuirían la cantidad de acciones disponibles en el mercado, lo que podría afectar la formación eficiente de precios y dificultar la entrada y salida de inversionistas. En consecuencia, el mercado peruano podría volverse menos atractivo para inversionistas extranjeros, quienes suelen buscar entornos dinámicos con alta liquidez y la reducción en la rotación de acciones también podría generar una mayor volatilidad en el corto plazo, ya que cualquier cambio en las decisiones de los grandes inversionistas tendría un impacto desproporcionado en los precios del mercado.
La comparación con modelos internacionales ha permitido evaluar los efectos de las loyalty shares en distintos contextos económicos y regulatorios; por ejemplo en Francia, la Ley Florange ha otorgado derechos de voto adicionales a los accionistas de largo plazo, con el objetivo de fomentar la estabilidad accionarial, si bien este modelo ha incentivado la inversión en proyectos a largo plazo, también ha generado críticas relacionadas con la reducción de la influencia de los inversionistas minoritarios. Por otro lado, en Italia, el Decreto Competitividad de 2014 permitió la implementación de las loyalty shares con una estructura flexible, pero su impacto ha sido mixto, con beneficios para la estabilidad corporativa, pero con riesgos asociados a la concentración de poder. Mientras que en España, el debate sobre las loyalty shares ha sido intenso, y finalmente se ha optado por no implementarlas debido a la falta de evidencia sobre su efectividad en un mercado con alta concentración accionarial, estas experiencias reflejan que, aunque las loyalty shares pueden ser una herramienta útil en ciertos escenarios, su impacto depende en gran medida de las condiciones específicas del mercado. En el caso del Perú, la similitud con la estructura accionarial española sugiere que la adopción de este mecanismo podría generar más problemas que beneficios.
Otro aspecto relevante en el análisis de las loyalty shares es su impacto en el gobierno corporativo y la proporcionalidad en la toma de decisiones, ya que en un sistema basado en el principio de un voto por acción, la introducción de mecanismos que otorgan derechos adicionales a ciertos accionistas altera la equidad en la gobernanza corporativa. Si bien las loyalty shares buscan incentivar la inversión a largo plazo, en mercados como el peruano podrían derivar en una concentración de poder que limite la participación de otros accionistas, la alteración del equilibrio de poder podría generar conflictos entre grupos de inversores y afectar la percepción de justicia en el sistema corporativo. En tanto que la estabilidad del gobierno corporativo depende de la confianza de los accionistas en un sistema equitativo y transparente, y cualquier medida que favorezca a un grupo sobre otro sin una justificación clara puede generar desconfianza y afectar la reputación del mercado bursátil.
Asimismo, la implementación de las loyalty shares en el Perú podría generar tensiones con el derecho de separación del socio, en muchos sistemas jurídicos, los accionistas tienen la posibilidad de retirarse de la empresa cuando se realizan cambios sustanciales en la estructura de gobierno corporativo. La introducción de las loyalty shares podría ser considerada una modificación estructural significativa, lo que llevaría a algunos accionistas a ejercer su derecho de separación; sin embargo, en un mercado con baja liquidez, el ejercicio de este derecho podría generar una presión adicional sobre el mercado de valores, afectando la estabilidad financiera de las empresas. Además, en un entorno donde los accionistas mayoritarios ya tienen un control significativo, la posibilidad de salida de los minoritarios podría consolidar aún más la concentración de poder, reduciendo la diversidad accionarial y afectando la competitividad del mercado.
Desde una perspectiva económica, la implementación de las loyalty shares podría generar distorsiones en el mercado, alterando la asignación de derechos de voto y afectando la dinámica de oferta y demanda de acciones, se estaría hablando de un mercado altamente concentrado, cualquier medida que favorezca a los accionistas de mayor participación sin incentivar la entrada de nuevos inversionistas puede generar un efecto negativo en la competitividad del sector. La Bolsa de Valores de Lima ya enfrenta dificultades para atraer capital extranjero, y la introducción de un sistema que pueda ser percibido como una barrera para la entrada de nuevos participantes podría reducir aún más su atractivo; por lo que, la estabilidad y el crecimiento del mercado peruano no dependen exclusivamente de la implementación de nuevos mecanismos de participación, sino de la generación de condiciones que permitan una mayor confianza en el mercado y la reducción de la concentración accionarial.
En conclusión, si bien las loyalty shares pueden ser una herramienta efectiva en ciertos mercados, su implementación en el Perú presenta desafíos significativos que hacen que su adopción no sea recomendable en el corto o mediano plazo, debido a que la estructura del mercado de valores peruano, caracterizada por una alta concentración accionarial y baja liquidez, sugiere que este mecanismo podría generar más problemas que beneficios. Asimismo, la evidencia internacional muestra que los efectos de las loyalty shares varían según el contexto, y en mercados similares al peruano se han identificado riesgos que superan sus potenciales ventajas. Por ello, en lugar de promover este modelo, sería más conveniente fortalecer la regulación del gobierno corporativo, fomentar incentivos fiscales para la inversión a largo plazo y mejorar la transparencia en la toma de decisiones empresariales, la estabilidad del mercado peruano debe basarse en reformas estructurales que fortalezcan la participación de los inversionistas y generen un entorno más competitivo y equitativo.
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