ALGUNAS LECCIONES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Terminada la primera vuelta varias lecciones podemos observar de este proceso que concluyó el 10 de abril.

En primer lugar, el ejercicio de la política partidaria se encuentra centrado en las figuras y el caudillo que conduce la organización, antes que en su propia institucionalidad, sus estatutos y su plan o programas de gobierno, y su vida interna. Si los partidos políticos tuvieran alguna sanción o pudieran perder la inscripción por no tener vida partidaria comprobada, serían muy pocos los partidos que hubieran participado en las última elecciones. Los 60 comités provinciales que la Ley de Partidos Políticos a todas las organizaciones qyue quieran inscribirse es mpas un acto formal, que real. Por lo que la web soporta todo, y pueden ser nombres individuales que figuran en alguna página informática partidaria, pero que no constituye actividad partidaria alguna. Sólo se reavivan para épocas electorales, y sobre todo presidenciales, porque está comprobado que los llamados partidos nacionales, no participan de la fiesta electoral a nivel municipal y regional.

Fortalecer la democracia y la representación política pasa por reformar la institucionalidad partidaria en cuanto a la elecciones internas, su permaente actividad en la vida política del país y la formación de cuadros. Por cuando se habla de financiar la democracia, no sólo deben ser las campañas electorales, sino la vida política misma.

Una segunda lección, que se puede sacar, es que no es cierto aquello de que los técnicos no pueden hacer una buena perfomance electoral. PPK y su campaña es una muestra clara de ello. Siempre se ha dicho que los técnicos tienen poco reflejo político y calle para afrontar las pullas electorales. La realidad ha demostrado otra cosa. Incluso que los favoritos para ganar la elección, tienen menos cintura para afrontar una campaña. PPK, al parecer escucho la asesoría política y no sólo de marketing electoral. Es decir pareció menos soberbio en lo que tenía que hacer y decir.

Una tercera lección es que algunos perdieron soga y cabra por no saber decidir bien las alianzas políticas. Solidaridad NAcional perdió la oportunidad de intenar con PPK un potencial triunfo que pudo significar conseguir una mejor presencia política en el balane final. Igual le ha pasado a Fuerza Social por su negativa de no ir como aliado de Perú Posible.

Pero la principal leccióna reflexionar es el avance significativo que el fujimorismo ha logrado en estas elecciones, diez años después de la huida de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Ya paso el duelo n de la corrupción para un sector importante de peruanos o es que la democracia, sus actores e instituciones, han tenido otro tipo de prioridades, por lo que propuestas centradas en la reivindicación del gobierno de la década del 90, ha alcanzado su pase a la segunda vuelta. Se ameritra un balance.

FRAGMENTACION PARLAMENTARIA: RETO A LA INSTITUCIONALIDAD

(Publicado en la Revista Brujula -PUCP N°22)

Las principales encuestas publicadas en el mes de febrero confirman la tendencia de que el nuevo Congreso de la República que se inaugure el 28 de julio de 2011, volverá a tener una composición fragmentada. La encuesta de febrero de IPSOS Apoyo muestra que en el terreno del parlamento Perú Posible obtendría 19%; Fuerza 2011, el 15%; Solidaridad un 12%; Gana Perú, el 9%; Alianza por el Gran Cambio un 6%; y el APRA alcanzaría el 5%. DATUM en la segunda quincena de febrero, obtiene los siguiente resultados a nivel congresal: Perú Posible 18.8%; Fuerza 2011, 13.4%; Solidaridad, 11.4%, Alianza por el Gran Cambio, 5.7%; Gana Perú 4.8% y el APRA, 3.2%. A nivel, presidencial la encuesta del mismo mes elaborada .por el IOP de la Universidad Católica confirma esta tendencia.

Estos índices sobre las percepciones de la opinión pública, muestra que en el próximo parlamento no habría mayorías absolutas de ningún grupo político, y sólo asistiríamos a mayoría relativas, por lo que otra vez el mandato popular configuraría un escenario legislativo débil y fragmentado, en cuanto a la representación parlamentaria, por lo que las negociaciones y la búsqueda de acuerdos, consensos y alianzas definirán la conducción de este poder del Estado.

Esta situación, al mismo tiempo hará más difícil realizar ajustes institucionales y sobre todo modificaciones constitucionales que forman parte de las ofertas y promesas electorales de diversos candidatos al parlamento para mejorar su relación con la ciudadanía en el terreno de la representación política, la lucha contra la corrupción, la revocatoria o la renovación por mitades, así como profundizar la transparencia del uso de los recursos presupuestales y humanos en el Congreso de la República. Muchas de las propuestas e iniciativas que se presentan implica que se modifique la constitución política, es decir contar por lo menos con dos tercios de los congresistas hábiles, que a partir del 28 de julio de 2011 se elevará a 130.

La Constitución Política es muy clara :

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

Pero no sólo cambios constitucionales que mejorarían la institucionalidad del Estado y del parlamento serán parte de un largo proceso de negociación que no siempre arriban a buen puerto, sino que decisiones como elegir al Defensor del Pueblo, definir tratamientos tributarios para una determinada zona del país, y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, requiere de esta mayoría calificada, siempre difícil de alcanzar en parlamentos fragmentados, por lo que el nivel y tipo de negociaciones políticas será el método para tomar decisiones y alcanzar resultados.

El otro elemento que se puede advertir de la percepción y opinión pública ciudadana es su requerimiento generalizado de siempre alcanzar una renovación política en el Congreso, sin que puedan llegar a advertir que el parlamento peruano, por lo menos en los últimos quince años, tiene un alto índice de renovación, cada cinco años. Por ejemplo, en este parlamento que concluye el 28 de julio, sólo se pudieron reelegir un 15 por ciento de los parlamentarios que provenían del período político anterior. Habría que decir que esta percepción ciudadana, más acotada, de ¡que se vayan todos! , en términos parlamentarios significa un grave problema para alcanzar una profunda reforma institucional parlamentaria.

Al final, el fondo por resolver tiene que ver con el sistema de representación política, la manera como se eligen los congresistas ¿son representantes de la nación? ¿Son representantes de sus departamentos?, y los incentivos que tienen para poder alcanzar un nivel de especialización y profesionalización parlamentaria en las funciones constitucionales que les competen, y dejar de ser sólo representantes de intereses ciudadanos de los territorios de donde provienen en el mejor de los casos, o buscar, representar intereses personales o particulares.

El asunto se complica si tomamos en cuenta que lo que llamamos partidos nacionales son sobre todo expresiones limeñas que en alianza con movimientos o corrientes regionales conforman las listas parlamentarias de la cual serán elegidos los futuros congresistas. La muestra de ello son los resultados de las elecciones regionales y locales, donde en la práctica los partidos nacionales fueron los grandes perdedores, y se abrió paso a los diversos y múltiples movimientos regionales con los cuales la mayoría de los partidos que ocupan en estos momentos los primeros lugares alcanzaron acuerdos para estas elecciones. Por ejemplo, a mediados de diciembre 2010 Solidaridad Nacional y sus principales líderes presentaron públicamente los acuerdos alcanzados con movimientos regionales y partidos nacionales para afrontar las elecciones generales del 2011.

El mejor ejemplo que los partidos son “eufemísticamente” nacionales, es que los principales, tuvieron presencia casi cero en las elecciones regionales y locales de octubre 2010. Al cuadro adjunto de Solidaridad Nacional, se le podría acompañar el de otros partidos nacionales y que terminadas las elecciones regionales establecieron acuerdos políticos con los movimientos regionales para las elecciones de abril.

Estos grupos regionales, colocaron candidatos en las listas parlamentarias, con muchas posibilidades de salir electos, pero donde la identificación primera es con el líder de su agrupación regional, y en segunda instancia con el partido nacional.
Los líderes de los partidos nacionales, por la metodología empleada en la designación de sus candidatos al parlamento, no alcanzan a conocer lo suficiente a estos candidatos. Asistimos, así a una de las causas potenciales de la fragmentación parlamentaria, que hace que de cinco o seis grupos políticos que ingresan al parlamento se reproduzcan a 8 u 9, como ocurre en la actualidad. Haciendo la negociación y los acuerdos más difíciles, y además postergando el debate de lo principal, por lo accesorio.

RENOVACIÓN Y REELECCIÓN PARLAMENTARIA

En los tres últimos procesos electorales nacionales, la renovación parlamentaria tiene un ratio muy alto, y eso no ha significado que la actuación y la imagen del Poder Legislativo haya mejorado sino todo lo contrario. Todas las mediciones sobre la percepción ciudadana sobre el Congreso, coloca a esta entidad en los últimos lugares de credibilidad institucional. Se encuentra en una tendencia de franco deterioro.

Existe pues una grave crisis de representación política, producto de que nuestro sistema político se asienta en una democracia electoral, y deja de lado la democracia participativa y directa que también forman parte de nuestro sistema político. ¨Por ello Adrianzén : recuerda que: “…mientras más se desarrolla la democracia electoral, menos capacidad tienen los partidos para consolidarse institucionalmente y mucho menos para construir un sistema de partidos…si a ello le sumamos las crisis de los dos partidos más antiguos en el país: el APRA y el PPC, resulta evidente que estamos tocando fondo”.

Modificar el sistema de elección de representantes políticos es un tarea urgente, donde una de las fórmulas sería extender el número de distritos electorales y pasar de los 25 distritos existentes, a por ejemplo, 60 distritos electorales y de ese modo los ciudadanos tengan una mayor certeza de quienes son sus representantes, y de ese modo estar en mejores condiciones de buscarlo y plantearle demandas y propuestas. Otra fórmula es avanzar a los denominados distritos uninominales, donde sólo se elige un solo candidato, en la práctica 120 distritos electorales con un representante por distrito. Sin embargo, es necesario definir con claridad a quienes representan los congresistas. El artículo 93° de la Constitución Política señala que los congresistas representan a la Nación, pero su distrito electoral es uno de los departamentos del Perú, por lo que a veces son representantes departamentales (de allí proviene el mandato de su elección) y en otras son representantes de todos los peruanos. Aquí se inicia una permanente disputa con los presidentes regionales departamentales, que por lo general cuentan con mayor votación y representación que los propios parlamentarios.

Lo cierto es que como lo muestra el cuadro adjunto es que desde el año 2000 a la fecha, la renovación parlamentaria es muy alta, igual que el desprestigio institucional parlamentario a nivel de la percepción ciudadana y de los sucesivos escándalos y denuncias en que los representantes políticos son develados por los medios de comunicación.

En el año 2000, de un total de 120 congresistas, el 77% de los parlamentarios del período 1995-2000, fueron representantes políticos nuevos; el año 2001, el 73% son elegidos como nuevos congresistas; y en este último período (2066-2011) se cuenta con el más alto de renovación parlamentaria, un 87% son congresistas nuevos, y sólo un 13% fue reelecto. Una alta volatibilidad en cuanto a la permanencia parlamentaria afecta la eficacia del ejercicio de las funciones legislativas, de control político y de representación, por se requiere un cierto desarrollo de capacidades para ejercerlas adecuadamente, y de otro lado para busca especializarme en temas de interés nacional.

Como señalan Spiller y Tommasi sobre la experiencia Argentina: “Durante los últimos 60 años, la Cámara de Diputados ha sido compuesta por individuos con un promedio de 3 años de experiencia. La alta rotación no sólo le resta operancia y eficacia al Congreso, sino que hace que los diputados definan sus estrategias sobre la base de un horizonte de muy corto plazo…”

Si la tendencia histórica es que no voy a ser reelecto, porque debo especializarme, profesionalizarme en mis funciones, o en el mejor de los casos, tan solo esforzarme a cumplir mis obligaciones. Y como ha ocurrido en más de un caso, en los últimos quince años, usara el cargo en beneficio propio. Por el contrario, coincide que los países con una mayor tasa de reelección de congresistas, son precisamente los países desarrollados, como lo muestra Spiller y Tommasi.

Por lo que hay una relación entre el fortalecimiento de la institucionalidad parlamentaria que busque la previsibilidad y la especialización de los legisladores, con la posibilidad de alcanzar un diálogo y un control político adecuado en la formación de políticas públicas y en el seguimiento sobre la implementación de las mismas.

En las últimas dos décadas la opinión pública tiene una pobre opinión sobre la actuación del parlamento y de sus parlamentarios, al punto que las excepciones de buen trabajo congresal que existen ni siquiera se dejan visibilizar, ya que son opacadas por las denuncias de usos y abusos de los recursos públicos y denuncias judiciales de diversa índole.

Hay muchas iniciativas positivas que se trabajan en el seno de las Comisiones Ordinarias y en los Grupos de Trabajo especializados que simplemente no se conocen, pero que aportan al desarrollo de las políticas y al fortalecimiento de las reformas. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo “Seguimiento y cumplimiento de las normas y del proceso de descentralización y de evaluación de la gestión pública de los Gobiernos Regionales y Locales” que formó la Comisión de Descentralización en el periodo 2009-2010, y que produjo un informe con más de 20 recomendaciones destinadas a realizar cambios normativos y de políticas en el proceso de descentralización existente, y en particular en los gobiernos regionales. No es el único caso, podríamos revisar trabajos parecidos en la Comisión de Presupuesto, Educación, entre otros.

Cuando se reclama renovación permanente en el parlamento, sin querer, se ingresa a un círculo vicioso, donde el ciudadano pareciera colocar a todos en el mismo saco, y decide elegir a nuevos representantes políticos, que también son nuevos en los menesteres legislativos. Esta percepción mayoritaria de la ciudadanía tiene el buen propósito de que con nuevos representantes, el parlamento mejorara, porque ingresan nuevas ideas y energías, pero como sabemos, se produce todo lo contrario.

Una de las razones para que ello ocurra, es que a un congresista nuevo, que incluso tiene poca o nula experiencia política, le suele tomar entre dos o tres años aprender, la hermenéutica parlamentaria, es decir los usos y costumbres del Congreso, sobre cómo se ejercen parlamento sus funciones legislativa, de control político y de representación. Cuando ya se encuentran expeditos para empezar a generar gestiones más acordes con las expectativas de sus electores, tienen que ir pensando en que se termina su período por el que fue elegido, por lo que debe analizar si busca la reelección o ya no postula. Si busca la reelección, debe encontrar un grupo político que lo vuelva a lanzar, pero dependerá de la gestión implementada para que tenga mayores posibilidades de salir reelegido.

Por lo general lo que siempre ha ocurrido, es que el parlamentario que hizo una performance, y por eso volvió a reelegirse, mejora en la gestión congresal, así como en cuanto a su presencia nacional. Algunos ejemplos multipartidarios en el actual Congreso son: Yonhy Lescano, Rosa Florián y Jhony Peralta. La actuación de estos congresistas en el período 2001-2006 prácticamente paso desapercibido, pero en la actualidad su dimensión ha crecido en los temas de su especialidad.

Por esa razón, es necesario dejar de movernos en una tendencia pendular respecto de la reelección parlamentaria, porque los ciudadanos ganarían con un Congreso donde haya previsibilidad, especialización y profesionalización. No se trata pues de cualquier reelección, sino de aquellos que hicieron los méritos y la mayoría los reconoce y por eso los reelige. Hacer afirmaciones generales de que se vayan todos y que todos los que ingresen sean nuevos para ver si así mejora el parlamento, como se escucha en algunas campañas presidenciales actualidad, no calibran, el peso de sus afirmaciones.

LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS

Tres son las funciones principales de los congresistas: legislar, el control político y la fiscalización, y representación de los ciudadanos. Pero estas serán asumidas de manera asimétrica en un parlamento fragmentado y sin mayorías absolutas. Es decir con más o menos eficacia dependiendo de la experiencia profesionalización y rigurosidad para ejercer la tarea parlamentaria. Por eso, que la permanente renovación parlamentaria afecta la institucionalidad.

Spiller y Tommasi ya reflexionaron sobre las consecuencias nefastas cuando se tiene un norte cortoplacista y poca experiencia en la labor parlamentaria: “La falta de experiencia en el cargo, y el comportamiento cortoplacista asociado a ella impactan, a su vez, en la organización, poder y desempeño del Congreso. ¿Cómo se produce este impacto de la inestabilidad institucional sobre el poder del Congreso? Dada la falta de profesionalidad y de experiencia de los miembros del Congreso, éstos enfrentarán serias dificultades para tratar aspectos sumamente técnicos, delegando en forma natural la iniciativa en estos temas al Ejecutivo”. Su falta de experiencia y, por lo tanto, de capacidad de análisis, implica que el Congreso tendrá un papel de menor relevancia en procesos legislativos que aparecen revestidos de un carácter más técnico, como ser la definición del presupuesto nacional.

Ante esa realidad la función legislativa, en la práctica queda en manos del gobierno, que legisla mucho más que los propios parlamentos. Como señala García Morillo: “…obedece al hecho de que el Gobierno sea el principal actor de la iniciativa legislativa. Por ello, la ley puede y debe ser hoy concebida básicamente como uno de los instrumentos de que el Gobierno dispone para ejecutar su política” .

En ese escenario al parlamento sólo le queda fortalecer su labor de control político y fiscalización ante el Poder Ejecutivo, relación que siempre es asimétrica como lo recuerda el propio García Morillo : “La complejidad política, económica y social de las sociedades actuales obliga a que la adopción de las decisiones políticas y… su instrumentación se realicen, en la mayoría de las ocasiones, tras complejos estudios en los que han de ponderarse complicados factores técnicos. Además, dichas decisiones han de adoptarse, con frecuencia, con rapidez. Todos estos elementos operan en contra de un órgano, como el Parlamento, compuesto por numerosos miembros, de carácter deliberante y no especializado, y actúan a favor del Ejecutivo, que combina el principio de jerarquía, que facilita la adopción e instrumentación de las decisiones, con la posibilidad de contar con los elementos técnicos y humanos adecuados para la mejor valoración de los factores técnicos que concurren en cada caso”.

Sin embargo, muchas veces se confunde la labor de control político y de fiscalización, y sólo con la tarea de invitar a autoridades a las sesiones plenarias o de las Comisiones con el fin de interpelarlos sobre políticas nacionales y sectoriales, o sobre alguna denuncia mediática. Siendo esto importante, lo central es que se requiere un parlamento que realice un seguimiento del marco normativo que promulga cotidianamente el Poder Ejecutivo y de la implementación de sus políticas.
Por eso, la función de control político debe ser fortalecida en la gestión parlamentaria, si desea recobrar un sentido e identidad, así como mejorar el espacio de negociación y diálogo, factores centrales en la formulación de políticas.

Por ejemplo, una de las actividades de control político más importantes que tiene el parlamento, es la de realizar el seguimiento, fiscalizar y aprobar el presupuesto público todos los años. Sin embargo, el parlamento tiene serios límites institucionales a nivel técnico, logístico y humano para poder modificar lo que presenta el Poder Ejecutivo como proyecto presupuestal. O realizar cambios sustanciales en el marco presupuestal. Por lo que muchas veces queda la sensación de asistir a una figura sólo formal de que el gobierno pone en consideración del parlamento la aprobación de esta iniciativa que gravitará en el desarrollo del Estado y las políticas. A final el papel de los parlamentarios y del Congreso se queda en proponer o negociar de manera individual que se incorporen recursos para el financiamiento de alguna obra o inversión pública en su distrito electoral.

Por eso, se ha estudiado que para alcanzar una gestión parlamentaria eficaz en la aprobación del presupuesto público no sólo depende de la situación económica del país, sino principalmente de la institucionalidad parlamentaria y del sistema de elección de representantes políticos. El papel del Poder Legislativo en el proceso presupuestario depende de cinco variables: las atribuciones que la Constitución y las leyes le acuerden a dicho poder en la materia; el sistema de partidos; el sistema electoral; los procedimientos formales e informales para el tratamiento legislativo del presupuesto; y el contexto macroeconómico y la situación financiera del Estado.

AGENDA PARLAMENTARIA

Una tarea urgente y de corto plazo para el parlamento que se inicia el 28 de julio de 2011 es fortalecer su institucionalidad parlamentaria, así como dar a los ciudadanos la potestad de revocar el mandato a los congresistas, como un incentivo para que se esfuercen en el ejercicio de sus funciones.

En países desarrollados como los Estados Unidos un indicador que muestra una institucionalidad parlamentaria fortalecida es la longevidad que puedan mostrar los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones . Un segundo indicador en la performance de los legisladores de los Estados Unidos tiene que ver con la especialización que se manifiesta en las Comisiones en las que se adscribe, y que asume casi con carácter de exclusividad por todos los períodos parlamentarios en los que es elegido. Un tercer elemento es el sistema electoral que elige a representantes adecuados de una población determinada, y por lo tanto queda claro a los ciudadanos quien es su representante, y a los legisladores a quienes representan.

Se necesita tener una definición sobre cómo se modifica el sistema de elección aumentando el número de distritos electorales, incluso en Lima Metropolitana. Un tema conexo con este, es como se mejora la relación del parlamento con los presidentes regionales. Estaría dispuesto a incorporar a los presidentes de los gobiernos regionales en una suerte de Senado o Cámara especializada que pueda incorporar la demanda de las provincias, como ocurre en España con las Comunidades Autónomas. Por lo menos, si no se alcanza a modificar la Constitución, el parlamento debería establecer un mecanismo institucional propio que posibilite acoger las demandas de los gobernantes regionales y la agenda existentes en el interior del país.

Como una forma de profundizar la transparencia y de poder renovar el parlamento a los miembros que no cumplen con sus funciones de manera adecuada, así como salvaguardar el uso eficiente de recursos, se deberían establecer la práctica de auditorías sobre el uso de los recursos públicos, estableciendo que si la auditoria confirma el uso irregular o no sustentado de estos fondos debería culminar con la renovación del cargo de parlamentario, de manera inmediata. Igual procedimiento se deberá asumir para el caso de las auditorias sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas que han presentado los congresista para asumir su cargo. El sentido común que debe quedar en la ciudadanía es que la renovación se produce por la gravedad de mentir o falsear tanto en el uso de recursos públicos y en la declaración jurada. Así quedaría establecido que se sanciona el mentir a la nación, más aún cuando una de las funciones centrales de todo parlamentario es la fiscalización.
Uno de los candidatos actuales al parlamento, que ha sido presidente del Congreso declaró en una entrevista que en su gestión el dejó 1900 trabajadores en planilla en el parlamento, y que en la actualidad ese número se ha más que duplicado.

Hecho que nos introduce a la reforma y modernización institucional del parlamento. En términos de recursos humanos ¿cuál es el tamaño que debe tener? ¿Fueron suficientes los 1900 o en realidad hay una sobrepoblación? Entre los despachos congresales y las comisiones ordinarias se requieren unos 780 funcionarios como personal de confianza del parlamento, el resto debe ser personal estable. El número dependerá de los objetivos institucionales que el presidente del parlamento decida promover.

Podríamos seguir agregando puntos a la agenda que se requiere para un mejor funcionamiento del parlamento, pero con el fin de concluir habría que señalar, recordando a Juan XXII, que el parlamento hoy día requiere con suma urgencia que se “abran las ventanas y puertas” para que ingrese la transparencia. Si no hay nada que ocultar, ¿porqué no se publican, a la fecha los acuerdos de la Mesa Directiva en los tres primeros años de este gobierno?.

REFORMA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LIMA

Como una de las primeas aciones poco visibles que realizará la nueva alcaldesa de Lima, Susana Villarán será la de encargar a un grupo de consultores provenientes del Bando Interamericano de Desarrollo, entre los que se cuenta Juan Carlos Cortazar el de mirar el aspecto institucional de la Municipalidad de Lima Metropolitana con el objetivo de mejrar sus estándares de eficacia en el planeamiento, la inversión, y en general en mejorar la gestión pública regional.

Es una buena medida. que muestra que se quiere mejorar la capacidad de gobierno en la actual gestión, y es una decisión que recupera la experiencia tomada por Gobierno Regionales como San Martín o Arequipa el año 2006 y que le ha dado ciertos resultados que han culminado en la reelecciòn. Por ejemplo, en el caso de San Martín y retomando lo que decidió en el 2006, César Villanueva su presidente regional ya comprometió el concurso de Raúl Molina para profundizar la eficacia de su gestión en su segundo período.

Eso es lo que hay que hacer y en el caso de Lima hay que tener muy presente en toda reforma institucional su condición de régimen especial de Gobierno Regional Metropolitano que debe recibir o solicitar las transferencias que le competen y que están señaladas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Pero la clave se encuentra en decidir que tipo de reforma institucional debo implemengar si quiero mostrar frutos con cierta rapidez, como es el cado de la Municipalidad de Lima. Otra vez se puede recurrir a la experiencia de los gobiernos regionales del período 2006-2010, donde varios de ellos implementaron diversos tipos de reformas institucionales, con resultados diversos.

Junto con PRODES y un Grupo de Trabajo de la Comsión de Descentralizaciòn se realizó una sistematización de las reformas institucionales en Gobierno Regionales entre el 2006 y el 2010 que bien vale pena tenerlas en cuenta, en este caso específico de la Municipalidad de Lima, sabiendo que dentro de estas Reformas establecidas existen modelos. Una cosa es el modelo Arequipa, o el de Cajamarca y el de San Martín. Particularmente creo que el modelo que le conviene a la actual gestión de Lima Metropolitana es apostar por algo parecido a lo que se hizo en San Martín el año 2006.

Sin embargo el estudio realizado permitó ver que entre todos los gobiernos regionales comparten problemas parecidos en cuanto a cuellos de botella. Las conclusiones y el Informe Final se pueden ver en el perfil de este Blog, pero el hecho es que el Gobierno Regional Metropolitano de Lima requiere una adecuación institucional rápida de acuerdo a au autonomía constitucional política y administrativa que le permita gobernar eficientemente su territorio y establecer conexiones intergubernamentales adecuadas. Es la única manera de que la descentralización también avance o se inicie con buen pie en Lima.

CAMBIOS Y REELECCIÓN EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

Cruzando los resultados de IPSOS Apoyo y de CPI se puede establecer que de los 25 Gobiernos Regionales un promedio de cino o seis presidentes de Gobiernos Regionales saldrían reelectos. Nelsón Chui en Lima provincias, Iván Vasquez en Loreto; César Villanueva en San Martín; César Alvarez en Ancash; Juan Manuel Guillen en Arequipa; y en Ica, La Libertad, Tumbes, y Ucayali, los actuales presidentes estarían peleando su reelección en segunda vuelta.

Además de estas reelecciones, existen dos tendencias polìticas que consolidan una presencia nacional, por un lado la izquierda y el nacionalismo, y la agrupación Alianza para el Progreso se consolida en el norte y en varios municipios distritales.
En Cusco, Jorge Acurio, cercano al humalismo, debe disputar en segunda vuelta su elección con Máximo San Roman. Vladimir Cerrón es el ganador virtual de Junín con evidente cercanía a posiciones de izquierda. En Cajamarca, Goyo Santos con su movimiento regional, pero de conocida identidad como rondero y miembro del MNI ganó la elección. En Piura se junta la alianza de un técnico con una militancia de izquierda para ganar el gobierno regional con Javier Atkins. No podemos olvidar en estas tendencias de izquierda a Guillen en Arequipa que gana en alianza con el humalismo y el tirunfo cantado de Cèsar Villanueva en San Martín. Además en Puno, al parecer en segunda vuelta Alberto Quintanilla de una militancia en el Partidfo Unificado Mariateguista tendrá que disputar en segunda vuelta el gobierno regional.

De otro lado, Alianza para el Progreso cosolidó su presencia en el norte al ganar el gobierno regional de Lambayeque, con Humberto Acuña, mientras que el presidente de este partido confirma su triunfo en la ciuadad de Trujillo, y su candidato regional disputaría en segunda vuelta el gobierno regional de La Libertad con el emblemático Jose Murguia.

Otros candidatos provienen del sector emprendedor como Luis Picón que gana el gobierno regional de Huánuco, que va de la mano con el éxito del club León de Huánuco. El propio Nelsón Chui proviene de este sector. También Maciste Díaz que habría ganado Huancavelica, pero que es un hombre al que se le relaciona con el fujimorismo.

La sorpresa sonde dos tipos. Un reconocido funcionario como José Arista, ex viceministro de Hacenda del ministro Luis Carranza ha ganado el gobierno regional de Amazonas; y la otra sopresa es preguntarse que pasó con el APRA el partido de gobierno. Perdió Piura y lo más probable es que dispute La Libertad en segunda vuelta con Alianza para el Progreso; por lo que quizás su unica presencia confirmada hasta ahora podría estar en Moquegua, donde ha ganado Martín Vizcarra, ingeniero que se ha presentado con un movimiento regional, pero que tiene evidentes lazos con el Partido Aprista.

Hasta aquí el primer pantallazo regional. Que significarán cada uno de estos ganadores para el proceso de descentralización y por ejemplo para la Asamblea Nacional de Gobiernos Reginales, espacio natural de los gobiernos regionales, será motivo de otro análisis más ajustados a los resultados oficiales.

El APRA en el mejor de los casos tendría dos gobierno regionales (Moquegua y La LIbertad); laianza para el Progreso, podría tener tres gobiernos regionales: Lambayeque, LA Libertad y Ayacucho; el humalismo quizás Cusco, y paranos de contar, el resto son movimientos regionales que muestran un mapa político nacional fragmentado.

LIMA REGIÓN: NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Advertì a algunos amigos que mi voto en las elecciones municipales de Lima Metropolitana serìa para los candidatos que comprendieran con claridad el caracter de región que tiene Lima Metroplitana y su relación con el proceso de la descentralización. Fue de muy mal gusto que fuera Altuve el que lo dijera con claridad y amplitud. Sin embargo, es bueno que el tema aparezca màs fácilmente entre las dos candidatas que se disputan el triunfo del 3 de octubre.

Pero, plantearse a la Municipalidad de Lima como Gobierno Regional Metropolitano va mucho más allá de quedarse en solicitar las competencias de educación y salud que la gestión de Castañeda simplemente la obvio. A esta solicitud de competencias habría que agregar las de los programas sociales, como el PRONAA o Foncodes que desde el año 2003 se encuentra pendiente de ser transferidos a los gobiernos locales. Por ejemplo, PRONAA de Lima deberìa formar parte de las nuevas compatencias de la Región Metropolitana.

Sin embargo, solicitar competencias o exigirlas es muccho más fácilo que gestionarlas. Debería aprenderse de la experiencia de los Gobiernos Regionales departamentales que a pesar de tener 8 años de funcionamiento desde que se retomó la descentralización el año 2003, pasan las mar y morena para alcanzar gestiones eficientes qwue impacten en la ciudadanía.

Un grupo de la segunda generación de presidentes regionales entendió que tal cual estaba estructurada la institucionalidad con la cual gobernaban no iban a poder avanzar mucho. Por eso emprendieron reformas institucionales de modernización tratando de alcanzar estàndares gubernamentales eficaces. En San Martrín y Arequipa, Gobiernos Regionales que hicieron estos procesos, los presidentes regionales que estàn llendo a la reelección tienen muchas posibilidades de ganar.

Ese es el gran reto que tendrá la alcaldesa que gestione el Gobierno Regional Metropolitano de Lima a partir del año 2011. Construir una nueva institucionaidad, en base a la autonomía política, administrativa y económica que les asegura la Constitución Política es una tarea del corto plazo que tendra que ir en ritmo paralelo a la gestión cotidiana.

No es una tarea fàcil por que se cruzan por ejemplo sistemas administrativos que se encuentran centralizados en lo sectores ministeriales, y por lo menos hasta julio del 2011 no existirá la voluntad política para descentralizar estos sistema que son como el sistema circulatorio para el funcionamiento del Estado.

Forjar una nueva institucionalidad es el principal reto para alcanzar la eficacia en Lima y que implica decisiones rápidas con caracter participativo. Al mismo tiempo la futura alcaldesa de Lima en su calidad de presidenta del Gobierno Regional Metrpolitano pueder ser un liderazgo claro en la Asamblea Nacional de Gobierno Regional, y junto con sus pares colocarse desde el lado descentralizador, frente a las fuerzas que pelean por mantener el centralismo

PRESIDENTES REGIONALES EN OUT SIDE

A partir de hoy sabado 5 de junio, la mayoría de los 25 presidentes de gobiernos regionales tienen que pedir licencia por 120 días (cuatro meses) como parte de la norma que les obliga a tomar licencia si quieren ir a la reelección, y la mayorìa habpia manifestado su querer.

Antes, la licencia era de sólo de 45 días, pero en diciembre de 2009 con apoyo del partido de gobierno y de la mayoría de los congresistas que sienten que los presidentes regionales son sus competidores principales, se elevó a licencia a 120. ¿Qué consecuencias prácticas acarrea una decisión de ese tipo y que deja en out side o fuera de juego a los presidentes regionales?.

En la práctica los presidentes regionales se despiden de su gestión con esta decisión, porque ganen o pierdan retornaran el mes de noviembre para proceder a ordenar sus papeles y disponerse a realizar la transferencia a su sucesor, o en mejor de los casos a continuar con un segundo período.

Los vicepresidentes regionales serán los que operen la gestión pública de los gobiernos regionales el segundo semestre de 2010 (si es que no postulan a las elecciones), pero no siempre con el liderazgo de los presidentes regionales. Los gobiernos regionales, a diferencia de los gobiernos locales, son instituciones de reciente creación (2003) por lo que cuentan con una débil institucionalidad, y una salida de este tipo además de retraer el que se puenda implementar proyectos y políticas pública regionales, lo que va a producir es un continuidad formal omeramente administrativa del gobiern regional y sus instituciones, pero que en la práctica se encoentrará a la espectativa de si se reelige el líder o viene otro. Con ello se debilita más la gestión pública regional.

Como toda medidad, hay opiniones a favor o en contra por distintas razones. Los autores de esta normatividad, los congresistas se sacan fuera de juego a potenciales competidores, porque la mayoría de ellos cuentan con movimientos regionales que van a competir en las elecciones regionales. Al mismo, sectores de la sociedad civil y de la opiniòn pùblica en los departamentos se encuentran de acuerdo con la medida porque hay evidentes casos de corrupción en varios presidentes regionales, lo que hace que la ciudadanía se encuentra totalmente de acuerdo con esta licencia y de ese modo se sacan de encima por cuatro meses al presidente regional. El caso de Moquegua es un ejemplo de ello.

Sin embargo la medida de soicitar la licencia no es equitativa. Las autoridades de los municipios que quieren ir a la reelección no tienen que solicitar una licencia parecida, lo mismo las autoridades nacionales como congresistas.

La pregunta a responder es ¿porque se ha colocado esta obligación sólo para los presidentes regionales, si tenemos tres niveles de autoridaees en el estado descentralizado?

La competencia polìtica en el ámbito regional es una razón y la otra es la representatividad no resuelta en el país. Los presidentes regionales cuentan con mayor representatividad que los parlamentarios, que en su mayoría son provincianos, pero con una ventaja, cuentan con presupuestos y proyectos de inversiòn que el congresista no tiene. Por eso es más facil sacarlo de juego o colocarlo en out side.

En realidad esta decisión afecta al proceso de descentralización porque daña la gestión regional, pero es consecuencia del diseño de la reforma descentralista aprobada el año 2002, que no imaginó incorporar a las autoridades regionales en el seno parlamentario como ocurre con las Comunidades Autonómicas en España, por lo cual aparecen como competidores naturales.

HACIA UNA REFORMA DEL PARLAMENTO

Desde las últimas dos décadas la opinión pública tiene una pobre opinión sobre la actuación del parlamento y de sus parlamentarios, al punto que las excepciones de buen trabajo congresal que existen ni siquieran se dejan visibilizar, porque son opacadas por las denuncias de usos y abusos de los recursos públicos y denuncias judiciales de un pasado reciente.

Por ello se produce un círculo vicioso en la votación del ciudadano peruano que mayoritariamente no analiza y pone a todos en el mismo saco, y decide que todos o casi todos cambien complentamente por nuevos representantes, con la esperanza que mejore el parlamento, cuando en realidad se produce todo lo contrario. LLegan nuevos congresistas a los cuales les toma entre tres o cuatro años aprender los usos y costumbres del parlamento y de que se tratan sus funciones legislativa, de control y de representación, y cuando están en mejores condiciones tienen que irse.

Mi experiencia como asesor parlamentario desde al año 1995 me indica que si bien es cierto que la representación parlamentaria mayoritaria no sólo tienen inexperiencia y falta de conocimiento sobre sus funciones y responsabilidades, sino que a veces vienen con malos hábitos, que luego los medios se encargan de hacerlos públicos, y el resto es historia conocida. Sin embargo, aún en los más denostados parlamentos existe un grupo de congresistas, un promedio de 20, identificados con sus función y por un auténtico interés público, además de tener capacidades de argumentación legislativa y política, y vocación de transparencia, porque no tienen nada que ocultar.

Así ocurrió en los parlamentos durante el régimen de Fujimori, así ocurre desde el año 2000 y lo mismo pasa en eñ actual Congreso.

Una forma de avanzar en la Reforma del parlamento como institución es establecer una agenda sobre los cambios fundamentales que en el mediano y largo plazo se deben producir. Por ejemplo, uno de los elemento que esta reforma debe tener en cuenta es como se incorporan los presidentes regionales a la deliberación e interacción con el Congreso, y dejan de ser los eternos competidores de los parlamentarios, y creo que hoy con mayor representación.

Constituir una Mesa de Parlamentarios que se encarguen de proponer esta agenda polìtica de reformas es fundamental, y se tiene que gestar en lo que se tiene, y con lo mejor que se tiene. Hay una veintena de parlamentarios de todas las bancadas que destacan por sus calidades que deberían comprarse un pleito de esta naturaleza y plantear la agenda institucional del parlamento.

A su vez, con el ánimo de adquirir un círculo virtuoso en el parlamento es necesario que este grupo de parlamentarios puedan salir reelectos, porque eso no sólo les hace bien a ellos mismos, sino y principalmente a la institucionalidad parlamentaria. Existe pues un grupo de parlamentarios elegibles que deberia ser reelectos por el bien de la democracia.
Ese grupo tiene que ser identificado y sobre todo visibilizado. Algunos nombres del actual parlamento pueden ser: Guido Lombardi, Washington Zeballos, Carlos Bruce, Juan Carlos Eguren, Rolando Souza, Rosario Sasieta, Walter Menchola, Raúl Castro, Javier Bedoya, Daniel Abugattas, entre otros.
Sería una lástima que la mayoría de ellos no vuelvan a ser congresistas porque un indicador de la buena perfomance de los principaleles parlamentos del mundo es la profesionalización y especialización, y eso sólo s elogra cuando se cuenta con congresistas que tienen una carrera política parlamentaria consoidado y de varios períodos.

Por eso este grupo junto con instituciones especializadas e interesadas en la reforma institucional el Congreso deberían construir una agenda para el futuro sobre los cambios centrales que requiere el parlamento con el fin de no perder mayor representatividad política y mejorar la transparencia de su gestión.

ALGO ESTA CAMBIANDO PARA MAL

Julio Barreto, sonero muy conocido para los que nos gusta la salsa, fue asesinado de una balazao en la cabeza en Santa Catalina. Los que no pudimos ir a despedirlo lo despedimos en silencio. Que fue muy querido, al parecer así fue. Todavía lo recuerdo escucharlo en los mediodías de los viernes en Lince en el eterno local de los Latin Brothers, acompañado por Anibal López y la Única. Ya desde hace época era reconocida su calidad vocal y su amistad.

Que hay detrás de una muerte de ese tipo?. Parece un ajuste de cuentas. Pero que cuentas debía ajustar Julio Barreto? no lo sabemos, quizas no tuvo ninguna, pero lo que si sabemos es que se esta acelerando el ajuste de cuentas o el que cree o los que creen que esta es la única manera de solucionar problemas, conflictos, deudas, traiciones, malos entendidos, etc y podrìamos seguir.

Pareciera como que en la sociedad se viene estableciendo con mayor velocidad el uso indiscriminado de armas como resolución o delimitación de problemas y conflictos. De las organizaciones criminales ligadas a la narcotráfico o al asalto y el secuestro lo podemos entender, es parte de su aparato armado que debe prevenir enfrentarse a la ley. Pero al mismo tiempo, pareciera que personas individuales que viven en el margen oal borde de él o personas que conocen o pueden mantener vínculos con personas dispuestas a todo hasta de matar por encargo.
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Ojalá que no estemos atravesando el terrible destino que hoy tienen nuestros hermanos colombianos, que en algunas ciudades como Medellín se han incrementado por ejemplo el de los niños sicarios. Niños que nopasan de los 16 años que son alquilados para ajustar cuentas a cualquier persona. Los primero dñias de junio estuve por Colombia y un par de estos menores asesinó a una abogada embarazada en una zona céntrica de Medellín..

Ese puede ser nuestro destino si no hacemos algo, no sólo por salir en marchas a predicar la paz, sino para establecer institucionalmente una cultura de paz, que empeiza desde el Estado, pero para ello este tiene que modernizarse y eso es un problema de voluntad polìtica.
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Lo que quiere decir, que las autoridades políticas y los políticos de los partidos se pongan de acuerdo para modernizar nuestro Estado, por lo menos hasta el año 2050.

INSTITUCIONALIDAD PARLAMENTARIA

EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS SECRETOS

Con ocasión de las denuncias de “chuponeo” telefónico por el caso de Petrotech, con faenones incluidos, otra vez aparece la moraleja de que nada hemos aprendido en materia de las actividades de los servicios secretos o de inteligencia, luego de vivir una década con la prácticamente legitimización de estas acciones en el régimen de Fujimori y su asesor Montesinos.

Producto de esta experiencia, en el año 200 promovimos en el despacho de la congresista Anel Townsend la presentación de una iniciativa legislativa que buscaba, al igual que en los países avanzados en términos de democracia, que los ciudadanos de donde emerge el poder político tuvieran el control o la vigilancia de este poder oculto de la información secreta o de inteligencia. En concreto la propuesta buscaba que le Congreso de la República, como Poder del Estado ejerciera su labor de representación y de fiscalización y creará una Comisión Ordinaria que de manera sistemática vigilara los presupuestos y las acciones de los aparatos de inteligencia como ocurre en cualquier democracia desarrollada.

Colocamos en ese proyecto de ley que al argumento para diseñar un espacio parlamentario de control se basaba en las actividades ilegales que han tenido como autores a funcionarios o agentes de los servicios secretos que algunas veces amparados en la reserva y el secreto oficial con el que actúan aprovecharon o desviaron el sentido del financiamiento público para ese fin.

Sin control efectivo sobre recursos y funciones, los servicios secretos de los países pueden convertirse en espacios donde funcionarios o agentes de estos organismos actúen con cierta impunidad, amparados en la mala utilización de los conceptos de “Secreto”, “Confidencial” o el de reserva que se debe guardar por la seguridad del Estado y la Defensa Nacional. Estos conceptos no han sido creados para el abuso funcional, la mala utilización de los recursos públicos asignados o el aprovechamiento político de los organismos y entidades dedicadas a las labores de los servicios secretos o de inteligencia. Estos contenidos buscan salvaguardar el carácter secreto de esas actividades para diseñar estrategias de defensa o de política de gobierno sobre asuntos que puedan atentar contra la seguridad nacional de la nación o la integridad de sus principales autoridades, así como de las políticas de Estado que deben velar por el fortalecimiento institucional democrático y la vigencia de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos.

Por las denuncias recientes de Petrotech, ahora resulta paradójico escuchar que las labores de inteligencia no tienen nada que ver con las interceptaciones telefónicas, ni con el uso de esa información privilegiada. Bastaría que las Comisiones Investigadoras que se han formado por estos casos, inviten a los ex directores de la Dincote que ejercieron su función entre los años 90 y el año 2001, para que les informen de que instituciones, y cuales eran estas, desde donde se hacían los seguimientos e interceptaciones telefónicas o se obtenían dicha información. Este hecho comprobaría que las instituciones armadas o policiales cuentan con este tipo de equipos, tienen capacidades para desarrollar esa labor, y debería existir hasta archivos de estas interceptaciones.

Las actividades de los servicios de inteligencia suponen no sólo obtener información privilegiada procesarla y convertirla en estratégica, es decir en inteligencia, sino que supone también labores de contrainteligencia.

Para eximirme de explayarme en lo que entiendo por acciones de contrainteligencia cito el artículo 9º de la Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia promulgada por Hugo Chávez en Venezuela: “ La actividad de contrainteligencia comprende la planificación y ejecución de acciones tendientes a la obtención, procesamiento y difusión del conjunto de informaciones y documentos que se produzcan sobre las formas de actuación, dentro del territorio nacional, ejecutadas por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que atenten contra la estabilidad de las instituciones democráticas y el orden constitucional, a objeto de detectar de manera preventiva las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran afectar la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. La actividad de contrainteligencia civil es aquella que se desarrolla en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental, y la actividad de contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional es aquella que se desarrolla en el ámbito militar”.

Es obvio, entonces, que la interceptación telefónica se encuadra perfectamente en las labores desarrolladas por cualquier servicio secreto o inteligencia del mundo, por lo que las democracias tienen el deber de controlar este poder para que no se violen derechos ni se cometan delitos.

EXPERIENCIAS DE CONTROL A LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

I.- ESTADOS UNIDOS

Cuenta con la Comisión Selecta del Senado para el estudio de las operaciones gubernamentales de las actividades de inteligencia. En 1946 se formó la Central de Inteligencia Americana (CIA) y se inicia en USA una estructura de inteligencia permanente en tiempos de paz.

Casi diez años estuvo la CIA sin ningún tipo de supervisión parlamentaria. Recién en 1956 se crearon espacios congresales con ese objetivo. Esta labor fue asignada a cuatro subcomisiones especiales de inteligencia que se crearon con ese fin. Cada uno de estos grupos fue incluido en las Comisiones parlamentarias relacionadas con las Fuerzas Armadas y de Presupuesto de las dos Cámaras.

La participación directa de la CIA y sus agencias de inteligencia en el derrocamiento de Salvador Allende, la guerra de Vietnam y el caso de Watergate removieron la pasividad del Congreso norteamericano, y los temas de inteligencia empezaron a ocupar prioridad en las agendas parlamentarias. Por esta razón, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo se crearon comisiones investigadores, y así se inició una línea que llevaría a la definición del control parlamentario.

En ese sentido en diciembre de 1974 entró en vigor la enmienda Hugues-Ryan al Acta de Asistencia Externa de 1961, firmada por el presidente Gerald Ford. En ella se estableció con claridad la función del control parlamentario sobre determinadas actividades de la comunidad de inteligencia. La enmienda que se aprobó obligaba al presidente norteamericano a redactar un documento (finding) en el cual se debía señalar con claridad los requerimientos a que obligaban determinadas operaciones de inteligencia, y dicho documento sería revisado por las comisiones apropiadas del Congreso.

Así, en enero de 1975, salió a la luz la Comisión Selecta del Senado para el Estudio de las Operaciones gubernamentales respecto de las actividades de inteligencia presidida por el senador Frank Church. Casi por la misma época la Cámara de Representantes forma también la Comisión de Inteligencia. Como su contraparte en el Ejecutivo norteamericano a través de un decreto presidencial firmado por Gerald Ford se establecieron las bases para dirigir los deberes y las responsabilidades de los organismos de inteligencia.

II.- ALEMANIA

El artículo 10º de la Constitución alemana ordena la formación de un órgano parlamentario de control sobre las diversas actividades de inteligencia en ese país.

A diferencia de los Estados Unidos donde en diversas comisiones de inteligencia se analizan por un lado el presupuesto y por otro las actividades de estos aparatos secretos, en Alemania el parlamento cuenta con una comisión específica para las actividades de inteligencia en general. A ésta se agrega, una comisión y una subcomisión de carácter permanente dedicadas a la investigación y autorización de las interceptaciones o intrusiones telefónicas y postales que realicen los diversos cuerpos de inteligencia de esa nación. Todo dentro del marco que manda la Constitución alemana.

En lo referente a los gastos de inteligencia el parlamento alemán cuenta con una subcomisión que autoriza el presupuesto de inteligencia conformada por cinco diputados representativos entre las corrientes políticas de dicho Congreso. Esta subcomisión coordina con el Servicio Federal de Inteligencia Exterior (BND), la Oficina Federal de Protección de la Constitución y el Servicio de Inteligencia Militar que depende de la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

III.- ARGENTINA

En el Congreso de la República de Argentina, en 1997, al amparo de la ley 24.059 se formó la Comisión Bicameral Permanente que tiene como misión específica supervisar y controlar los órganos y organismos de la seguridad interior e inteligencia que existe en la actualidad y los que se puedan crear en el futuro. Este órgano se denomina Comisión de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad e Inteligencia.

Este cuerpo permanente no sólo tiene que ver con las actividades generales de los organismos de inteligencia argentinos, sino que se encarga de revisar los presupuestos asignados a los mismos, así como el gasto respectivo que deben ejecutar. La Comisión Bicameral tiene un reglamento interno donde se busca guardar la más absoluta reserva.

IV.- ISRAEL

El Mossad y el Shabak son conocidos como los servicios secretos de Israel, en particular por su lucha frontal contra el terrorismo de distinto signo. El Mossad es el equivalente israelí a la CIA norteamericana, y el Shabak, conocida como el Servicio General de Seguridad sería el símil del FBI.

En la década de los 90 la nación israelí, decide ajustar los sistemas de control de estos cuerpos de inteligencia, que ya existían en el Poder Ejecutivo y en el parlamento. Se decidió aumentar los controles internos de dichos cuerpos y se creó la figura del Contralor Independiente dentro del organigrama de estos servicios secretos, y por otro lado se acrecentó el poder de las autoridades políticas electas, creando el cargo de asesor de inteligencia del Primer Ministro, que haga las veces de un coordinador de un foro de discusión permanente de todos los servicios de inteligencia, en una suerte de Consejo Nacional de Seguridad.

El parlamento de Israel tiene dos formas de controlar estos servicios de inteligencia de manera permanente y de forma normativa. En el primer caso, el Congreso israelí tiene formado de manera permanente una subcomisión de Servicios Secretos, que pertenece, a su vez a la Comisión Parlamentaria de Defensa y Relaciones Exteriores. En el segundo nivel, este parlamento tiene la potestad de legislar sobre los objetivos, métodos, límites, controles y sanciones para estos organismos de inteligencia estatal.

V.- ESPAÑA

El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) es el único organismo responsable de proporcionar al gobierno español toda la inteligencia de carácter político, económico, militar, científico y técnico que sea necesaria para que pueda garantizar la adopción de medidas óptimas en materia de seguridad exterior e interior. El CESID intenta que su ámbito de información sea global ya que es el responsable que las autoridades adquieran, evalúen y tengan los suficientes conocimientos para la protección de los intereses de su Estado.

Desde el Poder Ejecutivo el control se materializa desde un primer momento con la designación del Director del CESID por el Presidente del Gobierno a quien corresponde la responsabilidad final de la designación de este funcionario ante el parlamento, para un período de cinco años. Además, el gobierno controla al CESID al marcar la pauta sobre las directivas, objetivos y la definición de sus responsabilidades.

Por otro lado, el parlamento no tiene una Comisión especializada en los temas de inteligencia, el control que ejerce se realiza mediante las comparecencias, invitaciones y reuniones del Ministro de Defensa y el director del CESID ante las comisiones parlamentarias que requieran en su momento solicitar, obtener e información precisa sobre diversos aspectos relacionados con el CESID. El otro ámbito de control deviene de la función o la figura de la contestación de preguntas e interpelaciones parlamentarias.

De igual modo, relacionado con los gastos de inteligencia, el CESID es controlado desde el parlamento en la asignación de presupuesto para sus actividades. La aprobación y publicación de la ley de presupuesto del Estado es un filtro usado para evaluar y fiscalizar las funciones asignadas al CESID, y para la ratificación de sus partidas de gastos, que tienen la denominación de reservados.

VI.- GUATEMALA

En 1997, la República de Guatemala inició un debate y discusión sobre las reformas constitucionales necesarias para ese país, luego del proceso de pacificación. En ese contexto, la Fundación Myrna Mack impulsó la elaboración de una propuesta de reforma del sistema de inteligencia nacional, tomando como referencia los postulados que están contenidos en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

Luego de un arduo debate de la sociedad civil guatemalteca se concluyó en la necesidad de proponer crear una Comisión Legislativa de Control de los Servicios de Inteligencia, propuesta que fue incorporada con enmiendas y agregados por parte del Congreso en las reformas constitucionales aprobadas en agosto de 1998, y que luego fueron sometidas a consulta popular en mayo de 1999.

Este control parlamentario se ejecuta sobre la base de cinco puntos específicos que provienen del Acuerdo de Paz alcanzado entre civiles y militares. Ellos señalan que:

a) Los organismos de inteligencia tienen prohibido realizar operativos.
b) El gobierno se compromete a impedir que existan redes o grupos que no correspondan a las funciones de inteligencia asignadas a las tres dependencias creadas en el Acuerdo.
c) La creación de una comisión del Congreso para ejercer funciones de control.
d) La promoción de una ley que regule el secreto.
e) Varios puntos relacionados con el manejo de los archivos de inteligencia.

VII.- FRANCIA

En Francia no existe una Comisión parlamentaria especializada en el control de los servicios de inteligencia, porque muchas de estas funciones son asumidas por las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores o Interior de la Asamblea Nacional (Congreso) de ese país. Incluso las Comisiones relacionadas con la aprobación del presupuesto público toman un interés especial por los recursos asignados a los organismos de inteligencia y los servicios secretos.

El funcionamiento institucional democrático de la nación francesa permite que no sea necesario que el parlamento tenga una comisión ad hoc de control y fiscalización sobre las actividades de inteligencia, ya que desde el Ejecutivo se promueven instancias y espacios especializados para alguna de las actividades relacionados con los servicios secretos. Así, en 1998 y 1999, se terminó de constituir una Comisión Nacional de Control de las Interceptaciones de Seguridad.

En está Comisión Nacional están representados el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Es presidido por un miembro de la Asamblea Nacional e integrada por un diputado y un senador. Además, participan un representante del Poder Judicial y un miembro del Ejecutivo. La Comisión Nacional depende presupuestariamente de la oficina del Primer Ministro.

Esta Comisión Nacional no sólo se dedica a fiscalizar el uso legal de las interceptaciones telefónicas que se hacen por razones de seguridad y la defensa nacional, sino otorga las autorizaciones para que los aparatos de inteligencia procedan con estas intrusiones telefónicas.

LA RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA

En su momento propusimos la creación de la Comisión de Información e Inteligencia del Congreso de la República con el rango de Comisión Permanente de supervisión, fiscalización y control de las actividades y el uso de los recursos de los organismos de servicio secreto, información e inteligencia. Producto del debate y los cambios realizados al sistema de inteligencia deformado por Montesinos y Fujimori, en la Ley de del Sistema de Inteligencia se incorporó este aporte, y se crea el año 2006 la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.

Hasta el momento la Comisión de Inteligencia que en algún momento lo presidió Luis Giampietri, congresista y ex miembro de la Marina en actividades de inteligencia, sólo ha recibido para su tratamiento tres proyectos de ley en los tres años de gestión, dos propuestos Alberto Andrade y uno por el propio Giampietri, los dos miembros de dicha Comisión. Pero lo que más salta a la vista es la iniciativa del ex marino, que busca quitarle potestades a dicha Comisión como la de requerir información clasificada y no clasificada a cualquiera de los componentes del Sistema de Inteligencia, así como solicitar los planes y las acciones de inteligencia y contrainteligencia programadas y efectuadas.

Giampietri busca reducir estas potestades, por eso es obvio que actividades ilegales como la interceptación telefónica en el caso Petrotech y sus evidente vínculos con hombres de inteligencia y en plena actividad de la Marina de Guerra, ni siquiera haya formado parte del plan de actividades de la labor de control de inteligencia que debe ejercer esta Comisión.

Una vez más se constata que así como el Congreso de la República modificó, con el objeto de reducir el número de proyectos de ley, la manera como se presentaban iniciativas legislativas, se hace imprescindible mejorar la función de control y fiscalización del parlamento, entre las que se encuentra esta competencia especializada de las actividades de inteligencia.