Enrique Zileri: si quieres aprender, enseña

Si quieres aprender, enseña, era una frase que se le atribuye a Séneca y Cicerón, pero es la que mejor le cae a Enrique Zileri. Los que pasamos por la revista Caretas, creo que podríamos suscribirlo. Claro, otra cosa era el método, que pasaban por los gritos que se generaban en el quinto piso y retumbaba en toda la revista, cuando algo no le parecía, o cuando se demoraba en demasía el pedido de fotos o revistas anteriores del archivo, pero como el señalaba en una entrevista a Milagros Leiva el 2011, era de pura inspiración, más que de explosión, aunque luego reconoce que “…Han volado ceniceros, eso sí, ja, ja, ja…Nunca tirado contra nadie, solo contra la pared…De pura inspiración. Hay cierta gente muy controlada y eso hace un daño espantoso yo creo que el desfogar la tensión hace mucho bien”.

Pero dirigir una revista como Caretas que marcaba agenda y era referencia, no era cualquier cosa. Y encima tenía que buscarse la imagen o la foto “vívida” como exigía Enrique, y en base de eso se redactaba la nota, la crónica y el artículo o los chismes sin confirmar. Todo en medio de una vorágine semanal que se iniciaba el jueves a mediodía con el balance de como se había editado el número vigente y como se planificaba el siguiente, entre todos los editores.

Su paso por la publicidad en agencias como McCain Erickson ha sido un aporte al periodismo no sólo de Caretas. Cuándo muchos se preguntaban; ¿Por qué no se puede ganar a Caretas?, mucho tenía que ver con el genio de la imagen, la publicidad y del periodismo, que Enrique Zileri supo condensar en las famosas carátulas semanales. Su obsesión en el buen sentido con la imagen y su experiencia publicista se reflejaban en el diseño de lo que quedaba como carátula y en la frase que la acompañaba.

Es cierto que él llegaba, los martes de cierre, con cierta idea para la carátula, pero sopesaba su idea con una última reunión de editores y tomar nota de algún tema adicional o nuevo que podría variar la misma. Luego, de ello las fotos en base a los temas posibles llenaban la mesa de reuniones con los diseñadores y diagramadores al costado, tomando apunte sobre las ideas, la sátira y el humor que como él decía sólo debían sugerir, para el lector se forme su propia idea u opinión. A la una de la mañana del miércoles, si no había sorpresas de la coyuntura, la carátula de la semana estaba lista, luego se iba y la revista quedaba en manos de subdirectores y editores, que luego tenían que justificar sus decisiones los jueves.

Si había fallas garrafales los gritos podrían volver a aparecer, por lo que de alguna manera ese también era su método de control de calidad y una prueba de esfuerzo para periodistas y editores durante la semana. Aunque siempre estaba dispuesto a absolver consultas y dudas, propias de la tensión. Nunca pase por una reacción de ese tipo, pero en el tiempo que pase por Caretas, junto a periodistas como Raúl Vargas, César Lévano, Guillermo Gonzales Arica, Sergio Carrasco, Rafael Hidalgo, Víctor Andrés Ponce, podemos recordar su estilo.

Creo que todos concordarán que no era gritar por gritar, sino que en medio de ello estaba la angustia de no bajar el nivel, de tener el destape y la primicia precisa, la buena redacción, la imagen, que era lo principal, y no faltar a la verdad. Muchos juicios encima son sus condecoraciones, pero también parte de la tensión de no volver a caer en ello, si no se tenía cuidado con lo que se publicara.

Al ser editor de la sección que él había calificado como de Seguridad, pero que en realidad era como el área de investigación periodística, una desavenencia que tuvimos un jueves, fue sobre la leyenda de la nota principal, “La Fiscal de la Mansión” (Caretas N° 1543) escrita por Mabel Barreto y que a su vez era la carátula de la semana, y que señalaba como llamada: “La doctora Blanca Nélida Colán Maguiño cambia de estatus. Ahora se cobija en una suntuosa casa ubicada en pleno corazón de Camacho”. Nota que tuvo un acierto con la sugerencia de Marco Zileri, actual director de Caretas, al tomar fotos áreas en parapente, porque se nos impidió ingresar a la casa al tratar de hacernos pasar por interesados en comprar el inmueble que estaba en venta.

A Enrique Zileri no le pareció que la edición no debía hacer colocado la palabra suntuosa porque era una exageración, pero desde la edición era lo que correspondía no sólo por el inmueble, sino por las propias fotos y el titular que se acordó.

Sólo tengo agradecimientos por lo que aprendí, no sólo en el oficio periodístico, sino para la vida en mi paso por Caretas, al haber conocido y trabajado junto a Enrique Zileri. Creo que teníamos intereses comunes, los temas de inteligencia, militares, la lucha contra la corrupción, la violencia política, pero podríamos diferir en los enfoques políticos o las fuentes políticas que alimentaban nuestro discernimiento y nuestras notas. Sin embargo, Enrique también sabía alentar el debate y el diálogo, el brainstorming en los editores y de allí sacar la mejor idea que se ajustaba al contexto y que marcaría la semana.

Enrique, fue sin proponérselo un maestro poco común, por eso denostaba los lugares comunes en la redacción de Caretas. Espero no haber caído en ello, como homenaje a su memoria.

 

 

Lecciones políticas de Ana Jara y el ABC de los discursos

Apenas designada Ana Jara, todos los medios y la opinión pública ubicaban a la Primera Ministra como una buena opción, porque era la operadora política que le faltaba, a gritos, al gobierno. Ella, correspondiendo ese perfil inicio una rueda de reuniones con los líderes de los principales partidos políticos del país, así como con cada una de las bancadas del parlamento, menos con Dignidad y Democracia, cometiendo en ese momento su primer error político. Seguramente presionada por las declaraciones de Abugattas y las disculpas que no llegaron, ni siquiera hubo invitación a este grupo parlamentario. Se excusó, diciendo que ya le habían hecho llegar sus temas de interés, cuando era innegable que fue más lo que perdió al no programar y convencer para entablar una reunión con Dignidad y Democracia.

Producida las abstenciones que no lograron otorgar la confianza al gabinete que ella preside, la segunda lección que Ana Jara debe merituar, es que no basta entablar diálogos y una rueda de conversaciones con los partidos y las bancadas para obtener votos a favor de la investidura, por más elevado el clima y las buenas formas en las que se llevaron estas reuniones, y se tomaron las fotos de rigor para los medios.

La tercera lección, que es un consenso en la opinión pública: el mensaje fue muy malo, y una mala reproducción en estilo y contenido del último mensaje presidencial de 28 de julio. ¿Qué esperaban las bancadas y los partidos del mensaje de investidura? Muy simple que se desarrolle y complemente con compromisos concretos, lo que Ollanta Humala había encarado y planteado como líneas generales, en temas sensibles como institucionalidad, reforma política y descentralización, que son las claves que darían sostenibilidad al crecimiento económico, y por supuesto una real inclusión. Estos temas, además de Ambiente y los problemas agrícolas y alimentarios, estuvieron ausentes en las 50 páginas del discurso.

El ABC de los discursos políticos indica que debes tener claro el objetivo político de los que buscas, y cuál será tu estrategia para alcanzar ese objetivo. El objetivo de Ana Jara era obtener el voto a favor de la investidura y su estrategia, era el contenido de su propio discurso, lo que iba a plantear y a suscitar para alcanzar ese objetivo. En vez de eso, la Primera Ministra le acepto a sus asesores o a quien le haya elaborado el discurso, un mensaje que era un registro de acciones y actividades que se vienen realizando en los diversos sectores, cuando lo que se esperaba era un cambio de giro, un punto de quiebre que la diferenciara de sus antecesores y de los miembros del gabinete, reconocidos como tecnócratas, pero también por sus participaciones en lobbies, como lo confirman los llamados “Cornejo Leaks”.

Por eso, la cuarta lección de Ana Jara es que no tomo en cuenta el contexto político, y creyó que su simpatía, buenas maneras, y sus argumentos, sumados a las reuniones sostenidas le garantizaba una votación a favor.  No sólo era grave el contenido de los “Cornejo Leaks”, más allá de que hayan sido obtenidos de manera ilegal, sino que en la práctica el gabinete que ella conduce, es el gabinete de René Cornejo, con todo lo que ello significaba en este juego de lobbies, lobos y lobazos que desde siempre han hecho negocios  a partir de información privilegiada o de favores alcanzados en el Estado y su administración pública.

Si ello estaba en juego, no bastaba un discurso que cual lista de compras, señale sólo las actividades y acciones que ya viene haciendo el gobierno. La Primera Ministra debía afrontar su discurso anunciando por ejemplo, la salida de Mayorga del gabinete, ya que no podía ofrecer la cabeza de Castilla, pero para hacer eso, tenía que hacer un trabajo político al interior del gobierno (Humala-Nadine) para convencerlos que ese gesto era fundamental si se pretendía alcanzar un voto a favor de la investidura. Una lección adicional es que en política el diálogo debe ir acompañada de gestos si se quiere tener éxito.

Una última lección, es que este tipo de discursos políticos deben ser propositivos con los interlocutores (los congresistas). Esa fue otra grave ausencia. Por ejemplo, se les pudo haber propuesto que se establecerían sesiones especiales de Estación de Preguntas con los ministros por separado o por sectores sociales y productivos para agilizar los temas de control político con los congresistas. En relación con los temas ausentes del discurso como la descentralización o la reforma política, se pudo traer bajo el brazo el nombre de un nuevo responsable en la Secretaría de Descentralización de la PCM, con suficiente conocimiento del tema que en el corto plazo presentaría al Congreso una agenda política y legal para encarar de manera conjunta este tema.  Lo mismo, se pudo hacer en el caso de los temas de reforma política. Se pudo plantear la instauración de una Comisión Especial mixta entre el Ejecutivo y el parlamento, liderado por una personalidad o un académico de prestigio que el corto plazo alcance una propuesta.

Claro, ello implicaba también que Ana Jara realice el trabajo político correspondiente en Palacio, porque es conocido que Nadine Heredia espera que Rosa Florián regrese a ese puesto si no le va bien en las elecciones regionales de Cajamarca.

Ana Jara es de las pocas cartas políticas que tiene el nacionalismo, pero todavía tiene que aprender mucho en este terreno. Tiene condiciones, pero de lo que haga en las próximas 24 horas dependerá que alcance la confianza. Es claro que las llamadas de Palacio a los congresistas claves para alcanzar la votación se intensificaran en estas 24 horas, aunque deberán estar sopesando, otra vez, que Ana María Solórzano, no fue una buena carta, como se lo dijo la opinión pública y los congresistas que hoy forman la bancada de Dignidad y Democracia. La presidenta del Congreso inaugura su gestión perdiendo en primera instancia el voto de investidura. Veremos el viernes 22 de agosto.

Reto de Ana Jara: conducir la descentralización

Una muestra clara de lo que como no se conduce la reforma descentralista y la prioridad que el actual gobierno le da a esta política de Estado en estos tres años de gestión, se puede observar en el directorio de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Allí todas las funciones y responsabilidades se encuentran encargadas, la misma Secretaria de Descentralización es una asesora de la ex titular Rosa Florián, y los Jefes de las Oficinas de Transferencia, Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y Articulación Intergubernamental, y de Gestión de Inversiones, han sido encargadas a funcionarios de planta de la PCM.

En esa precaria condición institucional, es claro que la toma de decisiones de un espacio eminentemente político tarde en resolver los temas y la agenda pendiente de la descentralización y el establecimiento de relaciones intergubernamentales eficaces con los gobiernos subnacionales, en desmedro de la perfomance de la nueva presidente del Consejo de Ministros.

Esta situación que, podría ser relativizada desde el Ejecutivo, por la propia debilidad de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) o de los gobiernos locales, durante los tres primero años del gobierno de Humala, dejará de serlo en el cortísimo plazo, cuando a fines de 2014 contemos con nuevas autoridades regionales y locales por todo el país. Y ninguna de éstas, como se espera, responda a algún partido nacional con representación en el Congreso (salvo excepciones) ni mucho menos sea cercano al partido de gobierno que decidió, equivocadamente,  abstenerse de participar en este proceso electoral.

En ese momento, el gobierno que anuncia alcanzar cambios en  el marco constitucional y legal de la descentralización y en especial en lo relacionado a la distribución del canon, se hallará en la situación de una gestión de salida del Estado. En esa condición, deberá afrontar los cambios que proponga en la descentralización, con gobiernos regionales y locales que vienen con el apronte y la energía de ser gobiernos que inician sus gestiones y con propuestas electorales, que se ajustarán al marco constitucional y legal vigente, incluida la distribución actual del canon, principalmente, para los 12 departamentos  beneficiados con el impuesto de la renta de la extracción de recursos naturales.

En ese contexto, la gestión de Ana Jara requiere en este espacio de la PCM, la Secretaría de Descentralización, un manejo entendido, fino, pero político de la descentralización. Manejo que no ha tenido en estos tres años de gobierno, pero dadas las circunstancias políticas que se le avecinan al Ejecutivo, está en la obligación de realizar, sino quiere soportar tensiones y crisis políticas desde el lado de los gobiernos subnacionales recién elegidos y con fortaleza, frente a un gobierno nacional de salida.

En un escenario de esa naturaleza, es claro que un estilo como el Ana Jara le puede ser de mucha utilidad al gobierno de Humala en este frente, pero para ello la PCM requiere dejar de lado las encargaturas formales que sólo cubren el puesto en la Secretaría de Descentralización y fortalecer ese espacio, cuya no conducción e invisibilidad es criticada desde la cooperación internacional, el parlamento y los propios gobiernos regionales y locales.

La reforma descentralista, en salmuera (Revista Páginas N° 232)

Hay una inquietud de agentes pastorales y de instituciones que trabajan en provincias del interior del país, respecto a que la departamentalización de nuestra descentralización obstruye el desarrollo económico e integral de sus territorios que no necesariamente tienen sus interacciones y dinámicas cotidianas al interior de las provincias y distritos de su departamento, sino que tiene intercambios de diverso tipo con provincias o zonas que pertenecen a otros departamentos.

Una de estas inquietudes señala con oportunidad: “…sería muy bueno estudiar este asunto de las regiones hoy. Un departamento=una región  me parece una absoluta tontería. En Ayacucho se ve eso claramente. Huanta se junta tanto con Junín como con Huamanga. El sur (Lucanas-Puquio se va hacia Ica y Arequipa. En fin, decir que Ayacucho es una región  es… un absurdo”.

Interrogantes válidas a diez años de que se implementará el nivel intermedio de gobierno en el Estado peruano con el funcionamiento pleno de los gobiernos regionales, y once años desde que se aprobará la reforma constitucional que retomó el proceso de descentralización, que quedó trunco por el gobierno de Fujimori en el década del 90.  

También, es un momento propicio para reflexionar sobre el futuro o el avance de la descentralización a partir de la reciente designación de César Villanueva Arévalo como Presidente del Consejo de Ministros, que de manera formal le corresponde según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo conducir el proceso de descentralización, pero que es absolutamente claro el compromiso que tiene el desarrollo y el destino de esta reforma, por lo que se espera algunas decisiones en esta materia. La última vez, que un presidente de gobierno regional condujo la PCM, por cuatro meses, por lo menos se planteó el diseño y contenido de lo que era la gestión descentralizada. Casualmente Yehude Simon también fue nombrado en ese cargo un mes de octubre, pero del 2008. En su breve gestión de cuatro meses, se logró promulgar el Decreto Supremo N° 047-2009-PCM donde se aprueba el Plan Anual de Transferencias 2009, pero lo más importante es que se establece la continuidad del proceso de descentralización con el desarrollo de la gestión descentralizada en el sector público.

Más de una década de reiniciada la descentralización en el país, es claro que esta reforma se encuentra en salmuera, vale decir conservada en sus marcos constitucionales y legales que no necesariamente se encuentran a la altura de lo que se requiere en la gestión y en los territorios del país. Son necesarios los cambios en el actual diseño de la descentralización que se aprobó el 2002 como nos lo refiere USAID[1] con sus propuestas de reforma institucional y legal, pero también se requiere conducción de la reforma, que requieren con urgencia el proceso de descentralización para alcanzar eficacia como Estado y una mejora gestión territorial del interior y de Lima Metropolitana, habría que agregar.

El diseño de la descentralización y el consenso político

En diciembre de 2012 en la Revista Páginas señalamos lo siguiente: “Hace más de una década (el 7 de marzo del 2002), un gran consenso nacional permitió aprobar la Ley N° 27680, con la que se reformó el Capítulo XIV de la Constitución política sobre la descentralización, retomando así esta reforma del Estado que fue desactivada inconstitucionalmente por el fujimorismo en los años 90. El propósito fijado fue establecer “una forma de organización democrática y (…) una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país”. Como todo proceso de consenso, no siempre se aprueba o se diseña lo que es mejor, sino lo que éste logra alcanzar….”[2]

Este consenso estableció como mandato constitucional[3] sobre el territorio del Perú que el Estado peruano organizara el gobierno en tres niveles: nacional, regional y local. Precisando que el ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. Además, normando que las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles.

Dicho proceso de regionalización se inició eligiendo gobiernos (regionales) en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.

El sesgo legalista del diseño de la descentralista, creyó que bastaba con que se colocase en la Ley de Bases de la Descentralización un cronograma, y que se promulgara en el 2004 la Ley de Incentivos para la conformación de regiones, que repetía las dos etapas planteadas en la ley de bases de que primero se deberían crear regiones entre los departamentos y en un segundo momento, las provincias y distritos si quieren pertenecer a otra región. El fracaso neto del referéndum del año 2005, donde se promovió la constitución de cinco regiones, y no se alcanzó la votación suficiente termino por sacar de juego el norte de la regionalización dentro de esta reforma del Estado, y acentúo el sentido de los gobiernos regionales, donde cada cuatro años se eligen autoridades regionales con un peso político propio que alienta el caudillismo.

Sin embargo, la experiencia política indica que muy pocos presidentes de gobiernos regionales son reelectos, y sólo consiguen volver a ser electos aquellos que lograron modernizar sus estructuras institucionales y lo que tienen mejores resultados en el gasto público. Aunque ello no tiene que ver, necesariamente, con mayor desarrollo integral al interior de los distritos y provincias de su departamento.

La descentralización que se diseñó y aprobó con el consenso político alcanzado del parlamento del período 2001-2006, y que se encuentra vigente es una de tipo político y administrativo, se eligen autoridades políticas cada cuadro años en el nivel local y regional, y se trasfieren funciones y competencias regionales del gobierno nacional al nivel regional, pero por lo general sin presupuestos, ni recursos asociados como ordenan las normas. Esta descentralización debería complementarse con una determinación clara sobre el destino y la implementación de la descentralización fiscal entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Vale decir, establecer de la forma más equitativa el reparto de la torta de ingresos entre los tres niveles de gobierno, y al interior de cada territorio de acuerdo a sus características propias.

Esto ya fue advertido el año 2006: “En el Perú, las regiones económicas no corresponden a las regiones geo-políticas. Este es un problema para la descentralización y para el desarrollo regional, por dos razones. Por un lado, porque el sustento económico de gobiernos descentralizados no siempre coincide con los límites regionales actuales (los antiguos departamentos), en consecuencia, las bases tributarias no están definidas en función de las regiones económicas que generan la riqueza, sino en función de la demarcación política. Por otro lado, hay una pérdida de economías de escala propias a territorios más amplios que las actuales regiones, tanto por factores de oferta como de demanda”. [4]

Por esa razón, y también porque existen interacciones de diverso tipo no sólo entre departamentos, sino al interior de ellos o entre distritos y provincias de departamentos se requiere promover la descentralización económica dentro de la reforma descentralista, buscando crear mejores condiciones económicas e institucionales, así como mecanismos políticos que permita mejores articulaciones e interacciones en los departamentos (gobiernos regionales), dentro de cada gobierno regional, y no sólo la capital, sino entre sus provincias y distritos periféricos que muchas veces tienen mayores integraciones culturales, históricas y económicas por fuera de los límites de los tradicionales límites políticos departamentales.

No sólo las provincias y distritos del interior del país sufren los efectos de un diseño centrado en lo político y administrativo. El territorio del departamento de Lima también ha sido desmembrado por este diseño de la descentralización hasta con tres gobiernos regionales: Lima provincias, el Callao y Lima Metropolitana que según la Constitución es un Régimen Especial y ejerce funciones regionales en la provincia de Lima, todas con autonomía política, administrativa y económica. Este diseño y su consenso político por ejemplo no alcanzaron a definir el contenido de ese Régimen Especial para Lima Metropolitana y cómo establecer un gobierno en el área metropolitana que comparte con el Callao.

El diseño político de la descentralización establecido por el consenso parlamentario que instaura 26 gobierno regionales -incluida Lima Metropolitana- corresponde directamente con los 26 distritos electorales existentes en el país. Y, a cada distrito electoral le corresponde una representación política en el Congreso de la República. Si las decisiones del parlamento 2001-2006 se realizaban por consenso, es claro que el acuerdo alcanzado para modificar la Constitución y logran el reinicio de la regionalización instaurando gobiernos regionales en nuestros conocidos departamentos, es producto de esta correspondencia política, que como sabemos no siempre es lo que se requiere. Aunque es un tema que es anterior. El año 2000, la Célula Parlamentaria Aprista, mediante un proyecto de ley proponía elegir gobiernos regionales asentados en los departamentos. Fórmula que es vuelta a poner en tapete por congresistas apristas el año 2001, unidos a otros sectores políticos representados en la Comisión de Descentralización del parlamento.

Mariátegui avizoró esta situación cuando señaló: “Ningún regionalista inteligente pretenderá que las regiones están demarcadas por nuestra organización política, esto es que las “regiones” son los “departamentos”. Cuando hablamos de departamento (provincia y distrito), estamos haciendo referencia a un término político no es un término real, no denota una unidad económica y/o histórica. El departamento, sobre todo, es una convención que no corresponde sino a una necesidad o un criterio funcional del centralismo”. [5]

Modificar el diseño de esta descentralización asentada en gobiernos regionales departamentales, implica generar un gran consenso político que mejore esta reforma que tiene más de una década y es posible a la luz de la práctica generada establecer cambios constitucionales, institucionales, de política y gestión pública y de carácter legal. Pero, ese es el problema. El consenso político generado el 2001 fue producto de la salida oscurantista que significó el fujimorismo, por lo que los alineamientos eran más factibles, dentro de la preservación fundamental de los intereses principales de cada quien.

Las mismas razones, por las que no se puede elegir al Defensor del Pueblo y a los magistrados de la Corte Suprema, alcanzar consenso o una mayoría calificada, es lo que mantiene en salmuera el diseño de esta reforma descentralista que luego de diez años necesita modificaciones y cambios, como el de la integración de regiones, el norte de la regionalización, adecuación de sistemas administrativos a los espacios regionales y locales, superposiciones de competencias y funciones, servicio profesional sector público, descentralización fiscal, distribución del canon, financiamiento de funciones regionales ya transferidas, coordinación intergubernamental, entre otras. Algunos de estos cambios y mejoras implican modificaciones constitucionales, por lo que se requiere una mayoría calificada para producirla. Quizá por eso se ha logrado mantener inalterable, para bien y para mal, esta reforma del Estado. Pero por la experiencia comparada en países más avanzados en esta materia, el fortalecimiento de la descentralización siempre es acompañado de otras reformas públicas. En el Perú, no ha sido el caso.

Sólo 16 congresistas que venían del período 2001-2006, donde se formuló y aprobó nuestra actual modelo de descentralización, fueron reelectos para el período 2006-2011. La mayoría de los reelectos no participó de manera especializada en el proceso de formulación de la política de descentralización, por lo que es evidente el debilitamiento institucional de esta política de Estado y de su conducción, que se engendra luego del fracasado referéndum del año 2005, pero que se consolida y se desarrolla a partir del año 2006.

La conducción de la descentralización

A la mitad del gobierno de Humala, uno de los déficits notorios es el una adecuada conducción de la reforma descentralista. El presidente inició su gobierno con un discurso descentralista que incluso planteó el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales  (ANGR) y que: “El  gobierno  nacional  será  el  principal  aliado  de  los  gobiernos regionales  y  locales. Una  de nuestras  primeras  medidas será la instalación de un mecanismos de relación fluida del gobierno con los presidentes regionales”.

A inicios de diciembre de 2011, con la salida de Salomón Lerner y sus ministros, se produce un giro que ha consolidado la presencia ejecutiva del gobierno nacional en todo el territorio del país, aunque la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) dice otra cosa como su competencia exclusiva: “Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales…en todos los niveles de gobierno”.

A pesar de ello, el gobierno nacional mediante convenios con las municipalidades, obvia el nivel intermedio de gobierno,  e inaugura pistas, veredas y hasta locales de centros iniciales en distritos, además de obras de inversión de mayor envergadura en los departamentos, donde muchas veces los alcaldes provinciales y los gobiernos regionales son los últimos en ser informados. Hay un evidente recentralización de las funciones ejecutivas en el gobierno nacional que se confirman con la tendencia presupuestal “in crescendo” a favor de los sectores nacionales. (Ver Cuadro)[6] y dejando de lado a los gobiernos regionales, por más que éstos han sido solidarios con el gobierno de Humala. Basta recordar el respaldo que le dio la ANGR al gobierno, que en ese momento presidía César Villanueva,  en momentos críticos como el caso Conga.

La conducción de la descentralización es competencia directa del Presidente del Consejo de Ministros, vale decir de César Villanueva. Para ello cuenta con la Secretaría de Descentralización que según el Reglamento dela PCM aprobado con el Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, le corresponde: “dirigir y conducir el proceso de descentralización… aprobar normas en materia de descentralización”. Es claro que ello no se ha producido. Hay una agenda embalsada de políticas y problemas por resolver en la reforma de la descentralización que no se atiendan, no se tocan, ni se conversan en la PCM.

La mejor prueba de esta ausencia de conducción de la descentralización es el nulo tratamiento que tiene la propuesta del Plan Nacional de Descentralización 2012-2016. La Secretaría de Descentralización, mediante resolución No.077-2012-PCM/SD aprobó la propuesta del Plan Nacional de Descentralización 2012-2016, dejando sin efecto la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización que propusiera Manuel Dammert como Secretario de Descentralización en diciembre de 2011. En octubre de 2012, la gestión de Rosa Florián inició la socialización de la nueva propuesta del Plan Nacional de Descentralización 2012-2016, que dejó de lado la regionalización, estableciendo permanentes marchas y contramarchas. Hasta la fecha dicho Plan no tiene el carácter de documento oficial, en la práctica esta en salmuera y prácticamente olvidado. Lo mismo ocurre con el funcionamiento o la implementación del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), que como señala la LOPE, debe ser presidida por el Presidente del Consejo de Ministros. El CCI fue instalado de manera protocolar estando en la PCM Yehude Simon, pero sus predecesores definieron que se tenía que perfeccionar el reglamento. En ese proceso ha quedado latente. Y son temas, que no ameritan cambios constitucionales de difícil resolución, sino acciones de conducción y de gestión política, como el mismo tratamiento de las funciones regionales por transferir o de las ya transferidas. Gestiones de la cual ha estado y sigue estando ausente la Secretaría de Descentralización.

Hoy que César Villanueva ha asumido la Presidencia del Consejo de ministros, según sus propias declaraciones sin retorno al espacio regional, es claro que se espera algún cambio de giro que haga cambiar o mover un poco la salmuera en la que se conserva el actual diseño y las políticas que se requieren en materia de descentralización.

Una carta publicada por César Villanueva en el Boletín oficial de la ANGR en diciembre de 2012 comentando el Plan Nacional de Descentralización 2012-2016, me exime del norte que debería buscarse para potenciar y mejorar la descentralización y la regionalización en el Perú: “Desde hace más de un año, insistimos en que el relanzamiento de la reforma es indispensable. Construir entre todos un nuevo pacto político que establezca una agenda renovada y una hoja de ruta del proceso, es impostergable si queremos acercar el Estado a la gente y diseñar e implementar políticas públicas de desarrollo sostenible e inclusión social, fortaleciendo la gobernabilidad democrática y la gobernanza del país. ¿Estará dispuesto el gobierno nacional a hacer ese tránsito con los gobiernos subnacionales? La discusión del Plan propuesto por la Secretaría de Descentralización será una oportunidad para comprobarlo”. [7] Esperamos que la pregunta planteada alcance  una respuesta positiva.

Un Congreso que profundice la democracia

Lo malo y lo feo suele el lugar común de las acciones que son conocidas por los ciudadanos sobre el Congreso, no siempre lo bueno o positivo. El caso Urtecho, y otros parecidos que se encuentran ocultos, pero latentes es un ejemplo de ello.

Una expresión común, que se repite cotidianamente por políticos, periodistas, analistas y ciudadanos es que el Congreso de la República del Perú es el primer poder del Estado, en comparación con los otros poderes que forman el sistema democrático de nuestro país. Dicha afirmación cobró fuerza con el retorno a la legalidad a través de la Constituyente de 1979, pero en la práctica hay una discusión no acabada entre los especialistas, en tanto no se podría hablar de poderes y jerarquía entre los mismos, sino del cumplimiento de funciones específicas en cada uno de los poderes y que se complementan.

En el caso peruano, el sistema político se centra en uno de tipo presidencialista, con un peso específico del Presidente de la República, mientras que en otras realidades, como Inglaterra, ese peso se encuentra en el Congreso, porque tienen un sistema político que funciona teniendo una mayor gravitación en el parlamento. Dependiendo del sistema político, podemos definir donde se encuentra el mayor poder o la mayor gravitación política.

Si bien es notorio el peso central y a veces casi excesivo que tiene el Presidente de la República en nuestro sistema político, como lo mostrado en el último quinquenio, el Poder Legislativo no deja de ser un espacio importante y gravitante para alcanzar un equilibrio de poderes en el Estado, porque concentra tres funciones centrales: legislar, controlar políticamente a los otros poderes y sectores públicos y representar políticamente a los ciudadanos. Funciones, que de ser ejercidas eficazmente harían del parlamento peruano un espacio creíble y de reconocimiento ciudadano.

Anoto tres razones por la cuales el parlamento peruano se encuentra sumido en un gran descrédito institucional. Primero, la permanente exposición pública de sus acciones, y la mirada recurrente de todos los ciudadanos sobre aquellos a quienes eligieron y le otorgaron el mandato político que poseen. En segundo lugar, la falta de una modernización de su institucionalidad y del servicio parlamentario que no lo hace una entidad transparente y con mayor previsibilidad; y por último la fragmentación política que se reafirma en los últimos 15 años de períodos legislativos, hecho que como lo señalamos en su oportunidad: “hará más difícil realizar ajustes institucionales y modificaciones constitucionales…en el terreno de la representación política, la lucha contra la corrupción, la revocatoria o la renovación por mitades…”

En el presente artículo reflexionaremos sobre los cambios que deben producirse para renovar la relación con los ciudadanos y que muchas veces sólo dependen de la voluntad política, por ejemplo para promover la participación ciudadana y una gestión transparente.

En su discurso inaugural como presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattas señaló:

“…iniciamos un nuevo período parlamentario como actores del órgano constitucional más importante del sistema democrático, pero también del más expuesto ante la opinión pública. A diferencia de otras instituciones, el Congreso adopta sus decisiones en forma pública…somos los actores políticos más fiscalizados…”

No le falta razón. El parlamento peruano y los parlamentos en general, a diferencia de otros sectores públicos se encuentran sujetos a una exposición pública permanente. Otros poderes y entidades públicas tienen menos visibilidad mediática o de opinión pública como nos lo recuerda Maurer Lynn:

“Los parlamentos son las instituciones más importantes pero los menos populares en las…democracias…tienen menos aceptación que los gobiernos (aunque estos funcionan mal e ineficazmente)…los parlamentos tienen más visibilidad y así presentan al público todos los vicios y errores…pues engloban y exhiben a todos los agentes y todos los procesos políticos del sistema”.

Esta exposición permanente de la actividad parlamentaria es consecuencia también del fenómeno de la globalización, que en la práctica ha debilitado el papel de los Estados, por lo que tomar decisiones de gobierno se vuelve una acción difícil de alcanzar ya que debe tener un conocimiento pleno de cuál es el interés público. Por eso las políticas públicas o las normas deben ser pensadas como parte de procesos de diálogo en los que los diversos sectores sociales deberían participar en su formulación ya que de ello depende el alcanzar logros.

Giddens, en una de las propuestas finales de su libro “Un Mundo Desbocado” buscando respuestas a esta situación de crisis de la política y de los Estados para resolver los problemas de las personas y donde los ciudadanos cuentan con información permanente sobre lo que hacen o dejan de hacer sus autoridades afirma que:

“…se requiere una profundización de la democracia porque los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno afirmativo que aquellos que los gobiernan”. Sintetizando su propuesta en una frase de que se requiere: “democratizar la democracia”.

Estos aportes intelectuales llaman la atención de que no es suficiente para la política y por lo tanto para el parlamento, entender que la democracia sólo es aquella que elige representantes políticos, y no promueve con el mismo interés otras formas de democracia, como la democracia participativa, es decir el diálogo con los ciudadanos y sus instituciones.

Nuestra Constitución vigente producto de las modificaciones constitucionales realizadas durante la transición política de los años 2001 y 2002 incorporó mecanismos de democracia participativa, principalmente en los gobiernos regionales y locales como los presupuestos participativos, los consejos de coordinación regional y local, audiencias de rendición de cuentas, entre otros, pero no ocurrió de la misma manera en las entidades nacionales, como el Congreso de la República.

Reducir la democracia a la elección de representantes cada cierto período, y reafirmar que esta es la auténtica forma de democracia, y que los ciudadanos y/o sus instituciones deberían esperar el próximo proceso eleccionario para elegir otras autoridades si tienen discrepancias con estas, es no entender el momento de la crisis de los Estados y de la representación política en el Perú y en el mundo. Sin embargo, en el último quinquenio, hemos escuchado afirmaciones de autoridades nacionales y regionales que la única democracia es la que elige a sus autoridades para representarlos en sus intereses, poniendo por delante la autoridad formal que la elección les otorga, pero no sopesando la importancia de la legitimidad ciudadana.

El parlamento peruano, que es el espacio natural de la representación política nacional, para ganar legitimidad y eficacia debe afianzar la relación con la democracia participativa es decir con los ciudadanos y la ciudadanía organizada. Pero no sólo con aquellos, como los gremios empresariales, que pueden financiar oficinas de coordinación parlamentaria e interactuar diariamente con los congresistas y las comisiones ordinarias, sino con la diversidad de expresiones de la ciudadanía organizada, que por diversos modos y canales busca alcanzar su opinión, sobre materias, denuncias y decisiones públicas. Precisamente el hecho de que los gremios empresariales y todos los sectores públicos cuenten con presencia diaria en el parlamento muestra el peso gravitante del Congreso en el Estado y la sociedad.

Al parlamento peruano le ha ido mejor cuando ha promovido institucionalmente la participación ciudadana para establecer un diálogo destinado a mejorar el contenido de sus iniciativas legislativas o realizar el control político en los sectores públicos. Un ejemplo, fue el proceso establecido el año 2002 para incorporar el capítulo de la descentralización y regionalización en la Constitución, y la aprobación de la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, entre otros.

En ese proceso participaron junto a los parlamentarios, sectores empresariales, ONGs, instituciones públicas y una multiplicidad de actores regionales, lo que produjo que esta reforma descentralista, perdure en el tiempo, por más de ocho años. Hoy podrán haber críticas de que dicha política requiere cambios y mejoras, pero muy pocos discuten su vigencia. No ha habido una experiencia parecida, aunque la que más se asemeja por el volumen de reuniones, pero no por los consensos alcanzados, es el proceso para aprobar la Ley Forestal y Fauna Silvestre, el 2011.

Esta es una línea que el parlamento debe promover, y sobre todo colocar al lado de las comisiones ordinarias y los parlamentarios, los diversos intereses ciudadanos, y no sólo de los que cuentan con mejores condiciones logísticas, porque de eso se trata el trabajo en el Estado, consensuando los diversos intereses de la sociedad.

Por ejemplo, en la Comisión de Pueblos Andinos el año 2008, antes de los sucesos de Bagua, se tomó la decisión de crear una Comisión Consultiva de dicho grupo parlamentario que se mantuvo hasta el final del período, con la participación de especialistas e instituciones y de las organizaciones indígenas en sus más diversas expresiones. Esto posibilitó alcanzar los consensos para el dictamen de la ley de consulta previa, que fuera aprobada por el Congreso de la República, casi de manera unánime, pero observada por Alan García. Este espacio de consulta coadyuvó también con la función del control político. Por cierto, en esta línea de promover la participación, el parlamento peruano requiere aprobar una modificatoria de su reglamento, que indique como va a procesar la consulta previa respecto de los proyectos de ley y normas que se encuentran en su agenda y que pueden afectar a los pueblos indígenas.

De otro lado, la casa de las leyes debería ser la primera en cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información y retornar a los estándares establecidos en los períodos gubernamentales de los presidentes Paniagua y Toledo, respectivamente. La transparencia pública se instituye con el objeto de darle información al ciudadano y que estos puedan vigilar la gestión de sus autoridades electas. En esos períodos presidenciales, los ciudadanos podían conocer no sólo los proyectos de ley o los eventos promovidos desde el parlamento, sino la gestión administrativa que los congresistas o las comisiones hacían en cuanto a viajes, usos de telefonía, mensajería, contratación de personal, entre otros. Hoy, se debería retomar ese camino, porque hasta el 7 de agosto del presente año, la nueva directiva parlamentaria seguía heredando el oscurantismo establecido en el quinquenio anterior. Desconociéndose, por ejemplo, cuáles fueron los acuerdos de mesa directiva del parlamento en los años 2006, 2007 y 2008.

A diferencia de otros períodos legislativos, hoy se puede decir que el Congreso tiene periodismo escrito, televisivo y de medios digitales, pero los ciudadanos conocen menos el Congreso. Son plausibles las acciones desplegadas para recoger las iniciativas individuales de los ciudadanos y canalizarlas a las Comisiones o los parlamentarios, o las convocatorias a participar en el parlamento virtual, pero no es suficiente, porque falta un trabajo más institucional de comunicación política, que vuelva a convertir al parlamento en una fuente de información, y no sea sólo una caja de resonancia de los medios de comunicación.

El parlamento produce mucha información importante que los ciudadanos e incluso los nuevos congresistas, no conocen. Sólo dos ejemplos, ¿sabían que el parlamento tiene un estudio aprobado en la Comisión de Descentralización el año 2010, donde se ha evaluado la gestión pública de los gobiernos regionales planteando soluciones a los problemas encontrados? En la Comisión de Presupuesto de manera parecida existen informes sobre el uso del canon, o descentralización fiscal que muy pocos conocen. ¿No deberían los periodistas del Congreso preparar productos periodísticos y comunicacionales que pudieran colocar en los medios nacionales, dándole otra cara al Poder Legislativo ante los ciudadanos?

A su vez el Congreso como órgano político y jurídico podría alentar el debate público y la reflexión de la ciencia política o el derecho parlamentario, mediante una publicación donde a manera de ensayos, la academia o los especialistas formen una opinión pública y por el otro lado introduzcan en la vida parlamentaria nuevas iniciativas y propuestas que fortalezcan su institucionalidad.

Finalmente, es central descentralizar la actividad parlamentaria a las provincias mediante audiencias públicas (oir) para recoger las inquietudes y demandas ciudadanas, pero más importante es el procesamiento de esas demandas y la forma como se incluye en la agenda parlamentaria. De lo contrario, se puede generar un problema mayor.

Asimismo, a propósito del caso Urtecho es necesario revisar el actual sistema administrativo del parlamento que fue diseñado por el fujimorismo en el CCD, y que alienta la constitución de 130 feudos congresales, sujetos a recortes y agresiones laborales, que por cierto no son una novedad sino que también existían en la década del 90. ¿Porqué los congresistas tienen que contratar al personal de la oficina? ¿Porqué el parlamento, como en otras experiencias no le a asigna personal especializado a los representantes políticos según los temas de sus prioridades?

Son algunas reflexiones y propuestas que buscan que el Congreso de la República profundice la democracia en el Perú, de la mano de sus ciudadanos y sus organizaciones, y quizá de ese modo confirme su condición de primer poder del Estado.

Empresa y Universidad, por la Modernización del Estado

Uno de los factores centrales en el desarrollo económico de las empresas, la universidad y del país, no sólo tiene que ver con la creación de riqueza, la mejora de la competitividad, y el crecimiento económico, sino que, principalmente con la profundización, mejora o fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú, en particular de la modernización y reforma del Estado peruano, para hacer sustentable y sostenible todos los avances en materia económica.

Existen estudios que señalan que existe una relación directa entre Estado y empresa, así como entre Estado y universidad. En relación al primero, es posible que la relación entre empresarios y gobernantes sea dependiente debido a factores económicos que afectan la política, como el poder material de los empresarios, y hay factores políticos que afectan a los empresarios como la autonomía o posición del Estado frente las discrecionalidades del gobierno o la capacidad operativa del aparato del Estado en la gestión de políticas.

Uno de los factores centrales en el desarrollo económico de las empresas, la universidad y del país, no sólo tiene que ver con la creación de riqueza, la mejora de la competitividad, y el crecimiento económico, sino que, principalmente con la profundización, mejora o fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú, en particular de la modernización y reforma del Estado peruano, para hacer sustentable y sostenible todos los avances en materia económica.

Existen estudios que señalan que existe una relación directa entre Estado y empresa, así como entre Estado y universidad. En relación al primero, es posible que la relación entre empresarios y gobernantes sea dependiente debido a factores económicos que afectan la política, como el poder material de los empresarios, y hay factores políticos que afectan a los empresarios como la autonomía o posición del Estado frente las discrecionalidades del gobierno o la capacidad operativa del aparato del Estado en la gestión de políticas.

De otro lado, la universidad tiene una relación del Estado, para mejorar la formación de recursos humanos suficientes y de calidad que aseguren el desarrollo y la competitividad, así como en el diseño de políticas públicas.

Entonces, Empresa y Universidad, juntas podrían cumplir y en algunos casos lo vienen cumpliendo en el fortalecimiento y la modernización institucional del Estado peruano y su aparato público, por lo menos en cuanto resaltar la necesidad de reformar el estado y avanzar de tener islas de modernidad en el aparato estatal, a una reforma sostenida en los tres poderes constitucionales.

Han pasado 30 años desde que Osborne y Gaebler publicaran “La Reinvención del Gobierno , en pleno auge de la implementación del Consenso de Washington, que implicó, como se sabe, una reducción de la presencia institucional y un “achicamiento” real del Estado. Los autores de esta obra propugnaron que como consecuencia de las burocracias anquilosadas de la era industrial debíamos incrementar la eficiencia del Estado y para eso había que reinventarlo: “pasar de un tipo de un gobierno de tipo burocrático a otro de carácter empresarial”.

Así se iniciaron proceso para que el sector público se vaya apropiando de instrumentos y mecanismos del sector privado o empresarial y de ese modo mejorar su performance. En la misma línea luego fueron apareciendo propuestas como los enfoques de nueva gestión pública o nueva gerencia pública. Sin embargo, el tiempo demostró que alcanzar eficacia, eficiencia y sobre todo resultados en el Estado iba más allá de trasladar medios o métodos del sector privado al público.

Además a fines de los 90, Williamson hizo una evaluación sobre los resultados del Consenso de Washington, sobre todo en América Latina, precisando lo siguiente: “…los latinoamericanos tienen derecho a sentirse decepcionados, pues la década pasada no satisfizo las esperanzas que ardían a inicios de los 90, cuando muchos esperaban que las reformas devolverían a la región al camino del crecimiento, permitiendo que los estándares de vida empezaran a igualar a los de los países industrializados”. Y explicando la reducción del Estado por las propuestas del Consenso de Washington alcanzo a resumir que: “el gobierno se presentó como productor de muchos bienes y servicios que pueden ser previstos de forma más eficiente por el sector privado…pero desear recortar la presencia del gobierno en estas áreas no es lo mismo que desear un gobierno minimalista” . Concluye esta parte citando al Banco Mundial: “Un Estado fuerte y capaz es necesario para apoyar a los mercados, y un Estado arbitrario y corrupto puede impedir su desarrollo”.

Desde hace diez años, en el Perú se constituyó un Estado unitario y descentralizado, que como señala la Constitución Reformada en marzo de 2002, busca el desarrollo integral del país , y es claro que asistimos a un notorio crecimiento económico del país, pero también es más notorio que una de las trabas centrales en el desarrollo es el funcionamiento y la profesionalidad del aparato público, que no permite que el Estado pueda cumplir su rol de igualar oportunidades, de tener actos predecibles, una cultura de coordinación y de ejercer su capacidad de regulación y mejoramiento de los contextos de oportunidades para todos los peruanos.

En última instancia podemos estar asistiendo a que producto del crecimiento económico que se avizora todos los días tenemos grandes expectativas de futuro y desarrollo sostenible, pero el Estado como uno de los actores principales para asegurar ese rumbo, no tiene las capacidades institucionales.

Empresa-universidad, colaborando con el Estado

Hay un aporte específico que una alianza empresa-universidad puede brindar para avanzar en modernizar y mejorar la institucionalidad del Estado en el Perú. Ese, también es un factor de crecimiento y de mejora de la economía. Como dijo Fernando Zavala: “Se espera que lo que hace la empresa ayude a que el Estado sea mejor y, a la vez, que la empresa ayude al Estado a mejorar”. Con una estrecha presencia de la universidad habría que agregar.

Pero, ¿por qué la Empresa y la Universidad deberían acentuar su mirada y su aporte al fortalecimiento institucional del Estado, que establezca un desarrollo sustentable del crecimiento y los beneficios económicos?

Una razón concreta es que existe experiencia comparada de que por ejemplo cuando se alcanza a constituir burocracias profesionales a partir del mérito y no de la designación y el favor político, el desarrollo se acentúa. “Como indica el Banco Mundial sobre el “milagro” del Este asiático, la burocracia profesional ayudó a que los países del Asia oriental mantuvieran la estabilidad macroeconómica, así como a mejorar la eficiencia productiva de la economía actuando como árbitro relativamente imparcial que les ofrecía incentivos basados en mérito de los agentes del mercado…con poca vigilancia y regulación burocráticas, los bancos privados, el sector no bancario y las compañías contrajeron deudas excesivas en países extranjeros, acumularon una gran deuda externa y crearon burbujas económicas en el interior”.

El Estado, y su aparato público deben comprender que su papel en el desarrollo del país, no sólo es un proveedor de servicios, sino que principalmente debe gobernar cumpliendo las demandas ciudadana y resolver los problemas públicos más sentidos que impiden el desarrollo integral. Quedando claro que para poder alcanzar estos objetivos, el o, los aparatos públicos del Estado, organizacionalmente está constituido por personas, que están sujetos a normas, procesos y debieran también a resultados.

Si pudiéramos priorizar los problemas centrales del funcionamiento del aparato público, podríamos centrarnos en las personas y sus capacidades, y la normatividad. No podemos olvidar que en el sector público, sólo es posible aquello que norma manda, mientras que en el sector privado, se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. A partir de esta realidad podemos contar con un aparato público, que planifica, prevé, facilita se anticipa a resolver los problemas; o de lo contrario, a uno que obstaculiza, detiene, fragmenta y compartamentaliza las decisiones.

Varios de los países que hoy día tienen economías desarrolladas, resolvieron el problema de su burocracia a fines del siglo XIX e inicio del XX, confirmando que este aspecto es uno de los factores del desarrollo. “La respuesta histórica a esta necesidad y este desafío fue la creación de burocracias profesionales, como ocurrió en muchos de los países que hoy día son desarrollados hace muchos años atrás. Tenemos hoy día más de 100 años de trayectoria de burocracia profesional en varios de los países desarrollados”.

Este es uno de los retos que el Perú debe emprender en el corto y mediano plazo, y responder que sí sólo con islas de modernidad en el aparato público, como SUNAT, Banco Central de Reserva, SERVIR entre otros es posible emprender la sostenibilidad del crecimiento económico, o se requieren intervenciones de desarrollo de capacidades y/o formación continúa de una mayor escala que posibilite que se avance hacia un Estado moderno, unitario y descentralizado.

No es que la empresa y la universidad, no hayan hechos los esfuerzos y los aportes correspondientes para mejorar el Estado peruano, pero no necesariamente de manera conjunta. Por un lado, la universidad, siempre ha alcanzado y producido estudios e investigaciones sobre reformas institucionales pendientes del Estado, formulación de políticas o gestión pública, entre otras, que son puestas a disposición de los tomadores de decisión pública. Los seminarios de Reforma del Estado de la Escuela de Gobierno de la PUCP es una muestra de ello, pero, todavía no logran transcender ámbitos de decisión mayores en el aparato público.

De otro lado, la relación de la empresa y el Estado, o como señala Jaime Barreto , el análisis de las relaciones entre empresarios y el gobierno se desarrolla, y cita a Francisco Durand, cuando señala que “la relación entre empresarios y gobernantes es mutuamente dependiente, pues hay factores económicos que afectan la política, como el poder material de los empresarios, y hay factores políticos que afectan a los empresarios como la autonomía o posición del Estado frente al capital, las discrecionalidades del gobierno en la toma de decisiones, el tipo de orientación macroeconómica y la capacidad operativa del aparato del Estado en la gestión de Políticas Públicas”.

La manera como se resuelva esta relación, si se alcanza acuerdos políticos o se mantiene una relación por interés, es a lo que Durand llamará matrimonio o servinacuy, respectivamente.
Adicionalmente, el Estado ante los recursos escasos que posee, ha visto a la empresa, muchas veces como contraparte o provisora de recursos para activar fondos en programas sociales o proyectos y alianzas público privadas. Y algunas iniciativas, de la empresa, que intentan mejorar la gestión y los resultados en el Estado, han sido poco comprendidos e incluso satanizados. Tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, como en el Poder Legislativo.

Como el tamaño del Estado peruano es amplio y descentralizado, en esta oportunidad sólo me centraré en las dos líneas del aparato público que requieren de manera urgente una intervención conjunta de la empresa y la universidad, buscando ayudar a desentrampar sus nudos o cuellos de botella existentes.

Gestión e institucionalidad del Estado descentralizado

El segundo semestre del 2009 la Comisión de Descentralización del Congreso de la República formó el Grupo de Trabajo: “Seguimiento y cumplimiento de las normas del proceso de descentralización y de evaluación de la gestión pública de los gobiernos regionales y locales”, conducido por el ex congresista Washington Zeballos Gámez, que contó con el apoyo de USAID Prodescentralización, financiando un estudio del arquitecto Raúl Molina sobre la reforma institucional de los gobiernos regionales.

Luego de casi un año de trabajo los resultados fueron notorios respecto a la gestión pública de los gobiernos regionales, y se alcanzan hasta 25 recomendaciones de ajustes institucionales y de modificaciones normativas, con sus respectivos responsables, pero que no ha sido retomado, y que permitiría un mejor performance de los gobiernos regionales y del proceso de descentralización en general.

Entre las principales recomendaciones alcanzadas, se señala que los gobiernos regionales deben optar por una política de gestión basada en delegación de decisiones a distintos niveles, definiendo roles, responsabilidades y formas de decisión, así como las políticas y resultados que deben obtener. También que establezcan las diferencias entre la gerencia estratégica de la gerencia operativa, y que los órganos de línea centrales de los gobiernos regionales deben ser los depositarios de las materias de competencia de responsabilidad regional.

Sin embargo, también se reclama la elaboración de una matriz en el Estado peruano que permita vincular las políticas que provienen de los sectores nacionales, con la ejecución de las mismas en el ámbito territorial regional, estableciendo de ese modo que los gobiernos regionales sean una correa de transmisión entre las políticas sectoriales nacionales y los ámbitos territoriales donde éstas deben converger. Definiendo previamente con la mayor claridad las competencias por nivel de gobierno. Asimismo, un retraso que afecta directamente la gestión de los gobiernos subnacionales es la adecuación de los Sistemas Administrativos Nacionales con los que funciona el Estado, pero que se mantienen en esa escala, y no aterrizan al territorio de los gobiernos regionales o locales.

Junto con ello, es obvio que cómo ha ocurrido en las experiencias más avanzadas de descentralización, estos procesos requieren de reformas complementarias que modernicen el Estado y su aparato público, como el contar con una carrera pública profesional, gestionar partir de resultados, y no necesariamente del gasto público presupuestal, normatividad ordenada y predecible; y sistemas de información que permitan contar con un Estado interconectado. Sino seguiremos asistiendo a afirmaciones simples de que los gobiernos regionales tienen mucha plata y no saben gastar ni tener resultados.

La empresa y la universidad pueden establecer acercamientos conjuntos a buscar resolver y construir la capacidad institucional del Estado descentralizado y de las autoridades involucradas en los tres niveles de gobierno, y que en muchos casos tiene que ver con fomentar capacidades con las que no se cuentan, por lo que simplemente se desconoce como operar para absolver el problema de gestión o implementación de política.

Es un gran reto, porque no podemos olvidar que no existe en el sector público una política de recursos humanos y si una amplia fragmentación de formas de contratación, regímenes laborales y remuneraciones, que dispersa la atención y formulación de dichas políticas. Pero el acercamiento debe ser de manera conjunta de la empresa y universidad para evitar “malos entendidos” por supuestos conflictos de intereses y revelar los objetivos de cooperación y aporte honesto de los sectores no públicos al funcionamiento del Estado.

Recuperar al primer Poder del Estado

Un segundo campo urgente que puede ser materia de intervención de la empresa y la universidad, es el Congreso de la República, que requiere con urgencia construir una institucionalidad que le permita cumplir con sus funciones principales como es la de realizar control político, legislar y representar.

Como señalamos en su momento: “Tres son las funciones principales de los congresistas: legislar, el control político y la fiscalización, y representación de los ciudadanos. Pero estas serán asumidas de manera asimétrica en un parlamento fragmentado y sin mayorías absolutas. Es decir con más o menos eficacia dependiendo de la experiencia profesionalización y rigurosidad para ejercer la tarea parlamentaria. Por eso, que la permanente renovación parlamentaria afecta la institucionalidad” .

Cuando Víctor Raúl Haya de la Torre se refería al parlamento como el primer poder del Estado, en el fondo se refería a lo que Delolme llegó a decir en su momento que “el parlamento puede hacer todas las cosas; menos una mujer de un hombre o un hombre de una mujer”. Luego se hizo un lugar común señalar que el parlamento lo puede todo.

Y en efecto, un parlamento institucionalmente fuerte y moderno es un instrumento que aplicando de manera coherente su función de control político, por ejemplo, aportaría de manera directa al funcionamiento adecuado del Estado, de su aparato público y del diseño e implementación de sus políticas.

Ello implica tener equipos profesionales meritocráticos, un centro de investigación y estudios parlamentarios, que puedan realizar un seguimiento sostenido sobre la gestión y la aplicación de las políticas y del cumplimiento de la normatividad nacional, con el fin de que los parlamentarios determinen el pedir explicaciones, soluciones y recomendar sanciones, de las autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y de otros poderes del Estado cuando corresponda.

Sin embargo, en un parlamento fragmentado y sin mayorías al cual asistimos desde el año 2000, es más complejo realizar una labor de este tipo, porque los parlamentos lo conforman forman los congresistas o los parlamentarios, y son ellos los que toman decisiones o dejan de hacer para fortalecer su institucionalidad. Por eso una de las tareas de la empresa y la universidad debe apuntar a fortalecer la tarea de los congresistas, buscando superar las asimetrías existentes a nivel personal, pero también institucional.

Experiencias como la de la ONG Reflexión Democrática a partir del programa “Impulso para un mejor Congreso”, que con fondos del sector privado busca capacitar y apoyar la postulación de ciudadanos de partidos políticos al Congreso de la República, es una tarea que debe ser complementada, con el fin de que no sea usada para la mala interpretación política.

Una de las propuestas de políticas que surgió del proceso de transición democrática en los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo, fue la posibilidad de que el Estado financie las campañas electorales a la presidencia de la República y el parlamento, con el fin de hacerlas más equitativas, y que no sea la mayor o menor cantidad de dinero lo que defina una elección.

Cuando apareció una iniciativa legislativa en ese sentido, la campaña mediática fue de tal magnitud, que terminó por abortar esa propuesta. Y, se mantiene hasta ahora la inequidad en la participación electoral, donde cada vez es más claro que no siempre son los mejores los que llegan a ganar las elecciones presidenciales o parlamentarias.

Programas como el de Reflexión Democrática, que mediante aportes privados, busca abordar de algún modo a la solución de este problema, pero requiere de una mayor extensión y visibilidad en la convocatoria y los objetivos. Porque el problema no sólo es cooperar con que puedan ingresar los mejores al parlamento, sino que se fortaleza la institucionalidad parlamentaria a partir de un ejercicio eficaz y eficiente de las funciones constitucionales que les otorga el Estado.

Un parlamento institucionalmente fortalecido colaboraría con el funcionamiento de un Estado moderno, predecible, donde se prioriza la resolución de problemas nacionales de envergadura. Por ejemplo, el tema de la carrera pública profesional, es un tema que depende casi exclusivamente del parlamento. La posibilidad de su aprobación se inició en el año 2003 y casi desde esa fecha duerme el sueño de los justos.

Por esa razón, la propuesta de apoyar las campañas y el ingreso de los nuevos representantes al parlamento, requiere ser complementando con un acompañamiento del ejercicio de las funciones congresales, redefiniendo prioridades, inclinaciones y talentos, pero sobre todo estableciendo compromisos (indicadores) que puedan mostrar resultados verificables.

La universidad, y en particular la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha dado muestras de establecer alianzas con el sector privado en diversas iniciativas, una de ellas y que funciona hasta la fecha es el proyecto de “Lima Como Vamos” que es un observatorio para monitorear la calidad de la vida en al ciudad de Lima y donde participan, además de la PUCO, la Asociación Atocongo (Cementos Lima), Radio Programas del Perú y la Asociación Civil Transparencia.

Pero, es una iniciativa que forma parte de la responsabilidad social de las empresas privadas con temas públicos en espacios de sociedad civil, también se requiere que esta mismo tipo de alianzas funcionen para fortalecer y modernizar la institucionalidad del Estado, de quien tanto se reclama su presencia, sobre todo en los sectores menos favorecidos.

El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, el 29 de marzo lanzó el reto de que los empresarios no sólo deben pagar impuestos sino también prestar un “servicio civil voluntario” en diferentes entidades públicas. Siendo interesante la afirmación, no deja de bosquejar una salida individual, que como él mismo señaló tiene que ver con que se necesitan 20 mil gerentes en el Estado: “una cifra muy difícil de encontrar y formar” reconocería el mismo.

Se trata entonces de buscar salidas de mayor dimensión que sin prisa y sin pausa marquen el rumbo de la modernización del aparato público y del parlamento nacional, y donde la empresa y la universidad, en acuerdos públicos con el Estado, pueden ser colaboradores estratégicos en esta materia.

(Publicado en la Revista Brújula N° 24 AEG-PUCP)

URGE CONDUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Resulta peligroso que amigos y no tan amigos de la Reforma Descentralista que se retomó el año 2002, empiecen a reiterar con mayor frecuencia que el proceso de descentralización es un fracaso y que se deben tomar decisiones para reformarla o modificar el modelo. Luego de nueves años de vigencia de esta reforma, con tres períodos de autoridades electas, sin bien se hace imprescindible hacer un balance que pueda determinar los ajustes necesarios a efectuar, lo más importante es que la descentralización de una vez cuente con una auténtica conducción gubernamental y profundice el sentido de dicho proceso, el de un Estado unitario y descentralizado.

La conducción del proceso de la descentralización siempre fue débil. En tiempos del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la presidencia de Luis Thais, antes promover y fortalecerla cumplía el papel de tamizar los ímpetus descentralista del interior del país. Luego, en el segundo gobierno aprista, la poco de conducción independiente que tenía el CND, también era peligroso para el Poder Ejecutivo, por lo que se decidió cooptar toda posibilidad de autonomía y se fusionó en una Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo el ministro de la PCM el responsable de la conducción.

El gobierno de Humala, saco lustre a esta Secretaría de Descentralización al designar a Manuel Dammert en ese puesto, precisamente a alguien que había participado en la gestación del actual modelo descentralista y que se planteó darla un sentido más territorial y que avance a un funcionamiento en espacios macroregionales. Cuando se retira el grupo de izquierda del gobierno, Dammert tuvo que salir y el proceso sigue sin tener una conducción real. Y parece que tanto el primer ministro o el propio presidente Humala no le dan mucha bola a este cargo, pero habría que decirles que en la determinación de la conducción de la descentralización podrían tener una llave o un instrumento para la relación política con los gobiernos regionales y locales, y para prevenir los conflictos.

Conducir la descentralización significa esclarecer y poner orden sobre que es un Estado unitario y descentralizado, pero lo más importante como funciona su aparato público. Desde la conducción del proceso se podría señalar con precisión que se trata de un Estado con un solo gobierno, pero que tiene tres niveles de ejercicio de ese gobierno. Con competencias para cada nivel de gobierno. Por ello retomar el sentido de lo unitario del Estado es fundamental en el desarrollo de la descentralización. Esto no siempre es comprendido que al amparo del (menor) voto popular recibido sienten que pueden establecer pequeños Estados departamentales, cuando existe suficiente jurisprudencia en el Tribunal Constitucional sobre las competencias de cada nivel de gobierno y las relaciones que deben establecerse para el funcionamiento de este Estado.

Por eso ordenanzas del gobierno regional de Cajamarca declarando no viable el proyecto Conga, no pasa de ser un hecho político, porque en la realidad es una norma inconstitucional, es decir sin validez. Igual como lo fueron las ordenanzas regionales de Cusco o Ayacucho referidas a darle legitimidad a la hoja de coca.

Hasta donde llegan las competencias de los gobiernos regionales, no sólo es un problema de contar con un marco normativo, sino de conducción de la descentralización que permita reunir a los tres niveles de gobierno y se establezca una agenda, prioridades y de manera pedagógica se construya y termine los límites de las competencias de los gobiernos subnacionales. Lo más fácil es actuar de arriba hacia abajo: yo digo, tu obedeces, pero eso tiene sus límites. El espacio para este diálogo ya existe, sólo hay que implementarlo: el Consejo de Coordinación Intergubernamental.

Establecer adecuadas relaciones intergubernamentales e intersectoriales, es la clave del éxito de todo Estado descentralizado, así como el de elegir a una persona adecuada y con conocimiento de causa en la Secretaria de Descentralización.

El último día del 2011, la PCM; promulgó el Decreto Supremo N° 103-2011-PCM mediante el cual se establecen medidas para la continuidad de las transferencias pendientes de funciones y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Norma que no ha sido vista por el Secretario de Descentralización porque no hay responsable designado y que muestra algunas inconsistencias. Señala por ejemplo que en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima las transferencias se realizan mediante la Comisión Bipartita. Sin embargo este ente se ha quedado paralizado con la salida de Manuel Dammert, y urge un reemplazante en el corto plazo, o que se defina como se dijo hace unos meses que se iba a restituir el CND. Lo cierto es que si de verdad se quiere operar las transferencias, y sobre todo hacer ejercicio de la conducción del proceso descentralista, se requiere una definición del gobierno de Ollanta Humala.

MIMDES ¿Ser o no Ser?

Con la creación del Ministerio de Inclusión Social y la juramentación de la nueva ministra Carolina Trivelli, una buena elección, ya se abrió una nueva discusión, respecto a que si tiene sentido continuar con el Ministerio de la Mujer, cuando el 84% de sun presupuesto ha pasado al MIDIS, y su condición de portafolio o pliego habría sido erosionada neurálgicamente.

Las voces a favor y en contra han aparecido. Ex ministras del MIMDES como Ana Marìa Romero, Miriam Schenone y Nidia Vñlchez han sintentizado su posición en que: “No puede haber un ministerio que solo se dedique al tema de género por sería irrelevante tener un ministerio con ese encargo”.

Incluso, Ana María Romero ha señalado que el siglo 21 es innecesario un Ministerio de la Mujer, y que el MIMDES tiene que ingresar en una etapa de “profilaxis ideológica” para evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados durante sus 15 años de funciones.

A favor de la continuidad del MIMDES se han pronunciado otro grupo de ex ministras como Anel Townsend y Carmen Vildoso. Su posición puede sintetizarse en: “ es una oportunidad para que el aparato administrativo y la ministra pueda concentrarse de manera exclusiva en todo lo concerniente a velar por los derechos de las mujeres y los niños”. Hasta ex ministras de educación como Mercedes Cabanillas se ha mostrado a favor de la continuidad del MIMDES como órgano rector.

La experiencia comparada nos puede dar una respuesta. En primer lugar en honor de la verdad, luego de la conferencia mundial de Beijing de la década del 90, en América Latina, lo países no crearon Ministerios de la Mujer. Sólo algunos Estados como el peruano respondieron a esos compromisos internacionales. Si damos un vistazo a la región andina, nos encontraremos que además del Perú y Venezuela, no existe el rango ministerial para el cumplimiento de la igualdad de oportunidades de género.

A pesar de esta realidad, pienso que el MIM (Ministerio de la Mujer ) en el Perú debería continuar pero estableciendo condiciones de gestión por resultados en un Estado unitario pero descentralizado. Chile, con todos los avances en cuanto a política económica y sus objetivos de incorporarse en el terreno de los países desarrollados en la próxima década, tiene el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que es una entidad creada desde 1991, como un organismo con rango ministerial, con asiento en el Consejo de Ministros de Chile y pliego presupuestal propio, pero que tiene una característica fundamental, sus funciones de políticas se encuentra descentralizadas por todo Chile, aunque como sabemos es una descentralización que se parece más una desconcentración de funciones.

Este organismo con rango ministerial, tiene casi los mismos programas con los que se ha quedado Aida García Naranjo, e incluso tiene algunos subprogramas como Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar; Programa de Buenas Prácticas Laborales; Programa de emprendimiento, además de los de violencia familiar, entre otros.

El número de personas que trabajan en este ministerio de chileno con presencia y rectoría nacional es muy parecido al que hoy se encuentran alojados en el Ministerio de la Mujer del Perú en la cuadra 6 del jirón Camaná, en el centro de Lima. Entre 300 y 400 personas, entre personas de planta y contratados. Claro, para la rectoría nacional en cuanto a políticas de género no requieren mucho más, porque todos los servicios están descentralizados.

Lo que falta mirar es el cumplimiento de metas en cuanto a igualdad de oportunidades de género, para mirar si esta estructura establecida en Chile o en otras partes de América Lationa ha sido eficaz para alcanzar resultados.

Tomando este ejemplo habría que señalar que tres son las condiciones para la continuidad del Ministerio de la Mujer. No basta decir que las mujeres son el 50% del país, si bien ese es un dato de la realidad necesita tener un mayor contenido. Por eso una primera condición, es que se debe tener pronto que significa para un ministerio tener el rol rector en un Estado descentralizado.

Algunos avances en esta materia existen, pero es necesario especificarlo para el caso del Ministerio de la Mujer. Una consultoría de PAR Salud sobre el rol rector nacional del Ministerio de Salud, señala que: “ el nivel nacional de gobierno debe enfocar su accionar en el establecimiento de prioridades de políticas públicas, la provisión de normativa general, la implementación de estándares mínimos que aseguren equidad y la supervisión de su cumplimiento a nivel nacional… la función rectora en la formulación de políticas nacionales y sectoriales es el ejercicio del Gobierno a través del Sector correspondiente, de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública que le son propias e indelegables. Su propósito es definir e implementar las decisiones y acciones públicas para satisfacer y garantizar, en el marco del modelo de desarrollo nacional adoptado, las necesidades y legítimas aspiraciones del conjunto de los actores sociales…Para lograr tal objetivo, se debe ejercer una dirección política y una dirección estratégica basada en el liderazgo técnico…el proceso de formulación de políticas públicas comprende en términos generales tres etapas el diseño, su ejecución y la supervisión de las mismas”.

Una segunda condición tiene que ver con la profesionalización del personal del sector del Ministerio de la Mujer, tal cual están las condiciones de recursos humanos desde su creación, en cuanto a formación, incentivos-promoción, pero también sanciones reales, poco se podrá alcanzar. Y En tercer lugar, establecer un sistema de indicadores que puedan hacer el seguimiento de avances reales y de obtención de resultados.

En conclusión, estando de acuerdo con la continuidad del Ministerio de la Mujer, los argumentos a favor requieren de mayor profundidad, y no restringirse a datos generales o ideológicos, sino establecer la especificidad del sector, junto con los propósitos de modernidad y de descentralización.

¿COBRAR O NO COBRAR? DILEMA PARLAMENTARIO

Los problemas de sintonía de los parlamentarios con la ciudadanía se repiten y dan vuelta, cada vez que se inicia una nueva legislatura. Y como siempre, van de escándalo en escándalo. Este nuevo parlamento ha vuelto a mostrar ese rostro o ese lado oscuro, que vuelve a reiterar de manera peligrosa, en la percepción ciudadana, que el Congreso es prescindible.

En la declaración jurada del congresista de Gana Perú. Wilder Ruiz, a todas luces faltó a la verdad, doblemente y se debería en el corto plazo levantar la inmunidad como ejemplo de que ese será el signo de actuación de la nueva gestión parlamentaria. Asimismo, el pago por los gastos de instalación al inicio de cada período legislativo era un problema que se caía de maduro que se venía venir, y había el tiempo suficiente para establecer una estrategia política y de comunicación que controlara los daños que se iban a producir de todas maneras. Ratificarse en que ese pago no es ilegal, y que siempre ha sido en parlamentos anteriores, sólo confirma en la ciudadanía que es más de lo mismo.

Hay claramente, ausencia de estrategia y los daños no han sido menguados en lo máximo posible. Si las cosas siguen así, además de que el partido de gobierno no tiene lazos fuertes con sus “aliados”, lo más probable es que Gana Perú deje de tener la presidencia del parlamento en un segundo año, sino se toman medidas de urgencia.

Daniel Abugattas, en términos de transparencia dio un paso positivo abriendo las rejas de la Plaza Bolívar, que en la práctica había sido tomada por el parlamento. Encerrar la Plaza Bolívar fue una decisión del fujimorismo, en concreto de Víctor Joy Way. Sin embargo, desandar la institucionalidad fujimorista, va mucho más allá de ordenar abrir las rejas de una plaza. Además, no podemos olvidar que la vida cotidiana en el Congreso, también son costumbres. Por ejemplo, una mala costumbre parlamentaria ha sido la de exonerar de segunda votación a los proyectos de ley. Por ejemplo: ¿cuantos proyectos de ley del anterior período legislativo contaron con segunda votación? Creo que ninguno.

El último escándalo mediático, es sobre el cobro o no cobro de los llamados gastos de instalación o desinstalación. Aparte de las desastrosas declaraciones del nada menos presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaúnde, de que usará ese dinero –que no es ilegal- para arreglar su carro que quedó mal después de la campaña electoral, asistimos a uno de los nudos, costumbres o una estructura institucional, en este caso administrativa instaurada por el fujimorismo.

En líneas gruesas se podría decir, que si bien el fujimorismo (pragmatismo), en materia administrativa gobierna el parlamento.

Cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe del 5 de abril, se vio obligado y presionado nacional e internacionalmente a retornar a la democracia. Por eso convoca a elecciones para instaurar el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que aprueba la Constitución de 1993, pero que al mismo establece un giro en el funcionamiento administrativo del parlamento, trasladando de manera mecánica usos y costumbres del sector privado al público.

Esta manera de gerenciar el parlamento, instauró en la práctica 120 (ahora 130) pequeños feudos a cargo de cada congresista electo, que podía disponer ante sí y para sí la designación de cinco personas de confianza a su disposición, además de una remuneración con beneficios, como los gastos de instalación y desinstalación. Como ocurre en el sector privado y en algunas instancias públicas cuando se traslada a un trabajador a un nuevo puesto fuera de su lugar de residencia.

Pero esta medida, no es de carácter universal, sino que sólo están comprendidos aquellos que en concreto salen fuera de su lugar de residencia. Sin embargo, como los congresistas se consideran pares entre sí, se asumen con los mismos derechos no sólo en los que les afecta, sino y sobre todo en cuanto a los beneficios. Si uno recibe, reciben todos sería la máxima. Por eso el artículo 22° de Reglamento del Congreso de la República, inciso “j”, señala que los congresistas tienen derecho: “A recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”. Por consiguiente, los pagos o bonificaciones extraordinarias, corresponden a directivas y acuerdos administrativos que interpretan este artículo y a como se rigieron los congresistas en períodos parlamentarios anteriores.

Como desde el CCD cada uno de los congresistas puede decidir con absoluta discrecionalidad el personal que trabaja con él, no sólo en su oficina parlamentaria, también en Comisiones Ordinarias, de Investigación o Especiales, si es designado para conducir alguna de ellas. Por ello, ocurren casos a los que hemos asistido en le pasado reciente como la de Elsa Canchaya, Tula Benites. Porque ahora que existe un amplio mercado de estudios universitarios, obtener un título no es problema, aunque después las funciones que desempeñe en el parlamento sean sólo de índole personal.

Por eso también, argumentan a favor del derecho que tienen a cobrar por instalación, porque es legal y porque ha sido una (mala) costumbre parlamentaria que viene desde los 90. Cuando el sentido común indica que los representantes limeños no deberían cobrar por un rubro que en su caso no va reparar ninguna perdida o gasto, porque viven en Lima. Tampoco lo deberían hacer los congresistas reelectos de provincia, porque ya se encuentran en la capital.

Ahora, incluso con los llamados representantes de provincias también habría que hacer una salvedad, respecto del pago por instalación. Henry Pease en su libro: “Por los Pasos Perdidos, El Parlamento peruano entre el 2000 y el 2006”, afirma que el parlamento que se instaló el año 2001, si bien la mayoría de los representantes eran provincianos, hace rato que tenían presencia o residían en Lima. Por supuesto, esos padres de la patria, también cobraron el rubro de instalación.

La pregunta que seguro se hacen los ciudadanos, es sí la mayoría de los parlamentarios o por lo menos lo más reconocidos manifiestan estar en contra de este tipo de cobros, pero no pueden hacer nada porque es legal. Por lo que lo único que se puede hacer es renunciar a ese pago. Pero, la renuncia tiene que ser por escrito, porque tiene razón la congresista Marisol Pérez Tello, es la única manera que revierta al Ministerio de Economía y Finanzas y pase a ser usado en necesidades más urgentes. Sino hay una renuncia por escrito, el monto sigue esperando hasta que el destinatario lo cobre en algún momento y este puede ser cuando culmine sus cinco años de gestión, y le puede ser entregado junto con su liquidación por sus años de servicio.

No se puede cortar el pago de instalación, o no se quiere. Es más lo segundo, porque esta perversa creación fujimorista hace que los congresistas, tampoco al final de su período de cinco años se animen a cambiar estos beneficios, porque de hacerlo no podrían cobrar su pago por desinstalación, y como ya sabemos que la mayoría de parlamentarios se renueva cada cinco años, el que menos busca irse en mejores condiciones económicas.

La salida para esta situación de crisis en la imagen parlamentaria, tiene que ver con la transparencia. Poner en conocimiento de los ciudadanos, en blanco y negro, cuales son los ingresos mensuales de los parlamentarios por todo concepto y con que beneficios adicionales cuentan. Esto permitiría observar a los ciudadanos si hay correspondencia entre la logística y la economía que respalda la labor de cada uno de los parlamentarios, y los resultados esperados. Ya no estaría en manos de la Mesa Directiva.

Adicionalmente, el reglamento del Congreso de la República, debería ser modificado y explicitado en cuanto a los beneficios económicos y remunerativos de los parlamentarios, pero sobre todo, si se cumpliera escrupulosamente con la ley de transparencia, podríamos conocer los acuerdos de la Mesa Directiva, resoluciones internas que procesa la Oficialía Mayor y el Servicio Parlamentario, entre otros documentos de gestión parlamentaria.

Puertas abiertas del parlamento significa realizar cambios institucionales y ejercer la gestión pública de manera transparente.

HACIA UN PARLAMENTO DE “PUERTAS ABIERTAS 2011-2016

Sea Daniel Abugattas o Marisol Espinoza los que reciban el mandato de presidir el parlamento, lo cierto, es que el Congreso de la República requiere cambiar su relación con la ciudadanía que considera a esta institución como prescindible, pero al mismo tiempo, representa un Poder del Estado con facultades importantes como son legislar, fiscalizar y controlar políticamente, y representar los intereses de los ciudadanos.

Desde el Congreso Constituyente Democrático se han constituido Comisiones o Grupos de Trabajo con el objetivo de fortalecer y modernizar el parlamento. En el CCD, Oswaldo Sandoval, del fujimorismo, fue presidente de un Grupo de Trabajo en ese sentido. En el período 2001-2006, el congresista Ernesto Herrera con el apoyo financiero del BID se planteó la puesta en marcha de un programa dirigido a fortalecer institucionalmente a la función parlamentaria con el fin de consolidar su función representativa; mejorar su capacidad para la preparación, análisis y aprobación de proyectos de ley; fortalecer su rol controlador y fiscalizador; y elevar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional. En el período 2006-2011 que culmina, se constituyó un Grupo de Trabajo de apoyo a la Mesa Directiva destinado al fortalecimiento y modernización del parlamento, presidido por el congresista Walter Menchola. Los resultados para la ciudadanía son claros.

Los análisis desde el año 2003, indican que el Congreso de la República del Perú tiene un servicio parlamentario caracterizado por trámites y procedimientos administrativos altamente burocratizados, sistemas gerenciales inadecuados, sistemas informáticos con serios problemas de conectividad, y necesidad de contar con mayor personal administrativo calificado. Además de la extrema complejidad y fragmentación de la organización del servicio parlamentario en direcciones, gerencias, oficinas y departamentos. Esto se refleja en servicios insuficientes, no oportunos y de baja calidad que afectan a la compleja labor de los congresistas.

El período 2001-2006 se estimaba que el personal del Congreso era del orden de 1.950 funcionarios y servidores en el Congreso, siendo 930 en el servicio parlamentario (área técnica y administrativa), y más de 1,000 en la organización parlamentaria (área política, que incluye el personal de congresistas y comisiones). ¿Cuántos funcionarios tiene el Congreso, hoy? ¿Cuál es el tamaño, en cuanto a personal, para tener un funcionamiento eficaz y eficiente y alcanzar un Congreso transparente? ¿La estructura y organismos con los que cuenta son suficientes o necesarios? ¿Cuántos fueron incorporados en los últimos cinco años?.

Henry Pease, en su campaña electoral llegó a decir que en el gobierno del APRA, en el parlamento habían ingresado a laborar unas 4 mil personas.

Por estas y otras consideraciones en el Congreso de la República se requiere implementar medidas de carácter inmediato que muestren el cambio de pasar del oscurantismo a la plena transparencia, así como decisiones políticas institucionales destinadas a mejorar las funciones legislativas de control y de representación:

MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO:

1.- Declarar el irrestricto cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, respecto de la información que requieren los ciudadanos al amparo de esta norma; y actualización permanente del Portal de Transparencia sobre la información pública del Congreso de la República. Dejar de lado, el oscurantismo en el que se ha convertido el parlamento en esta materia, y publicar

• Todos los Acuerdos de la Mesa Directiva y del Consejo Directivo del Congreso desde el CCD hasta la fecha. Así como las transcripciones de las Juntas de Portavoces, son públicos.

• Información presupuestal. El Congreso de la República sólo consigna información genérica de gasto acumulada, cuando las normas vigentes precisan que debe publicitarse el PIA, el PIM, el (PAP), Calendario Mensual por Específica de Gastos y por fuente de financiamiento, y Reporte del (SIAF) de la ejecución mensual.

• Personal activo y pensionistas. El Congreso de la República consigna el número genérico, y sólo en el caso de pensionistas considera la nómina completa y el monto de la remuneración mensual que cobra cada uno. La normatividad vigente exige que se publique el CAP, el PAP, el Clasificador de Cargos, y el Registro de Personal especificando la condición de funcionarios públicos, empleados de confianza, directores, especialistas, personal de apoyo, personal contratado por proyectos, relación de consultores, y nómina de personal en el régimen especial de CAS.

• Adicionalmente, debe publicarse la lista general de procesos y adquisiciones, las resoluciones y convocatorias públicas y las resoluciones de exoneraciones, así como los gastos en cuanto a telefonía celular, viáticos y pasajes, usos de vehículos y de publicidad, entre otros.

2.- Publicidad de todos los actos, documentos, reuniones y acuerdos del Congreso de la República

• El Archivo General del Congreso publicará en la página web institucional el Acervo Documental Parlamentario de Gestión 1980-2009: Leyes, Proyectos de Ley, Resoluciones Legislativas y del Congreso , Denuncias Constitucionales, Levantamientos de Fuero, Comisiones Investigadoras, Comisiones Ordinarias, Mociones, Correspondencia del Despacho Parlamentario y otros Documentos de Carácter Parlamentario.

• Establecimiento del link: “Memoria Parlamentaria contra la Corrupción. Información del Parlamento y las investigaciones realizada en Comisiones, Grupos de Trabajo, y la ubicación de materiales documentales, gráficos, audiovisuales y otros.

4.- Encuentro parlamentario con Presidentes y Alcaldes. Coordinación Anual (al inicio y al final del período legislativo) entre el Presidente del Congreso de la República, su Mesa Directiva y Presidentes de Comisiones Ordinarias, con los Presidentes de Gobiernos Regionales, representación de Alcaldes y la Alcaldesa de Lima, para construir una agenda sobre el proceso de descentralización y el papel del Poder Legislativo.

5.- Establecer Audiencias Departamentales Parlamentarias con organizaciones representativas de la sociedad civil, entidades empresariales y profesionales.

6.- Establecimiento de una Comisión de Investigación, sumaria, en el Servicio Parlamentario sobre el uso de los recursos públicos en la gestión del periodo 2006-2011.

7.- Reorganizar la Dirección de Participación Ciudadana y la Jefatura de Prensa que mejore no sólo la imagen, sino las relaciones con los ciudadanos.

8.- La Mesa Directiva tiene la potestad de decidir la ejecución de auditorías externas generales o especiales e, inclusive, la intervención de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las acciones de control interno permanentes, con el fin de cuidar el uso adecuado de los recursos públicos.

10.- Retomar el Centro de Estudios Parlamentarios con autonomía funcional, económica y administrativa dependiente de la Mesa Directiva desde donde se promueven estudios, investigaciones y cursos relacionados con la vida parlamentaria y política del país.

11.- Explicitación de principios que tienden hacia el fortalecimiento institucional y la modernización del Congreso de la República, incluso en lo relacionado con la gestión administrativa del parlamento, y la definición de buscar la Transparencia en los procedimientos, decisiones y gestión administrativa del Congreso.

12.- Establecer Comisiones Especiales con carácter permanente, referidas a las de Acusaciones Constitucionales, Estudio y Promoción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades, Discapacidad y Desarrollo Humano; Ética Parlamentaria, y Modernización y Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República.

13.- Promover la modificación del Artículo 18º sobre la exclusividad de la función parlamentaria en el Reglamento del Congreso, que see sustenta en el Artículo 92° de la Constitución Política en el sentido de que la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión
u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. Debería explicitarse lo que se comprende cómo horas de funcionamiento del Congreso.

14.- Agregar en las funciones del Oficial Mayor velar por el cumplimiento de parte del Congreso de la República por la normatividad legal vigente y la transparencia institucional.