¿Y quién reforma o moderniza a Telefónica?

Esta es una suerte de carta abierta que deseo dirigir al señor Javier Manzanares de Telefónica en el Perú o quizá al señor César Alierta, presidente del Grupo Telefónica de España, de un modesto usuario peruano, pero que contribuye, es decir pago por un servicio que en estos momentos es incompleto y que Telefónica es incapaz de resolver. Pareciéndose cada vez a los Estado anquilosados y paquidérmicos que han institucionalizado el trámite o el papeleo para generar resultados pero estos nunca llegan. Claro, me dirán pero ¿qué hace el Organismo Regulador?, lo mismo me pregunto yo, pero ese es otro gran tema.

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Hasta mayo de 2008 tenía con Telefónica tres servicios: Cable Mágico, Speedy y Telefonía fija. En ese momento apareció la promoción Trío donde juntaban estos tres en uno, y ello me pareció lo más conveniente. A partir de esa decisión, la revista de Cable que solía recibir por el servicio que pago, tiene series deficiencias en su distribución, dos meses me llegó después de tres semanas, claro, después de estar detrás del 104 en forma permanente. Pero lo que ha colmado la paciencia es el tercer mes de noviembre.

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Se dirá que es un asunto frívolo tratar de ocuparme de ese problema que es menor, pero yo tengo la convicción, por mis años de trabajo en el Estado, que sí las organizaciones no son capaces de resolver lo pequeño, mucho menos pueden aspirar a resolver problemas mayores. A pesar que como Telefónica ganen premios por la solidaridad o buenas prácticas, lo cual habla bien de su equipo de comunicación y de relaciones sociales, pero nada más. Esta experiencia me ha hecho encontrar de manera paradójica varias similitudes entre los graves problemas de modernización y eficacia del Estado, con la super estructura y organización denominada Telefónica.

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El 6 de noviembre de 2008, llame al 104 de Telefónica para preguntar por la revista de Cable que no había llegado y como había dos meses con antecedentes parecidos, empecé a recordarles que estaban en falta otra vez con la entrega de la revista de Cable. Primer símil con el Estado. El cliente usuario o ciudadano tiene que reclamar para que no se le recorte derechos o beneficios, porque la organización es incapaz de tener consolidada los procesos de seguimiento que se adelanten a los problemas, más aún si estos son reiterados o reincidentes. En el Estado estamos ante la indolencia del burócrata, en Telefónica parece que es la burla del cliente, y l a seguridad de que cualquier reclamo no le va a hacer mella.

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Luego de comunicarme con el 104 en la fecha indicada, me dieron un primer número de reporte (994751), que es el trámite usual que tienen en Telefónica para resolver los problemas que ocurren con sus clientes, en la denominada área de Atención al Cliente. Me dijeron que en 72 horas y máximo en cinco o siete días se resolvería el problema. Por supuesto que ello no ocurrió. Cumplido el plazo volví a llamar al 104, esta vez viendo mi enojo no quisieron darme un nuevo reporte, sino que me dijeron que se le había comunicado al señor Luis Carruitero, Supervisor de Servicios de Negocios de Telefónica para que solucione el problema y que el personalmente se iba a comunicar conmigo para tomar personalmente el caso. Esa llamada nunca ocurrió, tampoco la entrega de la revista.

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Ante ese hecho volví a llamar al 104 y en esta tercera vez me dieron un nuevo número de reporte (113379140) y además volvieron a decirme que el mismo supervisor se iba a encargar del problema y que de todas maneras me iba a llamar, incluso me pidieron mi celular. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Como se podrán imaginar vencido el nuevo plazo dado, entablé otra comunicación con el 104 y esta vez me dieron el número de reporte (113434177), y en esta ocasión era tal mi enojo que me pasaron con una persona que se identificó como el señor Luis Carruitero, el supervisor del servicio de negocios que se disculpo por el problema, y que estaba haciendo las gestiones para solucionar el problema. Hecho que tampoco de manera reiterada no ocurrió.

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Al ver esta situación, llamé a Cable Mágico al 0800-11-800 para preguntar por el mismo problema, se sorprendieron del tema, comentando que es responsabilidad del paquete Trío, por lo que generó, ya no un nuevo reporte sino un reclamo que tiene el número R0850389, sólo haciéndome la pequeña salvedad que la respuesta de este reclamo tiene como mínimo 30 días útiles, con lo cual ya estamos en el año 2009.

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Luego de este trámite, volví a comunicarme con el 104, exactamente el 29 de noviembre de 2008, donde se procedió de manera parecida, te hacen esperar largos minutos, en una ocasión más de media hora, supongo haciendo consultas haber que respondo esta vez porque el repertorio puede quedar corto. En esta ocasión me volvieron a generar un nuevo reporte asegurándome, como en las ocasiones anteriores, que esta vez están haciendo un reporte de manera especial, llamando la atención inclusive, por lo que me aseguraron por las 20 mil vírgenes que esto se solucionaba. El nuevo número de reporte es el 113585076, pero fue más de lo mismo.

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Ya en el mes de diciembre, marque el 104 el 1 de ese mes, y me generaron un nuevo reporte el 10157226, con las consabidas razones de que ahora será especial la reiteración, con las mil disculpas del caso, que esta vez si se va a solucionar, etc, etc o bla, bla, bla. La última llamada al 104 ha sido hoy 4 de diciembre, ya no por la revista de Cable de noviembre, sino por la de diciembre que tampoco ha llegado. En esta ocasión el señor identificado como Ulises Facundo me generó un reporte adicional más el 16226681, indicándome que esta vez si es una reiteración de manera especialísima, y que en 72 horas se van a solucionar. Es decir empezamos otra vez el círculo vicioso o la cuadratura del círculo como lo queramos vez. Ante mi indignación, le pregunte por el nombre de sus superiores, me dijo que ya no el señor Carruitero, supervisor, sino la Supervisora General Paula Galarza se iba a encargar de mi caso.

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Tengo razones y una cantidad suficiente de números generados para la próxima vez, en 72 horas, comunicarme con la señora o señorita Karina Girón, que según el señor Ulises Facundo es la Gerente de Atención al Cliente. Tengo mis dudas que ello ocurra, pero por lo menos tengo identificados a los responsables que no alcanzan a solucionar los problemas con los clientes. Porque ese es otro problema con Telefónica, uno se comunica con números que tienen un argumento aprendido, vale decir un rollo, pero nunca aparecen personas de carne y hueso como responsables. Igual que en el Estado pareciera que nadie es responsable.

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De allí mis otros símiles con el Estado. El segundo cae por su propio peso. El enorme peso destinado a los trámites y las gestiones. Hechos que hacen aparecer que se está atendiendo al usuario o cliente, pero que en realidad se está ganando tiempo, pero nada de resolver los problemas que se presentan. Así como en el Estado acumulamos papeles o sellos, en Telefónica acumulamos números de reporte, de reclamos, excusas de diverso tipo, supuestas reiteraciones especiales, pero la conclusión es la misma, el problema no se resuelve.

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Un tercer símil tiene que ver con el pago puntual que se obliga en el Estado a los ciudadanos y en Telefónica a sus clientes. En el primero si no lo haces te cae la SUNAT, en Telefónica simplemente te cortar el servicio. Y en ambos casos, de nada sirve ser un ciudadano que cumple con sus impuesto y pagos fiscales, los servicios públicos ya los conocemos. Lo mismo en Telefónica, puedes ser un cliente puntual, eso igual no alcanza para solucionar este tipo de problemas.

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Un cuarto y símil final del Estado con Telefónica es la incapacidad para articular o coordinar en estamentos u organismos que han sido generados por una misma fuente. Es reiteradamente conocido que en el Estado los ministerios y las dependencias públicas son capaces de coordinar entre ellas, mucho menos ahora que estamos en un Estado descentralizado. Bueno, en Telefónica para solucionar un problema de esta naturaleza, al igual en el Estado, la empresa de telefonía fija no tiene nada que ver con Cable Mágico y tampoco con Speedy. Al igual que en el Estado actúan compartimentadamente, aunque compartan los mismos sufridos clientes, que deberían ser la fuente o el incentivo para buscar su articulación.

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Como colofón se preguntarán: ¿donde está el organismo regulador? Seguimos esperando, pero eso tiene otra larga explicación.

Simon: poniéndole el cascabel al gato en la conducción de la descentralización

La designación de Yehude Simon, refresca el ambiente político oficial que estaba sesgado hacia un lado del país, vale decir de sus intereses y preocupaciones, y vuelve a colocar en la esfera de la agenda pública la preocupación por lo social, la formulación de adecuadas políticas públicas y la lucha contra la corrupción.

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Antes de que juramente Yehude Simon, las demandas y los puntos en la agenda. le aumentan en cantidades inimaginables, como consecuencia de una serie de temas que han estado embalzados, durmiendo los sueños y las esperanzas de los justos.

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Sin embargo, su designación es una doble apuesta. Apuesta de Alan García por nombrar a alguién de la centro izquierda que le devuleva algunos puntos de los sectores sociales menos favorecidos, y apuesta de Yehude de consolidarse como un líder nacional, que hacia el 2010 y el 2011 pueda convertirse en una alternativa electoral.

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Simon, no puede estar menos de un año en el puesto que asumirá el martes 14 de octubre, porque perderían tanto él como García, porque asomaría inmeditamente la imagen de que fue un error, y se confirmarían las comparaciones con otros que pasaron raudamente por el poder. El desgaste sería evidente para ambos.

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Sin embargo, sería exagerado pedirle a Simon cambios y apuesta integrales de Reforma del Estado de la dimensión a las que se producieron en el período de Valentín Paniagua, que fue producto de un gran proceso de consenso nacional político, social y económico. No son las mismas condiciones, por lo que hoy debemos promover que se avance lo más que se pueda. Es decir el arte de lo posible.

Pero donde Simon deberá dejar su huella indeleble es en el manejo y la conducción del proceso de la descentralización. Todas las opiniones en esta materia (salvo la de los actuales miembros de la Secretaría de Descentralización de la PCM) es que desde que se terminó con el CND no ha existido, ni existe conducción de ese proceso, hay una definición oficial, pero no real, de que la mayoría de competencias y funciones ya fueron transferidas, a pesar que no se tiene claro el costeo de las funciones transferidas, no se ha identificado cuales de las funciones que se transfirieron no eran ejecutadas por los sectores, porque no tenían presupuesto para ello. Adicionalmente, faltan avanzar pasos firmes en materia de descentralización fiscal y en materia de programación y formulación presupuestal, donde establecer mecanismos institucionales entre el MEF ylos gobiernos regionales y locales son fundamentales.

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Sin embargo, dentro de este gran abánico de temas que se les sugieren a Yehude Simon, el principal en el terreno de la descentralización es el referido a instalar e implementar el funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamentalque manda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El paso de Simon por la PCM tendría sentido, si en los próxmos meses asistimos a la formalización y existencia de este espacio central en el Estado peruano para el desarrollo y la eficacia de las políticas públicas. Junto con ello ayudaría a determinar las matrices de funciones y competencias con los sectores y los gobiernos subnacionales.

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Independientemente, de los temas de la descentralización un asunto que está en el fondo de la designación de Simon es la lucha contra la corrupción. Aquí tendrá su nprimera e inmediata tarea. El 28 de octubre se cumple el plazo para la permanencia del actual Contralor General de la República, y hasta la fecha el Congreso de la República no ha recibido una propuesta del Presidente de la República para que sea ratificado o negado por el Congreso. Que el gobierno alcance la propuesta de un independiente para el cargo dce Contralor será la primera valla que deberá sortear Yehude Simon en su lucha contra la corrupción.

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EL “OUTSIDE” DEL PARLAMENTO

En los últimos seis meses, la democracia peruana se redujo a dos poderes de Estado. Desde el 1 de enero de 2008 hasta fines de junio nos encontramos en una evidente fuera de juego político y de abdicación legislativa del Congreso de la República. Este Poder del Estado decidió en diciembre de 2007 aprobar la Ley N° 29157 y otorgar amplias facultades al gobierno nacional para que adecue la implementación del TLC y los Acuerdos Comerciales, y en mérito a esa normas Alan García ha promulgado 102 decretos legislativos.

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Las potestades otorgadas versaban sobre ocho tipos de materias, pero que en su interior implicaba entregarles facultades sobre amplísimos temas, que van a configurar un nuevo diseño de un Estado neoliberal, que concluye lo iniciado por Alberto Fujimori entre 1991 y el año 1995. Una segunda ola neoliberal, mientras el mundo retrocede en este tipo de apuestas. Los temas sobre los que ha legislado están relacionados con la facilitación del comercio, las mejoras del marco regulatorio de las actividades comerciales vigentes, el fortalecimiento institucional, simplificación administrativa y modernización del Estado, modificaciones en la administración de justicia en lo que respecta a materia comercial y lo contencioso administrativa. También comprenden la promoción de la inversión privada, el impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades; así como la promoción del empleo y de la micro, pequeña y mediana empresa, y el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental y mejora de la competitividad de la gestión agraria.

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Sin embargo, lo más sorprendente es la capacidad que tiene el actual Congreso para quedarse fuera de juego, quedarse sin una agenda política nacional, e incluso sentirse ninguneado por el Poder Ejecutivo, que se da el lujo de emendarle la plana usando las facultades legislativas que le otorgó en diciembre. Luego de un proceso de diálogo, debate y acuerdos políticos, y en medio de la exposición mediática el presidente de la República con el presidente del Congreso y otro ministros de Estado firman la promulgación de la Ley de Tercerización que el parlamento trabajó. Días después, el propio García, esta vez sólo promulga el decreto legislativo N° 1038 que precisa los alcances de la Ley de Tercerización , pero afectando su espíritu principal.

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¿Podrá este parlamento operar sus facultad de control político sobre estas normas que se han diseñado sin mayor discusión y de manera vertical?. ¿Es normal que por los acuerdos comerciales que firman países como Estados Unidos y otros países desarrollados, dejen en “outside” a sus parlamentos? ¿Habrá reacción en el parlamento o se encuentran pasmados frente a esta avalancha de decrcetos legislativos?

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El problema no es que los Poderes Ejecutivos legislen e incluso más rápido que los parlamentos, la laves está en que estos últimos no deberían autoaplicarse acciones tan drásticas que quedan fuera del juego político. Lo cierto es que con el argumento de que lo que se han aprobado son medidas técnicas, que un espacio político como el Congreso no podría procesar con velocidad, los decretos legislativos tienen un ropaje tecnocrático con evidente intencionalidad política. Y la estrategia es sacara esta discusión del espacio de la representación política donde las voces de otras propuesta técnicas hubieran podido dar el debate público.Es obvio que la andanada de decretos legislativos debe tener más de un “error”, “exceso” o transgresión, por la velocidad como han sido concebido dichas normas, sin ser debatidas, sin solicitar opinión y ser producto del trabajo de gabinete y de los interéses económicos

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Hoy la tarea del parlamento se acrecienta por que tiene el reto de crear un sistema -que no posee- de control político eficaz para monitorear y realizar un seguimiento eficaz de cada una de estas medidas dadas que incluso pudieran contravenir la propia Constitución Política. Incluso, la próxima disputa política sobre la presidencia del Congreso, tiene un elemento adicional el que debe hacer el parlamento con los decretos legislativos. Nunca se vio un parlamento que otorgara facultades tan amplísimas a un Ejecutivo, y quedara prácticamente desnudo. Las facultades legislativas implicaban agendas cerradas y no abiertas, precisamente porque tenian el propósito de buscar ejercer posteriormente el control político de las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo.

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Hay que recordar que los 56 votos que otorgaron dichas facultades estuvieron formados, principalmente, por el APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo. Pero, estos decretos legislativos y el efecto que tengan en el corto o mediano plazo pasaran la factura a estas organizaciones políticas, y si existen aciertos el único que cosechara será el oficialismo.

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Lo más urgente que debe pelear la oposición política – si se logra nuclear y organizar- es alcanzar la formación de una Comisión Investigadora o Comisión Especial encargada del seguimiento e investigación sobre la formulación, diseño y promulgación de los decretos legislativos, que al mismo tiempo permita tomarle el paso a esta normatividad y proponga los cambios que se requieran.

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Hoy día se hace más urgente que la presidencia del parlamento se encuentre en manos de sectores de la oposición. Quiero creer que todavía es posible, aunque estos mismos sectores muestran cada día todo lo contrario.

SISTEMA DE RENOVACIÓN PARLAMENTARIA SIN ELECCIONES

El sistema democrático se sustenta en tres poderes de Estado, como sus columnas principales, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Estos tres poderes basan su poder en la decisión del pueblo, porque para llegar al Ejecutivo y el Legislativo se requiere pasar por procesos electorales donde la ciudadanía manifiesta su aprobación de quienes deben ocupar estos cargos públicos, ya sea el de presidente, como el de congresistas, así como el de autoridades regionales y locales.

El Perú, al igual que la mayoría de países de América Latina vive en un régimen democrático de tipo presidencialista, es decir que el peso y el poder el presidente de la República es central en la toma de decisiones y en la promulgación de políticas públicas que promuevan el desarrollo.

Por esa razón, en democracias de estas características se hace indispensable que el parlamento se constituya en suerte de contrapeso del poder ejecutivo. El Congreso y los congresistas tienen tres funciones básicas para cumplir esta misión: legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos. Esta última función por ejemplo implica la labor de ser intermediario entre las demandas ciudadanas y el Poder Ejecutivo, que muchas veces siente la ausencia del Estado.

Después de una expectativa de cambio en el período presidencial 2001-2006, los escandalos que se suceden en el segundo gobierno de Alan García la política y su institucionalidad (gobierno, Congreso y partidos políticos, Poder judicial) se encuentran desligitimados frente a la ciudadanía, que siente que sus aspiraciones no son tomadas en cuenta en las decisiones públicas, ni se produce un efecto frente a su situación cuando se señala que la economía ha crecido y se encuentra boyante. En suma, los ciudadanos y los peruanos en general no se sienten parte de un gobierno que los excluye, y hay una ausencia del Estado en sus vidas, por lo que no se sienten representados por estas autoridades políticas electas, generando una crisis de representatividad y de la política en general, que si no cambia sustancialmente puede afectar el conjunto del sistema democrático.

Quizás la institución más desprestigiada es el Congreso de la República y los congresistas, que cada uno en sus oficinas se constituyen como pequeños feudos o compartimentos estancos individuales que no responden a las necesidades de incluir a los peruanos, pero que también sufren el desprestigio de que la economía y la política no mejora la vida de las personas. Existe a su vez una tendencia mundial de desprestigio de la política, y en particular de América Latina, donde informes y análisis internacionales nos indican que hemos crecido más que en cualquier parte de la región, pero eso no corta las brechas de desigualdad y exclusión -que no es lo mismo que pobreza- entre los peruanos.

Antes esta deslitimidad galopante del Congreso de la República, se hace indispensable darle posibilidades de renovación al sistema parlamentario, sin esperar los de cinco años reglamentarios fijados por a Constitución Política cuando se convoqeu a otro proceso electoral que lleve a esta posibilidad, o posibilitando que los ciudadanos y la sociedad civil puedan procesar sus cuestionamientos y críticas de manera directa. Los representantes nacionales (congresistas) elegidos para esa función deberían dar cabida a la opinión pública de la ciudadanía sobre su función, y no sostenerse en el voto que recibieron en un momento determinado, y sentirse con todos los derechos por encima del bien y el mal. Además, sin capacidad de ser juzgados (inmunidad) por sus errores, y sin posibilidades de renunciar si hubiera una presión social extendida, porque el cargo es irrenunciable.

La Constitución Política del Perú, señala que cualquier peruano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, para los cargos de congresista de la República y de Presidente de la República, con el único prerrequisito de estar habilitado por edad o ciudadanía, para votar o para ser elegido. No existe ningún requisito o prerrequisito adicional para poder acceder a estos cargos de autoridad política.

El artículo 90 de la Constitución señala que para ser elegido congresista: “se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio”. Este elemento democrático de igualdad y equidad no debería perderse pero merece ser mejorado, precisamente para que el sistema democrático funcione más adecuadamente, y para que los ciudadanos, quienes son los mandantes de los mandatarios (las autoridades elegidas) cuenten con espacios de decisión o de poder que a partir de la vigilancia ciudadana o la rendición de cuentas que deberían recibir, proponer y promover la renovación de las autoridades políticas electas.

Existe un derecho de igualdad para que cualquier peruano se encuentre en condiciones de ocupar un cargo público a través del escrutinio, es un fundamento democrático que permite en la teoría el acceso libre y equitativo a estos puestos de poder. Pero, dependiendo del sistema de elección que la democracia acuerde puede hacer la diferencia entre mayores niveles de acceso democrático a estos cargos. Por ejemplo, es distinto un proceso para elegir congresistas en distrito nacional único, que en distrito múltiple, e incluso si hay o no voto preferencial en estos procesos. El dinero o la mayor publicidad de tal o cual candidato, así como la preferencia política de los partidos para colocar en lugares prioritarios de las listas electorales, sin procesar elecciones primarias en esos grupos, reduce a los ciudadanos su abanico de posibilidades de a quienes elegir. Y lo peor, principalmente en el caso de los congresistas, les deja sin posibilidades a la sociedad de poder renovar o sacar del sistema parlamentario a aquellos personajes que fueron elegidos sin mayor conocimiento y que tenían antecedentes penales o judiciales, o tienen un manejo de su gestión inadecuado o ilícito..

Producto de las políticas asumidas a fines de la década del 80 en el mundo, luego del Consenso de Washington, y los efectos de estas medidas neoliberales asumidas, asistimos ante un desprestigio de la política y de una crisis sostenida de representatividad a nivel democrático, y estamos en una tendencia a nivel mundial como diría Anthony Giddens, de que nos encontramos ante un “mundo desbocado” y donde como él mismo afirma: “se requiere una profundización de la democracia porque los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno afirmativo que aquellos que los gobiernan”. Sintetizando su propuesta en la frase: “democratizar la democracia”. .

Lamentablemente, el desprestigio y falta de representatividad política más acentuada se encuentra en los Congresos nacionales, donde los parlamentarios parecen priorizar el interés privado en desmedro del interés público. Esa es la razón, también para que en realidades como la peruana, los niveles de desaprobación de la gestión parlamentaria alcance altos índices de rechazo, por varias razones, la población y la ciudadanía perciben que lo que les interesa a los parlamentarios no les ayuda a solucionar su problemática más inmediata, muchos sienten que se equivocaron al votar por tal o cual candidato, otros se sienten impotentes al tener que esperar que culmine todo el período por el cual fueron elegidos los parlamentarios para poder renovar, y advierten que no el sistema no permite renovar, porque ni siquiera la presión social, política y ciudadana puede motivar la renuncia de los parlamentarios, porque el cargo de congresista en el Perú es irrenunciable..

Con cierta frecuencia escuchamos al presidente García: “si no les gusta el presidente o los congresistas que el mismo pueblo eligió tienen que esperar a las próximas elecciones para que voten por otras personas para estos cargos, y esto seguro que esos que vendrán tampoco serán de su agrado”. Una posición cínica que pretende llamar democracia a la actividad de decir lo que la gente quiere escuchar con el fin de obtener sus votos, haciendo un círculo vicioso perpetuo que va a hacer, si no se corrige, que la representatividad que las personas no sienten en el sistema la busquen por fuera de él..

Una pregunta que surge, es cuál es la razón para que todos los cargos por elección incluso el de presidente de la República son renunciables, y porqué el de congresista no lo es. Acaso prima aquello de que otorongo no legisla contra otorongo. Parace que sí..

Por ello un prerrequisito que debe ser implementado con una reforma constitucional es que el cargo de congresista, al igual que el de Presidente de la República, o el de alcaldes y regidores deben ser renunciables para colocarlo en condiciones de igualdad con cargos a los cuales se ingresa vía elección política. Eso implica realizar una modificación constitucional..

Capacidad de decisión:.

Precisamente, porque el Congreso de la República constituye un Poder del Estado, que incluso personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre lo llamaron el primer poder del Estado, y donde otros como Enrique Chirinos Soto señalaban que el Congreso lo puede todo, es necesario precisar las posibilidades de decisión para posibilitar la renovación parlamentaria sin elección, máxime si existe un mal entendido espíritu de cuerpo para procesar denuncias o pedidos de renuncia..

Este espíritu de cuerpo por ejemplo, puede impedir que sí se reforma la constitución para hacer del cargo de congresista un puesto público renunciable, esto no proceda por más presión social que haya. Del mismo modo, ocurriría con las sentencias o resoluciones de la Comisión de Ética que a lo más permite sanciones sin goce de haber por cuatro meses como máximo..

A la fecha no existe, en la legislación peruana posibilidades de renovación parlamentaria en cada período legislativo. Los ciudadanos y la sociedad civil debe esperar cinco años para renovar o ratificar a los congresistas electos. Si dentro de esos cinco años que dura el período legislativo, existe un comportamiento no adecuado del congresista no se podría retirarlo del sistema de representación política parlamentaria, a no ser que exista una denuncia constitucional que, a su vez, implica un proceso largo y engorroso que se inicia con un proceso de investigación entre pares congresistas..

Para llegar a ser congresista, ya hemos dicho que no hay requisitos o prerrequisitos adicionales más allá de ser peruano y tener la edad adecuada para postular. Luego de las elecciones y sí se obtiene los votos necesarios se accede a una credencial del Jurado Nacional de Elecciones, entidad que certifica la condición de congresista electo..

Con esta credencial, el congresista electo se acerca a la Oficialía Mayor del Congreso de la República y como señala el Reglamento del Congreso de la República tiene que llenar una serie de formatos donde coloca sus currículo de vida, así como tiene que llenar con la verdad su declaración jurada de bienes y rentas. Declaración que debe ser presentada a la misma Oficialía Mayor y esta hacerla pública, ya que si este proceso no se realiza, el congresista electo no puede juramentar para asumir su cargo, y podría quedar –hasta que no se corrija- en la condición de electo..

Luego de juramentar y asumir sus funciones, la Oficialía Mayor tiene la obligación de otorgarle al congresista electo las facilidades administrativas que lo ayuden a realizar su función como es la de contar con personal de confianza para sus oficinas, una remuneración mensual adecuada que hoy suma unos 23 mil nuevos soles, incluido los llamados gastos de representación (antes gastos operativos).

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado estos gastos de representación en la práctica constituye un sueldo adicional, porque sólo se tiene que rendir un porcentanje del monto total. Por ello una de las tareas del personal de confianza de algunos congresistas es conseguir comprobantes y facturas que cubran la rendición del dinero que reciben. .

Incluso, existe un formato de rendición de cuentas donde se consignan rubros como el gastos médicos no considerados por el seguro privado que el Congreso les otorga, o pago de teléfonos móviles personales y el de sus casas, así como el pago de gasolina para sus autos, o diversos gastos de representación..

No hay transparencia en el uso de estos recursos, estos se encuentran en la esfera privada del manejo de cada uno de los congresistas, pero incluso, sobre el monto que se rinde cuenta no existe ninguna evaluación para conocer a ciencia cierta si lo que se audita corresponde con la verdad o es sólo un saludo a la bandera. Creo que habrían muchas sorpresas, si se escudriñara un poco más por este lado. (Acción o exámenes de control con resultados públicos)..

Asimismo, el artículo 92 de la Constitución Política señala que: “ La función de congresista es de tiempo completo; le ésta prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatorio, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obra, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros”..

Pero, los congresistas que son los que producen las leyes aprueban su Reglamento interno que es ley de la República donde interpretan y precisan que lo de tiempo completo no quiere decir exclusivo, y entienden que las horas de funcionamiento del Congreso es cuando hay convocatoria de plenos o en el momento que se reúnen las comisiones ordinarias..

Por ello debería existir una reforma que obligue al carácter exclusivo de la función congresal, porque si bien se discuten y aprueban leyes, y se fiscaliza durante el funcionamiento de las comisiones y el pleno, se es representante de la nación (la tercera función parlamentaria) permanentemente. (Modificación constitucional)..

En suma es posible, a partir del uso de los recursos públicos que se le asigna a los congresista o la dedicación a su gestión como parlamentarios lo que posibilitaría con mayor rapidez renovación de los miembros del Congreso de la República, y sentaría precedente político sobre el comportamiento con los bienes públicos y el mandato otorgado por la ciudadanía. .

También queda como alternativa la denuncia constitucional, pero que implica un proceso más extenso y engorroso, que por lo general queda en el tintero, y sólo cobra fuerza cuando este procede del Poder Judicial, más no de los ciudadanos. Ya que cuando un ciudadano presenta una denuncia constitucional contra cualquier miembro del parlamento, un congresista tiene que hacer suya dicha denuncia para que recién se abra investigación contra el denunciado. Sino la denuncia es dejada de lado.

Propuesta

Aparentemente, el Congreso de la República podría ser señalado como un sistema blando, porque es obvio que no hay posibilidades de cálculo, y hay una alta ambigüedad, que duda cabe. Sin embargo, no cumple la condición de búsqueda de objetivos definidos, es decir aprendizaje, sino que por el contrario, su misión de legislar, fiscalizar y representar no corresponde a un línea organizacional, sino a un perfil individual de los 120 congresistas, o en el mejor de los casos de cada uno de los grupos políticos representando en el Congreso, incluidos los independientes..

No existe nivel de aprendizaje, porque no hay proceso de acumulación de información, y todo aparece más como un círculo vicioso donde no hay proceso de aprendizaje..

Así, a partir de la teoría de la complejidad podemos arribar a buscar decisiones más adecuadas a las políticas públicas y de gobierno, incluso a modelo anárquicos donde puede ser ubicado el Congreso de la República..

Por la teoría de la complejidad conocemos que las posibilidades de mejora se pueden dar en dos tipo de situaciones: ante la presencia de una crisis o la posibilidad de aprendizaje que permita a los ciudadanos apoyar determinadas medidas políticas..

En el caso del Congreso de la República, la actual situación de crisis de representatividad y legitimidad política e institucional, podría permitir perfilar una toma de decisiones que permita la renovación política parlamentaria si elecciones a partir de algunas modificaciones institucionales o la institucionalización de auditorias de los recursos que les son otorgados a los parlamentarios. Seguramente nos hallaríamos con muchas sorpresas, al igual que con la auditoria que se puedan hacer de las declaraciones juradas de bienes y rentas, como ocurrió en el caso del congresista Víctor Valdez y su supuesta biblioteca avaluada en más de un millón de soles..

Por esta razones proponemos los siguiente para renovar el sistema parlamentario sin elecciones:.

Los congresistas como hemos mencionado luego recibir la credencial de la entidad denominada Jurado Nacional de Elecciones pasa a juramentar y asumir sus funciones, cuentan inmunidad parlamentaria frente a las opiniones, votaciones que realizan en el ejercicio de sus funciones, hecho por el cual no puede ser juzgado, salvo alguna denuncia constitucional que sea acogida por la entidad denominada Comisión de Constitución. De otro lado, frente a faltas de comportamiento e incluso de gestión o de la relación entre los miembros del Congreso de la República la Comisión de Ética es la entidad responsable de estas investigaciones y de proponer sanciones máximo por 120 días sin goce de haber..

Otra entidad que puede emitir denuncias o informar sobre el estado o record de denuncias o procesos abiertos o cerrados de los congresistas electos y en ejercicio es la entidad Poder Judicial-Fiscalía. .

La entidad Oficialía Mayor es la encargada de suministrar los recursos públicos (económicos y humanos) a los congresistas para el ejercicio de sus funciones, y es la que recibe las credenciales que reciben los parlamentarios del Jurado Nacional de Elecciones y de recibir las declaraciones juradas de bienes y rentas que deberán ser publicadas..

Por su parte, la entidad Contraloría General de la República debería evaluar el uso adecuado, eficiente y eficaz de los recursos públicos que se le entrega al Congresista como gastos operativos y de los cuales sólo rinde el 30 por ciento como máximo, así como definir si existe veracidad en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas..

1.- Reforma de la Constitución Política que posibilite el carácter renunciable del cargo del congresista, así como la exclusividad en la dedicación del cargo durante el período para el que fue electo. Propuesta que tiene que ser canalizada por la Comisión de Constitución. Ello coloca en igualdad de condiciones a las autoridades políticas electas, y posibilita que la ciudadanía tenga una fuente de presión social demandando el cambio de algún parlamentario por razones justificadas..

2.- Uso eficiente de recursos. Las auditorias por la rendición de cuentas del 30 por ciento de los gastos operativos, y que concluyan con recomendaciones de uso irregular o no sustentado de estos fondos debería culminar con la renovación del cargo de parlamentario, que deberá ser asumido por el que siga en la lista política por la que postuló, independientemente de los procesos legales a que de lugar estas auditorias. Igual procedimiento se deberá asumir para el caso de las auditorias sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas que han presentado los congresista para asumir su cargo. La renovación se produce por la gravedad de mentir o falsear la realidad tanto para el uso de recursos públicos, como para jurar en una declaración de lo que se declara es la verdad. Si la mentira es una de los criterios de los congresistas electos desde el inicio de su gestión, la sanción debería ser la renovación por mentir a la nación, más aún cuando una de las funciones centrales de todo parlamentario es fiscalizar, precisamente el comportamiento y el uso adecuado de los recursos de los demás funcionarios y autoridades del Estado. Asimismo, al momento que juran en nombre de la Constitución, juran cumplir y hacer cumplir las leyes, y no sacarle la vuelta o aprovecharse de las leyes. Se debe predicar con el ejemplo..

3.- Reforma de la Constitución Política que posibilite la dedicación exclusiva al cargo de congresista de la República, porque no sólo se es representante algunas horas, sino siempre. Esta decisión pública busca terminar con el ejercicio de “lobbys” en la gestión parlamentaria, y el uso de la presentación de iniciativas legislativas, por ejemplo, para satisfacer a estos grupos de interés. Transgredir esta norma debe provocar la renovación parlamentaria de inmediato..

4.- Adicionalmente se encuentra abierto la posibilidad de renovar congresistas a través del proceso de denuncias constitucionales. Esta es la única decisión presente a la fecha a la que pueden recurrir los ciudadanos para denunciar a un congresista y/o para pedir su desafuero parlamentario y posibilitar la renovación..

Aplicado la priorización de jerarquías para la toma de decisiones a partir de tres alternativas: auditoria de uso de recursos públicos, denuncia constitucional, y exclusividad de la función legislativa; y luego de contrastar los criterios y entre alternativas, dio como resultado la auditoria del uso de recursos públicos..

5.- Otra puerta abierta para la renovación de congresistas es poder modificar la Constitución Política y poder renovar la representación por tercio o por mitades, hecho que se discute desde hace más de seis años, perto que entra en el espacio de la convocatoria a elecciones..

“REFORMA” PARLAMENTARIA Y LA FALTA DE MEMORIA

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