La libertad de expresión es un derecho básico en todas las sociedades democráticas; sin embargo, en América Latina nos ha tomado mucho tiempo gozar de este derecho sin temer por nuestras vidas o integridad. El Sistema Interamericano ha desarrollado importantes estándares que los Estados deben respetar y ha reconocido que la libertad de expresión como todo derecho, tiene límites. Uno de ellos es el discurso de odio, es decir, cuando a través de diferentes formas de expresión se busca generar violencia contra grupos discriminados de la sociedad.
Los discursos de odio buscan deshumanizar a grupos de la sociedad civil, como las feministas o defensores de la diversidad sexual, estigmatizándolos bajo etiquetas como las de la “ideología de género”. ¿Cuál es la responsabilidad de los Estados frente a ello?, ¿cuál la de los medios de comunicación?, ¿debemos apostar por la regulación o la autorregulación?, ¿cómo responder a estas interrogantes en un tiempo de explosión de redes sociales que pueden ser tan o más virulentas que los medios tradicionales?
Para reflexionar sobre todo ello, nos reunimos en Lima un grupo de comunicador@s, abogad@s y activistas en un intercambio que se nutre de las experiencias y propuestas de diferentes países de la región, permitiéndonos conocer nuevos abordajes e iniciativas frente a los discursos contra el género, así como frente a los embates y dilemas respecto a la libertad de expresión. Este seminario fue organizado por Clacai, O’Neill Institute for National & Global Health Law / Georgetown University y Universidad Tecnológica del Perú.
Al respecto, comparto la nota de un medio local que da cuenta de nuestra participación, junto con la de otras personas especialistas de América Latina: https://peru21.pe/lima/discursos-de-odio-contra-grupos-vulnerables-estan-alineados-con-los-discursos-machistas-noticia/?ref=p21r
Hace poco más de 25 años comencé mi carrera docente en la PUCP dictando un curso en Derecho donde reflexionaba sobre cómo las principales problemáticas que afectan a las mujeres en el goce de sus derechos humanos eran abordadas por el Derecho, desde el ámbito laboral (compatibilización de la vida laboral con las responsabilidades familiares), penal (violencia sexual), civil (relaciones familiares) y constitucional (participación política), entre otros. Hoy tengo la satisfacción de tener ex alumnas y alumnos que se desarrollan tanto en el ámbito público (ocupando posiciones estratégicas, alguna ha llegado a ser Ministra de Estado), como en el privado (Gerentas y Líderes Innovadoras). A lo largo de todos estos años, he seguido en mi tarea de enseñanza, esperando siempre transformar el Derecho para garantizar el goce de sus derechos a las mujeres peruanas. Hace una semanas la PUCP me volvió a dar una nueva oportunidad, esta vez trabajar con docentes de mi propia Facultad para introducir el enfoque de género en la enseñanza del Derecho. Junto a otras colegas, organizamos con mucha ilusión un taller que esperamos permita generar una sinergia positiva para que la perspectiva de género pueda ser incorporada plenamente en la actividad docente e investigadora de nuestros/as colegas.
El jueves 22 de agosto participé en el Pre Congreso Iberoamericano: Problemática de la Infancia y Adolescencia, Violencia Infantil: Género e Interculturalidad. La ponencia presentada analiza el fenómeno del embarazo en adolescentes en el Perú en general, y en particular en la región Cajamarca. Este fenómeno si bien obedece a diferentes circunstancias, algunas de ellas que están en la esfera directa de decisión de las adolescentes y otras que pasan claramente por el ejercicio de violencia sexual en contra de ellas, en la gran mayoría de casos pueden enmarcarse en diversas manifestaciones de la violencia de género contra la mujer. Continuar leyendo
25 años han pasado desde la aprobación de la Convención de Belém do Pará, primer tratado de derechos humanos que aborda específicamente la temática de la violencia contra la mujer. Este tratado, que se da en el contexto de las Américas, ha abierto las puertas al desarrollo de estándares internacionales de protección del derecho de las mujeres, tales como el caso de Campo Algodonero (2009) donde la Corte Interamericana dio paso a nuevas medidas de investigación y prevención en casos de violencia contra las mujeres; o los casos de las hermanas González Pérez (2001), el de Inés Fernández Ortega (2010) o el de Valentina Rosendo Cantú (2010), que dieron lugar a sendas reformas en relación con el alcance de la jurisdicción militar en casos de violación a los derechos humanos.
Llegamos al bicentenario con una presencia cada vez más fuerte de mujeres de todos los niveles socioeconómicos, ganando espacios en los diferentes ámbitos de la vida de nuestro país. Las mujeres peruanas demandamos políticas sostenibles para el logro de nuestra autonomía política, económica y física. Urge que el sistema político procese las demandas de las mujeres y que éstas sean atendidas. En tanto las mujeres representamos el 50% de la población, estamos seguras que ello abonará a superar la crisis de gobernabilidad democrática que hoy enfrenta nuestro país.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos me invitó el pasado 16 de julio para hablar sobre este tema y estuvimos presentes en su Auditorio Institucional.
La agenda expuesta tomó en cuenta la urgente reforma política que no solo comprende paridad y alternancia, sino también una llamada de atención a los partidos políticos para que distribuyan con equidad entre hombres y mujeres las capacitaciones, espacios de publicidad y financiamiento de campañas.
Asimismo, demandamos una mejor articulación y desarrollo de los programas sociales para que puedan convertirse en la base de un sistema de cuidados para las personas dependientes, lo que coadyuvará a una mejor inserción de las mujeres en el mundo laboral.
Por último, hicimos énfasis en la necesidad de que la política pública tenga en cuenta la voz de las y los adolescentes, para que nuestro país no sigan habiendo adolescentes unidas con hombres mayores y embarazos tempranos, pues ello es la principal causa de deserción escolar, y de pérdida de un proyecto de vida.
El 13 de julio, se dio inicio al curso “Género, Violencia contra la mujer y administración de justicia”, el mismo que desde la Maestría de Estudios de Género de la PUCP hemos venido preparando desde hace varios meses gracias a la confianza de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y el auspicio de UNFPA Perú. Como coordinadora académica, hemos preparado el curso con mucha ilusión y estoy segura que todas las docentes convocadas estamos comprometidas a contribuir en la integración de la perspectiva de género para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres peruanas.
El curso se enmarca dentro de la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité CEDAW que recomienda que los Estados partes aseguren que los programas de fomento de la capacidad traten, en particular:
Del 21 al 23 de agosto estaremos discutiendo la problemática de violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA), género e interculturalidad en la Universidad de Cajamarca, Perú. Entre los temas que se abordarán estarán la violencia en la pareja adolescente, el impacto del embarazo en el goce de los derechos de las adolescentes, estándares internacionales a partir del caso VRP y VPC vs Nicaragua, entre otros.
Comentario a sentencia recaída en expediente número 00105-2013 (Ref. Sala N.° 207-2017). Resolución número: 27. San Juan de Lurigancho, 12 de junio del 2017.
En este artículo reflexiono sobre si se puede o no difundir la imagen de un niño(a) víctima de abuso sexual por un medio de comunicación, si la afectación a los derechos fundamentales de los(as) menores por medio de programas de radio y televisión constituiría o no una falta al código de ética, la atribución de responsabilidad solidaria de pago de indemnización a los programas de televisión cuando estos difundan imágenes de menores víctimas de abuso sexual, entre otros temas.
En la edición de Mayo 2019 de la Gaceta Constitucional ha salido publicado un artículo en el que hago comentarios a la sentencia recaída sobre el Exp. 01479-2018-PA/TC sobre el reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional (TC) sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de igualdad de género en las instituciones públicas y privadas, incluyendo a la administración de justicia. Reconocimiento que corona los esfuerzos que desde hace muchos años se vienen realizando desde el Estado Peruano para que el enfoque de género sea integrado de manera transversal en todo el marco político y normativo.
Link: http://www.gacetaconstitucional.com.pe/index.php/2019/06/05/sumario-gaceta-constitucional-mayo-2019/