SOBRE EL SERVICIO MILITAR: ¿Porqué desertan los reclutados?

Estimados blogueros:

A continuación posteo unas reflexiones e información relevante publicada por Ricardo Uceda en el Diario La República del día de hoy 17.06.2013. Ojalá el Gobierno piense mejor sobre su actuación en esta materia.

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Por: Ricardo Uceda

Una reciente declaración de Ollanta Humala reprobando a los burócratas que se oponen a la nueva legislación sobre el servicio militar revela que el presidente no desea modificar la nueva modalidad de reclutamiento. Es la posición del ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Sin embargo, actitudes más flexibles desde el régimen, expresadas por la ministra de la Mujer, Ana Jara, y por la vicepresidenta Marisol Espinoza, indicarían una cierta posibilidad de rectificación. Incluso el premier Juan Jiménez, interrogado al respecto, ha filosofado: “Siempre se pueden perfeccionar las cosas”.

Pero quedan pocas horas para ello. El sorteo para reclutar a 12.500 jóvenes se realizará pasado mañana, miércoles 19 de junio. Antes, un juez debe resolver si acepta el pedido de la Defensoría del Pueblo para impedirlo por afectar los derechos constitucionales de quienes serían enrolados compulsivamente. La acción de amparo fue acompañada de una solicitud de medida cautelar para que se deje sin efecto la convocatoria hasta que se resuelva el asunto de fondo. Así las cosas, es posible que un juez le amarre las manos al ministro Cateriano.

Por ello, no es difícil colegir que cuando Humala habló de burócratas “que nunca han servido y que no conocen lo que es el Ejército” se refirió a los de la Defensoría. Estamos ante un enfrentamiento de dos poderes sobre un tema trascendental, y por eso es oportuno preguntarse cuánto sabe la Defensoría. Una revisión de sus estudios sobre la problemática del servicio militar podría demostrar algo insólito: que conoce más que el Ministerio de Defensa.

LLUVIA NEGRA

La Defensoría se involucró en el tema del reclutamiento prácticamente desde que abrió sus puertas, en septiembre de 1996. Ya se había producido la Guerra del Cenepa, en la que cayó Yenuri Chiguala, de 14 años. Este niño fue enviado al frente inmediatamente después de haber sido levado y a los pocos días pisó una esquirla de granada. Padeció una semana de agonía atroz mientras lo devoraba el tétano. Murió el 25 de febrero de 1995, dieciocho días después de haber sido reclutado. Hay una estatua suya en su barrio de Comas, y fue enterrado multitudinariamente, envuelto en una bandera nacional, sin presencia del Ejército. También hay una calle que lleva su nombre en Miraflores. Se le conoce como el Niño Héroe pero es un símbolo trágico de un abuso que ya no existe en buena cuenta por acción de los burócratas señalados.

En 1997, el tercer Informe Defensorial –hasta ahora son 160– fue hecho precisamente porque menudeaban las quejas por reclutamientos forzados. Un niño de 14 de años levado en Ayacucho, un muerto entre siete que fueron reclutados en Tacna, otro adolescente captado irregularmente en Barranca. Tantas denuncias había que la Defensoría habilitó una línea telefónica exclusiva y el Ministerio de Defensa nombró un coordinador especial para que recibiera de inmediato estas quejas y dispusiera las bajas. Aún así los enrolamientos ilegales siguieron produciéndose, lo mismo que situaciones de abuso en los cuarteles. El Informe Defensorial más completo sobre agresiones fue publicado en el 2000 y ampliado dos años más tarde. Relataba 56 muertes no investigadas y 118 casos de tortura. Por entonces fue operado de emergencia en el hospital de Ayacucho el soldado Rolando Quispe Berrocal, a quien superiores le habían introducido en el ano una bombilla de luz eléctrica unida a un tubo de talco. La justicia común pudo recuperar este caso emblemático del fuero militar y la Corte Suprema sentenció a los culpables en el 2005.

Fue principalmente la presión de la Defensoría del Pueblo la que produjo que en el 2000 se modificara la legislación, estableciéndose con claridad que el servicio militar no era obligatorio. Poco antes, el primer Defensor, Jorge Santistevan de Noriega, había presentado una propuesta de reforma del servicio militar y había propiciado una amplia discusión, invitando a jefes militares expertos de otras partes del mundo. Ahora bien, ¿por qué tanta insistencia en el asunto? Simplemente porque las quejas de los familiares de los soldados seguían cayendo como lluvia negra. Los apesadumbrados padres no solo tocaban las puertas de las oficinas defensoriales. En las provincias iban a donde sabían que llegaba el Defensor, como un campesino que interrumpió una conferencia en Bagua en 1999 para decir que su menor hijo estaba secuestrado en el cuartel El Milagro, y pidiendo comprobarlo. Cuando los comisionados llegaron hasta allí, efectivamente lo encontraron. Un oficial a cargo les dijo:

–No se dejen sorprender. Todos parecen unas guagüitas.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Tan consciente era el Ejército del problema que colaboraba con la Defensoría, incluso durante el gobierno de Fujimori. Cuando el servicio se hizo voluntario en el 2000, tampoco fue posible cubrir todas las plazas que se requerían. La situación se mantuvo invariable durante el gobierno de Alejandro Toledo –en el que hubo una reforma militar fallida– y, después, durante el de Alan García. Los motivos se conocían ampliamente por los estudios defensoriales: abusos, incumplimiento de promesas, falta de incentivos económicos. Conforme los abusos fueron disminuyendo, las motivaciones materiales crecieron en importancia. Las deserciones empezaron a contarse por miles. En el 2009, el gobierno de García dio una ley por la cual, si no había voluntarios suficientes, un sorteo resolvería el problema. Pero la misma ley decía que el servicio militar era voluntario, y por eso ningún joven fue convertido en soldado a la fuerza. Cuando hubo un intento de sorteo en Huancavelica, el Ministerio de Defensa lo impidió.

Limitado por la ley y por la Constitución, que protege las libertades individuales, el Ministerio de Defensa no implementó ninguna medida que hiciera atractivo el voluntariado. A inicios del 2012, en una reunión con la Defensoría del Pueblo, oficiales del Consejo Supremo de Justicia Militar expresaron su preocupación por el elevadísimo número de deserciones, entre cinco mil y siete mil al año, que constituían la mayor carga del fuero. Había 26 mil expedientes activos entre el 2009 y el 2012. Más de ocho mil desertores tienen orden de captura.

–¿Y ustedes saben por qué tanta gente se va? –les preguntó Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos.

Los militares presentían que era por incumplimiento de lo ofrecido y por problemas económicos, pero no disponían de un estudio. Esta respuesta convenció a Vignolo de que era necesario hacer la investigación.

Por su parte, el Ministerio de Defensa propició la modificación legislativa que restablece la figura obligatoria de reclutamiento, dando lugar a la controversia actual.

INFORME Y DISGUSTO

Cuando Gisella Vignolo y Julio Mansilla culminaron visitas sorpresivas a 24 cuarteles, tenían una explicación para las deserciones. Ya no había vejaciones como antes, pero los reclutas comían mal, no recibían sus propinas, les entregaban uniformes viejos y zapatos usados –debiendo comprar los nuevos–, no obtenían permisos de estudio pese a que se los ofrecieron, carecían de servicios adecuados de salud. Aunque esta situación no era generalizada, los investigadores no lograron entrar, pese a tener potestad constitucional para ello, en cuarteles del Vraem, de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna. Durante sus visitas entrevistaron a los jefes de base, quienes, a diferencia del testimonio anónimo de los soldados, suscribieron un acta con sus impresiones. Los testimonios coinciden en que son problemas económicos los que obligan a los soldados a desertar: la indigencia de su familia, la muerte de un padre, la necesidad de trabajar.

Hay otra gran demanda: la necesidad de estudiar. De algún modo los beneficios que en este campo se ofrecen al voluntario no se cumplen.

La Defensoría del Pueblo envió su informe al ministro de Defensa el pasado 24 de mayo. El ministerio ha ordenado investigar el funcionamiento de bazares en los cuarteles, una de las presuntas irregularidades señaladas en el documento, y en la resolución que la ordena no señala el origen de la sospecha. Dice “informaciones periodísticas”. El ministro Cateriano ha declarado que la opinión del Defensor la toma como “cualquier opinión”, y lo acusa de tener pretensiones políticas. Pero no ha desmentido el informe. No ha mostrado ninguna información propia sobre la situación en los cuarteles.

Recién en agosto del 2011 el Ministerio de Defensa expidió una directiva que precisó procedimientos para controlar los beneficios que se ofrecían a los reclutas del servicio militar. Además, establecía mecanismos para saber qué estaba pasando. Dispuso mecanismos de supervisión, exigió informes periódicos, determinó responsabilidades. Creó una comisión que se desplazaría  por los cuarteles a la caza y solución de problemas.

¿Dónde están esos informes? La Defensoría del Pueblo los pidió y no los obtuvo. Es posible que jamás se hayan redactado.