Estimados blogueros:
En este último tiempo hay una discusión pública sobre las consecuencias en términos de “bien público” del negocio económico surgido entre el Grupo El Comercio y el Grupo Epensa. Yo comparto la posición de quienes creen que aquí estamos ante un problema de concentración de medios de opinión pública, lo que finalmente daña la Democracia y los principios constitucionales de “libertad de expresión” y de “libertad de información”, entre otros.
A mí me parece que debatir es bueno, porque al fragor de la lucha de argumentos se posibilita la mejora del juicio personal y colectivo. Por eso, rechazo categóricamente cualquier posición que niegue de plano la discusión o que, aludiendo a intereses subterfugios, plantee que no existe un verdadero problema.
Desde el comienzo pensé que la vía del proceso de amparo, iniciada por varios periodistas, permitiría una aclaración significativa del problema y podría sentar las bases para un cabal entendimiento de las soluciones que -en términos constitucionales- deben haber. La vía del Congreso no me pareció la más adecuada en el contexto actual. Empero, estoy perfectamente aclarado en el sentido que en una democracia es justamente en el Congreso de la República donde deben decidirse estos asuntos.
Bien, entre tantas opiniones, me topé con la transcripción que hizo el diario La República de una entrevista realizada a Mario Vargas Llosa por Clara E. Ospina -conductora del programa Tiempo de Leer- en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, ante estudiantes de letras y comunicaciones de las universidades San Marcos, de Lima, UPC y Católica. Creo que es la posición clarificada del pensamiento de Vargas Llosa y merece revisarlo.
Saludos,
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Por: Clara E. Ospina
Qué opina de la compra de Epensa de parte del Comercio. Debo decir, considerando la transparencia, que Canal N es una empresa en la que están como socios el grupo La República y el grupo El Comercio.
Mi posición sobre este tema es bastante clara: yo estoy a favor de la libertad de expresión. Creo que la libertad de expresión es el pilar de la cultura democrática, y que sin una libertad de expresión que refleje el pluralismo de las opiniones políticas de los ciudadanos, la democracia está amenazada. Creo que la concentración de los medios que significa la compra de Epensa por el grupo El Comercio es una amenaza potencial contra la libertad de expresión. Creo que el 79 u 80 por ciento del control de la información da un poder a un grupo periodístico, en un periodo de elecciones por ejemplo, que puede llegar a la manipulación total, y a la imposición de candidatos, algo que comienza a corroer el sistema democrático. Por eso he apoyado la iniciativa de estos ocho periodistas muy prestigiosos e independientes, que han presentado una acción de amparo para que el Poder Judicial decida si esta operación (de compra de Epensa) es lícita, o la anule. Siempre he estado en contra de las leyes especiales sobre el periodismo, ya que estas son un peligro para la libertad de expresión, porque es poner en manos de un gobierno un instrumento de poder que en un momento dado puede ser utilizado para restringir esa libertad, esa diversidad y ese pluralismo informativo al que tenemos derecho.
Hay quienes opinan que siendo un liberal que cree en la libre empresa, al plantear eso, cae en contradicción porque se castiga el éxito de una empresa…
No hay ninguna contradicción. Quienes dicen eso tienen una información muy escasa, muy insuficiente o muy equivocada de lo que ocurre en los países más democráticos del mundo. En todos los países democráticos, sin ninguna excepción, hay un control del monopolio empresarial en todos los campos y fundamentalmente en la prensa. En muchos países hay leyes especiales y ello es comprensible, aceptable, porque hay una democracia profundamente arraigada y porque en los países democráticos avanzados la diferencia entre el Estado y el gobierno es real y las instituciones encargadas de velar por la diversidad, la pluralidad informativa son organismos de Estado que representan al conjunto de la sociedad. Desgraciadamente, en las democracias subdesarrolladas como la nuestra la diferencia entre Estado y gobierno es inexistente. El gobierno absorbe el Estado y lo utiliza como si fuera suyo, como si fuera su botín; entonces, no hay organismos de Estado verdaderamente independientes… salvo en dominios, quizá, muy técnicos. Esa es la razón por la que creo que cuando hay leyes especiales sobre el periodismo, el resultado es catastrófico para la libertad de expresión. Es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, donde han habido leyes especiales para la prensa y el resultado ha sido catastrófico. Esta iniciativa de los ocho periodistas es lo mejor, que el Poder Judicial decida. En última instancia se puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución que ha demostrado hasta ahora una independencia de criterio, lucidez, respecto a las materias jurídicas y una clara vocación democrática.
En la industria editorial, donde las grandes editoriales acaparan a los autores y aplastan a la competencia pequeña, ¿podría haber un debate similar?
Afortunadamente, en ese campo todavía el público sigue imponiendo su criterio; todavía las editoriales no pueden fabricar bestsellers que casi siempre son sorpresa, y ese es un campo donde una pequeña editorial puede ganar el mercado a una gran editorial. Allí está garantizado el pluralismo, la diversidad… es muy distinto en el campo de la información. Uno de los argumentos que utiliza El Comercio, por ejemplo, es decir que en esta absorción de Epensa el acuerdo se ha hecho solamente para la impresión y la distribución, pero que los contenidos quedan independientes en cada uno de los grupos; eso, obviamente, es un sofisma. Nadie puede imaginar que un periodista de Epensa, del diario Correo, por ejemplo, va a investigar a una empresa de la familia Miró Quesada y va a tener cabida en su periódico para denunciar tráficos indebidos (si es que existen esos tráficos indebidos, obviamente). Ese periodista va a ser expulsado. Aquí hay varios periodistas que han sido expulsados de El Comercio por haber sido valientemente independientes. Lo mejor es garantizar que haya una pluralidad informativa, y que si hay una concentración de medios, que contradice un dispositivo constitucional que afortunadamente es muy claro, el Poder Judicial se pronuncie y anule la operación. Puedo decir algo más, que soy defensor de la libertad de empresa, de la propiedad privada, del capitalismo, no tengo vergüenza en decirlo. Aquí, cuando hubo una amenaza terrible para la empresa privada, para el capitalismo, cuando el presidente Alan García en su primer gobierno quiso privatizar los bancos, las compañías de seguros, las financieras, ¿quién fue la primera persona en protestar? ¿Quién salió a las calles a defender a la empresa privada? Muchos que ahora me atacan por defender el pluralismo informativo, no solo se quedaron callados sino que fueron grandes defensores de las medidas estatistas. Veo que muchos fueron fujimoristas, militantes que eran pagados con dólares entregados por Montesinos, ¿cómo puedo creer que son defensores de la libertad de prensa cuando esta era pisoteada de manera indigna con tráficos inmundos, como pagar a los periodistas que no solo se callaron sino que fueron cómplices? Cuidado que pierdas tu puesto… (risas y aplausos del público)
¿No le preocupa que esos argumentos aceptables sean utilizados por quienes se mueren de ganas de que haya un control de prensa?
Sí, me preocupa. La iniciativa del congresista Dammert de presentar un proyecto de Ley de Medios es equivocada. Si el Congreso empieza a debatir una Ley de Medios, voy a criticar esa iniciativa porque creo que, aunque haya buena intención de los autores, una Ley de Medios pone en manos del gobierno un instrumento que éste va a utilizar, a la larga, en su provecho. Me opongo absolutamente a esa Ley de Medios. Creo que es tan peligrosa la concentracion de medios por un solo grupo económico como la intervención estatal de los contenidos de la prensa. Hay que llegar a un equilibrio donde, sin afectar ni a la libertad de prensa, ni a la libertad de empresa ni a la propiedad privada, que son las grandes defensoras de la diversidad en una sociedad, tampoco se permita que grupos económicos lleguen a tener el control de la información al punto de manipular a la opinión pública e imponer candidatos, restringir la voluntad del ciudadano.
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