Asunto: Cuestionario sobre el tema Liberalismo/antiliberalismo, federalismo/unitarismo, regionalismo/centralismo, con énfasis en los casos del Río de la Plata y México en la primera mitad del siglo XIX

1) ¿Qué diferencia hace José Luis Romero entre el pensamiento político liberal y el antiliberal?

Para Romero, el pensamiento liberal hunde sus raíces en las ideas francesas iluministas del siglo XVIII, vale decir en la concepción de un orden político republicano basado en las libertades inalienables del individuo. En términos generales, es un pensamiento que aparece asociado a las burguesías (o proto burguesías) ascendentes.

En la orilla opuesta, y a grandes rasgos, un pensamiento político antiliberal fue invocado y utilizado por los grupos señoriales de América hispánica, con un tono casi uniformemente extremista y fanático. Para estos grupos el liberalismo era “ateísmo, caos, desenfreno […]; signo del regicidio y del terror; de la insolencia de las clases populares en ascenso así como de la anarquía y la crisis económica”

La anterior es una representación esquemática que tuvo, en la práctica, muchos matices.

La configuración de estos matices, tanto en la visión liberal como en la antiliberal, tuvo una relación directa con el resultado que produjo el choque entre el pensamiento propiamente dicho y las realidades sociales y económicas. La realidad hizo que muchos liberales extremistas de la primera hora atemperaran sus posiciones iniciales, ya sea para consolidar los objetivos políticos alcanzados (o sus propias posiciones individuales), o también para contener amenazantes tensiones sociales, desatadas por las independencias en el seno de las clases populares y de nuevos grupos sociales. De otro lado, la derecha antiliberal buscó, en todos los casos, detener, o al menos frenar, el proceso de cambios.

En un pasaje poco destacado de su texto, Romero habla del “antes inflamado republicano” Bernardo Monteagudo que terminó colaborando con San Martín en el Perú en la formulación de un proyecto monárquico. En lo que fue un caso muy generalizado en la historia de las revoluciones hispanoamericanas, Monteagudo pasó de radical cuasi jacobino a posiciones moderadas que buscaban un mínimo principio de orden. Confrontado con la realidad, el liberalismo se derechizó. Los casos de Monteagudo y de San Martín grafican la primera gran vertiente de este pensamiento político de la derecha liberal: el pensamiento monárquico liberal. Romero ubica aquí no sólo el monarquismo de San Martín y de los liberales del Río de la Plata, sino también el Imperio Mexicano de Iturbide y la monarquía constitucional brasileña. Con relación al caso mexicano, testimonios de la época señalan que Iturbide hubo de pagar tributo a las costumbres formadas en trescientos años, las opiniones establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía el nombre y la autoridad del monarca, conservando una forma de gobierno (en palabras del contemporáneo Lucas Alamán) “a que la nación estaba acostumbrada”. Con relación al caso del Brasil, el propio emperador llegó a expresar en 1823 que el sistema monárquico constitucional era el único que se debía adoptar “en un gran Estado […] cuya gran extensión quedaría expuesta a formidables convulsiones si no tuviese en la institución monárquica un centro de garantía que afianzase su seguridad”. Cabe observar que, en cierto momento, el pensamiento monárquico liberal llegó incluso a seducir al mismo Bolívar.

La segunda gran vertiente del pensamiento político de la derecha liberal fue el pensamiento republicano autoritario. Esta corriente caracterizó a los partidarios del orden que conservaban, no obstante, un resabio de rechazo liberal a la posibilidad de enajenar la soberanía en beneficio de una organización monárquica. El modelo de estado republicano autoritario fue la constitución boliviana de 1826, inspirada por Simón Bolívar: senado hereditario, poder ejecutivo vitalicio. Este modelo de poder constitucional fuerte, efímero en su aplicación concreta, inspiró posteriormente a experiencias que alguna vez fueron llamadas impropiamente dictatoriales, tales como el régimen de Ramón Castilla en el Perú. No obstante, el más notable y duradero caso de republicanismo autoritario fue diseñado por la aristocracia chilena y, específicamente, por la acción política de Diego Portales, ese “gran revolucionario de los hechos”. En este esquema coexistían un poderoso autoritarismo presidencialista con un agudo pragmatismo. Elementos claves fueron la ausencia de presiones ideológicas, un estado fuerte (que a todos afectaba y que —creemos— probablemente terminó inspirando el lema “por la razón o por la fuerza”), la apuesta por la economía abierta y el libre comercio, y (elemento éste último que no es citado por Romero) una lúcida conciencia de los intereses geopolíticos de la nación chilena. Si los modelos se miden por su durabilidad y por sus buenos resultados, esta alternativa pareció ser, en perspectiva secular, la opción mejor concebida (facilitada, es cierto, por la pequeñez del país y por su relativa homogeneidad racial).

Si bien los rasgos generales de la derecha antiliberal ya han sido esbozados líneas arriba, Romero menciona tres casos de “singular significación”. En el Paraguay de tiempos del doctor Francia y de Francisco Solano López, Romero comenta que, sólo en un caso, el primero de los citados no fue un ultramontano conservador: en su enfrentamiento con la Iglesia, a la que siempre buscó someter al control del Estado. Adherido al pensamiento tradicional español previo a la Independencia, Francia caracterizó su régimen por el autoritarismo y por la centralización. También defendió un etnocentrismo feroz que destacaba la peculiaridad paraguaya, herencia arcaica de los viejos conquistadores y —según Romero— “antecedente de los nacionalismos latinoamericanos”. De otro lado, Francisco Solano López se aproximó a un pensamiento monárquico, aunque de ninguna manera constitucional (al estilo brasileño), sino absoluto y apoyado en una vigorosa fuerza militar.

El segundo caso que cita Romero es el de la Argentina en la época de Rosas. Como Francia, el tirano bonaerense tuvo una auténtica obsesión por preservar el orden de la vieja sociedad de la era pre-revolucionaria. La peculiaridad de Rosas parece haber residido en un enfoque pragmático de la política que lo llevó a sostener que “la fijación del orden nacional era prematura ya que no se había alcanzado un orden de las distintas regiones y provincias”. Rosas fue expresión de las tradiciones sociales de los estancieros que, por entonces, hacían grandes ganancias exportando cueros y carne salada. Asumiendo el punto de vista de Sarmiento (sin mayor crítica), Romero hace suya la expresión de que Rosas gobernó al país como a una estancia.

Finalmente, en el Ecuador de la época de García Moreno, describe un modelo semejante a los anteriores en términos de autoritarismo policial, pero diferente en el estímulo de ciertas formas de desarrollo económico moderno. No obstante, eran una “civilización” y un “progreso” que no suponían un régimen de libertades públicas, una modificación de la estructura agraria tradicional, ni una relación moderna con el poder de la Iglesia

2) Describa los distintos mecanismos a través de los cuales México consolidó el regionalismo en oposición al centralismo

Aspectos generales

La configuración de “entidades federativas” (estatales) estables y organizadas a partir de la Independencia, como un balance (e incluso oposición) al centralismo de raíz colonial de la antigua capital virreinal, fue la expresión política de la afirmación de un “regionalismo” en México. Se trató de una configuración de estados regionales que reconoce su origen en transformaciones que tuvieron lugar en la dimensión celular de los citados estados, vale decir, en la transformación de los pueblos coloniales en municipios basados en el principio liberal de la elección de autoridades. En esta transformación, las antiguas autoridades y prácticas políticas heredadas de la colonia se entrelazaron con las nuevas libertades garantizadas por las constituciones de 1812, 1814 y 1824. Alicia Hernández señala que “la fuerza que cobra el ayuntamiento-municipio como centro de identidad de sus pobladores fue posible precisamente porque no representó una ruptura o destrucción del gobierno consuetudinario [de derecho ancestral, basado en la costumbre]” (p.35).

Visto en perspectiva, desde la Independencia hasta el momento inmediatamente anterior a la promulgación de la constitución liberal de 1857, este desarrollo, donde se aprecia como grandes protagonistas a los estados federales del interior, tuvo como “gran novedad […] la capacidad de cada territorio, provincia o estado de México de impedir la anarquía política y la suspensión de la colaboración social […] la transformación histórica no fue ni caótica ni anárquica. En efecto, la gobernabilidad de los estados fue regulada a partir de una ciudadanía y un cuerpo de notables responsables, con gran capacidad para organizar y administrar ayuntamientos, distritos y estados. El resultado fue que a lo largo de un gobierno local de fuerte sesgo confederal se moldeó y conformó una cultura política que preparó el terreno para la revolución liberal y el tránsito efectivo de una fuerte representación territorial a la República Federal mexicana, claramente definida por primera vez en la Constitución de 1857” (p.45).

No obstante, el regionalismo mexicano (sustentado en los estados y en la organización celular que estaba detrás de cada uno de ellos), si bien preparó el camino para el desarrollo de una tradición política moderna y propia, tuvo una consecuencia negativa: la debilidad del gobierno nacional para hacer frente a las amenazas extranjeras. El desarrollo más dramático tuvo lugar cuando los norteamericanos ocuparon el país y cercenaron un tercio del territorio nacional. Según Zoraida Vázquez, ni federalistas ni centralistas pudieron encontrar la fórmula para imponer su autoridad sobre el territorio: “La desarticulación entre el gobierno nacional y los estatales o departamentales persistió durante el período, sin importar el sistema de gobierno y sólo se moderó después de la invasión norteamericana” (p.46). Vázquez también habla de la influencia de las elites de los estados, que favorecieron casi siempre gobiernos centrales débiles. Hernández es más explícita: comentando el entorno mexicano hacia la promulgación de la Constitución de 1824 señaló que la “fuerza de las elites locales se derivó, en buena medida, de su vinculación con bases populares en sus pueblos. Ambas comprendieron, a su vez, que su fuerza dependía de sus sólidas autonomías, las cuales les garantizaban mayor independencia de la elite política y económica de la ciudad de México” (pp. 30 y s.)

Según Hernández, la afirmación de las identidades de las regiones apuntó, en el tiempo que corre desde fines de la Independencia hasta la revolución liberal, hacia una laxa organización de tipo confederal: “…la región y el estado se configuran como una realidad no sólo geográfica sino también de comportamiento, de identidad. Esta dimensión de los municipios y de los estados es la que impidió que el espacio mexicano fuera concebido como único, como una nación, y fuera en cambio concebido como asociación de regiones-estados, es decir, como una confederación” (p.38)

Apreciación de detalle sobre la génesis del fortalecimiento de los estados en México

El proceso que condujo a la aparición de una cultura política republicana propiamente mexicana con la organización liberal de mediados del siglo XIX, se inició, según Hernández, en las postrimerías de la era colonial, con la gradual erosión del modelo estamental, como consecuencia del crecimiento de la población mestiza hacia una sociedad multiétnica, y por medio del proceso de crecimiento de la economía, que fue mucho más allá de la simple extensión de las haciendas. Se trató de un contexto caracterizado por una mayor demanda de bienes agrícolas y manufactureros, y por una mayor mercantilización regional e interregional. Sobre este proceso socioeconómico inédito en México comenzaron a ser impuestas las reformas borbónicas que “trataron por primera vez en la historia de México de centralizar política y administrativamente el país” (p.19).

La invasión napoleónica de España en 1808, la crisis de la monarquía y, sobre todo, la difusión de la Constitución liberal de Cádiz, abrieron las puertas para la transformación de los pueblos en municipios, de los súbditos en ciudadanos, y para la aparición de una clase política (muchas veces sustitutiva de los antiguos cacicazgos) cuya acción se fundamentaba en el principio republicano de la electividad. “El voto era el reflejo de una nueva forma de organización política que engarzó el poder municipal con el estatal y éste con el federal, rompiendo gradualmente la sociedad aún organizada por cuerpos […] A partir del ayuntamiento se hace política efectiva y se organizan los vecinos, los ciudadanos, y por ellos es la célula básica [destacado nuestro] que garantiza un mínimo de gobernabilidad del país”. En general, el impacto local de la Constitución de Cádiz fue notable: entre 1812 y 1814 se organizaron casi 900 ayuntamientos constitucionales. De hecho, su impacto como vía pacífica de reforma contribuyó a restar fuerzas a los movimientos revolucionarios de la época. La herencia gaditana se fundió con una vieja tradición de autogobierno, basada en el derecho consuetudinario colonial y, posteriormente, con innovaciones del pensamiento liberal mexicano.

Resumiendo la mayor parte de los elementos anteriores, ha dicho Hernández: “…podemos decir que la trama social se tejió a partir de los pueblos que eran los nudos de una malla que mantuvo a las distintas regiones del país unidas después de la Independencia y que convergían en sus cabeceras y finalmente en la capital de su entidad federativa. Las mantuvo unidas porque los municipios y alcaldías auxiliares no fueron solamente los nudos de una organización política sino también los nudos de una organización social que a través de lazos de parentesco, compadrazgo, tratos de negocios, intercambio comercial, etcétera, que alentó el entendimiento entre los notables de las diferentes localidades de la misma región. La conformación de los estados de la Federación encontró así su fundamento político y social en los municipios, los cuales asumían la característica, una vez establecida la República federal de 1824, de ser el mecanismo esencial para la elección de los representantes en el Congreso de la Unión, del presidente de la República y de la Suprema Corte de Justicia” (pp. 29 y s.)

El tema de la viabilidad de las entidades estatales estuvo siempre presente. En México, no obstante, los estados conservaron el disfrute del impuesto de la alcabala (el impuesto sobre el comercio interior).

Observaciones críticas

Así como Zoraida Vázquez señala que los enfoques históricos del pasado destacaron demasiado la “dictadura” de Santa Anna y el “caos” de México en la primera mitad del siglo XIX a partir de la Independencia, así también podemos señalar que la nueva historiografía mexicana enfatiza desmesuradamente, e incluso con tonos demasiado idílicos, el desarrollo, durante el siglo XIX, de una tradición política sofisticada y avanzada.

Entendemos que uno de los objetivos de este curso es el de procurar entender situaciones del presente a la luz del pasado. A juzgar por el escaso civismo del pueblo mexicano de hoy, así como por la casi estructural y desmesurada utilización de mecanismos políticos negativos como la corrupción y la violencia política, resulta difícil ubicar como antecedentes del presente a los desarrollos políticos decimonónicos descritos por Hernández. Una de dos: a) o se trata de un caso de dulcificación intencional del pasado (tan en la línea de cierta historiografía latinoamericana colaboradora con el poder), o b) del retrato de una tradición política mexicana de corte liberal moderna y muy adecuada a la realidad del país, que terminó siendo barrida posteriormente por el autoritarismo de Porfirio Díaz o, quizá más probablemente, por el nefasto corporativismo del PRI ya en el siglo XX. Desde un punto de vista más benévolo (aunque quizá con mayor poder explicativo) es probable que los trabajos de Hernández y de Vázquez se inscriban dentro de una corriente historiográfica muy recientemente influida por el ambiente político mexicano posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio con los EEUU, a partir del gobierno del presidente Salinas de Gortari, donde este último país ya no aparece como adversario, sino como socio, y hasta como modelo, de México. Desde esta perspectiva, y como los EEUU, México también busca las raíces de su actual modernidad en avanzados desarrollos constitucionales y cívicos, algunos de ellos muy remotos, basados en la afirmación de las libertades individuales. Esta orientación explicaría, entre otras cosas, la virtual desaparición de la influencia de Santa Anna en muchos de los textos que hablan de la historia mexicana durante la primera mitad del siglo XIX, así como la milagrosa volatilización del caos político que debió existir en ese tiempo, para ser sustituido, ideológicamente, por el fresco histórico de un ejemplar y asombrosamente temprano proceso de maduración política, sólo comparable en Hispanoamérica al caso chileno.

3) ¿Cómo se resuelve el caso de la federación argentina?

El texto de Chiaramonte El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX busca criticar tres lugares comunes de la historia argentina que tienen una relación directa con la pregunta planteada:

a) Las “provincias argentinas” de la época de Rosas formaron parte de una nación pre-existente.

b) La aparición del federalismo nacional argentino de 1853 fue producto de la previa política de pactos entre esas “provincias”

c) El predominio del Buenos Aires de Rosas sobre las “provincias” fue una forma del proceso de unificación nacional.

Con relación al punto a) Chiaramonte destaca con lucidez que las “provincias” del tiempo de Rosas fueron, en realidad, estados independientes unidos por una débil forma confederal que más bien se parecía a una alianza (Buenos Aires dominaba por el terror, hacía de árbitro oficioso en los conflictos “interprovinciales” y se ocupaba —con ciertos altibajos— de las relaciones exteriores del conjunto). El autor hace un fino análisis semántico que devela esta mala utilización del término: las provincias del tiempo colonial eran parte del virreinato, mientras que las “provincias” de la época de Rosas mantenían relaciones diplomáticas —propias de estados independientes— con sus similares del área rioplatense. Tampoco eran “argentinas”, pues este término se usaba para designar únicamente a Buenos Aires.

El lugar común b) tiene su origen en una interpretación “unilateralmente jurídica” (desapegada de la realidad política) del texto constitucional de 1854: “Por el contrario, la negación [destacado nuestro] de lo que se expresaba en la política de pactos hizo posible el Estado federal argentino nacido en 1853”. En efecto, los “pactos” fueron realizados entre estados soberanos independientes llamados arbitrariamente “provincias”.

Frente al punto c) Chiaramonte afirma que no hubo proceso de unificación nacional bajo el régimen de Rosas, sino precisamente lo que suele ocurrir con las confederaciones de estados independientes: el estado más fuerte trata de someter a los demás. Se trató de un predominio bonaerense y de un sometimiento por miedo, pero no de la forja de una organización nacional, que recién aparece en 1853.

Entre las causas de la transición entre el régimen confederal de facto (entre 1810 y 1853 lo que hoy es Argentina careció de texto constitucional y de estructura estatal permanente) y el despojamiento voluntario de su soberanía por parte de las “provincias” en tiempo de Urquiza, Chiaramonte incluye la necesidad de disminuir el poder de Buenos Aires (privilegiado por su posición geográfica y por sus recursos materiales y humanos) compensando la dispersión de la soberanía propia de todo orden confederal. Otras causas pudieron ser la influencia personal de Urquiza; la flexibilización de personalidades como Alberdi que alcanzó a hablar de la posibilidad de unir las posiciones federales y unitarias; y la interrelación que tuvo lugar entre las “provincias argentinas” a lo largo de los 20 años posteriores al Pacto Federal de 1831. Con todo, Chiaramonte no es concluyente y sostiene que este tema de las causas merecería “un mayor examen”. (p. 126)

Comentario

Llama la atención una extraordinaria coincidencia en los procesos históricos mexicano y argentino: durante la mayor parte del período que siguió a la Independencia, hasta la década del cincuenta del siglo XIX, predominó en ambos espacios, en la práctica, un sistema confederal (unión de estados independientes que delegan el manejo de los asuntos exteriores a una entidad central). La unión nacional, propiamente dicha es, en ambos casos, un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX: los estados mexicanos y las “provincias” argentinas recortan sus respectivas soberanías y dan pie para el establecimiento de sendos poderes federales nacionales.

Otra coincidencia parece ubicarse en la presencia de un hombre fuerte en ese largo período que precedió al orden nacional en ambos territorios: Rosas en el Río de la Plata y Santa Anna en México (aunque Zoraida Vázquez no estuviera de acuerdo con esta afirmación). ¿Fue necesario e inevitable un orden autoritario en este período que precedió aparición de un orden más moderno a mediados de siglo? Si el autoritarismo fue necesario y dio frutos en el Chile de ese tiempo, con mucho mayor razón pudo ser necesario en ámbitos territoriales tan gigantescos y variados como el argentino (o el mexicano, si los modernos historiadores mexicanos dieran su venia) ¿Pudo ser controlada la anarquía que siguió a la Independencia por otros métodos distintos a los que aplicó Rosas en el área rioplatense de los años treinta y cuarenta del siglo XIX? El texto de Chiaramonte no es contundente al momento de explicar las causas reales de este tránsito entre el peculiar régimen confederal del tiempo de Rosas y el orden nacional federal que comienza a impulsar Urquiza. El autor arguye la inexistencia de trabajos detallados que expliquen esta transición en la que “provincias” antes independientes aceptan limitar su soberanía. Sin embargo, nos atreveríamos a señalar que, dentro de las entrañas del mismo (oscurantista) Río de la Plata de tiempos de Rosas, se pudo ir gestando un gradual proceso de modernización económica y de maduración cívica colectiva que, ya en la década del cincuenta del siglo XIX, coincidió felizmente con las concepciones personales (y con el poder) del general Urquiza. De hecho, este fenómeno de “incubación” de fuerzas progresistas dentro de una dictadura ha sido frecuente en distintos lugares y fases de la historia. Nadie niega que Rosas gobernó a favor de los grupos señoriales (que eran los suyos) y que negó libertades básicas. Pero también es cierto que su largo régimen parece haber “dado tiempo” para la maduración de formas superiores de gobierno, antes de que la anarquía y el desorden que siguieron a la Independencia asolaran o debilitaran irremediablemente al naciente país.

4) ¿Qué sostiene Tulio Halperin sobre los liberalismos argentino y mexicano?

Halperin sostiene que hubo una radical diferencia entre los liberalismos argentino y mexicano, tanto en lo que se refiere al recuerdo popular que hoy se tiene de ellos, como a su gestación y existencia mismas en sus respectivos contextos históricos.

El liberalismo de Juárez rompe con el pasado (colonial e incluso prehispánico) y se proyecta hacia un futuro distinto y más moderno, superándolo. También es un liberalismo nacionalista que nace al calor de las luchas mexicanas contra intervenciones extranjeras, en particular, la de Maximiliano apoyado por tropas francesas. Este liberalismo se enfrentó y acabó con grupos conservadores mexicanos que incluso pactaron con los franceses. También atacó directamente a la Iglesia.

El liberalismo argentino del siglo XIX habla, por el contrario, de una nacionalidad que ha “unido su destino al de la expansión europea a la que debía su existencia” (p.155). El entorno internacional, y particularmente el europeo, es más visto como oportunidad para las ventajas comparativas de la Argentina que como peligro militar. Frente a la agresión de España contra el Perú y Chile, “mientras Sarmiento se identifica fervorosamente con los agredidos, el presidente Mitre se rehúsa en cambio a hacerlo, proclamando que la Argentina se siente tan cercana a Europa como a las repúblicas hermanas” (p. 145). Según este pensamiento liberal hay una “peculiaridad” argentina en Hispanoamérica: “en Buenos Aires el liberalismo quiere ser la expresión política de esa sociedad misma, y edificarse sobre los cimientos de su pasado” (p.150). Halperin sugiere que el liberalismo argentino forjó un orden minuciosamente institucionalizado para evitar desbordes de fuerzas populares. Se le llegó a denunciar un carácter oligárquico (p.162). El liberalismo argentino duró mientras las clases populares argentinas sintieron, en forma tangible, los beneficios inmediatos de una inserción internacional con el mundo.

Con relación al recuerdo de estas ideologías, el liberalismo mexicano se adaptó muy bien a las diferentes circunstancias históricas y fue invocado lo mismo por Porfirio Díaz que por Plutarco Elías Calles. Todavía hoy es un pensamiento recordado con respeto por la mayor parte de la clase política y del pueblo mexicanos. En una celebración popular nacionalista, el pueblo mexicano sacaría hoy a las calles, en son de celebración y con tintes de orgullo, las imágenes de Hidalgo y del liberal Juárez.

El liberalismo argentino, asociado a la oligarquía, se hundió para no levantar cabeza desde comienzos del siglo XX. Según Halperin, en 1973, al concluir la dictadura militar en la Argentina, las calles fueron adornadas con la figura de Juan Manuel de Rosas, el “tirano”. Se deduce que a nadie se le habría ocurrido sacar las imágenes de Alberdi y de otros liberales de su tiempo, tachados hoy de carecer una dimensión nacionalista en su ideario. En realidad, como hemos visto, no fue así: manejaron una imagen histórica de la Argentina muy peculiar, pero también, al fin y al cabo, nacionalista a su manera. Lo que sí es seguro es que, para un argentino de hoy, Rosas (con todo su carga oscurantista) defendió en su época un nacionalismo más convencional.

5) ¿Qué quiere expresar David Brading en el texto Civilización y Barbarie de Orbe Indiano?

En su peculiar estilo, Brading ofrece un fresco histórico del período situado entre la Independencia y “las décadas intermedias del siglo XIX [cuando] surgieron [en Hispanoamérica] estadistas que lograron dominar las diversas fuerzas que habían sumido al hemisferio [ en el ] desorden, hombres que predicaban la reforma liberal, pero cuya realización sería la recreación del Estado” (p.698). Brading retrata así esta época turbulenta: “Era bastante fácil incitar a las masas rurales a la rebelión contra la Corona española y sus autoridades constituidas: considerablemente más difícil era contener a las bandas frecuentemente salvajes que surgieron durante las guerras civiles consiguientes […] la destrucción de la autoridad tradicional de la Corona entrañó la erosión de casi todas las formas de deferencia política, de modo que, a veces, la violencia fue la única base de gobierno” (pp. 697 ys).

El título del capítulo reseñado alude al común denominador de la época: “la barbarie”. Civilización y barbarie fue el libro más famoso de Sarmiento, estadista, periodista y educador argentino que llegó a ser presidente de su país. Sarmiento fue el gran difusor de las famosas dicotomías antitéticas civilización/barbarie, libertad/despotismo, progreso/estancamiento, ciudades/desierto, Europa/América. Lo americano —que había que extirpar—era, así, bárbaro, despótico, atrasado y rural. Dentro de esta peculiar y estrecha visión del mundo, elementos como la herencia española, la religión popular de raíz católica y los pueblos indígenas de la Argentina eran por igual rechazados con igual virulencia que lo “americano”. Europa, por el contrario, era el venero del cual brotaban todas las bondades de la civilización. Incomprensible (y hasta risible) para nosotros, esta visión no lo es tanto cuando se hace un esfuerzo para colocarla en su contexto: Sarmiento procedía de una típica familia criolla de abolengo empobrecida que vio sus expectativas de desarrollo personal frustradas en su primera juventud por la violenta irrupción de los caudillos locales, y de sus bárbaros soldados y jinetes (que ciertamente justifican en este caso el adjetivo). Precisamente Civilización y barbarie trata de la vida de Juan Facundo Quiroga, quien fue sin duda el más siniestro de estos caciques rurales. En esta línea de pensamiento, Sarmiento afirmó que el tirano Rosas había llevado a la ciudad todos los valores del “desierto” y que, consecuentemente, había gobernado el país como si fuera una estancia.

La siguiente “ventana” para la apreciación de esta época es de naturaleza anglosajona. Brading estudia al viajero John Lloyd Stephens, y a los historiadores Washington Irving y William Hickling Prescott, cuyos textos rezuman prejuicios románticos, liberales y protestantes. Stephens viajero en Guatemala y conocedor del caudillo mestizo Rafael Carrera, presentó en su célebre libro de 1841 “un contraste entre una civilización antigua, ya olvidada, y la barbarie política contemporánea” (p. 678). Por su parte, Prescott, a quien “repugnaban” la falta, en el “pecho del peruano”, de ambición, avaricia, amor al cambio y espíritu de descontento; destacaba, por contraste (en sus propias palabras), la imagen opuesta de “nuestra propia república libre en que cualquiera puede aspirar a los altos honores y labrarse una fortuna” (p. 682).

Brading concluye este texto con el análisis de la obra del criollo mexicano Carlos María de Bustamante, autor del Cuadro histórico de la Revolución de América mexicana. Bustamante aparece retratado como el criollo nacionalista que pinta —arbitrariamente— las insurrecciones de Hidalgo y de Morelos como la lucha de una nación mexicana existente desde la época de la conquista española, que comenzaba a recobrar su libertad “después de 300 años de régimen colonial” (p. 685). Brading muestra a Bustamente como el típico criollo cuyos sentimientos nacionalistas son atemperados por el temor social: criticó a Vicente Guerrero por incitar a los indios a exigir tierras pertenecientes a las grandes fincas (p.691).

Como se ve, en el capítulo Civilización y barbarie, Brading busca reconstruir esta época en base a textos de sus propios contemporáneos, tanto foráneos como hispanoamericanos. Hablamos de pensadores, periodistas, viajeros y estadistas concretos que, a juzgar por los testimonios que dejaron, vieron por momentos la realidad en forma lúcida, pero también —quizás las más de las veces— a través del lente de sus prejuicios.