¡Vaya!, cuando le pusieron el parche a la primera dama, pensábamos que por fin nos tomaríamos un descanso o sosiego de los titulares que día a día contaminan (algunos de ellos favorables) nuestro entorno visual. La leve subida en las encuestas de la pareja presidencial así lo demostraría; sin embargo, el Gobierno que funge de gallito de pelea, cuando en realidad solo llega a burro que no aprende y que continúa atollado en el barro de su propio discurso, hasta ahora no logra convencer a la población en muchos aspectos.

La mordaza política impuesta a Nadine Heredia, solo ha estabilizado medianamente la posición de Ollanta Humala (como el esposo de la primera dama); es decir, ya no lo ven tanto como el cosito o perro faldero de su mujer, sino como un Presidente que todavía necesita consejos de su esposa. En otras palabras, el Presidente ha tomado cierto liderazgo, pero sigue controlado por la primera dama; eso se demostraría con el pequeño repunte en la encuesta de Pulso Perú. Se creía que muchos de los desórdenes políticos se solucionarían poniéndole su estate quieto a la esposa del Presidente, pero, las metidas de pata desde su entorno más cercano y el apoyo incondicional del Humala a su entorno, han hecho que se vuelvan a cuestionar la labor del Presidente y del Gobierno, en general.

Por un lado, tenemos el caso López Meneses, donde estaría involucrado el mismo Ollanta Humala. El presidente de esta comisión y congresista, Juan Díaz Dios, sostuvo que “alguien de Palacio de Gobierno coordinaba, tenía conocimiento y mandaba” a cierto personal para dar seguridad ilegalmente a la casa de López Meneses. Con esta acusación, el congresista Díaz dio a entender que el Presidente tiene mucho que decir ante la comisión que preside. Ana Jara, primera ministra, ha salido en defensa de Ollanta Humala, aseverando que el Presidente no tiene por qué asistir a esta comisión a aclarar nada, ya que “el Presidente ya respondió esa inquietud por intermedio de la Presidencia del Consejo de Ministros y su posición es clara: No declarará ante la comisión López Meneses”. Estas declaraciones han puesto aun más en tela de juicio, la presunta participación de Ollanta Humala, al ordenar que se dé seguridad a la casa del ex operador montesinista.

Por otro lado, las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Urresti, sobre el tema de las bandas criminales y sicariato, han levantado la polvareda política, dejando preocupada a la población en cuanto a seguridad ciudadana. Como recordaremos, el ministro Urresti ha hecho a notar que ante todos estos problemas de delincuencia, robo, sangre y muerte, los que se deben preocupar son los delincuentes. Esto después de que afirmara que “el 80% de lo que agobia a la gente es la delincuencia común: el ‘bujiazo’, el ‘cogoteo’, los marcas, el pandillaje, la venta de drogas. En el sicariato el 90% de las víctimas son delincuentes. Entonces, ¿a quién debe preocuparle el sicariato? A los delincuentes. Al poblador común no le preocupa mucho”. Este comentario ha traído a la memoria la frase del ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien declaró que la inseguridad es una percepción de la ciudadanía; y que fue corroborado por el ex premier, Juan Jiménez. Ambos reemplazados después de decir esas frases…

Algunos ministros han salido como salvavidas, hasta el mismo Presidente, para echarle una mano al ministro Urresti, diciendo que sus declaraciones han sido sacadas de contexto. Lo cierto es que la ciudadanía ni la oposición política han aceptado la frase ni los arreglos o añadiduras, lo que ha sumado para aprobar su interpelación (a Urresti) en el Congreso, este jueves, 23 de octubre.

Asimismo, el caso de salud, es otro grave problema que tiene que cargar Presidente Ollanta. Los 150 días de huelga médica y los falsos planes de acción, ante una epidemia o pandemia, como el ébola, han impedido que el Presidente avance en las encuestas.

Mientras que la ministra de Salud, Midori de Habich, aseguraba y reaseguraba que su sector cuenta con un plan de contingencia ante el primer caso de ébola, con el cual se garantizaba la salud de los pacientes con este mal y de los pobladores, en general; fue totalmente tirado a la basura. Esta falsa estrategia demagógica, fue descubierta con el caso del ciudadano de nacionalidad africana, quien llegó al Perú con los síntomas del ébola, luego de permanecer meses en altamar.

Para poder atender a este ciudadano, en el Hospital Alcides Carrión, del Callao, los médicos tuvieron que desalojar a los pacientes de la sección de tuberculosis, y acondicionarla provisionalmente para aislar al supuesto portador de la temible ébola. Afortunadamente, el Director y doctores de este hospital, salieron al frente a declarar que el paciente africano no era portador del ébola, sino que padece de un problema estomacal, después de los exámenes, había sido dado de alta. Lo cierto es que, con este caso, se derrumbó el argumento del Minsa: donde aseguraban estar listos para atender este tipo de emergencias; y encendió la alarma en la población, sobre la seguridad de la salud pública ente situaciones de emergencias en nuestro país. Este falso plan, dicho por la ministra De Habich, será tomando en cuenta en la interpelación a ésta en el Congreso, este miércoles, 22 de octubre.

Otro problema es la corrupción, las elecciones regionales y municipales, llevadas a cabo en octubre de este año, pusieron otra vez en evidencia el grave problema que atraviesan los diferentes estamentos del Estado con el tema de la corrupción.

Desde que se intervino a César Álvarez, ex presidente regional de Áncash, no se han detenido las investigaciones a funcionarios, muchos de ellos presidentes regionales, por presuntos actos de corrupción. Entre los presidentes regionales denunciados, están, además de Álvarez; Gregorio Santos (Cajamarca); Yván Vásquez (Loreto); Gerardo Viñas (Tumbes); Jorge Velásquez (Ucayali); Wilfredo Oscorima (Ayacucho); Juan Manuel Guillén (Arequipa); Kléver Meléndez (Pasco) y Roberto Torres, ex alcalde de Chiclayo.

Lo más grave, en todos estos casos, es que muchos de los imputados y denunciados han podido logar su inscripción para volver a postular en el mismo cargo, haciendo notar la fragilidad de las leyes ante los casos de flagrante delito de corrupción. Lo cual, ni el ministerio Público o el JNE, han podido impedir (al menos en los casos más graves) que estas cuestionadas autoridades inscriban sus candidaturas hasta que terminen las investigaciones. Lo que estimularía a que otros funcionarios sigan los pasos de los denunciados.

Por consiguiente, ente muchos de los casos mencionados, la sobreprotección al Presidente Humala, por parte de sus allegados, no hace más que entorpecer aun más el escenario político. Al contrario de lo que dicen sus allegados, el Presidente debe ponerse al derecho y asistir a declarar ante la comisión que dirige el congresista Juan Díaz Dios (aunque esta comisión ha decidido no llamar a declarar al Presidente). Asimismo, las metidas de pata de sus allegados políticos, como la de los ministros Urresti y De Habich, no son poca cosa, pues, frases muy parecidas (Urresti) actuaron como detonantes para cambiar a dos ministros, Jiménez y Pedraza, por considerarlas un insulto y una burla para los pobladores que día a día sufren de robos y delincuencia de todo tipo en medio de sicarios, amenazas, sangre y muerte. Del mismo modo, es importante hacer un replanteamiento urgente sobre la autonomía de las regiones y la prohibición inmediata de los presidentes regionales en el mismo cargo o en cargo siguiente en jerarquía. Ello ayudara a que se logre identificar con mayor rapidez cualquier acto de corrupción, así como cortar o impedir que se formen mafias corruptas al interior de los gobiernos regionales. Paralelamente, se debe trabajar para actualizar las leyes, haciéndolas más duras y ágiles, que impidan cualquier salida legal ante un caso de corrupción.

Por último, El Gobierno, encabezado por el Presidente de la República, debe salir al frente a despejar y corregir estos lamentables casos, con temple, serenidad y responsabilidad –pensando en el país, antes que en el Gobierno–, ello ayudará en el fortalecimiento de la figura del mismo Presidente, así como restablecerá la confianza del Gobierno ente la población; mas aun, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde el Gobierno se jacta de una estabilidad o bonanza económica favorable dentro de la región. En los temas de corrupción, además, la población debe ser el último filtro, para frenar cualquier aspiración de los que están denunciados por este delito; poniéndole fin de esa manera cualquier propósito que atente con las arcas del Estado o contra la vida misma de los pobladores (sicariato).

No es necesario que el Gobierno se muestre como gallito de pelea, porque en la práctica continúa atollado en su propio lodo.

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