Todo salió según lo planeado en el Congreso de la República, finalmente lograron salirse con las suyas. Es decir, se eligió a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), Defensoría del Pueblo (DP) y Banco Central de Reservas (BCR), como lo acordado en la pre-elección realizado por debajo de la mesa por algunas bancadas, según lo difundido en un audio.
A pesar de los cuestionamientos no primó los intereses del país. Ayer desde la mañana todo estaba listo para oficializar a los nuevos tribunos, defensora del pueblo y directores del BCR. La doble moral mostrada de ambas partes (de los congresistas y de los candidatos TC y DP) ha puesto al país en zozobra, ya que el fantasma de la corrupción se estaba nuevamente institucionalizando, poniendo en grave riesgo la independencia de poderes, como en este caso la del TC y DP.
Hay que recordar que la ‘flamante’ Defensora del Pueblo, Pilar Freiras, fue investigada cuando era procuradora por el caso de las firmas falsas para la inscripción del entonces partido País Posible de Alejandro Toledo, sustituida de la Superintendencia de Registros Púbicos por no presentar balances auditados y acusada, además, de haber cobrado dietas extraordinarias a empresas estatales y una remuneración de la Fundación Canevaro cuando era abogada del Estado*. Con estos antecedentes, la Defensoría de Pueblo se convierte en la enemiga del pueblo, pues con la evidencia mostrada, la señora Freitas no dudará en fallar a favor de intereses aprovechándose del cargo y no de la justicia. Asimismo, en un intento de borrar su militancia con el partido Perú Posible, Freitas, renunció a dicho partido. Esta renuncia no es más que otra cortina de humo de los chakanos y nacionalistas. Freitas no figurará como militante inscrita, pero actuará según las indicaciones de los que le dieron el encargo.
Por el otro lado, algunos miembros del TC no se quedan atrás, por ejemplo, Rolando Sousa, reconocido fujimorista y uno de los abogados defensores de Alberto Fujimori en todos los procesos penales que caen sobre él. Asimismo, según el abogado del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera dijo “que como legislador gestionó el Decreto Legislativo 1097 para favorecer a sus clientes y a los integrantes del Grupo Colina”**. Además, fue abogado de los Sanchez Paredes, a quienes se les acusó por narcotráfico*. En el caso de Victor Mayorga, de las filas del nacionalismo, recae una denuncia de unos de sus asistentes, que le acuso por abusos y maltratos en sus funciones.
Finalmente, con estos nombres en cargos tan importantes los que estarán seguros serán el gobierno y sus aliados y, el pueblo, como siempre tendrá que buscar la justicia de diferente manera, como el que se produjo ayer, cuando unos dos mil manifestantes, aproximadamente, y en su mayoría estudiantes universitarios, marcharon con justa razón mostrando su rechazo por la “repartija de poder” que se había dado en el Congreso escrupulosa y descaradamente.
La Frase de toda esta vergüenza estuvo a cargo de la Ministra de la Mujer, Ana Jara, “ya será la historia que nos juzgue”, el cual encierra un capítulo más del nefasto trabajo congresal, que solo busca acomodar y defender intereses partidarios en medio de un remedo de democracia.
…_…
Deja un comentario