Dentro de los treinta últimos años de la gestión pública peruana se pueden encontrar tres decisiones importantes. La primera se refiere a la privatización de las empresas estatales durante el Gobierno del Presidente Fujimori. La privatización de las empresas alivió la crisis económica que se vivía en aquella época. Según Franco, Muñoz, Sánchez y Zavala (1999) “la transferencia de estos activos le permitió al Gobierno contar con recursos para fortalecer la posición externa de la economía y ejecutar el programa de inversión social” (p.3). Al finalizar la década de los 80, ya se habían privatizado más de 160 empresas que tuvieron como consecuencias millones de soles para la inversión. Por un lado, con la privatización algunos sectores, como es el caso de las empresas de electricidad y telecomunicaciones, pudieron mejorar sus servicios que tuvieron un impacto en los ciudadanos. Por otro lado, se comenzaron a generar nuevos puestos de trabajo que benefició a la población.

Otra de las decisiones críticas para el Estado peruano fue la descentralización, este proceso es conocido por la característica de delegar y distribuir poderes para lograr un Estado eficiente y eficaz en cuanto a procesos administrativos. La descentralización es considerada un objetivo en la agenda política desde el año 2002 cuando Alejandro Toledo lo anunció en su primer discurso como presidente. Desde entonces, el Estado peruano ha ideado estrategias para poder cumplir con este objetivo, tal es el caso de la creación de los Gobiernos Regionales que se han convertido en el nexo entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Sin embargo, se debe considerar que este proceso no ha sido lineal debido a las diferentes políticas que se han implementado por diferentes gobiernos. El Instituto de Análisis y Comunicación (como se citó en la Secretaría de descentralización, 2017) señaló que, en el 2014, se preguntó a los ciudadanos sobre la división de los servicios del Estado en los gobiernos regionales. Solo 21% de peruanos indicó que era un proceso positivo. El 79% restante se dividía entre el impacto negativo, el impacto nulo y la desinformación. En consecuencia, se podría decir que aún no se ha logrado concluir con el proceso de descentralización.

La última decisión crítica para la gestión pública fue la liberación de la educación. Se tiene que analizar este hecho desde dos puntos de vista. El primero señala que esta liberación trajo consigo consecuencias positivas en la población en temas de accesibilidad. Ante una educación que no llegaba a todos, la posibilidad de que diferentes proveedores puedan llegar a poblaciones alejadas y otorgarles una educación básica pudo disminuir la brecha que existía entre las zonas rurales y urbanas, pero aún hay todo un camino por recorrer para poder tener una educación que incluya a todos los jóvenes estudiantes. El segundo punto de vista menciona que deberían existir organismos reguladores exigentes que aseguren la calidad educativa del sistema, esto con el fin de formar estudiantes que sean capaces de afrontar los estándares educativos internacionales.

Bibliografía:

Franco, B., Muñoz, Í., Sánchez, P. y Zavala, V. (1999). Las Privatizaciones y Concesiones. Peru. Lima: Instituto Peruano de Economía. Recuperado de: https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2018/01/1999-Las-Privatizaciones-y-Concesiones.pdf

Secretaría de descentralización (5 de enero de 2017). La descentralización en Perú, un reto por cumplir. Presidencia del consejo de ministros. Recuperado de: http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/2017/01/05/ocde-la-descentralizacion-en-peru-es-un-proceso-incompleto/