Neride Sotomarino

Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía, Licenciada en Economía y Magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Interés y experiencia docente en cursos de Economía, principalmente Microeconomía, Economía Aplicada a la Gestión, Planificación Estratégica, Gestión Financiera del Estado y Finanzas Públicas.

El gobierno de PPK ha propuesto llevar a cabo una reforma que simplifique la estructura tributaria con el fin de ampliar la base tributaria y de mejorar los ingresos fiscales. Dentro de las medidas anunciadas, ya en la campaña electoral, está la reducción progresiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) en 3 puntos porcentuales al 2019. Como sabemos, el IGV se aplica a la venta de los bienes y servicios que se realizan en el país en cualquier etapa del ciclo de producción y distribución y es pagado por el comprador aun cuando el que efectivamente realiza el pago del impuesto al Estado es quien vende.

La teoría económica nos dice que una reducción del impuesto que paga el comprador desplazará la curva de demanda del bien a la derecha y por lo tanto la cantidad transada aumentará, salvo en el caso en que la oferta sea inelástica al precio. Se produce un efecto sobre los ingresos que aumentan su disponibilidad para los consumidores lo que se traduciría en un aumento del gasto en bienes y servicios que dinamizaría la economía e impulsaría la reactivación del crecimiento de la economía.

Esta medida, que puede ser conveniente en un momento en que existe un superávit fiscal, puede no serlo tanto actualmente en que el déficit ese encuentra en torno al 3% puesto que la reducción de la tasa impositiva del IGV reduciría la recaudación debido a que el PBI no es tan sensible a este impuesto como se requeriría para que la recaudación aumente ante una reducción del mismo. Esta reducción en la recaudación deberá, por lo tanto, ser compensada con el aumento de otros impuestos cuyo efecto sobre la reactivación podría ser desincentivarla, sobre todo si se afectan fuentes de ahorro necesarias para la inversión.

Por otro lado, se ha considerado que la reducción del IGV, al reducir uno de los costos de ser formal, propiciaría la formalización de las pequeñas y microempresas lo que ampliaría la base tributaria y abonaría a la formalización de la mano de obra.

Sin embargo, la reducción del IGV podría disminuir en algo los costos de aquellas pequeñas y microempresas que ya son formales y que ya están pagándolo, pero la reducción de 3 puntos porcentuales en tres años ¿animaría a las pequeñas y microempresas informales a formalizarse, teniendo en cuenta, además, que no son los únicos sobrecostos que enfrentaría?

La respuesta a esta pregunto sería que no necesariamente, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría pequeñas y microempresas informales son en realidad pequeños negocios que permiten a su dueño tener un empleo e ingreso que no puede conseguir en el mercado formal. Se trata, en general, de personas con un nivel de productividad bastante bajo, con escasos conocimientos, sin acceso a tecnología y a financiamiento que, más bien, requerirían apoyo en esos aspectos para crecer y poder enfrentar los costos de la formalización, aun teniendo en cuenta la reducción del IGV y de otros costos que enfrentarían al hacerlo.

En conclusión, si lo que se pretende es mejorar los ingresos fiscales y ampliar la base tributaria esto no necesariamente se lograría pues la medida de reducir el IGV por si sola disminuiría la recaudación –lo que obligaría a tomar medidas que podrían ir en contra de la reactivación de la economía. La ampliación de la base tributaria mediante la formalización de micro y pequeñas empresas, que es lo que ha planteado el gobierno también sería difícil.

Estos objetivos podrían lograrse, aunque no únicamente, mediante la revisión de la estructura impositiva en conjunto y de los mecanismos de recaudación y control de la SUNAT, cosa que también ha planteado el nuevo gobierno.