A propósito del Seminario que organizamos “Minería Artesanal en el Perú: Aproximaciones Analíticas y Actores”, Punto Edu elaboró un informe especial sobre el proceso de formalización de la minería artesanal y sus principales cuellos de botella. Incluye entrevistas a los ponentes del seminario, como Gerardo Damonte (Pucp/ GRADE), Patricia Urteaga (PUCP), Cirilo Espinal (Federación de Mineros Artesanales de Huepetuhe) y Ernesto Ráez (MINAM). Reproducimos acá la entrevista, pero también puede consultarse dando click aquí.
La minería artesanal en la mira
En los últimos años, los esfuerzos del estado por controlar y regular la minería artesanal informal han sido diversos, pero los resultados han sido insuficientes. Una prueba reciente es el caso del Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal, cuyos plazos vencieron el pasado 19 de abril.
Paisajes arrasados, bosques enteros convertidos en campamentos de chozas de plástico y aguas empozadas, y tierras altamente contaminadas son las imágenes que normalmente asociamos con la explotación minera ilegal. En zonas como Madre de Dios esta actividad extractiva continúa siendo tan dañina y arcaica como fue a inicios del siglo XX.
Muchas décadas después, cuando el impacto fue evidente y la continuidad de esta actividad, insostenible, el Estado decidió hacerse cargo del problema. La minería ilegal, fenómeno presente en muchas regiones del Perú, si bien comprende realidades diferentes, significa una gran amenaza por sus graves impactos ambientales, sociales y económicos. “No debería existir una industria que esté al margen de todo, que no pague ningún tipo de impuestos ni regalías, y que no se preocupe por la gestión de sus desechos”, acusa la Dra. Silvia Rosas, coordinadora de las especialidades de Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica de la PUCP.
Es en este contexto que, en el 2011, el Congreso aprobó el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal (PNFMA), con la finalidad de sanear la actividad minera en el país. “Estamos de acuerdo con que se afirme el principio de autoridad a partir de aplicaciones normativas y plazos establecidos. No se puede seguir ‘negociando’ o consensuando plazos para permitir la prosecución de actividades que generan impactos sociales y ambientales de toda índole”, afirma el Dr. Pierre Foy, docente del Departamento de Derecho y especialista en derecho ambiental.
En el marco del PNFMA, cuyos objetivos se trazaron a mediano plazo, para el 2016, se logró diferenciar claramente la minería ilegal de la informal. “El Decreto Legislativo Nº 1105 define a los mineros ilegales como aquellos que no cumplen con las exigencias administrativa, técnicas, sociales y ambientales de ley, o que realizan la extracción en zonas prohibidas. Por otro lado, la minería informal está compuesta por aquellos operadores mineros que no son legales pero que han iniciado un proceso de formalización, que culminaba el 19 de abril del 2014. Están en estado de tránsito hacia la legalidad y, para su ‘purificación’, se requiere una transformación para el saneamiento de la minería a pequeña escala”, explica el Dr. Foy Valencia.
Cabe señalar que la interdicción solo aplica a la minería ilegal, pues es en este caso donde se está realizando una actividad delictiva.
Ernesto Ráez, asesor de la Alta Dirección en el Ministerio del Ambiente (MINAM), asegura que se busca recuperar la minería artesanal. “Estamos dispuestos a rescatarla de su situación actual, por lo que necesitamos una visión integral del problema y lograr una articulación efectiva de varios sectores del Estado”, señala.
Estos esfuerzos del Estado por controlar y regular la actividad extractiva informal han levantado no pocas voces de protesta en los más remotos campamentos mineros. En ese sentido, durante el mes pasado, algunos mineros exigían la ampliación de plazos para su formalización (más allá del 2016), así como poner fin a las interdicciones para la minería ilegal, pues se habían inmovilizado maquinarias e incautado insumos como medidas de represión en estos casos.
“El gobierno estableció un procedimiento para pasar a una situación de formalidad. Definida la ilegalidad, se incorporó al código penal la figura de delito de minería ilegal, con una pena de hasta ocho años de cárcel. Es por eso que mucha gente ha reaccionado en contra: el día anterior eran ilegales y hoy son delincuentes”, apunta el asesor del despacho ministerial. En palabras de Ráez, la minería ilegal es un problema complejo, sujeto a múltiples perspectivas y distintos actores que se aproximan al problema y lo leen de manera diferente. “Las maneras de ver el mismo problema no siempre están integradas y pueden ser irreconciliables”, dice.
La Dra. Patricia Urteaga, docente del Departamento de Derecho, realizó un trabajo de campo, como parte de la investigación para su tesis doctoral, con el que pudo conocer, de primera mano, cómo vivía la comunidad nativa de Kotsimba (Madre de Dios) y cómo la presencia de tres mineros artesanales en su territorio causaba grandes estragos en la población.
“Las divisiones de minería artesanal o pequeña minería son artificiales porque el estrago que causan ambas es impresionante. Drenar una laguna lo cambia todo, así los mineros artesanales digan que no”, señala. Y agrega: “Su discurso es ‘nosotros necesitamos trabajar y punto’. Dicen que cumplen con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pero en la práctica es muy difícil de controlar. ¿Cuántos funcionarios se necesitarían para poder verificar si usaron el nivel exacto de mercurio en su procesamiento?”.
En el otro extremo de la mesa se encuentra Cirilo Espinal, presidente de la Federación de Mineros Artesanales de Huepetuhe, quien busca la formalización de su actividad y reclama su derecho al trabajo. “Para mí, la minería artesanal es el eje de la economía de Madre de Dios; si desaparece, todos retornaremos a nuestros lugares y nadie vivirá allí”, reclama.
Además, el minero asegura que sus métodos de trabajo no son contaminantes ni dañan el medioambiente. “Nosotros no contaminamos. Para extraer el oro, utilizamos métodos como el arrastre, la caranchera, la batea y la carretilla. Practicamos la minería para la subsistencia”, agrega.
El único criterio de gestión ambiental en el proceso de formalización de mineros artesanales es la declaración jurada que presentan. Según portavoces de la Presidencia del Consejo de Ministros, no se trata de una carta en blanco, pues, luego de firmarla, se comprometen a cumplir estándares mínimos de protección del medioambiente, por lo que ya no pueden seguir contaminando y depredando. Si esto sucede, se les puede dejar fuera del proceso de formalización.
El pasado viernes 25 de abril, el Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad (GEAS-PUCP) y el Catholic Relief Services (CRS) organizaron el seminario “Minería artesanal en el Perú: aproximaciones políticas y actores”, donde confluyeron científicos sociales, actores del gobierno y representantes de asociaciones de mineros artesanales. En ese marco, el Dr. Gerardo Damonte, docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigador de la organización Small Scale Gold Mining in the Amazon (Gomiam), criticó la incapacidad del Estado para actuar. “No es una prioridad real del Estado formular políticas públicas para la formalización de la minería artesanal, como sí lo es el atraer a grandes mineras”, señaló. Luego agregó que el Estado, al no estar institucionalizado, reproduce la dinámica de formalidad-informalidad: “El mercurio llega por canales formales y en la localidad es adquirido de manera informal. El oro es sacado de manera informal, pero después es vendido a compañías formales. ¿Cuál es la línea entre lo formal e informal? El Estado convive con eso. ¿Por qué no lo destruye? Pues porque le conviene mantener cierta informalidad que le genere ingresos a través de canales formales”, afirmó.
Asimismo, durante su ponencia, Ernesto Ráez señaló: “Antes pensábamos que la minería ilegal era un problema, fundamentalmente, ambiental, pero, durante los últimos dos años, hemos descubierto que es un problema muy severo: es la actividad ilícita más importante del Perú, por encima del narcotráfico. Ha calado en el país en todos sus niveles y ha generado estragos sociales aún más graves que los ambientales”. Él insiste en que es fundamental entender, de manera integral y articulada, el problema para, luego, actuar y resolverlo.
Por su parte, la Dra. Rosas señala: “Considero que la minería artesanal, de subsistencia, no puede ser una opción de vida ni de trabajo. Sería una mejor opción que esas personas trabajen para la gran minería y que sean remuneradas adecuadamente”.
Reflexiones. La minería artesanal es una actividad económica y social, por ello, algunos sostienen que debe ser mantenida y legitimada como fuente de trabajo. El Dr. Damonte tiene una respuesta para esto: “No debemos pensar que porque una actividad da algún tipo de beneficio, no debe ser regulada en otros aspectos. Las actividades están reguladas por un conjunto de normativas, como condiciones de trabajo o manejo ambiental. Yo podría decir que ser ambulante en las calles de Lima está bien, aunque no pague impuestos y me apropie de sectores públicos que no me pertenecen”.
Asimismo, el Dr. Pierre Foy sostiene que la minería ilegal se desarrolla en la mayoría de regiones del país y que, en cada escenario ecosistémico, se generan impactos socioambientales diferenciados y singulares. “La normativa constituye una herramienta que se debe aplicar conjunta y simultáneamente con otras, tales como el ejercicio firme del principio de autoridad bajo un enfoque de gobernanza moderna (búsqueda de construcción de consensos), formulación de propuestas de conversión productiva o tecnológica hacia nuevos modelos alternativos que sustituyan el mal negocio del oro y sus prácticas antisociales y corruptas”, precisa.
El pasado 19 de abril se aprobó la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, y se espera que en un plazo de 120 días se presenten las propuestas normativas que permitan su viabilidad. La denominada Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de Formalización es el ente encargado de realizar el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de dicha estrategia.