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La minería artesanal en la mira

A propósito del Seminario que organizamos “Minería Artesanal en el Perú: Aproximaciones Analíticas y Actores”, Punto Edu elaboró un informe especial sobre el proceso de formalización de la minería artesanal y sus principales cuellos de botella. Incluye entrevistas a los ponentes del seminario, como Gerardo Damonte (Pucp/ GRADE), Patricia Urteaga (PUCP), Cirilo Espinal (Federación de Mineros Artesanales de Huepetuhe) y Ernesto Ráez (MINAM). Reproducimos acá la entrevista, pero también puede consultarse dando click aquí.

Seminario Minería Artesanal

La minería artesanal en la mira

En los últimos años, los esfuerzos del estado por controlar y regular la minería artesanal informal han sido diversos, pero los resultados han sido insuficientes. Una prueba reciente es el caso del Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal, cuyos plazos vencieron el pasado 19 de abril.

Paisajes arrasados, bosques enteros convertidos en campamentos de chozas de plástico y aguas empozadas, y tierras altamente contaminadas son las imágenes que normalmente asociamos con la explotación minera ilegal. En zonas como Madre de Dios esta actividad extractiva continúa siendo tan dañina y arcaica como fue a inicios del siglo XX.

Muchas décadas después, cuando el impacto fue evidente y la continuidad de esta actividad, insostenible, el Estado decidió hacerse cargo del problema. La minería ilegal, fenómeno presente en muchas regiones del Perú, si bien comprende realidades diferentes, significa una gran amenaza por sus graves impactos ambientales, sociales y económicos. “No debería existir una industria que esté al margen de todo, que no pague ningún tipo de impuestos ni regalías, y que no se preocupe por la gestión de sus desechos”, acusa la Dra. Silvia Rosas, coordinadora de las especialidades de Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica de la PUCP.

Es en este contexto que, en el 2011, el Congreso aprobó el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal (PNFMA), con la finalidad de sanear la actividad minera en el país. “Estamos de acuerdo con que se afirme el principio de autoridad a partir de aplicaciones normativas y plazos establecidos. No se puede seguir ‘negociando’ o consensuando plazos para permitir la prosecución de actividades que generan impactos sociales y ambientales de toda índole”, afirma el Dr. Pierre Foy, docente del Departamento de Derecho y especialista en derecho ambiental.

En el marco del PNFMA, cuyos objetivos se trazaron a mediano plazo, para el 2016, se logró diferenciar claramente la minería ilegal de la informal. “El Decreto Legislativo Nº 1105 define a los mineros ilegales como aquellos que no cumplen con las exigencias administrativa, técnicas, sociales y ambientales de ley, o que realizan la extracción en zonas prohibidas. Por otro lado, la minería informal está compuesta por aquellos operadores mineros que no son legales pero que han iniciado un proceso de formalización, que culminaba el 19 de abril del 2014. Están en estado de tránsito hacia la legalidad y, para su ‘purificación’, se requiere una transformación para el saneamiento de la minería a pequeña escala”, explica el Dr. Foy Valencia.
Cabe señalar que la interdicción solo aplica a la minería ilegal, pues es en este caso donde se está realizando una actividad delictiva.

Ernesto Ráez, asesor de la Alta Dirección en el Ministerio del Ambiente (MINAM), asegura que se busca recuperar la minería artesanal. “Estamos dispuestos a rescatarla de su situación actual, por lo que necesitamos una visión integral del problema y lograr una articulación efectiva de varios sectores del Estado”, señala.
Estos esfuerzos del Estado por controlar y regular la actividad extractiva informal han levantado no pocas voces de protesta en los más remotos campamentos mineros. En ese sentido, durante el mes pasado, algunos mineros exigían la ampliación de plazos para su formalización (más allá del 2016), así como poner fin a las interdicciones para la minería ilegal, pues se habían inmovilizado maquinarias e incautado insumos como medidas de represión en estos casos.

“El gobierno estableció un procedimiento para pasar a una situación de formalidad. Definida la ilegalidad, se incorporó al código penal la figura de delito de minería ilegal, con una pena de hasta ocho años de cárcel. Es por eso que mucha gente ha reaccionado en contra: el día anterior eran ilegales y hoy son delincuentes”, apunta el asesor del despacho ministerial. En palabras de Ráez, la minería ilegal es un problema complejo, sujeto a múltiples perspectivas y distintos actores que se aproximan al problema y lo leen de manera diferente. “Las maneras de ver el mismo problema no siempre están integradas y pueden ser irreconciliables”, dice.

La Dra. Patricia Urteaga, docente del Departamento de Derecho, realizó un trabajo de campo, como parte de la investigación para su tesis doctoral, con el que pudo conocer, de primera mano, cómo vivía la comunidad nativa de Kotsimba (Madre de Dios) y cómo la presencia de tres mineros artesanales en su territorio causaba grandes estragos en la población.
“Las divisiones de minería artesanal o pequeña minería son artificiales porque el estrago que causan ambas es impresionante. Drenar una laguna lo cambia todo, así los mineros artesanales digan que no”, señala. Y agrega: “Su discurso es ‘nosotros necesitamos trabajar y punto’. Dicen que cumplen con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pero en la práctica es muy difícil de controlar. ¿Cuántos funcionarios se necesitarían para poder verificar si usaron el nivel exacto de mercurio en su procesamiento?”.

En el otro extremo de la mesa se encuentra Cirilo Espinal, presidente de la Federación de Mineros Artesanales de Huepetuhe, quien busca la formalización de su actividad y reclama su derecho al trabajo. “Para mí, la minería artesanal es el eje de la economía de Madre de Dios; si desaparece, todos retornaremos a nuestros lugares y nadie vivirá allí”, reclama.
Además, el minero asegura que sus métodos de trabajo no son contaminantes ni dañan el medioambiente. “Nosotros no contaminamos. Para extraer el oro, utilizamos métodos como el arrastre, la caranchera, la batea y la carretilla. Practicamos la minería para la subsistencia”, agrega.

El único criterio de gestión ambiental en el proceso de formalización de mineros artesanales es la declaración jurada que presentan. Según portavoces de la Presidencia del Consejo de Ministros, no se trata de una carta en blanco, pues, luego de firmarla, se comprometen a cumplir estándares mínimos de protección del medioambiente, por lo que ya no pueden seguir contaminando y depredando. Si esto sucede, se les puede dejar fuera del proceso de formalización.

El pasado viernes 25 de abril, el Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad (GEAS-PUCP) y el Catholic Relief Services (CRS) organizaron el seminario “Minería artesanal en el Perú: aproximaciones políticas y actores”, donde confluyeron científicos sociales, actores del gobierno y representantes de asociaciones de mineros artesanales. En ese marco, el Dr. Gerardo Damonte, docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigador de la organización Small Scale Gold Mining in the Amazon (Gomiam), criticó la incapacidad del Estado para actuar. “No es una prioridad real del Estado formular políticas públicas para la formalización de la minería artesanal, como sí lo es el atraer a grandes mineras”, señaló. Luego agregó que el Estado, al no estar institucionalizado, reproduce la dinámica de formalidad-informalidad: “El mercurio llega por canales formales y en la localidad es adquirido de manera informal. El oro es sacado de manera informal, pero después es vendido a compañías formales. ¿Cuál es la línea entre lo formal e informal? El Estado convive con eso. ¿Por qué no lo destruye? Pues porque le conviene mantener cierta informalidad que le genere ingresos a través de canales formales”, afirmó.

Asimismo, durante su ponencia, Ernesto Ráez señaló: “Antes pensábamos que la minería ilegal era un problema, fundamentalmente, ambiental, pero, durante los últimos dos años, hemos descubierto que es un problema muy severo: es la actividad ilícita más importante del Perú, por encima del narcotráfico. Ha calado en el país en todos sus niveles y ha generado estragos sociales aún más graves que los ambientales”. Él insiste en que es fundamental entender, de manera integral y articulada, el problema para, luego, actuar y resolverlo.
Por su parte, la Dra. Rosas señala: “Considero que la minería artesanal, de subsistencia, no puede ser una opción de vida ni de trabajo. Sería una mejor opción que esas personas trabajen para la gran minería y que sean remuneradas adecuadamente”.

Reflexiones. La minería artesanal es una actividad económica y social, por ello, algunos sostienen que debe ser mantenida y legitimada como fuente de trabajo. El Dr. Damonte tiene una respuesta para esto: “No debemos pensar que porque una actividad da algún tipo de beneficio, no debe ser regulada en otros aspectos. Las actividades están reguladas por un conjunto de normativas, como condiciones de trabajo o manejo ambiental. Yo podría decir que ser ambulante en las calles de Lima está bien, aunque no pague impuestos y me apropie de sectores públicos que no me pertenecen”.

Asimismo, el Dr. Pierre Foy sostiene que la minería ilegal se desarrolla en la mayoría de regiones del país y que, en cada escenario ecosistémico, se generan impactos socioambientales diferenciados y singulares. “La normativa constituye una herramienta que se debe aplicar conjunta y simultáneamente con otras, tales como el ejercicio firme del principio de autoridad bajo un enfoque de gobernanza moderna (búsqueda de construcción de consensos), formulación de propuestas de conversión productiva o tecnológica hacia nuevos modelos alternativos que sustituyan el mal negocio del oro y sus prácticas antisociales y corruptas”, precisa.

El pasado 19 de abril se aprobó la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, y se espera que en un plazo de 120 días se presenten las propuestas normativas que permitan su viabilidad. La denominada Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de Formalización es el ente encargado de realizar el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de dicha estrategia.

 

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[Conferencia] Conflicto y pequeña minería en Latinoamérica: Los casos de Peru, Bolivia, Colombia y Surinam

GOMIAM

El Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad (GEAS) tiene el agrado de invitarlos a la conferencia

Conflicto y pequeña minería en Latinoamérica: Los casos de Peru, Bolivia, Colombia y Surinam

Avances de investigación de GOMIAM (Small Scale Gold Mining in the Amazon)

Jueves 23 de mayo, 6.00 – 7.30PM

Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales, PUCP

En la conferencia se analizarán las dinámicas de trabajo y relaciones socioeconómicas entre los actores que intervienen en la extracción del oro así como los conflictos que se generan. Se revisarán también cuáles son los obstáculos que impiden y/o desaceleran la formalización de la actividad minera. Finalmente, se analizará la intervención del Estado desde la aplicación de la ley y el diseño de políticas públicas.

GOMIAM es un consorcio de investigación dedicado al análisis de minería artesanal en las regiones amazónicas de Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Bolivia y Surinam. Es integrado por CEDLA (Centre for Latin American Research and Documentation, Holanda), SOLIDARIDAD (Holanda), WWF (Guyana) y NAEA (Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, Brasil).

PROGRAMA

6.00 – 6.15. Presentación de GOMIAM. Exponen Marjo de Theije (Coordinadora, Universidad Libre de Amsterdam) y Gerardo Damonte (PUCP/ GRADE).

6.15 – 6.30. Una historia sin terminar – aspectos de la búsqueda de una minería sustentable en Bolivia (Ton Salman, Universidad libre de Amsterdam).

6.30 – 6.45. El papel de la confianza en la regulación estatal de la Pequeña Minería de oro en Suriname (Marieke Heemskerk, Investigadora GOMIAM).

6.45 – 7.00. Panorama de la minería de Oro en el Chocó Biogeográfico, retos y desafíos para su formalización (Helcías Ayala, Secretaría Técnica de la Mesa Permanente para la Minería Responsable en el Departamento de Chocó, Colombia).

7.00 – 7.15. Minería aurífera en Madre de Dios (Mourik Bueno de Mesquita, Centro Bartolomé de las Casas).

7.15 – 7.30. Comentarios finales (Lenin Valencia, PUCP/ SPDA).

INGRESO LIBRE. Se agradece puntualidad.

Informes: geas@pucp.edu.pe

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Towards green transitions? Some reflections on the politics of water management and technology in Peru from a perspective of global North

Doc.Soc.Sc. Tuula Teräväinen

University of Helsinki, Finland

tuula.teravainen@helsinki.fi

 

Under the recent economic turbulences and the global ecological crisis, more and more attention has been given to the capability of national governments to support, develop and utilise innovations that would boost economic development in a more sustainable way. Fuelled by the so-called grand challenges of our time, like climate change, the food crisis, and the distribution of welfare, international organisations such as the UN, the World Bank and the OECD have recently suggested a new, greener development paradigm, varyingly labelled as Green Growth, green economy, or Green New Deal, as a pathway towards sustainable socio-technical and economic transitions. These initiatives have entailed the objective of not only harmonising economic growth and environmental protection as in the idea of sustainable development, but also viewing them as mutually reinforcing policy objectives along the lines of ecological modernisation. A key element in these suggestions has been the promotion of new technological and systemic innovations, which are viewed as crucial factors in economic growth and social well-being. The key difference of the green economy initiatives in comparison to earlier environmental policy concepts has been, however, their inherently global orientation. In political terms, this has had threefold implications.

First, the new initiatives have emphasised global relations of cooperation, power, and governance between the global North and South. Here the focus has shifted from established (Northern) cooperation networks towards seeking possibilities from new geographical areas like Latin America.  Second, new policy measures balancing supply and demand side innovations have been called for. This has entailed promoting new technologies responding to the “grand challenges” accompanied with systemic innovations enhancing better governance, policy coordination, and institutional efficacy. Third, the green initiatives have sought to advance new forms of cooperation within and between national actors and at the global level. This has included reconsidering the roles and responsibilities of national governments in governing green transitions. It has also called for enhancing vertical and horizontal policy coordination among a variety of actors including state authorities, business, NGOs, and interest organisations. At the global level, there has been a shift from earlier developmental aid policies towards increasingly viewing emerging economies such as Peru as active techno-economic cooperation partners. For instance, the Finnish Ministry of Foreign Affairs (2013) recently introduced an Action Plan for Latin America and Caribbean with an aim to strengthen technological and economic cooperation with Latin American countries, as they are seen to be growingly important trade partners and actors in the international community. As regards to Peru, the action plan identifies a number of potential cooperation areas such as sustainable forestry, energy efficiency, renewable energy, and environmental-friendly technology.

In my research, I have analysed the cooperation potential between the global North and South through an example from a particular technological field, the water sector, and within an emerging techno-economic cooperation area, Latin America. By analysing Finnish experiences of the politics of water and water technology in Peru, my research focuses on stakeholder experiences and expectations concerning the possibilities and hindrances of green innovation policies in particular, and the governance of sustainability in the global context in general. In Peruvian policy documents, the need to strengthen the national knowledge base and the national innovation system has become increasingly visible, and the climate change, innovation, and economic programmes and strategies strongly emphasise the crucial importance of new technologies and innovation in all societal development. At the same time, however, turning strategic guidelines and policy objectives into concrete policies has proved difficult. The relative share of R&D investments has remained strikingly low, in recent years accounting for only about 0.15% of the GDP (UN 2012). Even in comparison to other Latin American countries, Peru seems to be currently facing a substantial policy challenge in this respect. A transition to a green economy as suggested by the OECD and the UN, i.e., integrating environmental and social concerns to the established economic growth paradigm would thus imply profound policy changes throughout the economy and society.

From the Finnish perspective, Peru has been viewed as a potential cooperation partner particularly because of its robust economic growth in the past decade, which has been seen to have not only created new investment opportunities but also supported broader societal development. At the same time, Finnish actors tend to highlight the importance of policy coordination, communication, and “good governance” as crucial factors in developing mutual cooperative relationships. In this respect, the lack of updated knowledge among Finnish actors about the Peruvian context; difficulties in getting involved with large state-steered energy projects; institutional weakness and fragmentation; the relatively low priority of environmental issues in national politics; and in some industrial sectors, the absence of a tradition of corporatist negotiations between the state, industry, and interest groups have been identified as challenges for developing techno-economic cooperation with Peru.

My analysis also points to some urgent policy questions that seem to remain unsolved in the Peruvian context. These include the development of institutional and R&D infrastructure; policy coordination across sectors and levels of policies; policy implementation at the regional and local levels; the distribution of power; the functioning of democracy (and the relative strength of various actors in policy design and implementation); and the access to and control over natural and administrative resources. In the water sector, recent policy developments have included the introduction of the new water law in 2009, which has responded to at least some of these challenges and transformed the institutional and ideological basis of water management in Peru (Oré & Rap, 2009). Evidence indicates, however, that there have been difficulties in policy implementation: according to my interviewees, it has not been able to overcome the inherently sectoral and centralised approach to water management as expected. The law has refined the role of the state and sought to promote a more decentralised approach, but it has remained unclear to what extent this has challenged to established structures of governance and distribution of power – stakeholder experiences point to imbalances between new responsibilities and institutional resources particularly at the regional level and in terms of balancing different demands, stakeholder interests, and uses of water.

At a more general level, my results indicate that the varying emphasis on development, growth, and equity in the OECD and UN formulations of green economy is reflected in the respective policy interpretations in national settings. In the context of Peruvian water management, particularly the social and cultural aspects of technology and innovation become crucial, which highlights the importance of broadening the historically constituted techno-managerialistic view towards including local knowledge and traditional expertise in policymaking and implementation throughout the sector. It seems indeed that the rather generic green economy thesis with its strong reference to the unlimited economic growth paradigm and the prioritisation of global and national levels over local conditions might not fit the Peruvian context as such. It can also be asked to which extent the largely appraised and nearly-universal model of knowledge-based economy is a relevant strategy for emerging economies like Peru, and whether its commitment to technology, growth, and global competition as non-negotiable imperatives  contributes to “sustaining the unsustainable” (Blühdorn 2000) rather than providing sustainable and equitable solutions to contemporary socio-political, economic, and environmental challenges.

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