Este es, en abstracto, una figura de participación ciudadana, al igual que el plebiscito, la iniciativa legislativa, la revocación de los mandatos y otros mecanismos de consulta popular, válida de un sistema democrático.
En las constituciones latinoamericanas (la más antigua es la Argentina, reformada cuatro veces, data de 1853), la mayor parte de ellas elaboradas en los procesos de transición democráticas y posteriores a ellas, no lo contempla, en parte por que en las circunstancias en que éstas se escribieron se pensó en evitar introducir mecanismos que han sido usados, preferentemente, por las dictaduras cuando gozaban de buena salud (por ejemplo, las de Chile y Uruguay en 1980). Sólo las actuales constituciones colombiana y uruguaya hacen referencia al referéndum y otras iniciativas ciudadanas, pero que provienen en el primer caso, de un gobierno, el de Gaviria, que buscaba abrir espacios de participación y de paz en el hermano país del norte y, en el segundo caso, se trata del país de mayor tradición democrática que más ha utilizado el plebiscito, pero previo a la dictadura de 1974. Pero, además, estamos delante de países donde imperan sistemas democráticos basados en partidos políticos. Esto, que es el dolor de cabeza del fujimorismo se convertiría en jaqueca permanente, pues en Colombia no han gobernado otros que no sean los liberales y conservadores y en Uruguay los blancos y colorados.
A nivel europeo el referéndum es un mecanismo que es practicado en varios países. Por ejemplo, en la último año en Europa, el pueblo danés voto en contra de la aprobación del acuerdo de Maastrich de la integración europea, propuesto por el gobierno. Otro, es el conocido caso suizo. Allí el referéndum tiene una larga tradición que se basa en 700 años de vida cantonal. Este año, en el viejo continente, se realizarán referéndum tanto para aprobar acuerdos sobre la integración europea, como sobre la solicitud de incorporación a la Comunidad Europeo, cuyo mercado será el más grande del mundo, de parte de algunos países que aún se mantienen al margen de ella. Sin embargo, todos estos países viven una extendida democracia y sus sistemas políticos se basan en sistemas de partidos, su opinión pública es poderosa y a ningún gobierno se le ocurre apelar a debilitarlos y sostener un discurso antipartido como aquí hace gala la propaganda fujimorista.
En nuestro país, el gobierno de facto, inaugurado el 5 de abril del año pasado, busca sacar provecho de su partida de nacimiento. Fujimori, y esta diáspora de independientes, no son otra cosa que la manifestación de la crisis de representación y del sistema de partidos en el Perú. Cuando ello sucede surgen propuestas autoritarias, abonadas por situaciones de crisis extremas como la que padecemos. Fujimori es el que mejor representa esta corriente, para lo cual no sólo busca fortalecer el ejecutivo y su imagen sino que como toda dictadura, perpetuarse en el poder, liquidar a como de lugar a los partidos políticos y abrir otros espacios de participación controladas o manipuladas bajo el pretexto de que se otorga una mayor participación ciudadana. El proyecto fujimorista requiere partidos políticos débiles, grupos amorfos y dispersos de independientes, instituciones reformadas pero subordinadas y controladas por el ejecutivo (P.E. aparato judicial, electoral, contraloría etc.), pero asimismo, requiere legitimarse en forma directa y sin riesgos. La mejor vía son los plebiscitos y referéndum, con mayor razón cuando esta especie de democracia plebiscitaria que se nos piensa imponer, sabe que tiene una opinión pública favorable. ¿Qué quiere aprobar Fujimori con estos mecanismos supuestamente democráticos? Ya tenemos una idea de sus intenciones. El 5 de abril, Fujimori no tenía interés de convocar elecciones ni para el CCD ni para las municipales. El quería llamar a plebiscito con el objeto de legitimarse y luego una constitución escrita por un supuesto grupo de notables (sic). Planteamiento que, como se recuerda, no prosperó gracias a la presión internacional que conoce de las típicas maniobras de los gobiernos de facto. Esto, sin embargo, no es patentado por Fujimori. Desde el siglo pasado dictadores tan prominentes como los Napoleón I y III se legitimaron con plebiscitos. En este siglo las dictaduras de Hitler y Mussolini lo utilizaron en la Europa de los treinta. En Latinoamérica lo hicieron en la década pasada las dictaduras de Uruguay, Chile y Paraguay. En todos los casos buscaban legitimar las dictaduras o sus constituciones. El referéndum, propuesto en épocas de gobiernos autoritarios pasa de ser un mecanismo democrático en una arma peligrosamente antidemocrática ¿es o no cierto que Fujimori y sus hoy diligentes seguidores quieren pasar temas tan delicados como pena de muerte y reelección presidencial bajo el filtro del referéndum?
Si realmente el oficialismo quiere ejercitar mecanismos complementarios de participación ciudadana en un sistema democrático debería, en este caso, incorporar por lo menos dos elementos. Uno que el referéndum, como bien lo ha sostenido Nicolás Linch en un artículo la semana pasada, sólo puede ser solicitado bajo iniciativa ciudadana. El referéndum pasa así a ser una prerrogativa de la sociedad más no del estado. Las iniciativas deberán ser respaldadas por la firma de un número de ciudadanos (puede ser el 5% del electorado) para que se presenten a consideración del conjunto de la población. Este porcentaje de respaldo de firmas puede ser discutido, más no su requisito. Recordemos que la norma uruguaya establece el 25% de los registrados electoralmente para que prospere una iniciativa ciudadana. Esto evita la irresponsabilidad y la maniobra política tan de boga en épocas de precariedad política.
Pero esta medida sólo será saludable si se le acompaña con otra de carácter experimental y educativo. En país como el nuestro donde se carece de tradición y de una cultura democrática, se requiere un tiempo de aprendizaje en la que las élites y los partidos políticos tengan un papel sustantivo. Esta medida debe sostener que los referéndum se apliquen, inicialmente, a nivel distrital sobre los problemas locales, previa presentación de un número de firmas acogidas por un comité cívico. Luego de un tiempo se podrá estudiar bajo el prisma de la experiencia, sus ventajas y sus problemas y de que manera la ciudadanía ha respondido ante esta medida. El referéndum se reviste así de un verdadero tinte y sentido democrático, que dista mucho de la trampa que busca formalizar el CCD para congraciarse con el inquilino precario de palacio de gobierno.
(La República, 21 de Febrero de 1993)