Mg. Oscar Panibra Flores

Los tributos cumplen funciones esenciales en la vida del Estado y la población en general; pues provee de recursos financieros que luego se traducirán en obras y servicios destinados a satisfacer las necesidades públicas. Asimismo, suelen ser utilizados como mecanismos de redistribución de la riqueza o como medio de estímulo para atraer inversiones e incentivar el desarrollo de determinadas actividades económicas.  Entonces, no es ningún secreto su aporte fundamental en el desarrollo económico de una sociedad.

Lamentablemente los niveles de evasión en nuestro país, continúan siendo elevados y no se observa estrategias estructuradas por parte del fisco que impliquen su reducción significativa y sostenida.  Así tenemos que a los altos niveles de informalidad (se estima que más del 60% de la economía peruana es informal), se suma un gran número de agentes económicos que se valen de diversos medios o estrategias fraudulentas para dejar de cumplir en todo o en parte sus obligaciones tributarias.

Diversos estudios realizados en la última década (CEPAL, 2010[1]; Solórzano, 2012[2]; entre otros) señalan que en la mayoría de países latinoamericanos prevalece una cultura adversa al pago de tributos. Actitudes de rechazo y  resistencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos son claras manifestaciones de lo afirmado. Contribuye a reforzar esta actitud negativa la forma en que las autoridades gestionan los recursos públicos, caracterizándose principalmente por su alta  ineficiencia, falta de transparencia en el manejo y ejecución de los gastos e inversiones, así como la corrupción en las distintas esferas de la administración pública.¿Le suena conocido este panorama? Pues no se equivoca. El nivel de evasión en el Perú es alto; Geneva Group International[3] considera que representa S/. 25,000 millones; el ex Ministro de Economía Luis M. Castilla declaró en el 2012 que la tasa de evasión tributaria peruana era la más alta de América Latina[4] (50% en el Impuesto a la Renta y 35% en el IGV).  No obstante, la corrupción también campea a sus anchas en nuestro medio; un informe publicado este año por The Economist[5] sitúa al Perú (26.4%) entre los países con mayor índice de percepción sobre corrupción en América Latina, muy por encima de Chile (solo tiene 5.3%) o Uruguay (6.7%), qué envidia ¿verdad?

Cuando los agentes económicos deciden no cumplir el pago de sus obligaciones legalmente establecidas, no solo deterioran la recaudación de ingresos del Fisco, también perjudican el principio de equidad que debe reunir toda carga impositiva.  Esto ocurre debido a que los contribuyentes que cumplen cabalmente sus obligaciones tributarias se ven obligados a soportar una mayor carga tributaria para reducir la brecha de ingresos generada por la evasión, a través de la imposición de nuevos tributos o el incremento de la cuantía a pagar de los ya existentes.

Sin embargo, similar o mayor perjuicio genera la corrupción, principalmente cuando se da en las altas esferas del sector gubernamental, mucho peor si ello ocurre al interior del órgano administrador tributario. Su costo no se limita únicamente el importe robado, sino que además debe sumarse el nefasto impacto que genera en la inversión, el acceso a los servicios públicos y como elemento distorsionante de las decisiones que toman los agentes económicos. Reiterados informes publicados en los últimos meses por distintos medios han puesto al descubierto, probables casos de corrupción en la SUNAT[6]; pagos millonarios y sobrevaluados por cursos de capacitación “fantasmas” y por arrendamiento de edificios que no se utilizaron, por citar los más sonados. En ambos casos los pagos se realizaron burlando las normas y el control del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.  Si esto es así, ¿en qué se diferencia la entidad fiscalizadora de los contribuyentes evasores?, digámoslo de otra forma ¿quién fiscaliza al fiscalizador? y por lo tanto, si el ente administrador tributario no da el ejemplo, ¿cómo podemos esperar que los administrados (contribuyentes) cumplan cabalmente sus obligaciones?

Queda claro entonces la imperiosa necesidad de combatir las lacras de la corrupción y la evasión tributaria, entre otros varios factores críticos, para retomar la senda del crecimiento económico en nuestro país. ¿Qué es lo primero? Consideramos que ambos temas son de transcendental importancia. El próximo gobierno de turno está obligado a iniciar una lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas y también le espera una ardua tarea en la reducción de la informalidad y evasión tributaria. Es obligación nuestra, como ciudadanos, demandar que ello se cumpla. El Perú así lo exige.

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[1] CEPAL (2010). Evasión y equidad en América Latina. Chile: Ed. Naciones Unidas

[2] Disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/ 03959836C65E2E5805257C120081DB15/$FILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf

[3] Publicado en el diario GESTIÓN el 03 de agosto 2015  http://gestion.pe/economia/evasion-tributaria-peru-asciende-s-25000-millones-estima-geneva-group-2138881

[4] Exposición del Ministro de Economía y Finanzas el 13.03.2012  en la inauguración del Centro de Servicios al contribuyente de Villa el Salvador Lima. Tomado de:  http://www.rpp.com.pe/2012-03-13-mef-peru-tiene-la-evasion-tributaria-mas-alta-de-america-latina-noticia_460861.html

[5] Corruption in Latin America: Democracy to the rescue?” (The Economist, marzo de 2015)

[6]  Citamos algunas de ellos: https://ramonespejo.lamula.pe/2015/06/30/tremendo-robo-en-sunat/ramonespejo/; http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-corrupcion-nuestra-cada-dia-2222208; http://www.noticierocontable.com/mas-lios-en-la-sunat/