REIVINDICACION. Casacion

ABOGADOS
Casación Nº 1112-2003-PUNO
Jorge Avendaño V.
En esta oportunidad comentaremos la Casación Nº 1112-2003-PUNO,
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia de la República y publicada el 31 de julio del año 2006. En ella se
establece que mediante el proceso de reivindicación no se puede definir cuál
de las partes tiene mejor derecho de propiedad.
La acción reivindicatoria y sus implicancias jurídicas han generado diversas
interpretaciones en sede judicial. Ciertamente, existen posiciones contrarias en la
jurisprudencia civil sobre la procedencia de esta acción cuando se interpone contra
un poseedor que alega ser el propietario del bien reclamado.
En la parte considerativa de la resolución de Casación Nº 1112-2003-PUNO, se
señala que el Juzgado y la Sala Civil de la Corte Superior de Puno declararon
infundada la demanda de reivindicación propuesta, porque el demandado había
alegado tener un título de propiedad sobre los inmuebles cuya restitución se
pretendía.
Confirmando el criterio de las instancias inferiores, la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia expresó lo siguiente:
“Cuarto: Que los órganos de mérito han determinado que tanto las demandantes como el
demandando han sustentado su derecho respecto de los predios materia de litis con títulos que no
han sido declarados inválidos, y que siendo así la posesión ejercida por el demandado no es en
calidad de poseedor no propietario sino en calidad de ocupante de los predios como propietario;
concluyéndose en las sentencias de mérito que no es mediante el proceso de reivindicación que se
puede definir cuál de las partes tiene mejor derecho de propiedad respecto de los aludidos predios.
Quinto: Que al haberse desestimado la demanda porque no se ha podido acreditar que el
demandado (…) posea ‘en calidad de poseedor no propietario’ sino que se encuentra acreditado que
posee los predios sub litis en calidad de propietario, no es posible declarar la facultad reivindicatoria
contenida en el artículo 923º del Código Civil a favor de la parte actora”.
Pues bien, la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación
interpuesto por los demandantes, estableciendo que la pretensión de reivindicación
no procede cuando el demandado alega, como justificación de su posesión, tener un
título de propiedad sobre el bien reclamado, ya que dicha acción no sería la
apropiada para dilucidar el mejor derecho de propiedad.
STUDIO
JORGE AVENDAÑO V.
ABOGADOS
Siguiendo esta postura, cuando el demandado arguye que su posesión se funda en el
derecho de propiedad que detenta sobre la cosa reclamada, deberá seguirse,
previamente al proceso de reivindicación, uno de mejor derecho de propiedad.
La acción de mejor derecho de propiedad tiene como única finalidad obtener una
declaración de que el actor es el verdadero propietario del bien. En estricto, es una
acción de mera declaración de propiedad. No procura la restitución del bien a favor
del propietario no poseedor. A diferencia de la reivindicación, es una acción carente
de condena al poseedor ilegítimo.
Con el criterio de la Corte Suprema de Justicia, se creó -jurisprudencialmente- una
vía previa para la acción reivindicatoria. Primero debía declararse quién era el
propietario del bien reclamado, y luego debía plantearse dicha acción reivindicatoria.
En nuestra opinión, esta creación responde, de forma directa y flagrante, al
desconocimiento de lo que realmente supone la institución civil de la reivindicación.
La reivindicación importa la restitución del bien a su propietario. Para su
procedencia debe existir siempre un examen previo sobre la propiedad del
accionante. Y es que la acción reivindicatoria persigue que sea declarado el derecho
de quien la interpone y que, en consecuencia, le sea restituida la cosa sobre que
aquél recae.
Por lo tanto, la reivindicación implica, de manera inseparable, el reconocimiento del
dominio y la restitución de la cosa a su propietario por el tercero que la posee.
Pues bien, atendiendo al examen de la titularidad del derecho de propiedad que
entraña la reivindicación, es perfectamente posible que en dicha vía, frente a un
poseedor que alega su legitimidad, la autoridad judicial emita un pronunciamiento
declarando a quién corresponde la propiedad del bien. Esto es natural y no admite
ningún cuestionamiento racional.
En este orden de ideas, no tiene ningún sentido que se exija la declaración de
propiedad como un requisito previo y autónomo al proceso de reivindicación. Este
proceso por sí mismo importa un examen de la propiedad del accionante. En caso
dicho análisis fuera favorable, se declarará el derecho del propietario y se ordenará al
poseedor ilegítimo que restituya el bien. Si por el contrario el análisis conduce a un
resultado desfavorable al demandante, la acción deberá ser declarada infundada.
Por todo lo expuesto, estamos en contra de lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema. Estimamos que sí es posible discutir el
mejor derecho de propiedad en un proceso de reivindicación.