El primer artículo de la Constitución Política peruana señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado mientras que el Código de Protección y Defensa del consumidor, adopta el principio pro consumidor, léase que en cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a su favor.
En base a lo señalado, debería existir un sistema sencillo y accesible para que el consumidor pueda informarse adecuada y suficientemente sobre el producto o servicio con el cual va a contratar.
Supongamos que nos contactamos con un médico para la realización de una operación a los riñones. En este caso, averiguaremos sus antecedentes, su experiencia, su fama, en síntesis, todos los datos significativos que nos permitan tomar una idónea decisión en una esfera tan importante como es la salud.
Pero quizá esta operación renal- un servicio jurídicamente hablando- pudo haberse evitado si es que nos hubiéramos alimentado correctamente.
Cada día nos enfrentamos a una serie de productos que decidirán nuestro destino y respecto de los cuales tenemos una información mínima; por ejemplo si revisamos los ingredientes de muchos alimentos procesados nos encontraremos, en la mayoría de los casos, en la absoluta ignorancia. Así, componentes como glutamano monosodico, tartrazina, aspartame, ácido fosfórico, entre otros, ingresan a nuestro organismo sin poder prever las consecuencias que acarrearán.
Contra ello, existe un sistema que ha sido adoptado en el Reino Unido en 2013 y en Ecuador en 2014: el semáforo nutricional, el cual consiste en colocar en el etiquetado de un producto alimenticio el color rojo cuando tenga una excesiva cantidad de un nutriente, el naranja cuando tenga una cantidad media y el verde cuando tenga bajo contenido.
En los hechos, el sistema semáforo nos permitirá tomar conciencia de forma directa de la cantidad de azúcar, grasa, grasa saturada, sal y calorías que posee la caja de cereales que compramos para nuestros hijos. Si notamos que el color rojo aparece la mayoría de las veces ya sabremos qué decisión tomar.
Es evidente que una propuesta de este tipo será muy resistida por las corporaciones y sus lobbies; sin embargo deberán primar los preceptos legales ya señalados a fin de lograr una cabal protección al consumidor, quien al tomar conciencia de lo nocivos que pueden ser muchos alimentos procesados, podrá ahorrarse, en un mediano y largo plazo, el costo de contratar un servicio médico a causa de alguna enfermedad desarrollada justamente a causa de aquellos.