Ramón Álvarez nació en 1981. Su nombre nunca le desagradó, al menos durante gran parte de su infancia; sin embargo, a partir de 1993, estando en primer grado de secundaria, las cosas empezarían a cambiar. Ramón, para aquella fecha de 12 años, empezó a ser molestado continuamente en el colegio, más que por su nombre en sí mismo, por lo que éste evocaba. Como muchos sabemos, en el programa cómico mexicano “El Chavo del Ocho”, resalta la figura de Don Ramón, quien se caracteriza, entre otras cosas, aparte de por su irresponsabilidad a la hora de asumir el costo por el arrendamiento de su vivienda, por su notoria delgadez. En un inicio fue este último aspecto por el que se empezó a molestar al delgado preadolescente; insultos como “tripa escurrida”, ”lombriz de agua puerca” o “esqueleto” se hicieron comunes, insultos los cuales conforme pasaron los años, fueron subiendo de tono para adquirir un carácter menos pueril y más ofensivo. Así pues, empezaron a llamarlo, de forma sistemática y generalizada, vago, beodo, conchudo, cochino y un sinfín de diatribas asociadas al personaje que hacía Ramón Valdez.

El personaje de nuestra historia, al sentirse violentado en extremo, a la vez que desprotegido por el acoso del cual era víctima (en aquel tiempo, como increíblemente muchos aún lo piensan, el acoso escolar era considerado un “juego de niños o jóvenes”), pensaba recurrentemente en cambiarse de colegio, pero al considerar que al lugar que vaya, siempre estaría “condenado” a ser llamado por su nombre, analizó otra posibilidad bastante más drástica: el cambiarse de nombre.

El Código Civil peruano de 1984, respecto de lo señalado, enuncia:

Art. 29.- Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita.
El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad.

En vista de lo citado, ¿qué opciones tendría nuestro amigo Ramón? Antes de absolver la interrogante, pasemos a precisar algunos conceptos. En primer lugar señalemos que el nombre viene a ser la designación mediante la cual se permite identificar a una determinada persona y distinguirla de quienes la rodean, el mismo que posee dos componentes: el prenombre y los apellidos, así por ejemplo, si mi nombre es Carlos Muñoz Inga, mi prenombre será Carlos y mis apellidos las dos palabras siguientes. Complementando lo dicho, el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 20 de abril de 2006, contenida en el EXP. N° 2273-2005-PHC/TC enunció una serie de características que ostenta el nombre, cuales son:

1. Es obligatorio tenerlo y usarlo.
2. Es inmutable, salvo casos especiales
3. No es comercial, puesto que es personalísimo
4. Es imprescriptible, aunque se deje de usar, se haya empleado uno más o menos erróneo o se utilice un conocido seudónimo
5. Permite la identificación, individualización y la pertenencia de una persona a una familia.

De lo antedicho, a primera vista pareciese que Ramón estuviera “sentenciado” a conservar y obviamente a usar su nombre, no obstante, conforme a lo enunciado en el segundo numeral en concordancia con el Art. 29 del Código Civil, podría modificarlo por motivos justificados y mediante autorización judicial. Ahora bien, ¿qué debemos entender por motivos justificados? Citemos nuevamente lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución en el expediente arriba citado, específicamente el vigésimo considerando: “Se puede decir que una persona tiene un motivo justificado para realizar cambio de nombre cuando se le ha asignado uno extravagante o ridículo, que sea móvil para la burla de terceras personas, con la consiguiente afectación de su tranquilidad y bienestar. Asimismo, podría proceder el cambio de nombre de una persona que es homónima de un avezado y famoso delincuente o de una persona que ha sufrido escarnio público, pues tales coincidencias le impedirían realizar normalmente sus actividades cotidianas, por las continuas discriminaciones o temores de los que sería víctima”. Analizando la primera parte de lo citado, tengamos presente que hay una serie de nombres que pueden recibir el calificativo de ridículos o extravagantes; tan es así que en los Registros Civiles se han registrado, valga la redundancia, nombres de superhéroes norteamericanos como Superman o Batman, de terribles desastres nucleares como “Chernovil” (evidentemente mal escrito), de artistas marciales (o eso creerían quienes los eligieron) como “Brusli” o “Chucnorris”, de síndromes como “Sida” u otros de lo más pintorescos como “Reydripley”, “Gonometro”, “Garfield”, “Ecologito”, “Obesita”, “Obeso”, “Papalindo”, “Papanoel”, “Papadiamantopo”, “Santapaciencia” y el curioso caso de una persona a la que le pusieron “O”, así a secas. Si bien en estos casos el cambio se ve justificado de forma indubitable, debe analizarse también el contexto particular en el cual se desenvuelve y desarrolla una determinada persona. Así pues, puede ocurrir que alguien se sienta conforme con un nombre excéntrico, por ejemplo, el caso de una persona que tiene como prenombres a dos personajes de las películas de Silvester Stallone, léase “Rocky Rambo”, y que se siente a gusto con los mismos, muy probablemente debido a que no es víctima de ninguna clase de mofa.

Respecto de la segunda parte de lo citado por el Tribunal Constitucional, léase la homonimia, traigamos a colación el caso de una persona que siguió la carrera de Filosofía y que se especializó en la rama política de la misma, la cual una vez terminados sus estudios, a partir de los años noventa se desempeñó como catedrático en varias universidades públicas tanto de Lima como del interior del país; esta persona respondía al nombre de Abimael Guzmán (homónimo del máximo líder de “Sendero Luminoso”), quien durante su etapa universitaria en la violenta década de los años ochenta, vio vulnerados sus derechos fundamentales por el Estado-a través del Poder Judicial, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros- al considerar, pese a la notoria diferencia de edad, que se trataba del autoproclamado “Presidente Gonzalo”, siendo detenido-u ordenado detener-en diversas ocasiones, sufriendo cárcel efectiva, incomunicación, vejaciones, torturas y humillaciones.

A tenor de lo señalado, la Justicia como tal, no ha permanecido indiferente ya que mediante Decreto Supremo Nº 015-98-PCM se aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en cuyo Art. 33 se lee:

Art. 33.-

La persona no podrá tener más de dos prenombres. No podrán ponerse prenombres que por sí mismos o en combinación con los apellidos resulten extravagantes, ridículos, irreverentes, contrarios a la dignidad o al honor de la persona, así como al orden público o a las buenas costumbres, que expresen o signifiquen tendencias ideológicas, políticas o filosóficas, que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se pretende poner, o apellidos como prenombres.
El Registrador es la persona autorizada para denegar las inscripciones que se soliciten en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo.

Podemos apreciar como a través del articulo transcrito, el Estado interviene directamente en la esfera de los ciudadanos, a fin de cautelar la correcta asignación de los nombres; así pues analizando la norma, nombrar a alguien “Cesar Augusto Valerio”, estaría prohibido al tratarse de un nombre compuesto por más de dos prenombres; que a una persona que tenga como apellido “Fuertes”, le pongan de prenombre “Dolores” estaría también prohibido por la evidente y por decirlo menos risible combinación que claramente afectaría a quien lo porte. Lo que si nos pareció confuso, es lo enunciado en las líneas siete y ocho, referido a la prohibición de colocar nombres que expresen o signifiquen tendencias ideológicas, políticas o filosóficas. Consideramos que una de las formas en que esto podría producirse, era que a la persona registrada se le coloquen el nombre y el apellido de un personaje relacionado a una tendencia ideológica (Karl Marx por ejemplo), política (Benito Mussolini) y/o filosófica (Immanuel Kant), lo cual evidentemente evoca no solamente a las tendencias referidas, sino y principalmente a la persona o personaje. Sin embargo, aquí más que un tema de fondo se podría apelar a uno de forma pues si tomamos el ejemplo del autor de la “Critica de la Razón Pura”, tendríamos el siguiente nombre: Immanuel Kant y los dos apellidos del nombrado, tomando unos aleatoriamente tendríamos el siguiente nombre: Immanuel Kant Perez Zuñiga, lo cual evidentemente iría en contra de lo enunciado en la primera oración del Art. 33, al igual que los otros dos ejemplos dados.

Si lo que la norma quiere evitar es lo ejemplificado, la misma nos parece correcta, así también que se eviten nombres como “Democracia”, “Liberalismo” o “Existencialismo”, los cuales, sobre todo el primero, que puede tener un propósito loable, podrían coadyuvar a la befa hacia quien lo porta.

Retomamos la confusión que nos causa el Art. 33, en el sentido de qué nombres podríanestarvetados.Así “Lenin”, “Trotsky”, “Stalin”, “Sadam”, “Mao”, “Suharto”, “Slobodam”, “Pinochet” (este último apellido al igual que Stalin), no podrían ser registrados, en cambio, hay otros que en principio sí podrían serlo pero que por un contexto determinado podrían ser motivo de reparos por parte del Registrador. Así el nombre “Alan” o “Víctor Raúl” estuvieron “censurados” durante el segundo quinquenio de los años ochenta debido al desastroso gobierno aprista, así como no existe registrador que cuestione por qué los progenitores tendrían la intención de colocarle “Abimael” a su hijo. En ambos casos, más que por un tema legal, el funcionario público podría poner reparos en base a su experiencia, al sentido común y también, vale decirlo, a causa de sus propios prejuicios. Por otro lado, que pasaría si unos emocionados padres primerizos desean ponerle a su hijo “José Carlos” por los prenombres de Mariátegui o “Alberto Kenya” por el ex presidente Fujimori, ¿el registrador podría alegar que estaría vedado debido a que evocan a personajes de la historia peruana que directa o indirectamente están ligados a una determinada ideología o postura política? Nosotros consideramos que se trataría de una exageración, procediendo la prohibición cuando se trate del prenombre y el apellido del personaje, tal como señalamos en líneas precedentes.

En el Art. 33 se señala además que no podrán colocarse nombres “que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se pretende poner, o apellidos como prenombres”. Al quedar el segundo de los enunciados bastante claro, pondremos un pequeño ejemplo del primero. Este es el caso de Priscilla Laguna, quien desde pequeña recibió una educación sumamente religiosa. Al quedar embarazada de su primer hijo y al sentirse más identificada que nunca con el catolicismo, ya que recientemente había sido captada por el Opus Dei, decidió colocarle el nombre de la persona a quien más admiraba: Juan Pablo II, sin embargo, muy respetuosa ella de las formas, al registrarlo decidió ponerle el nombre real del sumo pontífice fallecido en 2005, es decir, Karol (por Karol Wojtila), lo cual llevó a que desde muy temprana edad, Karol Serna Laguna, fuera víctima de innumerables y constantes burlas.

En esta línea de hechos, señalemos un caso bastante paradigmático. Se trata ahora de la Sra. Espezua quien para honrar una promesa hecha a su mejor amiga de infancia y madrina de bodas, decide ponerle el nombre de ésta a su primera hija- por eso es que los primogénitos según los entendidos son considerados, a riesgo de ser especista, “conejillos de indias” por parte de sus padres-colocándole el nombre de “Anita”; sin embargo la primogénita no fue mujer sino un varón, por lo que la señora, quien siempre honraba sus promesas, decidió ponerle “Anito”, o más bien dicho, intento hacerlo pues cuando se dirigía a inscribir al recién nacido, el Registrador tuvo un particular reparo para con el nombre, pues textualmente señalo: “Señora por favor, ¿cómo se le ocurre poner un nombre así?, ese nombre es un diminutivo y no se pueden registrar, así que el nombre quedara como “Ano”. Increíble, pero cierto.

Lo cierto también es que el artículo que hemos venido analizando de forma pormenorizada, fue derogado mediante Decreto Supremo Nº 016-98-PCM publicado el 29 de abril de 1998, lo cual generó muchas críticas, al señalar los entendidos que al no intervenir el Estado, a pesar del evidente paternalismo, sobre una adecuada asignación de los nombres, los futuros registrados se encontrarían en una evidente indemnidad frente a la enorme discrecionalidad de sus progenitores, postura con la cual concordamos.

Retomemos ahora la pregunta planteada al inicio del presente texto: ¿Qué podría hacer Ramón Álvarez para cambiar su nombre? En primer lugar y desde lo formal tendría que presentar una serie de documentos cuales son:
1. Partida de nacimiento o en su defecto partida de matrimonio o de divorcio.
2. Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante (es decir de Ramón)
3. Documentos que vengan a acreditar de forma fehaciente y convincente el o los motivos para cambiar de nombre.

Así pues, en la demanda a presentarse ante el Órgano Jurisdiccional, se tendrá que argumentar en forma detallada las causales para cambiar de nombre. En este punto detengámonos un momento. Si bien en el caso del hijo de la Sra. Espezua, el motivo del cambio de nombre es más que evidente, en el caso de Ramón Álvarez no quedaría tan claro, pues el nombre tal cual, no es en sí mismo ofensivo o extravagante, por ello, al accionarse ante la Judicatura, en el escrito tienen que consignarse las razones por la cuales el nombre “Ramón” significa un daño para el personaje de nuestro relato. Se deberá relatar entonces el contexto en el cual se desenvuelve Ramón, la forma en la cual es víctima de burlas sistemáticas y generalizadas, las consecuencias del acoso, pudiendo acreditarse esto último con exámenes psicológicos firmados obviamente por un psicoterapeuta, demostrándose de esta forma como son violentados sus derechos fundamentales como los contenidos en el Art 2 de la Carta Magna, referidos al derecho de la persona a su identidad, a su integridad moral, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar (numeral 1), al honor y a la buena reputación (numeral 7) y a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (numeral 22).

Tengamos en cuenta también otro punto desde lo procesal, referido a la falta de una norma que precisa la vía procedimental y el Juzgado competente para conocer de las pretensiones de cambio de nombre lo cual ha originado la expedición de resoluciones judiciales contradictorias, pues para algunos (tanto para los justiciables como para los encargados de administrar justicia) el competente para conocer la referida pretensión era el Juez de Paz Letrado, tramitándose la pretensión en la Vía de Proceso No Contencioso, mientras que para otros, el competente era el Juez Civil; pese a ello, el Pleno Jurisdiccional Regional Civil de 29 de marzo de 2008 vino a aclarar este tema al señalar que para el Cambio de Nombre, es competente el Juez Especializado Civil en Vía No Contenciosa.

Finalmente, cuando es admitida la solicitud, el juez competente ordenará que se realice la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en un diario local autorizado para estos efectos, por lo que el interesado deberá entregar como prueba los ejemplares del periódico donde conste la publicación en el tiempo que ordene el juez. La fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial deberá darse en un plazo no mayor de 15 días útiles; una vez que se lee la sentencia, el juez pregunta al solicitante si está de acuerdo y de ser afirmativa la respuesta, entonces la sentencia quedara consentida.

En base a lo relatado y al ser el espacio escolar uno bastante problemático pues alberga a seres en pleno desarrollo tanto físico como emocional, es fundamental el monitoreo por parte de los maestros en colaboración con los propios alumnos a quienes se les debe enseñar a no permanecer impasibles o neutrales cuando un compañero es maltratado.

Al ingresar a la universidad en 2000 a la carrera de Sociología, Ramón, aún de contextura delgada, conoció a personas de diverso tipo, alternando más con un grupo de pares que compartía su gusto musical por el punk rock. Al ser aquel, admirador acérrimo de “The Ramones” muchos empezaron a relacionar su nombre con el vocalista de la banda, el también delgado, Joey Ramone, aunque como podemos vislumbrar no lo relacionaban por esta característica física. Es así que, en base a su nombre, una vez más, durante toda su vida universitaria le llamaron también “Ramonero”, “Sedated” (en alusión a la canción “I wanna be sedated” interpretada por el grupo), o “Punk” a secas, siempre de forma cariñosa y de buena fe lo cual viene a reforzar lo ya señalado de como el medio ambiente puede afectar de forma positiva o negativa el desarrollo de la persona

Actualmente Ramón tiene 32 años, está casado tiene un hijo y otro en camino. Su primogénito tiene como nombre “Johnny” (mítico guitarrista de “The Ramones”) y al que viene en camino, que ya sabe que será varón, le encantaría ponerle “Dee Dee” (bajista de la banda punk), sin embargo el temor siempre presente de la burla por parte de “los otros” y el comprobar que a pesar de tanto tiempo transcurrido, la sociedad en general pareciera no aprender que burlarse de los demás no solo no es ético sino que también ilegal, parece decantarse por el nombre de su suegro, “Mario”, a la espera que cuando tenga su tercer hijo, aquella haya evolucionado o al menos haya intentado hacerlo.

A continuación, un breve análisis acerca de la lucha de la adolescente pakistaní Malala Yousufzai, finalista de ‘Personalidad del año 2012’ de la revista Time y su relación con los derechos de los niños y adolescentes

1. La historia y discurso de Malala Yousufzai.

Malala nació en Mingora. Se hizo conocida al escribir en un blog para la BBC bajo el seudónimo de Gul Makai, donde narraba la terrible vida que llevaba, desde su particular visión de niña-puber, en Pakistán. Así muchos la comparan con una Ana Frank del siglo 21 pues narra una serie de detalles del terrible régimen talibán y particularmente como este afecta su derecho a la educación. Decía así: “Tuve un sueño terrible en el que había helicópteros del Ejército y talibanes. Tengo esos sueños desde que se lanzó la operación militar en el Swat. Fui a la escuela con miedo porque el Talibán había emitido un edicto en el que prohíbe que las niñas vayamos a la escuela (…) mientras iba escuché a un hombre decir Te voy a matar; cuando miré hacia atrás el hombre venía detrás de mí, pero, para mi alivio, él estaba hablando por teléfono”. Muestra también como es afectado su derecho al libre desarrollo: “Antes de la operación militar solíamos ir de picnic los domingos, pero ahora la situación es tan mala que no hacemos un picnic hace más de un año y medio”; enuncia también la imposición de los talibanes, la cual llega hasta el modo en que debe vestirse:“Me estaba vistiendo para ir a la escuela y me iba a poner el uniforme pero me acordé de que la directora nos había dicho que no usáramos el uniforme sino nuestra ropa habitual. Así que me puse mi vestido rosa favorito. Más tarde, nos dijeron que no usáramos ropa de colores porque el Talibán no estaría de acuerdo” Comenzó sus relatos en 2009, a los 11 años, llegando incluso a decir: “Escondíamos los libros bajo el chal” pues para esa fecha los talibanes habían prohibido todos los derechos a las mujeres incluso no podían ir al mercado, habiendo destruido aquellos 150 escuelas un año antes. Cuando se incrementan las luchas entre el ejército pakistaní y los talibanes, junto a su familia abandona su hogar por lo que deja de escribir su blog. En ese lapso es que se filma el documental “Pérdida de Clases, La muerte de la educación de la mujer”; donde se muestra a la niña, su padre Ziauddin y como la educación de las mujeres es ahora nula por obra de los talibanes. En el documental, habla de ser doctora pero que su padre le ha recomendado que sea política aunque ella dice que no le agradan los políticos (su padre quien es maestro la apoya mucho y dice estar orgulloso de ella), que viven en una continua zona de guerra, compara su situación con la de otras niñas en el mundo que no tienen miedo al ir a la escuela, mientras que ella teme que los talibanes la maten o le tiren acido en el rostro. En el documental se la ve también interactuar en el colegio, al cual asisten muy pocas niñas. Finalmente señala una frase épica al mundo:“Salven nuestras escuelas, nuestro mundo, nuestro Pakistán” Al hacerse conocida, Malala recibió el Premio Nacional por la Paz de su país en 2011, así como el grupo KidsRights la incluyó entre los nominados para el Premio Internacional de los Niños por la Paz. A principios de este año, hablo de fundar un partido político pro educación.
El 9 de octubre, cuando regresaba de la escuela, los talibanes le dispararon en la cabeza y cuello, por lo que fue llevada a un hospital en Peshawar. El 15 de octubre fue trasladada al Hospital Reina Isabel de Birmingham, donde se recupero, siendo un milagro para muchos médicos. Todo Pakistán se solidarizo con ella, tan es así que logro aglutinar a líderes de las distintas religiones e incluso cantantes y actrices se solidarizaron con ella. Es así que a través del blog y en persona, Malala denuncia la influencia talibán (“Como se atreven a quitarme la educación” proclamo) y como todos sus derechos son recortados, perennizando a la mujer como objeto. Luego del exilio obligatorio en 2009 salió decidida:“Quiero ser política para salvar este país”, siendo entrevistada y hablando con diversos políticos del mundo. De ciberactivista, consolido su pensamiento en el mundo real. Es un ejemplo a seguir sobretodo en una sociedad en donde ella como mujer y niña ocupa el último escalafón.

2. La realidad del ejercicio de derechos de las niñas en Pakistán

El caso de Malala Yousufzai atrajo la atención mundial respecto de algo que ha venido sucediendo desde hace mucho en Pakistán: la negación de todo derecho hacia las mujeres y, dentro de estas, a las niñas. Tal como sabemos, los talibanes surgen en Afganistán, después de la caída de Najibula (aliado de la ex Unión Soviética) en 1992. Son un grupo de extremistas religiosos formados en madrazas o escuelas islámicas, la mayoría de ellas con base en Pakistán. Posteriormente los talibanes (estudiantes es su traducción) controlarían el Valle del Swat y la Ciudad de Mingora donde vive Malala. Sin embargo la presencia talibán no ha hecho más que llevar a extremos una cultura en la cual la mujer y más aun las niñas son vistas como un bien, donde son objeto de cosificación. Ya en el informe elaborado por el Comité de Derechos del Niño en 2003, se habla sobre la presencia de niños soldados, niños y niñas refugiados respecto de los cuales se mantenía una actitud cerrada, los “matrimonios precipitados” de las niñas, su falta de acceso a la educación, sobre todo en el ámbito rural, los homicidios por “motivos de honor” por los padres hacia las hijas que los hayan “deshonrado” (por ejemplo no llegar vírgenes al matrimonio arreglado), resolución de conflictos entregando a niñas a la víctima, etc. Todo esto ha sido llevado, aunque suene algo paradójico decirlo, a extremos bajo el régimen talibán, pues todo lo señalado se mantiene y se ha visto reforzado, es decir la cosificación de las niñas continua, ya que no tienen voz ni voto al ser tanto su padre como hermanos hombres quienes tomarán las decisiones por ellas. Ahora ya ni siquiera tienen el derecho a la educación, pues los talibanes la han prohibido, destruyendo muchos colegios desde 2006. Es por esto por lo que es conocida mundialmente Malala, pero hay otros derechos también en juego tan o más importantes. Continúan los matrimonios precipitados, es decir que los padres determinan cuando y con quien se casara la niña, llegando al extremo de “celebrase” matrimonios entre niñas de 12 años y hombres de 47 y las niñas como objeto, como ofrecimiento en el pago de deudas y su direccionamiento hacia el servicio del hombre, condenadas a labores domesticas. A su vez, basta la declaración por parte de tres hombres de haber visto a una mujer en una situación comprometedora para que la misma pueda ser acusada de adulterio y por tanto pueda ser condenada. Muchas niñas se casan a muy temprana edad y son víctimas de violación a la libertad sexual dentro del matrimonio, la cual no es considerada delito.
Todo lo señalado se ve confirmado con el Informe del Comité de los Derechos Del Niño de 2009, el que señalaba una clara discriminación contra mujeres y niñas en los aspectos ya señalados así como en lo referente al trabajo infantil, pues según la OIT:“más de tres millones de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años trabajan fuera de sus casas, aunque otras informaciones elevan la cifra hasta los diez millones. En muchos casos se pueden ver a los niños trabajando junto a sus padres, ya sea en el campo, en puestos de venta en la calle, picando piedras para reparar una carretera o cargando leña a sus espaldas. También son utilizados en la fabricación de alfombras y artículos deportivos”. Finalmente no debemos olvidar, la prohibición en contra de la aplicación de la vacuna de la poliomielitis impuesta por los talibanes, la cual podría afectar a unos 280,000 niños que viven en las zonas tribales del noroeste de Pakistán, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como el caso de los niños suicidas en contra del ejercito de Pakistán.
La lucha de Malala no ha hecho más que visibilizar todo esto a partir de la lucha por el Derecho a la Educación, lo cual es bastante loable, pues a partir de la misma podrá concretizarse lo dicho en el Corán: “En justicia los derechos de las mujeres son iguales que los derechos de sus maridos con respecto a ellas” y con respecto a los de cualquier persona podríamos agregar.

3. El rol activo de los/as adolescentes en la defensa de sus derechos ¿Promoverlo o limitarlo?

El caso de Malala pone a la vista algo no muy perceptible por el común de la gente: la defensa por parte de los niños y adolescentes de sus propios derechos. Considero que en el imaginario popular se tiene la visión de aquellos como seres a los cuales guiar pero en medida extrema, es decir controlar cada paso de su vida bajo el postulado de que los padres “saben lo que hacen y quieren lo mejor” para ellos. Esto se ve reforzado con la calificación de incapaz relativo o absoluto según sea el caso y como esto puede ser percibido por gente ajena al Derecho. Incapaz denota dependencia y es en base a ello que hasta hoy se tiene al niño y al adolescente como si fueran “propiedad” de los padres. En base a ello, la opción no puede ser otra que promover la defensa de sus derechos por parte de los mismos adolescentes pues ellos son los principales interesados. Haciendo un símil con el derecho laboral, así como los trabajadores son quienes mejor velan por sus derechos, así en el área que nos ocupa son los niños y adolescentes quienes también deben hacerlo; por ello para defenderlos primero deben conocer sus derechos y ello debe verse amparado y reflejado en la Ley. El Código del Niño y el adolescente (CNA) lo hace al señalar:“El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. (…)”. En el caso de Malala se ve uno de los tantos derechos que tienen los adolescentes: la educación. Ella exige educación en una sociedad fundamentalista y lucha con todas las armas que puede. En otros países esta lucha es más llevadera como el caso de los escolares en Chile quienes también salieron a las calles ante la convocatoria de Camila Vallejos. Ellos vieron que la educación es un problema nacional y muchos escolares levantaron su voz de protesta. En España ante la crisis financiera, muchos estudiantes secundarios salieron también a protestar. En el Congo donde hay continuas guerras civiles también muchos escolares salen a protestar y reclamar al Estado una educación de calidad; inclusive en nuestro país ante la reciente huelga de maestros muchos adolescentes y niños salieron a protestar simbólicamente, si bien el tema no fue cubierto por la prensa. El CNA viene a reafirmar esto al decir que el niño y el adolescente gozan de todos los derechos inherentes a la persona humana y de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo, desarrollo que debe ser integral tratando de que los mismos vivan a plenitud su edad. Es así que al llegar a la Doctrina de la protección integral, lo que se busca es garantizar el ejercicio de los derechos. Por ello la pregunta puede pecar de ingenua pues la misma Convención en su Art. 12 señala:” Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez”, esto obviamente alude a todos los derechos que ostenta ya sea salud, vivienda, alimentos, identidad biológica, a un nombre, a su identidad, etc. Todo ello se ve reforzado con el Art 13 de la Convención que señala “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras (…)” y el Art. 14 1.“Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Vemos entonces que tanto la Convención como el Estado aseguran los derechos del niño y adolescente, es decir los imperativos legales están ahí, pero la defensa por los adolescentes de sus derechos, parte porque los conozcan adecuadamente. Para ello el Estado debe brindarles las herramientas debidas, sin embargo la iniciativa debe partir de ellos mismos, del interés que tengan sobre su vida y su futuro, de saberse iguales en ciertos derechos y deberes que los adultos. Limitar ello sería atentar contra su libre desarrollo y plenitud.

Si bien ya sabía de su importancia, tome conciencia de su valía el 14 de mayo de 1988, recuerdo ,aun siendo niño, ver como las vendían en miniatura para ser agitadas conforme el paso del entonces Papa Juan Pablo II por la avenida Venezuela, rumbo a cumplir con su agenda político-pastoral. Al flamearlas o intentar hacerlo, pues muchas de ellas eran de plástico, percibí un doble empoderamiento por parte de los concurrentes; uno al empuñar la bandera y otro al sentir que teníamos en nuestro territorio a una especie de salvador ante un país que se caía a pedazos. Para aquella época, el conflicto armado interno se había intensificado de forma notoria, es así que justamente, el mismo día de la llegada del Papa, en horas de la mañana se produjo la masacre de decenas de campesinos en Cayara (Ayacucho) por parte del Ejército peruano. Ese mismo año, cuando flameaban las banderas por 28 de julio, el Comando Rodrigo Franco hace su mediática aparición reivindicando el asesinato del abogado Manuel Febres quien meses antes había decidido patrocinar legalmente a uno de los cabecillas más importantes de Sendero Luminoso, Osman Morote. Para esa fecha, los errores del entonces (parafraseando a Evo Morales) más delgado y aparentemente antiimperialista Alan García, se hacían más evidentes, más palpables; es así que como parte de la “revolución en democracia”, el anuncio de la estatización de la banca, producida exactamente un año antes, el 28 de julio de 1987, como forma de intentar controlar la inflación que para aquella fecha ya resultaba agobiante produjo el rechazo de gran parte de la población pero principalmente de los grupos de poder marcando la aparición política del ahora nobel Mario Vargas Llosa. Es sintomático que en respuesta a esta medida la bandera se agitara en tres frentes distintos, tanto simbólica como fácticamente pues el mismo día y a la misma hora en que Vargas Llosa conmovía a los seguidores del movimiento “Libertad”, flameaba también a pocas cuadras en el Sétimo Congreso de la Confederación Campesina, así como a 10 minutos de este evento, donde Alan García defendía las medidas adoptadas en un mitin eminentemente aprista. Tres discursos diferentes, tres ideologías claramente diferenciadas, tres formas de percibir un mismo suceso y una misma protagonista: la bandera peruana, la misma ya sea tomada por una postura neoliberal, izquierdista o el extraño hibrido que significaba y significa el aprismo, buscaba enarbolar su verdad, anulando las otras, el símbolo patrio como sinónimo de postura política-económica que nos sacaría del atraso, de la pobreza, del caos, del terror.

Cargar la bicolor puede tener infinidad de significados y simbolismos, dependiendo de quien la ostente así como del contexto político-social en el cual nos situemos; rememoremos así que en décadas pasadas y a partir de la migración del campo a la ciudad al producirse las ocupaciones (comúnmente llamadas invasiones), las personas que las realizaban colocaban una bandera al lado de sus improvisadas viviendas como sinónimo de legitimidad, de que lo realizado se transformaba en una especie de conquista de un determinado espacio, en busca de una nueva y mejor vida en la “gran ciudad”. En los noventas, una imagen paradigmática: 6 de abril de 1992, un día después del autogolpe de Estado por parte del naciente dictador Alberto Fujimori, en las afueras de la casa de Roberto Ramírez del Villar, un grupo de diputados y senadores hacían causa común con el entonces presidente de la Cámara de Diputados denunciando el inicio de un gobierno de facto. La arremetida de la policía contra los allí presentes, muestra la imagen de un joven Aurelio Loret de Mola (quien años más tarde como ministro de Defensa fuera sindicado como responsable de la muerte de un estudiante y de los heridos en Puno en un estado de emergencia) al lado de otros tres diputados tomados de los brazos, mostrando una bandera mientras intentaban mantenerse en pie ante un rochabus que los empapaba. La blanquiroja, mojada también, quería evocar entonces el reclamo por el retorno al Estado de Derecho, a la democracia; aquella era sinónimo de rebelión frente a un Gobierno que se presentaba como dictatorial.

No pasaría mucho tiempo para que la misma ondeara en todo el Perú y básicamente en Lima. 13 de setiembre del mismo año, muchas casas amanecieron embanderadas como sinónimo de esperanza, de búsqueda de justicia, de anhelos de paz y sobretodo del fin, o comienzo del fin, de la angustia, de la permanente tensión, del terror. Un día antes, uno de los mayores genocidas de la historia republicana, Abimael Guzmán había sido capturado marcando el principio del fin de Sendero Luminoso. La colocación de las banderas surgió de la misma sociedad civil, fue un acto espontáneo por el cual se daba a entender que el Perú le ganó a la muerte, a la sangre inocente, al terror, el estandarte se tornaba así más blanco que rojo al asemejar a la bandera de la paz.

A inicio de un nuevo siglo, en 2000 y luego de realizada la segunda vuelta electoral en unos comicios descaradamente fraudulentos, el 29 de mayo, en la Plaza Mayor de Lima se llevó a cabo un hecho bastante significativo: el lavado de la bandera peruana. Es así que por iniciativa de diversos colectivos, todos los viernes a partir de esa fecha, todo aquel que quería participar ,provisto de bateas, detergente y, obviamente, de banderas peruanas, se apostaba frente a Palacio de Gobierno para protestar simbólicamente frente al ilegal continuismo de un proyecto cargado de corrupción, abiertamente antidemocrático, antipolítico, como señalara el maestro Carlos Iván Degregori, y violatorio de los derechos fundamentales concretizado en la figura de Fujimori, Montesinos y en el movimiento “Perú 2000”. La bandera como símbolo de un país azotado por los males históricos en el inicio de un nuevo milenio personifica ese estado de cosas por lo que era imperioso su lavado, lavado mediante el cual se buscaba quitarle las terribles manchas ocasionadas por el Gobierno y sus aliados de turno, se quería recuperarla de las manos de quienes le habían faltado, de quienes a través de su comportamiento, la habían violado, flagelado, deshonrado; se buscaba entonces que aquella volviera a las manos de quienes se oponían a lo oprobioso, a las manos del pueblo organizado que tenía como gran objetivo la purificación de la misma.

Podríamos seguir citando decenas de casos en los cuales se quiere identificar a este símbolo patrio con una causa en particular, así de un acto como el anterior se pasó a la confrontación directa en la marcha de los Cuatro Suyos, el 28 de julio de 2000. Aquella fecha, mientras Fujimori juramentaba ante un Congreso parcialmente vacio, las banderas se agitaban en el espectacular enfrentamiento con la policía antimotines, entre el agua lanzada por los rochabuses, los gases lacrimógenos, y las arremetidas constantes de las fuerzas del orden, la bandera personificaba a la rebelión, al levantamiento, a la insurgencia frente a una injusticia legalizada, la bicolor flameba casi invisibilizada, además de por los medios de comunicación, por el humo producto de los incendios en lo que ahora es la Corte Superior de Justicia de Lima, así como la desgracia que significó lo ocurrido en el Banco de la Nación. En esos momentos Lima era una sucursal del infierno, la bandera que se enarbolaba entonces era de búsqueda de la justicia a través de la desobediencia ciudadana.

Cinco años más tarde, contra el organizador de la marcha se “sublevaría” Antauro Humala, hermano del ahora presidente de la Republica. Banderas flameaban reclamando una supuesta traición, increpando el “robo de la democracia” por parte del Gobierno personificado en la figura de Alejandro Toledo. Una rebelión, ilegal y percibida como ilegitima por casi toda la población; sin embargo para muchos pobladores de Andahuaylas no lo fue tanto, sumidos históricamente en la pobreza, carestía y el olvido por parte del Estado, además de la indiferencia y discriminación por parte de sus compatriotas (especialmente los capitalinos), la bandera teñida de sangre por el homicidio de cuatro policías, personificaba para ellos la rebelión contra el olvido, el grito eterno de los marginados en pos de igualdad, de progreso, de reconocimiento.

A fines de la década, la bandera quedaría ensangrentada nuevamente. 5 de junio de 2009, 33 compatriotas muertos, de ellos 24 eran policías y 09 nativos, más de 100 heridos como consecuencia de la aplicación de decretos legislativos que disponían de la propiedad de la tierra de los pueblos amazónicos en clara violación de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y demás del Convenio Nº 169 de la OIT de 1989 referido a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El denigrante spot publicitario propalado días siguientes a los hechos por parte del Gobierno quedaría corto ante las palabras del entonces presidente García : “Esas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir, 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho a venir por aquí; de ninguna manera eso es un error gravísimo, quien piensa de esa manera quiere llevarnos a lo irracional y al retroceso primitivo”, palabras que sacan a relucir el eterno enfrentamiento entre dos países dentro de uno mismo. Por un lado, el Gobierno portando la supuesta bandera de la modernidad, del progreso, del crecimiento; del otro, los comuneros defendiendo sus tierras, su hogar, su modus vivendi los cuales sentían les serían arrebatados. Quedan en la memoria las terribles imágenes de los enfrentamientos y de las victimas de ambos lados así como un postal en especial, previa al enfrentamiento: las fuerzas del orden frente a los pobladores en el puente de Corral Quemado, aquellos con la bandera peruana en el uniforme, estos portando una bandera “oficial” pues tenía el escudo nacional en el medio, bandera como reclamo, como lucha ante el despojo legalizado, contra la violencia física y moral por parte de un Gobierno que los visibiliza sólo para discriminarlos, para denigrarlos.

Observo banderas flamear en todo el vecindario, la mayoría de ellas colocadas por incuestionada costumbre o por temor a una multa, es 2012 y dicen que más que nunca hay motivos para celebrar las fiestas patrias, que debemos estar orgullosos de ser peruanos, que se crece en lo económico, que nuestra comida conquista al mundo, que una marca con el nombre de un país por quién lucharon miles de personas a lo largo de la historia, muestra lo mejor de nosotros al orbe. Por más que lo intento no logro entender, pareciera que los interlocutores de lo señalado vivieran en un mundo paralelo, me cuesta entender que no se logre o se quiera percibir que precisamente en el mes patrio se produjo la muerte de varios compatriotas a causa del Proyecto Conga, victimas entre las cuales se encontraba Cesar Medina Aguilar quien falleció 6 días antes de su cumpleaños, precisamente su desconsolada madre declaraba: “Me hubiese quedado con él. Mi hijo ha sido bien noble y ha estado pasando con su mochila por ahí a recoger el cuaderno de su amigo y ahí le han dado su balazo, le ha caído en la sien y lo matan a mi hijo. Él ha sido mi hijito el mayor. Quiero que se haga justicia para un muchacho inocente, mi hijo no ha sido callejero ni malo con nadie, y ahora dónde lo tenga diosito en sus manos, en su presencia. Me lo mataron, me lo quitaron, me lo llevaron como si hubiese sido cualquier cosa”. Cesar tenía 16 años, era 8 años mayor que Javier Ríos Rojas, niño asesinado por el Grupo Colina en la masacre de Barrios Altos hace 20 años al intentar proteger a su padre con quien murió abrazado, grupo cuyos integrantes se han visto beneficiados recientemente por un fallo ilegitimo de la Corte Suprema de Lima, incluso uno de ellos Alberto Pinto obtuvo su libertad hace unos días, enunciando cuando salía de prisión que no se arrepentía de nada. Es un mes particularmente sombrío, al constatar también como la Iglesia sigue teniendo un inmenso poder en el país ejemplificado en el retiro de sus títulos a la mejor universidad del país, decisión comunicada un viernes 20 de julio, viernes elegiaco para muchos (en especial para los que pertenecemos a esta casa de estudios) en el cual sin embargo se produjo, después de mucho tiempo, el lavado de la bandera nacional, lavado que buscaba limpiarla de la injusticia institucionalizada, de la ausencia de memoria colectiva, de asesinos sin misericordia como el grupo paramilitar referido; un símbolo patrio que nuevamente busca ser purificado para que así flamee como muestra de respeto por la vida, de justicia verdadera, de dignidad real para todos, de inclusión, de tolerancia, de aprecio por los demás, de reconocimiento en el otro, bandera que debe lucir a media asta, porque más allá de los sueños de cambio y la esperanza en un mejor porvenir, hoy, al igual que ayer, estamos de luto, hoy 28 de julio de 2012 al igual que en el no tan lejano 14 de mayo de 1988, y a menos de una década del bicentenario, no hay nada que festejar.